Se necesita ser muy misógino, idiota, ingenuo, o mala leche —o un coctel de todas— para negar el carácter epidémico que tiene la violencia de género en México, ejercida contra mujeres y minorías de la diversidad sexual. También para no vivir como una afrenta humana la terrible situación de impunidad que rodea a esas violencias. Se necesitan casi los mismos ingredientes para no mirar el racismo y clasismo que caracterizan a nuestra sociedad, o para hacerse de la vista gorda ante las indignantes y cotidianas afrentas contra los derechos humanos. Díganlo, por no ir más lejos, las familias de víctimas de feminicidios, de desaparecidos, de periodistas asesinados.
Se necesita ser muy miope para no entender que, frente a ese panorama, haya quienes usen diversos medios de comunicación y, en especial, las redes sociales para verter su indignación, sus denuncias y dolores. Podemos —y debemos, me parece— discutir cuáles son los problemas e implicaciones. Pero convengamos en que, cuando un sistema social falla, cuando un Estado no garantiza la seguridad, cuando un sistema penal y judicial no ofrecen respuestas satisfactorias, es natural que se abran espacios para discutir y exigir algún tipo de justicia.
Convengamos también en que no hemos sabido llevar esa discusión y que no tenemos las herramientas para sanar ese dolor, instaurando al mismo tiempo alguna estrategia de reparación comunitaria. Por no hablar de lo mucho que nos cuesta tejer redes de activismo que sepan confrontar al Estado, llamarlo a rendir cuentas y ofrecer soluciones. Es un reto que ojalá afrontemos de las maneras frontales, francas e incómodas que amerite.
No se preocupen: no viene ningún pero. No hay adversativa posible. Ese es el telón de fondo, no el centro de la polémica que quiero tratar. Lo más importante es y debe ser siempre la lucha por la dignidad de la vida humana. Con todo, los grandes temas se bifurcan siempre.
Hace unas semanas salió la convocatoria para el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Incluye una cláusula nueva para el premio, aunque antes apareció una similar en la convocatoria de otro concurso. Dice que no podrán participar “aquellas personas que hayan sido objeto de denuncia o alguna sanción por violencia de género, acoso sexual o discriminación racial, ni por otra conducta que vulnere los derechos humanos de terceros”. También anota que, como uno de los documentos que deben enviarse para la postulación, se deberá remitir una “carta bajo protesta de decir verdad” donde el o la postulante en cuestión declare —se repite casi por letra el fraseo— “no haber sido objeto de denuncia o alguna sanción”, etc. La misma cláusula está también en la convocatoria del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón y, es de esperarse, aparecerá en el resto de premios convocados por el INBAL.
El medio literario mexicano tiene muchos submundos. Los hay misóginos y feministas; solemnes e irreverentes; heternormativos y queer. No siempre se logran consensos —y en ciertos casos es mejor así. Con respecto a la convocatoria sería divertido, si no fuera indignante, el patetismo con el que algunos han acudido a los santos patronos de la literatura misógina para defender el arte como un terrritorio libre de moral. La conversación sobre los dilemas morales y éticos de las obras de arte y quienes las crean es importante. Pero esos discursos ramplones abonan poco a una polémica más compleja, y hablan más bien de quienes los enuncian. Tampoco sirve renunciar a ver lo problemática que es una cláusula así en una convocatoria de este tipo.
A menudo nos enfrentamos a problemas que no pueden resolverse de forma categórica. Es sencillo cuando se trata de violencia sexual: violar está mal. Creo que existen esos imperativos éticos. En cambio no es fácil cómo se debe afrontar una denuncia por violación: no siempre es sencillo probarla. Y el derecho humano de vivir una vida libre de violencia sexual no puede anular el derecho humano de la presunción de inocencia. La violencia sexual está mal, pero eso no implica que una denuncia conlleve la culpabilidad de la persona denunciada. Por razones políticas muchas veces se les da un voto de confianza social a quienes denuncian —en su mayoría mujeres—. Negar la potencia política de esa confianza sería, de nuevo, miope y tonto. Pero esa confianza no es sustituto de un debido proceso. La mera palabra humana no debe tener el poder de crear culpables. La historia demuestra los riesgos enormes de anular la presunción de inocencia, así sea en aras de lo justo.
Quiero llegar a una paradoja, exagerada si se quiere: la convocatoria es discriminatoria y atenta contra los derechos humanos. ¿O no lo es? Doy un paso atrás.
Hay un problema en su redacción. Un problema legal, en tanto que un documento así es un contrato vinculante. ¿Qué diablos se entiende en la convocatoria por “denuncia”? ¿Qué por “sanción”? ¿Está hablando en términos estrictamente legales? Las personas que no podrán participar según tal cláusula de la convocatoria, ¿son quienes hayan sido denunciadas de manera formal frente al poder judicial mexicano?, ¿o quienes fueron encontradas culpables y hayan recibido una sanción dictada por algún órgano de justicia? ¿Basta un señalamiento en Twitter? ¿Basta que su nombre apareciera en un tendedero? Dependiendo de la respuesta se abren dos caminos para seguir pensando el asunto.
Si el Instituto Nacional de Bellas Artes aclarara que no habla en términos legales, sino que basta una denuncia en algún medio público —como un periódico o las redes sociales—, entonces anula la presunción de inocencia. Y estaría discriminando, atentaría contra los derechos humanos. También habría que preguntar qué tipo de denuncias aplican en casos así. Si anónimas o no, por ejemplo. Y si se aceptan anónimas, las cosas se complican más. Sobre todo por lo que puede producir en el medio literario mexicano, donde los estímulos son escasos y las ganas de ganarlos muy grandes. ¿Qué le impide a los machitos de siempre denunciar a mujeres por violencia racista, por ejemplo, con tal de cobrar alguna suerte de venganza, o para descalificar a colegas talentosas de posibles premios que ellos también desean?
Si el INBAL dijera que en la convocatoria se habla en términos legales; que esa “sanción” es sinónimo de que un órgano de la justicia mexicana encontró culpable a la persona en cuestión; que esa “denuncia” significa que hay —o hubo— un expediente judicial abierto en contra suya, entonces se abren otras interrogantes. ¿Tienen fecha de expiración esas restricciones? ¿O esa condena es perpetua? ¿Qué pasa si hubo una denuncia, pero en el proceso al denunciado se le encontró inocente? ¿No es discriminatorio prohibir que participe cualquier ciudadano, aun si fuera culpable? ¿No puede alguien preso participar en un premio de poesía? ¿No puede cualquier experiencia humana ser el sustrato de buena poesía? Una cláusula así es cuando menos problemática en lo que respecta a nuestras supuestas aspiraciones antipunitivistas.
Quiero creer que si una obra es misógina, racista o clasista, si hace apología de la violencia machista, si incita a la violación, si esgrime cualquier discurso de odio, estamos en un punto de la historia en que un jurado integrado por tres personas de trayectorias artísticas consolidadas se dará cuenta de ello, y decidirá no premiarlo. Ya luego veremos si seguir hablando de cómo, y desde dónde, tratar el problema de si esos temas o posturas tienen o no cabida en el territorio artístico. El que un jurado no premie un libro así —al menos para no verse embarrados por una polémica— no resolvería ese debate. Pero desmarcaría a las instituciones de cultura nacionales de verse inmiscuidas, al menos en lo que respecta a los premios y el ejercicio de presupuesto que traen aparejado.
El INBAL no tiene esa misma confianza en el jurado. Previendo —como un paranoico— cualquier protesta por la posible premiación de alguien moralmente despreciable, ha decidido incorporar a la convocatoria una estrategia para que su imagen no se se manche. ¿Vuelvo a exagerar? Tal vez. Incluso si el INBAL y quienes lo dirigen actúan con las mejores intenciones, con todas las ganas de ayudar a enfrentar el problema de la violencia en este país, su estrategia tiene, por decirlo amablemente, muchos problemas. He señalado algunos. Pensemos qué sucedería si alguien denunciado ganara.
Supongamos que denunciaron a esa persona en redes sociales. Y que su nombre apareció en un tweet, por algo sin duda condenable, pero ese tweet se olvidó entre tantos otros casos más graves o apremiantes. Supongamos que el denunciado no se identifica como culpable. O es culpable, pero cínico. En cualquier caso decide enviar su manuscrito y carta de protesta. Digamos que entiende que esa “denuncia” debe ser judicial y piensa que aquel tweet no basta para impedirle concursar. Supongamos que gana el premio y el INBAL confía en que su carta firmada los protege contra casos así. Así, sin saber de esa denuncia en redes, anuncia el premio. Imaginemos que alguien —la persona denunciante, o cualquier suspicaz integrante del ambiente literario mexicano— desentierra ese tweet y se le retira el premio. Ya dibujé un escenario. Ahora van un par de situaciones igual de hipotéticas, ambas posibles:
- a) La persona destituida de su premio demanda al INBAL. La redacción de la convocatoria y las implicaciones de esa cláusula son de tal naturaleza que no dudo que gane la demanda. Ahora se ven en la obligación de restituirle el premio y editar su libro.
- b) Gane o pierda la demanda—o incluso sin presentarla—, la persona en cuestión demanda a la denunciante por daño moral. Tengo entendido que es —o puede ser— una demanda penal, ni siquiera civil. No son fáciles de medir esos daños, pero la remoción del premio da argumentos suficientes para ello: por la pérdida económica, pero también por la “mala prensa” que un escándalo así acarrearía. Ahora la persona que hizo la denuncia se ve forzada a presentar pruebas —que quizá no posea porque, y asumiendo que dice la verdad, hay violencias muy difíciles de probar, y más luego de que ha pasado cierto tiempo desde los hechos— de que sus dichos no son difamatorios. ¿El INBAL asumiría los costos de una demanda así, provocada por la torpeza de sus convocatorias?
Yo también quiero que pare la violencia de género, la violencia racista y clasista. Quiero tener discusiones difíciles sobre todos estos temas, escapar de los binomios usuales. Yo también quiero que pensemos las implicaciones de que los y las artistas sean capaces de ejercer violencia; que pensemos qué hacer con sus obras cuando de hecho la ejercen. Las convocatorias de los Premio Bellas Artes de Literatura, lejos de ayudar en esas conversaciones difíciles, las llenan de un ruido innecesario. Es una medida institucional corta de miras, irresponsable por sus posibles implicaciones y peligrosa a largo plazo.
Escribo desde el anonimato. Si mujer, podría ser vista con recelo por el INBAL u otras compañeras, o como traidora de no sé qué causa. Si hombre, como un macho resentido y temeroso. No soy ni una ni otra. Lo que me importa son las ideas, más allá de su enunciante.
M.F. Torres
Miembro de la comunidad cultural