Los temas propuestos felizmente por Roberto Breña para debatir sobre la insurgencia novohispana y la Constitución de Apatzingán, a propósito del Congreso que sobre esos temas tuvo lugar en la UNAM del 15 al 18 de octubre pasados, me parecen asaz pertinentes, aunque en este texto sólo tocaré algunos aspectos relacionados con ellos. No diré nada, por ejemplo, del tema de las influencias de la Constitución, pues lo han hecho ya, de manera inteligente, Alfredo Ávila y el mismo Roberto.
Me interesa referirme, en primer lugar, al tema de la positividad de la Constitución. En buena medida, creo yo, se trata de un asunto de enfoque: ¿ponemos el énfasis en el carácter efímero y limitadísimo de los pocos casos en que se aplicó o se intentó aplicar el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana? ¿O subrayamos el hecho de que la insurgencia intentó aplicarlo, y en algunos casos logró hacerlo, a pesar de la poca significación política que ello pudo tener en el marco general del proceso de la independencia?
Existen ejemplos concretos de esa aplicación constitucional. Pocos, pero los hay. Efímeros y de alcances limitadísimos, pero los hay. Menciono sólo uno, que suele referirse muy poco: el establecimiento efectivo de uno de los poderes consagrados en el Decreto, el Supremo Tribunal de Justicia, conocido como Tribunal de Ario porque se estableció en esa población michoacana, en marzo de 1815 (muy probablemente el día 7). En el libro de María Teresa Martínez Peñaloza (Morelos y el poder judicial de la insurgencia mexicana), Morelia, Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, 1985) se reproducen varios documentos que muestran la actuación del Tribunal, destacando entre ellos los que dan cuenta de los casos judiciales que conoció en materia de deudas, embargos, testamentos, agraria, fiscal, penal, militar y eclesiástica. En la ponencia presentada por Daniela Ibarra, de otro lado, se ofrecieron algunos ejemplos en esta última materia, la eclesiástica.
Vuelvo a decirlo: se trata de muy pocos ejemplos, que muestran en el mejor de los casos un alcance bastante limitado de la vigencia de la Constitución, tanto espacial como temporalmente. Es cierto. Pero habría en ello al menos un significado histórico de interés: la decidida voluntad de poder de la insurgencia, su tentativa de crear instituciones que dieran forma a un futuro Estado mexicano. Voluntad y tentativas fallidas pero no por eso inexistentes. Como lo hice en mi ponencia, y citando a Camus –de manera bastante liberal ciertamente, como me lo hizo notar Roberto Breña–, digo ahora que la insurgencia quiso ser una Revolución (así, con mayúsculas) y no una simple rebelión (así, con minúscula). Y en ese esfuerzo, la limitada aplicación de la Constitución fue un sustento apreciable.
Sobre el tema de la derrota insurgente después de 1815, en segundo lugar, se pueden formular preguntas similares: ¿ponemos el énfasis en la imposibilidad de la insurgencia para constituir, después de 1815, un peligro serio para el gobierno virreinal, y calificamos entonces su tentativa de derrota? ¿O subrayamos por el contrario el hecho de que el gobierno virreinal no pudo derrotar por completo a una insurgencia venida a menos pero con la suficiente capacidad de supervivencia, hasta el punto de que Iturbide tuvo que negociar con ella el Plan de Iguala?
A mí me gustaría señalar ambas cosas a la vez. La debilidad de la insurgencia fue al mismo tiempo su fortaleza: su carácter fragmentario, disperso y escurridizo impidió a las fuerzas rebeldes, después de la derrota de Morelos, poner en riesgo, seriamente, al ejército virreinal; pero ese mismo carácter hizo posible una táctica de lucha guerrillera que les garantizó su supervivencia hasta 1821. El obispado de Michoacán (además del reducto que mantenía en Veracruz Guadalupe Victoria) es un buen ejemplo de esa persistencia insurgente.
La Tierra Caliente y su costa, que abarcaba los actuales estados de Colima, Michoacán y Guerrero, se significó en efecto por la presencia constante de grupos guerrilleros. Los nombres de Gordiano Guzmán, Tomás Gaona, el padre José María Izquierdo, Pedro Ascensio Alquisira alias “el brujo”, Venancio Aguilar, Manuel Bedoya, Isidoro Montes de Oca, Vicente Guerrero fueron referidos una y otra vez en los informes políticos y militares de las autoridades después de 1815. En un informe del virrey Juan Ruiz de Apodaca enviado al gobierno español, fechado en enero de 1821, se afirmaba precisamente eso: que prácticamente todas las provincias se hallaban pacificadas, excepto una porción menor entre la sierra de Perote y el pueblo de Papantla en Veracruz, y la Tierra caliente en Valladolid, donde Bedoya y Montes de Oca comandaban 400 hombres mientras que Gordiano lideraba a 200.
No pretendo afirmar, desde luego, que la insurgencia estaba tan saludable en 1817 o 1818 como lo estaba en 1811 o 1812. El informe de Apodaca que acabo de citar es más claro que el agua: casi toda la Nueva España estaba pacificada para 1821. Lo que quiero poner de relieve, únicamente, es que para fechas tan tardías como ésa había grupos insurgentes vivitos y coleando, resistiendo y peleando. Por eso, como afirmó Juan Ortiz, es que Iturbide tuvo que negociar con ellos; de otro modo no lo hubiese hecho.
Un último asunto, en tercer lugar, que no se tocó en el congreso pero que me parece importante señalar, es el relacionado con la memoria colectiva que se fue construyendo –y seguimos construyendo– sobre el proceso de la independencia prácticamente desde los años de la guerra. Y sobre eso me gustaría llamar la atención, a propósito de dos temas que sí se debatieron: la derrota insurgente y la continuidad Hidalgo-Iturbide.
Los difíciles y complicados vínculos entre Iturbide e Hidalgo (en realidad, entre el inicio y desarrollo posterior de la rebelión y la etapa de la consumación de la independencia) fueron advertidos por los propios actores históricos, que se vieron obligados a preguntarse si el movimiento trigarante era heredero de la rebelión de Hidalgo y Morelos o no tenía con ella ninguna clase de vínculo.
Manuel de la Bárcena, canónigo de la catedral de Valladolid y gobernador de la diócesis en los años trigarantes, fue uno de quienes se plantearon esa clase de preguntas, en un texto muy conocido: el Manifiesto al mundo. La justicia y la necesidad de la independencia de la Nueva España, un discurso pronunciado en la catedral michoacana probablemente en agosto de 1821, y publicado en Puebla en ese mismo año, en la Imprenta Liberal de Moreno Hermanos.
En el Manifiesto, De la Bárcena ponderó el legado español, a los propios peninsulares, y cuestionó la faceta violenta de la rebelión de 1810, pero reconociendo en ella un propósito legítimo. Aunque el deseo de independencia era antiguo, afirmó el canónigo, Hidalgo lo había precipitado con un pueblo “bisoño en la guerra y con sólo las armas que el furor ministraba”; su conducta había sido por tanto “impolítica y sanguinaria” y por ello no la aprobaba. Agregó que la rebelión de Hidalgo era entendible y hasta se le podía entender, por la “desesperación” que sintieron los alzados al ver “repelidos y abandonados los derechos de su patria”; en otras palabras, el fin de la insurgencia era justo, aunque sus medios “injustos y desordenados”.
En ese texto del canónigo michoacano es posible advertir una coincidencia entre la insurgencia de Hidalgo y Morelos y el movimiento de Iturbide: ambas planteaban un fin justo, la independencia. Lo que los diferenciaba era los medios empleados para la consecución de ese fin. No estoy sugiriendo que debamos interpretar así los vínculos entre insurgencia y trigarancia (Rodrigo Moreno ha planteado ya una interpretación muy sugerente). Pretendo únicamente introducir en el debate un elemento que me parece esencial: la manera en que los propios actores históricos visualizaban el asunto, y la forma en que esas visualizaciones ayudaron a modelar la conciencia histórica sobre el proceso de la independencia.
Lo que me parece todavía más fascinante en todo este asunto, es el contraste entre una insurgencia que terminó por ser derrotada –o reducida si se quiere– en el terreno militar y subordinada o marginada en el ámbito de la política, de una parte, y de la otra una insurgencia que se volvió posterior e indiscutiblemente triunfante en los terrenos elusivos de la memoria histórica. Si revisamos los discursos cívicos septembrinos –esos que empezaron a pronunciarse en casi todas las ciudades importantes del país luego de proclamada la independencia, como parte de los actos públicos de conmemoración de los años de guerra y de su conclusión en 1821– notaremos rápidamente, no sin excepciones y ambigüedades, una postura que se vuelve dominante: la guerra por la independencia es el momento fundacional de la nación mexicana, y los actores y héroes principales de esa guerra fueron Hidalgo, Allende, Abasolo, Matamoros, Morelos, Bravo y Galeana.
Además de las importantes posiciones políticas que lograron viejos insurgentes en la primera mitad del siglo XIX y que recordó Juan Ortiz, baste recordar la recuperación que hizo la Iglesia católica mexicana de la figura de Hidalgo en las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia. De la derrota militar en 1810-1821, la insurgencia pasó a una victoria cultural luego de la consumación de la Independencia. He ahí una historia que tenemos que contar.
Marco Antonio Landavazo, profesor –investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana