En su transformación de la realidad, las revoluciones trastocan también los imaginarios sociales y las coordenadas del entendimiento. El caso de la Revolución mexicana es paradigmático, una muestra de hasta dónde puede llegar la interpretación y apropiación de un fenómeno tan complejo. En el texto que aquí reproducimos, Ariel Rodríguez Kuri repasa lo escrito sobre la Revolución mexicana que, hasta hace muy poco, parecía un proceso casi interminable. En una revisión de la historiografía sobre la Revolución y su tránsito a hablar más bien de la posrevolución, Rodríguez Kuri pone de manifiesto las distintas paradas que los estudios más recientes indican que hay que hacer a la hora de pensar en el cambio de régimen de principios del siglo XX. “Protagonismos individuales o colectivos, incertidumbres y efectos no deseados” –esos que hay en todas las historias– nos llevan a preguntarnos hasta dónde es posible hablar un mismo proceso continuado. Al ver la historiografía política de la posrevolución, son obligadas ciertas preguntas: ¿realmente no tenían límite los presidentes? ¿qué papel jugaron los gobernantes locales en la viabilidad del sistema? ¿qué pasaba en las elecciones entre 1940 y 1970? ¿cómo se relacionaron las disidencias con el pasado revolucionario en esas décadas? ¿cómo se articuló el discurso anticomunista, en el contexto de la guerra fría? La Revolución mexicana aparece cada vez más claramente como un evento que tomó formas insospechadas en las décadas que le sucedieron.
Este texto pertenece al libro Las revoluciones en el largo siglo XIX latinoamericano coordinado por Rogelio Altez y Manuel Chust (Madrid, Ahila/Iberoamericana/Vervuert, 2015) del cual publicamos una reseña aquí.
En este trabajo presento algunos hallazgos (e incluso puntos ciegos) de una historiografía que con todo derecho puede nombrarse como de la Revolución mexicana, pero que explica también otros tiempos, más allá de la saga de la lucha armada, la nueva constitución y el afianzamiento del régimen en la posrevolución (1910-1940). Quiero exponer ciertas novedades en los estudios de la Revolución mexicana, en su fase más álgida, pero asimismo identificar líneas historiográficas que empiezan a dar cuenta de la muy prolongada posrevolución (que usualmente asociamos al periodo 1940-1970).
Para un lector no familiarizado con la historiografía del tema mexicano, quizá resulte sorprendente la centralidad, en un lapso tan amplio, del término “revolución”. Tal es una de las peculiaridades del fenómeno revolucionario mexicano. Para empezar a entenderlo, basta reconocer la longevidad de prácticas, códigos y lenguajes públicos asociados con la “revolución”, que de una u otra forma estuvieron vigentes hasta la década de 1980. En todo caso, llama la atención que se trató de una revolución a la cual sus primeros historiadores y comentaristas asignaron, ya en 1911 o 1912, un impacto solo episódico.
En este trabajo propongo enfáticamente que ha llegado el momento de reconocer que se ha iniciado la transición desde una historiografía de la Revolución mexicana a una historiografía política de la posrevolución. En esa transición, una de las novedades más significativas ha sido el desarrollo de una historiografía política que ofrece perspectivas, conceptos y narrativas para esclarecer el periodo que va de la Segunda Guerra Mundial al agotamiento del autoritarismo clásico, perceptible ya en la década de 1970. Sostengo que es legítima la pregunta de si puede haber continuidades historiográficas significativas entre los años épicos de la Revolución (1910-1940) y los tiempos de la cuestionada pax del Partido Revolucionario Institucional (de 1940 a la década de 1980). Pareciera que ha sido la potencia y flexibilidad discursiva (y programática) de la Revolución lo que explica su longevidad en el imaginario político cotidiano. Y, en todo caso, la fascinación que ejerció se debía a que sorteó las grandes plagas políticas del siglo xx. Mal que bien, la Revolución y sus regímenes políticos resistieron a las tentaciones fascistas e integristas católicas, al golpe de Estado y a la dictadura pretoriana y, quién lo dijera, a otra revolución popular. El costo fue alto para la democracia y la justicia social, de eso no hay duda alguna. Diferentes gobiernos ejercieron violencia contra sus propios ciudadanos (con más saña si estos eran campesinos y trabajadores), pero de cierto no hubo ensayos propiamente genocidas.
Paradigmas de 1910
Como se sabe, los grandes y pequeños rasgos de la Revolución en su fase más álgida (1910-1920) fueron discutidos y quedaron establecidos como paradigmas entre finales de la década de 1960 y finales de la de 1980.1 Esa historiografía puede dividirse en dos grandes vertientes: la llamada revisionista y la que podríamos llamar clásica.2 No es una paradoja menor en la historia del estudio de la Revolución que el revisionismo en realidad antecediera al afianzamiento académico de la postura clásica. ¿Cómo ha sucedido tal cosa? Porque los historiadores académicos, profesionales, que desarrollaron la escuela revisionista en realidad combatían en contra de las memorias de protagonistas, leyendas, discursos oficiales y oficiosos e interpretaciones de diversa índole que sostenían el origen popular, agrario, democrático, antioligárquico e incluso antiimperialista de la Revolución mexicana; especialmente, después de la crisis moral que significó el movimiento estudiantil de 1968 y su desenlace trágico: el revisionismo de los profesores quería desmitificar la Revolución, mostrando su improbable radicalidad, su falta de programa, sus tendencias pro capitalistas o su autoritarismo y maquiavelismo genéticos.
En cambio, el afianzamiento de la escuela clásica recurre a un doble movimiento: tomar en serio los testimonios de los protagonistas y de los archivos cuando se refieren a la “revolución” y criticar sistemáticamente al revisionismo con argumentos diversos. Por ejemplo, que las revoluciones populares no se planean; que son contradictorias en sus muchos programas; que la diversidad social o cultural no es un pecado, sino una característica de la revolución moderna; que son mesurables los cambios estructurales en la sociedad mexicana (por ejemplo, el reparto agrario) y que el cambio subjetivo (detectable en nuevos vocabularios, aspiraciones y prácticas políticas) es asimismo mesurable. De manera previsible, la escuela revisionista insistirá en las continuidades entre el régimen de Porfirio Díaz y la temprana y tardía posrevolución, mientras que la escuela clásica subrayará las diferencias, las rupturas entre el antiguo y el nuevo régimen.3
Los títulos más célebres de estas historiografías, publicados como se señaló en un lapso de unos 20 años, se han constituido en una suerte de canon y, más importante para este ensayo, han funcionado como matrices de problemas, que serían desarrollados posteriormente por los historiadores de la Revolución en los últimos tres o cuatro lustros. Sugiero que han sido dos campos los más importantes para el periodo 1910-1920: de un lado, la historia militar, con sus implicaciones para entender la movilización popular, los programas políticos y las relaciones entre élites y sectores populares en varias regiones de la República; del otro, el impacto de la Revolución en las grandes ciudades, en la economía y en las relaciones laborales (que ya incluyen una perspectiva de género) en la segunda década del siglo xx.
Aquella definición que parece expresar mejor el sentido historiográfico del primer campo es la divina pareja de guerra civil y revolución.
Esto es así porque ambos términos de la ecuación destruyeron el orden político del antiguo régimen mexicano. Esta conclusión es estratégica: entre 1913 y 1917 presenciamos, como en las otras grandes revoluciones modernas, el acto fundacional de una nueva sociedad política. Por eso la discusión sobre la naturaleza de la Revolución mexicana no debe girar solo alrededor de las formas estatales o de los modelos socioeconómicos asumidos. El fenómeno revolucionario enseña que al calor de unos acontecimientos extraordinarios se creó un poderoso y fluctuante universo de valores, prácticas y representaciones políticas. Para que tal creación se consolide, la revolución debió destruir o neutralizar configuraciones mentales individuales y colectivas que permitían un orden de cosas político, es decir, una forma histórica específica en la cual se ejercía la autoridad y se entendían los derechos y obligaciones de los hombres.4 La revolución destruyó ese viejo orden político que estaba enraizado en las conciencias. Se trató de una operación a un tiempo objetiva y subjetiva. Es correcto asumir entonces que la revolución tiene lugar en el imaginario y que, al mismo tiempo, es un hecho material y objetivo, dado que posibilita nuevos comportamientos, nuevas expectativas y nuevas demandas de los hombres y las mujeres comunes.
De ahí entonces que las recientes investigaciones sobre la guerra civil adquieran relevancia y deban ser ubicadas como piezas esenciales para fundamentar la profundidad y alcances de la propia Revolución.5 Insisto: la guerra fue el vehículo que destruyó el orden político entre 1913 y 1917. Estudios clásicos ya habían señalado su importancia en el desarrollo de la Revolución. John Womack, a fines de la década de 1960, y luego Alan Knight, a mediados de la década de 1980, mostraron que la insurrección, el levantamiento de comunidades y pueblos, la organización militar y la sistematización de la violencia contra un enemigo identificado (Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza) eran medios para la realización de programas políticos y sociales; sería también significativo que esos procedimientos de desobediencia y movilización fueran utilizados tanto por grupos campesinos (en el sentido más amplio del término) como por sectores de clases medias.6
Estudios recientes ahondan en la importancia de la guerra como vehículo de la revolución y avanzan en una sociología y geografía de la contienda más detallada; es el caso de la biografía de Pancho Villa, los trabajos sobre los soldados y oficiales del villismo y el carrancismo y las pormenorizadas descripciones de las distintas etapas de las luchas de Emiliano Zapata. Y, en general, cuando se trata de la historia de la guerra y la violencia, las reconsideraciones más generales sobre su ritmo y contenidos resultan muy importantes para su entendimiento.7
En otro lugar he señalado que existió un fenómeno generalizado de militarización de la vida cotidiana entre 1913 y 1916, incluso —o sobre todo— en la Ciudad de México, que hasta hace poco se consideraba solo como testigo pasivo de la guerra y de sus secuelas; la guerra, al contrario, transformó la cultura política de la ciudad en un tiempo muy breve y generó una nueva demanda social desde abajo y una renovación de los códigos de autoridad y obediencia. Es probable que el fenómeno fuese más extendido. El tema de la violencia y las potencialidades subversivas de la guerra se proyectará al futuro, como veremos.
Por lo pronto, es necesario señalar que lo que hasta hace poco eran tópicos de la Revolución mexicana adquieren otro cariz. Tal es el caso de la Decena Trágica (del 9 al 19 de febrero de 1913, en la Ciudad de México), el pronunciamiento de una parte de la oficialidad de carrera del Ejército federal que acabó con un régimen constitucional, con la vida del presidente y del vicepresidente de la República, y, podría decirse, con una época de la historia de México.8 Esa violencia inaudita concentrada en una ciudad y los magnicidios que siguieron serán el punto de arranque de la fase más cruenta de la guerra civil, el inicio de la radicalización programática e ideológica de la Revolución y de la creación vertiginosa de alternativas de gobierno y de un ejército revolucionario. La Decena Trágica es uno de los ejemplos más claros de las relaciones entre violencia, guerra y cultura política: ¿cómo conformar un régimen que no acabe en otro magnicidio, en otra ruptura del orden constitucional? Tomaría lustros resolver ese asunto. Pero, en todo caso, es claro que los regímenes políticos, como las personas, tienen en su pasado escenas primarias, de reminiscencias freudianas, que marcan sus sensibilidades y actuaciones posteriores. Las votaciones del Congreso Constituyente de 1916-1917 se explican por ese aprendizaje acelerado marcado por la guerra, la defenestración del presidente Madero, la guerra civil y el ánimo de reformas: de las 179 votaciones, 117 se resolvieron por unanimidad, 46 por mayoría superior a dos tercios y solo 15 por mayoría absoluta.9
Hay un punto de encuentro historiográfico entre la historia de la guerra y la violencia, de un lado, y entre la economía y la población, del otro. Se ha consolidado el cálculo demográfico de lo que significó la Revolución para la población: la pérdida neta en el periodo 1910-1921 habría sido de 2.100.000 personas: 1.400.000 habrían muerto (como resultado de violencia, enfermedades y hambre), 525.000 no nacieron y alrededor de 200.000 emigraron a Estados Unidos.10 En sí mismas, las fluctuaciones abruptas y dramáticas de población dejan una huella profunda en las sociedades, como saben los historiadores con respecto a hambrunas, guerras o epidemias. Pero esas discontinuidades pueden ser condición de posibilidad para mutaciones en las prácticas e imaginarios políticos, e incluso en los patrones de poblamiento del territorio.11
La crisis del Estado liberal y su virtual desaparición en el verano de 1914 —hecho histórico, si los hay— supusieron cambios extraordinarios en el dominio de lo social y de lo político. Se pueden ya reconocer las novedades en el tipo, el tono y los vocabularios de las demandas desde abajo en ciertas ciudades: derecho al acceso a alimentos y agua potable, a la habitación digna o al trato respetuoso de las autoridades sanitarias a los ciudadanos.12 Pero, de manera significativa, una de las consecuencias estratégicas en esa modificación de las subjetividades populares (y de las élites) estaría en el dominio de las relaciones laborales: tripartidismo en la gestión de un acuerdo laboral, como en la Ciudad de México en 1916 y en la experiencia del valle de Orizaba respecto a las huelgas, los salarios y las indemnizaciones por enfermedad y accidentes de trabajo. Y, asimismo, la conversión de obreros (textiles sobre todo)hacia formas de movilización que entremezclaron las demandas laborales con las políticas, en una militancia que se prolongará por décadas.13
La formación de una historiografía política de la posrevolución
Los grandes temas de la historia política moderna (a saber, la formación y límites del Estado, la creación y funcionamiento de partidos políticos, la dinámica de las elecciones, el disenso, la violencia y los conflictos armados internos de mediana o baja intensidad) se han consolidado como materia de la historiografía de la posrevolución. Tal afirmación parece tópica, pero debe considerarse que los estudios sobre el régimen posrevolucionario en México habían sido, de forma abrumadora, materia de la ciencia política, la sociología o la antropología (sobre todo, a partir de la década de 1960). De ahí la relevancia de esta implantación historiográfica en la posrevolución, irreversible, cuyos efectos son ahora tangibles.
Ya no es verosímil la imagen de un “sistema” político con pocos y previsibles movimientos y quiebres en el tiempo; ya no es deseable una “fotografía”, y se vuelve imprescindible por tanto la película (buena o mala) completa. Y, aunque la obsesión por encontrar las claves del sistema político mexicano y sus atributos en la segunda posguerra mundial estaba justificada (por la estabilidad del régimen, por la hegemonía de un partido casi único y por los niveles de crecimiento económico, todo en el periodo 1940-1980), en ese camino se perdió lo que solo una narrativa histórica, con sus consecuencias gnoseológicas, puede ofrecer: reconocimiento de los protagonismos individuales o colectivos, de las incertidumbres y de los efectos no deseados.14
Incluso la periodización tradicional de revolución y posrevolución empieza a ser un asunto complejo. Como escribió un historiador, es más sencillo fijar en el tiempo el inicio de la revolución que su terminación.15 Hace no muchos años se daba por sentado, por ejemplo, que la fase programáticamente más intensa de la Revolución culminó con la expropiación de empresas petroleras extranjeras de 1938, el reparto de unas 18.000.000 hectáreas a los campesinos y el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Sostengo que la idea general sigue siendo correcta, al dar cuenta de la naturaleza y la profundidad del cambio social y político asociado al cardenismo. Más discutibles son las interpretaciones de las secuelas de aquel gobierno. Usualmente se asocia a Manuel Ávila Camacho (1940-1946) como el presidente del termidor de la Revolución. Hay mucho de ello, sin duda, sobre todo en lo referido al reparto agrario y apaciguamiento de los sindicatos (y a los vocabularios de la política). Pero investigaciones recientes muestran un Ávila Camacho reformista en lo político y electoral y, sobre todo, encabezando un gobierno en medio de la Segunda Guerra Mundial, en alianza plena con Estados Unidos, y con fuertes acechanzas internas desde las derechas secular y religiosa. Sí, un moderado, pero liderando una variopinta alianza política —afuera y adentro del oficialismo— que recuerda un gobierno de frente popular. Por eso parece sensato identificar también las continuidades entre la fase de Cárdenas y su sucesor, y no solo las diferencias. Y en esa operación quizá el verdadero termidor se traslade a la segunda mitad de la década de 1940, en el gobierno de Miguel Alemán (19461952) cuando las políticas oficiales se encontraron virtuosamente con la Guerra Fría.16
En todo caso, ya sea desde las ciencias sociales o desde los archivos, se aclara un horizonte que marca la agenda por venir, pero que no es necesariamente reciente: la Revolución como universo dominante de valores y prácticas de la política en la muy duradera posrevolución, incluso para sus detractores más apasionados. Dos polaridades definen los límites de la historia del orden político mexicano a partir de la década de 1940. De un lado, tenemos el fenómeno de la estabilización autoritaria de la política y del conflicto, que incluye el fortalecimiento del partido oficial (la mutación del Partido de la Revolución mexicana en el Partido Revolucionario Institucional, un tema crucial en la historia política mexicana), la promulgación de nuevas leyes electorales y la instauración de ciertas normas no escritas que dieron al presidente de la República el papel de árbitro y otorgador de favores, aunque con fortísimas limitaciones en su actuar.17 Del otro, la prevalencia de ciertas formas de violencia, que en el periodo dejó de ser el método de las élites para dirimir sus diferencias, pero continuó en la política abajo-arriba, es decir, en la lucha inter e intraclasista.18 Y, en el medio, los métodos formales e informales de conflicto, consenso y disenso.
En el primer plano, el de la estabilización autoritaria, los historiadores han encontrado pliegues y matices muy importantes, hasta hace poco ausentes en los enfoques sistémicos de las ciencias sociales. Uno de esos atributos sistémicos, mistificado en una extensa literatura, ha sido la omnipotencia del presidente de la República.19 Esta premisa se ha ido debilitando según avanza la consulta de archivos, testimonios y memorias en el estudio de coyunturas y situaciones específicas. Así, sabemos cómo los presidentes tuvieron límites dentro del sistema, y su éxito (o fracaso) radicó también en sus habilidades y sentido de la oportunidad. La presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) estuvo marcada por la muy violenta elección de 1940, que lo enfrentó a un disidente del oficialismo, Juan Andrew Almazán; no en balde, dos de sus obsesiones como titular del Ejecutivo serían la reforma electoral y la reforma del partido oficial: la primera la alcanzó a plenitud en 1945, pero la segunda solo limitadamente. El presidente no se impuso a su partido.20 Y, de hecho, la omnipotencia del presidente se desmiente asimismo en la frontera que ninguno cruzó a la fecha: la reelección.21 La Constitución ha sido un límite objetivo para el ejercicio de gobierno, al menos en lo que toca a uno de los momentos críticos de cualquier sistema político: su reproducción. Y este es un saldo de la Revolución, que se desató con el lema maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. La ruptura en las élites es una sombra ominosa en la historia política de la posrevolución.
La omnipotencia presidencial se ve negada en otra dimensión, ajena a la de la sucesión del jefe del Estado, las elecciones, los partidos y la disputa formalizada por el poder: los impuestos. Los historiadores han encontrado que definir, establecer y cobrar impuestos desmiente cualquier capacidad demiúrgica de los presidentes mexicanos. Las arduas negociaciones con empresarios ratifican, sí, la idea de un gobierno corporativo, que consulta casi todo con los poderes fácticos. Lo interesante es que los grandes empresarios modificaron los planteamientos iniciales de las reformas fiscales de 1961 y 1972;22 pero son, asimismo, significativas las resistencias de los gobernadores de los estados (del mismo partido del presidente) a los proyectos de centralización fiscal de 1949.23 Los resultados de esas limitaciones al poder del presidente son, sin hipérbole, históricas y definen uno de los programas de investigación más fructíferos de la posrevolución: la debilidad fiscal del Estado mexicano como constante estructural a lo largo de un siglo.24
El mito de la omnipotencia presidencial encuentra otra escollera en la situación geopolítica. La sobredeterminación que significan los más de 2000 kilómetros de frontera con Estados Unidos es, en realidad, un factor endógeno de la política mexicana. Las novedades aquí se desarrollan en varios planos. Conocemos ya un virtual acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a partir de 1942 y un tratado migratorio favorable a los trabajadores mexicanos, y, sobre todo, la normalización de las relaciones binacionales al calor de la Segunda Guerra Mundial.25 Pero reconozcamos que lo que desencadenó esta situación favorable fue la conflagración mundial, el alineamiento con Estados Unidos y ciertas habilidades de un presidente como Ávila Camacho, que reorganizó, y no canceló, la alianza cardenista. La Guerra Fría abonará en la sobredeterminación estratégica de las relaciones con Estados Unidos, señalando al presidente unos límites insalvables, pero también alentando o permitiendo ciertas cuotas no desdeñables de autonomía hemisférica del Estado mexicano en política exterior e interna.26
Existe, eso sí, un consenso historiográfico según el cual el proceso de estabilización política redujo la apelación al recurso de la violencia en las disputas de las élites mexicanas.27 Como se sabe, los pronunciamientos militares se hicieron inefectivos desde 1923 en adelante y el último, en 1938, no tuvo consecuencias. Pero entonces se vuelve imperativo inquirir sobre la función de la violencia estatal en el periodo de la estabilización autoritaria de la política. Y la respuesta que se perfila no puede ser muy original: es una de las herramientas para el control de la protesta y la demanda social y política desde abajo. El ejército es el administrador de la violencia por excelencia, primera y última trinchera en la aplicación de la coerción estatal. Sin embargo, y más allá del corte de 1940-1946, cuando gobernó el último general presidente de la Revolución, Manuel Ávila Camacho, se ha documentado la presencia extendida y sistemática del ejército en labores de policía y de control directo de los conflictos sobre el territorio. Un autor se ha cuestionado, con razón, el “mito de la desmilitarización” para dar cuenta del fenómeno cotidiano de un ejército patrullando y tratando de controlar pueblos, rancherías, zonas de conflicto agrario y presidencias municipales acosadas por ciudadanos inconformes con las elecciones, los impuestos o la corrupción de políticos locales.28
Los planes de defensa nacional en México se han pensado más para las perturbaciones del orden interno y para el mantenimiento de algo llamado “paz social” que para responder a acechanzas de un enemigo externo. El ejército sería la gran policía nacional y el administrador directo de la protesta, del descontento y de la desobediencia de grupos populares. Estos serían sobre todo habitantes del mundo rural (un universo extraordinariamente fragmentado y disperso en el territorio), pero, en su momento, también obreros (como en las grandes asonadas del gobierno contra los sindicatos nacionales de industria) y estudiantes serían contenidos o reprimidos por las fuerzas armadas.
Pero la violencia estatal no basta para ejercer el control político: se requiere de la generación y administración de consensos, uno de los fenómenos más difíciles de historiar. De ahí que la literatura haya experimentado un corrimiento hacia las dimensiones intermedias de la historia política. En los últimos años se han hecho aportaciones al entendimiento de los gobiernos estatales y municipales, y sobre la función política de caciques y hombres fuertes de regiones y corporaciones. En cierta manera, podríamos decir que la historia política de los cacicazgos posrevolucionarios constituye a un tiempo tanto la historia de las imperfecciones del sistema como la historia de su viabilidad práctica y cotidiana. La tipología caciquil que surge de esos estudios es diversa: dadores de favores y represores inauditos; desarrollistas y administradores de economías de la exacción; ilustrados y casi analfabetos; leales caporales del presidente y aspirantes a la presidencia.29
Esta variedad de por sí alimenta los afanes historiográficos, pero hay más puntos de interés: en tanto administradores del conflicto local y regional, los caciques han sido con frecuencia el primer muro de contención de la demanda social. Y esa contención no siempre significó violencia de arriba abajo, sino concesiones y voz para ciertos grupos populares. Esa funcionalidad llegó a ser tan importante, sobre todo en las décadas de 1940 y 1950, que se conformó lo que podría llamarse una cliqué de caciques regionales que aspiraron seriamente a controlar y decidir la sucesión presidencial de 1958, queriendo imponer a uno de los suyos como el candidato del partido oficial.30
Es notoria la debilidad de la historiografía sobre elecciones federales y locales en México en el periodo 1940-1970. Esta realidad contrasta con la explosión de investigaciones sobre los procesos electorales que siguieron a la contienda presidencial de 1988. En parte, esa omisión de los historiadores está determinada por la idea del sistema que se reproduce sin agencia y, de modo más significativo, porque no se ha construido la plataforma de observación adecuada ni se han enunciado las preguntas pertinentes. Los resultados de los pocos trabajos disponibles son esclarecedores, sobre todo cuando se estudian las elecciones municipales. La imagen que surge en este nivel es la de una política abigarrada, compleja y, sobre todo, fluctuante. Sin desaparecer, el dominio del oficialismo en los niveles microscópicos de la política municipal se relativiza y da pie a innumerables historias: la intensidad de las elecciones internas en el partido oficial, la posibilidad de los disidentes de participar en un partido de oposición y el bagaje socioeconómico y cultural de los presidentes municipales, por ejemplo. Pero hay más: las elecciones estatales y nacionales son un tema, discreto hasta ahora, pero en ascenso. Hay motivo para regresar a las elecciones primarias, a las elecciones constitucionales y al conflicto pre y postelectoral. Está en formación, recién, una historia electoral de la política de México a partir de la década de 1940.31
Es importante señalar cómo cierto tipo de movilizaciones populares tendía a usar un código donde el amago de violencia y la exhibición de símbolos resultaban eficaces en algunos contextos locales: eran formas de representación (informal) de intereses sociales y estrategias de comunicación política. Son formas ritualizadas de violencia política o, si se quiere, violencia autocontenida. Como saben los historiadores de tema europeo y americano, en ocasiones ese tipo de movilizaciones de grupos populares (incluyendo sus demandas y su repertorio) desequilibró el pacto de las élites. Ambas posibilidades se cumplen en las protestas de las vendedoras del mercado en el centro de la ciudad de Oaxaca, a principios de la década de 1950. Grupos populares, de hecho indígenas en un estado de fuerte ascendiente indígena, podían impactar la política local de las élites, incluso con ciertas repercusiones nacionales.32 Este enfoque tiene consecuencias y avanza en la historiografía de tema mexicano en la segunda posguerra. Otros estudios han mostrado que ciertas protestas y disidencias, aquellas que han recurrido incluso a las formas de organización clandestina, al estilo de los intentos guerrilleros de la década de 1960, no se nutrieron solo de militantes que provenían de ambientes ajenos al oficialismo y a sus formas de organización y vocabularios. La muy extendida saga del líder campesino Rubén Jaramillo en Morelos, que va del cardenismo en la década de 1930 a su asesinato en mayo de 1962, refleja esa ambigüedad, esa zona gris, aquellos márgenes fluctuantes del acuerdo y el disenso que redefinen a cada momento los límites de la lucha pacífica, el conflicto, la autodefensa y la violencia. En las tres décadas de lucha, Jaramillo pudo ser gerente del ingenio azucarero de Zacatepec (uno de los más importantes del país y emblemático de la alianza estado-campesinos en la posrevolución), dos veces candidato al gobierno del estado por un partido local, aliado de un candidato presidencial disidente del oficialismo en 1952 y fugitivo armado (con decenas de seguidores) en serranía y planicies morelenses.33
La de Jaramillo no es una historia única. Las expresiones de la violencia armada, en la forma de guerrillas rurales, comparten una parte de ese guion. Tanto en el fallido intento de asaltar el cuartel militar de Madera, Chihuahua (en 1965), como en las experiencias de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero, poco después, se reconoce que los líderes visibles no abrevaron solo en la ideología al uso (foquismo, guerra popular prolongada), sino también en experiencias políticas muy cercanas a las luchas cotidianas de ciertas comunidades contra el caciquismo y la violencia desde arriba. Más importante aún, el caso de Vázquez y Cabañas (ambos, maestros rurales) muestra la enorme importancia que en la radicalización política tuvieron los vocabularios y las representaciones imaginarias de la Revolución: por ejemplo, en sus apelaciones al zapatismo y al cardenismo. En otras palabras, incluso las formas más radicales de disidencia política (la guerrilla rural) se gestaron y desarrollaron en los márgenes (pero no en un afuera radical y sin retorno) de la matriz discursiva y valorativa de la Revolución mexicana.34
Ahora bien, ¿cómo se reúne la trayectoria de la historia política mexicana de la segunda posguerra (la del oficialismo y la de los grupos opositores) con el sentido y contenidos de la Guerra Fría? O de otra forma ¿cómo vivió México la Guerra Fría? En todo caso, los historiadores parecen inclinarse a considerar que la autonomía del Estado mexicano en política exterior (como la decisión de mantener relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro) debe ser matizada, aunque no rechazada. Ciertamente, existe evidencia de prudencia e incluso de concesiones al furor anticomunista del presidente Dwight Eisenhower en el caso del derrocamiento de Juan Jacobo Arbenz en Guatemala (1954). En todo caso, parece confirmarse la sospecha de que los alegatos abstractos sobre la soberanía y autodeterminación de los pueblos obedecían también a las necesidades de regular el conflicto interno de las élites, especialmente la de los contingentes de los expresidentes Cárdenas y Alemán en la política mexicana.35 Como es raro en otras experiencias, la política exterior es una faceta de la interior.
No extraña entonces que la Guerra Fría operara también en otros niveles: en la calle y en los ejercicios de propaganda de los gobiernos mexicanos y de la Iglesia católica, desde la promulgación de la doctrina Truman en 1947 y, al menos, hasta mediados de la década de 1970. A principios de la década de 1960, se hicieron públicas (en manifestaciones callejeras) las preocupaciones de clases medias católicas con respecto a un libro de texto gubernamental y obligatorio para la educación primaria; estas protestas, conservadoras en los contenidos, pero liberales en las formas y demandas, fueron casi coincidentes con movilizaciones bajo la consigna “cristianismo sí, comunismo no”.36 El mensaje cifrado, no tan subliminal, era la denuncia de un autoritarismo gubernamental que llegaba al salón de clases, y como referente inmediato estaba, naturalmente, la Revolución cubana.
Pero el anticomunismo oficial u oficioso para desacreditar o reprimir luchas por derechos políticos o ciudadanos resultó menos eficaz en 1968. Cuando se iniciaron las protestas estudiantiles en julio, la respuesta más inmediata en la prensa bajo control gubernamental fue exhibir los arrestos de jóvenes como necesarios, dada la responsabilidad de comunistas u otras fuerzas “oscuras”. Pero la estrategia se desgastó en las siguientes semanas y es probable que solo regresara en la segunda mitad de septiembre y en los días que siguieron a la matanza del 2 de octubre, y lo hizo acompañada de una virtual ocupación militar de la Ciudad de México. Tal vez esto ilustre las intuiciones del oficialismo mexicano en la Guerra Fría, es decir, la necesidad de atemperar los discursos anticomunistas y utilizarlos casuística pero no sistemáticamente. En todo caso, la discusión sobre la Guerra Fría y el anticomunismo como experiencia local mexicana sigue abierta.
Más allá, 1968 (o tal vez la década entera) ya es un tema historiográfico. Su programa contempla la necesidad de esclarecer la política internacional del Estado mexicano (Cuba, los Juegos Olímpicos, la protesta estudiantil en lo que esta tiene de “global”, la militancia mexicana a favor de la desnuclearización de América Latina, el coqueteo con el movimiento de los países no alineados) y, a partir de ahí, inferir la correlación con la política nacional. Pero se puede proceder en sentido contrario: cómo la política local determinó la política internacional. Este último parece ser el guion de la política mexicana en la década de 1970. Aunque acá la literatura se debilita en número de trabajos propiamente históricos, ya asoman propuestas analíticas e interpretaciones. De todos modos, podríamos asumir la misma perplejidad que con el inicio y fin de la Revolución; sabemos que la posrevolución se inició a mediados de la década de 1940, pero cuándo terminó es otra historia.
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1 A manera de ejemplo, considérense Womack (1974 [1969]); Gilly (1971); Córdova (1973);Aguilar Camín (1995 [1977]); Ulloa (1979, 1981, 1983, 1986); Katz (1983); Knight (1986); Guerra (1988) Tobler (1997).
2 Para una discusión sobre los paradigmas clásico y revisionista (en este caso, alrededor de la gran propiedad agraria y su destrucción por la Revolución), véase Knight (2013).
3 Sin ánimo de simplificar una literatura que tiene matices de todo tipo, digamos que Guerra (1988) representa uno de los puntos culminantes del revisionismo historiográfico, mientras que Knight (1986) es el representante (y defensor acérrimo) de la escuela clásica.
4 Me inspiro con mucha libertad en las discusiones planteadas por Furet y Richet (1988);Vovelle (1989); Furet (1992); Figes (1997). Argumenté al respecto, de manera más amplia, en Rodríguez Kuri (2010).
5 El libro de Portilla (1995) relanzó esta problemática.
6 Womack (1974); Knight (1986).
7 Katz (1998); Ávila (2001); Salmerón (2006 y 2009); Pineda (1997 y 2005); Garcia-diego (2013).
8 Para nuevos acercamientos a la Decena Trágica, véase el volumen coordinado por MacGregor (2015).También Saborit (2013).
9 Marván (2013, I: 19).
10 McCaa (2000 y 2003).
11 Rodríguez Kuri (2015).
12 Lear (2001);Wood (2001); Rodríguez Kuri (2010).
13 Gómez-Galvarriato (2013: 116-148).
14 Rodríguez Kuri (2004); Loaeza (2015).
15 Knight (2013).
16 Para esta discusión, Knight (2013), quien sí considera a Ávila Camacho como termidoriano; Loaeza (2013) y Aboites/Loyo (2010), a su manera, extienden la vigencia (debilitada) de la coalición cardenista hasta la primera mitad de la década de 1940.
17 Loaeza (2013).
18 Knight (1997); Pansters (2012).
19 Tesis reactualizada por Krauze (1997), justo cuando estaba por iniciar la historia política de la posrevolución.
20 Loaeza (2013).
21 Rodríguez Kuri (2004).
23 Aboites (2003); Aboites/Unda (2011); Smith (2014a).
23 Aboites (2003).
24 Smith (2014a).
25 Cárdenas (2003).
26 Loaeza (2010).
27 Knight (1997).
28 Rath (2013).
29 Knight (2005).
30 Rodríguez Kuri (2008).
31 Gillinham (2014); Smith (2014b). Para elecciones en la Ciudad de México en el periodo 1930-1070 y, sobre todo, el origen sectorial de diputados (en el oficialismo), véase Rodríguez Kuri (2012).
32 Smith (2009).
33 Padilla (2008).
34 Henson (2012); Aviña (2012). Para una panorámica general de la historia de las guerrillas en México, véase asimismo la obra coordinada por Oikón/García (2009).
35 Meyer (2004); Buchenau (2004); Loaeza (2010).
36 Loaeza (2010).