Al finalizar 1983, deseando conocer los abundantes mercados de arte popular de mi país, determiné hacer un viaje de mochilero por Michoacán, mismo que concluyó en Guadalajara. La falta de previsión me dejó en el valle de Atemajac con el dinero justo para un boleto de autobús de segunda clase de regreso a Ciudad de México. Y ésa fue mi insulsa aventura: recorrer puebleando el camino de la vieja carretera rumbo al Distrito Federal. No me podía bajar del autobús en ninguno de ellos, pues no tenía dinero para otro boleto (mis dos o tres pesos para el metro desde la terminal, eso tenía). No hubo retenes ni vi camiones militares. Lo más peligroso del trayecto fue un chavo que se subió en Ciudad Hidalgo con una colección de elepés de Bob Marley. Esto no sería como para contarlo, si no fuera porque cuatro décadas después un viaje así sería bastante peligroso.
¿Qué pasó? En 200 años de vida independiente, México ha tenido dos periodos discontinuos, que suman aproximadamente la mitad de ese tiempo, en los que ha sido posible viajar sin miedo y por medios modestos entre dos ciudades pequeñas, como Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Fueron periodos muy problemáticos y con amplias dosis de violencia del Estado, pero en los que una persona sin mayores pretensiones, contactos, influencias, escoltas o autoridad podía apersonarse en un tianguis municipal, pagar un par de chácharas, importunar al marchante con preguntas, irse a la terminal de autobuses y regresar a contar sus impresiones.
La vigilancia y la violencia del Estado, en todos sus niveles, son hoy incomparablemente mayores que en 1983, pero yo no me atrevería a hacer el mismo viaje. Las explicaciones que le damos a este considerable deterioro en la vida social pasan por nociones que no son exageradas, pero sí muy parciales. Al problema que refiero le decimos “la inseguridad”, “la delincuencia”, “la impunidad”. Y sí, pero esos fenómenos dan cuenta de una parte de un problema que se antoja más vasto. Algo que podría esbozarse, a reserva de que los demógrafos y economistas vengan con sus tablas de datos, es que hay una reformulación de los poderes parroquiales y regionales, municipales y estatales. En la segunda mitad del siglo XIX, lo mismo que en la segunda parte del siglo XX, esos mismos poderes establecieron acuerdos con el Estado federal o fueron sometidos por el mismo: por la dictadura de Porfirio Díaz y por los gobiernos del PRI. A su vez, esas vastas e irregulares redes de pequeñas alianzas permitieron que la gente pequeña, la que los columnócratas llaman machistamente “el ciudadano de a pie”, pudiera vivir su vida con una esperanza razonable de no morir descuartizada.
A un alto costo, sin lugar a dudas. Bastaría preguntar cómo era la vida de las mujeres en un mundo así para desilusionarse bastante acerca de sus virtudes. La vida parroquial estaba llena de límites y prohibiciones, y la violencia no desapareció del todo nunca: los linchamientos, los asaltos, los abusos. Pero fue posible el crecimiento de un modesto mercado interno y de una muchísimo más modesta aspiración democrática cifrada en la vida municipal. Si dejaban que Salvador Nava gobernara en San Luis, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán y Pancho Barrio en Chihuahua, México iba a estar a una estación de distancia de la democracia plena. Quienes diseñaron ese camino olvidaron el autobús de segunda clase de Guadalajara a México, cuyo recorrido era mucho menos lineal.
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No pretendo tener aquí una explicación. Pablo Piccato describe, en su reciente Historia mínima de la violencia en México,la reorganización de las redes de autoridad municipal a partir de los mercados ilegales y de la violencia especializada, a la que se refiere como una “industria”.1 A partir de redes regionales y supuestamente “tradicionales” a veces y otras veces a través de pequeños procesos de colonización por parte de grupos dedicados principalmente al transporte y venta de drogas ilegales, el mapa político de las comunidades y municipios se ha transformado en amplias regiones del país. Se ha dado una inversión: hubo una época en la que autoridades sin duda corruptas administraban los negocios informales e ilegales en cada municipio; ahora, muchas de esas autoridades están empleadas por organizaciones trasnacionales cuyas fuentes de ingresos son bastante diversas. De manera concomitante, las organizaciones especializadas en la industria de la violencia pasaron de estar al servicio de los empresarios de las drogas a convertirse ellas mismas en factores de poder.
Al llegar a la gubernatura de Jalisco, en 1995, con un candidato que se había formado en las filas de la extrema derecha, el Partido Acción Nacional ensayó una solución: poner a un militar al frente de la seguridad pública del Estado, el capitán Horacio Montenegro. No es que fuera el primer militar convertido en policía. Los gobiernos del PRI tenían una larga lista de alcaldes y jefes policiacos que recién habían colgado el uniforme verdeolivo; baste recordar a Alfonso Coronal del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal en 1968, así como a los jefes policiacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea. La militarización se había agudizado con los años, en buena medida, porque era un proyecto promovido por la diplomacia estadunidense. Personaje polémico en el gremio de los periodistas, el capitán Montenegro fue destituido en febrero de 1996 por un incidente en el que murió una joven secuestrada. Era yerno de Jesús Gutiérrez Rebollo, comandante de la región militar de Jalisco, después director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, destituido y juzgado por su colaboración con Amado Carrillo.
Lo que fue peculiar de la breve jefatura del capitán Montenegro fue su justificación a través de una doctrina. Aunque faltan estudios sobre este proceso, está claro que uno de los factores que impulsaron la militarización de las policías fue la presión de los gobernadores —particularmente los del Partido Acción Nacional, como Francisco Barrio y Alberto Cárdenas Jiménez—, la cual a su vez se articuló con el periodo del también panista Fernando Lozano Gracia al frente de la Procuraduría General de la República. Como lo describe José Alfredo Zavaleta Betancourt, no fueron los únicos mandatarios estatales que pidieron ayuda militar a la federación: “Este proceso se ha desarrollado polimórficamente a demanda de los gobernadores —que confiesan no saber cómo atacar la delincuencia”.2 Todos los autores concuerdan en que la militarización se radicalizó cuando Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército para emprender una “guerra” a la que no me voy a referir. Todo esto es el prólogo para hablar de una fotografía.
El 21 de febrero de 1996, al día siguiente de la destitución del capitán Horacio Montenegro como director de Seguridad Pública de Jalisco, un grupo de policías hizo una manifestación para protestar. Al día siguiente, el periódico Siglo 21 de Guadalajara, dirigido entonces por Jorge Zepeda Patterson, publicó en primera plana una fotografía de ese mitin, descrito detalladamente por el reportero Omar Cruz Sánchez: “Uniformados y con sus armas al hombro o con pistolas al cinto, pero sin balas, realizaron una movilización de protesta por las principales calles de Guadalajara”.3 Se desplazaron de la DGSPE al centro de la ciudad para hacer un mitin frente al Palacio de Gobierno. Ahí los captó el fotógrafo Humberto Muñiz (que unos años antes había cubierto las trágicas explosiones de Guadalajara).
La fotografía está tomada en plano contrapicado. Los policías miran hacia el Palacio de Gobierno y el fotógrafo se ha situado dándole la espalda a la sede de los poderes —pero metafóricamente, ocupando el lugar de la autoridad cuestionada. Siglo 21 todavía era un periódico en blanco y negro. Los policías visten uniforme oscuro y no tienen duda en gesticular, gritar, levantar sus armas, apuntar al cielo. El cañón de un fusil sobresale sobre uno de los edificios del fondo. La disposición de la Catedral, el Palacio de Gobierno y los edificios comerciales en la Plaza de Armas de Guadalajara es el resultado de una larga y cuidadosa negociación entre las élites priistas que gobernaban el estado y los intelectuales católicos, como Efraín González Luna, ligados a distintas asociaciones de comerciantes. La fotografía muestra la irrupción de un actor invisible, que ahora reclama a gritos que se restituya a su carismático y popular comandante. Es una reunión armada que no delibera, sino que vocifera y ocupa casi toda la superficie de la imagen —y que con su cresta de fusiles erizados tiende a parecerse mucho a los murales de José Clemente Orozco en el interior del Palacio de Gobierno.
La imagen de una multitud armada que protesta fue en ese momento ominosa, pero desafortunadamente no inesperada o excepcional. Lo que permite la fotografía de Humberto Muñiz es asomarse a una rendija hacia un mundo que la sociedad civil preferiría no mirar. Es fotoperiodismo, sin duda; deja ver algo que “ha sido”; pero también es un pequeño ensayo fotográfico: lo que inquieta no es lo que muestra, sino lo que podría ser.
Renato González Mello
Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es miembro de la Academia de Artes.
1 Piccato, P. Historia mínima de la violencia en México, digital, El Colegio de México, México, 2022.
2 Zavaleta Betancourt, J. A. La militarización de la seguridad pública en México 1994 – 1998: un piso estatal de la baja intensidad democrática, 1. a ed. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2006, pp. 23–89.
3 Cruz Sánchez, O. “500 hombres de negro tomaron la calle”, Siglo 21, 22 de febrero de 1996, sec. 1.