La extinción del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) provoca la necesidad de pensar en la estructura general de los organismos públicos de cultura. Voy a comenzar con una hipótesis general sobre la transición mexicana. Ésta fue sobre todo un cambio político de larga duración. Su objetivo final era la alternancia en el poder por la vía electoral. Pero ante la enorme dificultad para cambiar al partido gobernante, o bien al titular del Ejecutivo, las organizaciones políticas promovieron otra estrategia concomitante: la promulgación de leyes que permitieran acotar la autoridad presidencial. Apoyadas con frecuencia por el propio PRI y el aparato gubernamental, esas reformas legislativas se justificaron por dos episodios clave para la izquierda y la derecha: la agresión militar de Gustavo Díaz Ordaz contra los estudiantes, además de la guerra sucia, por una parte; y, en el extremo opuesto, las políticas económicas de Echeverría y la nacionalización de la banca en 1982. Estos dos supuestos extremos, que en realidad fueron parte de la misma práctica de gobierno, fueron vistos por la extinta clase política priista como amenazas para la estabilidad del sistema. Por eso fueron ellos mismos los que propusieron o apoyaron cambios legales que acotaran el margen de acción de presidencias omnímodas, pero finitas. La inclusión de la autonomía universitaria en la Constitución, la reforma del Poder Judicial en los años noventa y la autonomía del Banco de México fueron en buena medida el resultado de esos esfuerzos. Merecería una reflexión aparte la reforma sobre derechos humanos de 2011. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, devenido en Secretaría de Cultura, y el extinto Fondo Nacional para la Cultura y las Artes fueron resultado del mismo proceso que, sin embargo, fue muy tímido en el ámbito de la cultura.
Ilustración: José María Martínez
Las instituciones culturales más importantes del Estado son hasta la fecha el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Se trata de dos estructuras que tuvieron su origen en la estructura propia del colonialismo interno, respectivamente en 1939 y 1946. Son dependencias de un Poder Ejecutivo que expandió su hegemonía sobre los robustos poderes locales emanados de la Revolución. Lo hizo poco a poco, a veces fortaleciendo el centro, a veces imponiéndose en el nivel local. Simplificando bastante, podríamos pensar que el INAH fue un instrumento para negociar con una pluralidad de autoridades regionales, en tanto que el INBA fue un ejemplo quintaesencial de concentración de recursos en la ciudad de México. En buena medida, el karma de aquellos organismos dependía de una integración completa en la estructura orgánica del gobierno federal, a su vez concebida como un sistema de órdenes de arriba hacia abajo, parecido en eso a una plomada. Paradójicamente, esta autoridad del Ejecutivo le daba algún margen de acción a sus agentes. Como los jesuitas, que sólo obedecían al papa (no al obispo), los antropólogos y gestores podían enfrentarse al gobernador en nombre del Presidente de la República. Fue una mala solución para un pésimo equilibrio de poderes, pero funcionó durante décadas. Aunque funcionó muy mal, pues fuera de la ciudad de México las instancias federales de cultura están muy desprestigiadas.
En otro sentido, la centralización política y geográfica convirtió a las dependencias federales de la cultura mexicana en órganos funcionales cuando se requería una acción de propaganda. Esto debe decirse sin exageraciones. El aparato cultural mexicano no fue semejante, por ejemplo, al Ministerio del Estado para la Ilustración del Pueblo y la Propaganda de Joseph Goebbels. Dafne Cruz encontró una traducción del estatuto de esa notoria oficina alemana en el expediente sobre el origen del Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda del gobierno de Cárdenas.1 Pero no puede pensarse que Cárdenas y Múgica, los inspiradores del proyecto, quisieran copiar la estructura nacionalsocialista: casi todas las oficinas del Estado mexicano que se conformaron entre los años veinte y cuarenta pasaron por una investigación acerca de estructuras semejantes en todo el mundo: era un método. Cuando fundaron el PNR, cuando fundaron el DAPP, cuando fundaban cualquier cosa, los políticos del PNR-PRM-PRI se ponían a traducir documentos alemanes, estadunidenses, rusos e italianos.
Para la gestión de la cultura, no fue el modelo alemán el que más gustó a sucesivas generaciones de funcionarios mexicanos, sino el inglés y el francés. El Estado mexicano y sus presidentes tuvieron el proyecto de hegemonizar el discurso público que se propagaba por nuevos medios tecnólógicos y a través de ideas estéticas e históricas novedosas. Por eso el propósito inicial del INBA iba a ser que el Estado contara con un monopolio estatal de televisión semejante a la BBC. Esta idea se abandonó pronto. Ya sin televisión, el INBA construyó su autoridad como administrador de la estética nacionalista.2 Esta última función no se implantó a rajatabla o en forma elemental, pero no es casual que la “ruptura” en las artes plásticas y el abandono del nacionalismo se volvieran un problema político en los años cincuenta, después de la fundación del INBA. Los conflictos anteriores los había provocado la agresiva intolerancia de los intelectuales afines al nacionalismo; el INBA se convirtió, en cambio, en el blanco perfecto para la crítica de los disidentes, como José Luis Cuevas y Manuel Felguérez.
El trabajo de reglamentación de ese vetusto conjunto de estructuras políticas ha sido insuficiente y se ha pospuesto varias veces. Los cambios, muy pocos, han apuntado casi siempre a reforzar su verticalidad. Uno de esos cambios fue, sin embargo, más importante que los otros. En 1988 hubo unas elecciones que salieron del control oficial, y que muy posiblemente haya ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Entre las primeras medidas que tomó Carlos Salinas de Gortari para reconstruir el consenso de los intelectuales estuvo la fundación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA). Esta nueva institución se encargaría de administrar la autoridad del Poder Ejecutivo sobre los dos institutos culturales y de negociar con los nacientes órganos culturales de los estados. El personal que laboraba en las instituciones de cultura salió de la Secretaría de Educación Pública, con consecuencias de largo plazo. El CNCA no fue autónomo ni pretendió serlo nunca, y muchos juristas aseguran que el decreto presidencial de su fundación era por lo menos deficiente. Es posible, pero tuvo un elemento de lucidez política, para disgusto de quienes, en los años ochenta y noventa, nos considerábamos opositores al régimen. El CNCA asumía que la autoridad del Ejecutivo, aunque en última instancia podía recaer en la persona del presidente, era una cosa más bien abstracta que convenía administrar en forma descentralizada. Esta solución no sólo se propuso por la crisis electoral de 1988. También deben tomarse en cuenta los frecuentes escándalos en que incurría el gobierno cuando su administración de la cultura era desatinada. Por ejemplo, podemos recordar la reacción timorata e inaceptable de la subsecretaría de Cultura y la SEP ante la agresión de Jorge Serrano Limón contra el Museo de Arte Moderno, exigiendo la censura de una obra (1988). La tibieza de los funcionarios a cargo había sido un desastre. El golpe había llegado hasta el presidente Miguel de la Madrid, que decidió tolerar y dar gusto a los fanáticos de Provida, y no apoyar al Museo. Por otra parte, el proyecto de construir una línea del metro que hubiera afectado seriamente la cimentación de la Catedral Metropolitana, y que provocó protestas enérgicas de los investigadores del INAH, acabó en la posposición de aquel proyecto de infraestructura.
Frente a aquellas coyunturas, la delegación simbólica de la autoridad cultural en el CNCA permitía que los intelectuales se pelearan con los intelectuales; que las autoridades de cultura recibieran los golpes dirigidos al gobierno sin afectar personalmente al presidente. A pesar de ello, no se podría hablar de autonomía. Como producto de un decreto presidencial, el CNCA nunca fue un órgano legalmente desconcentrado o descentralizado, que son las categorías jurídicas de la autonomía en el Estado mexicano. La reorganización fue exitosa, si se mira desde los propósitos políticos que le dieron lugar, pues conservó para el presidente el papel de árbitro de última instancia para resolver la crisis y apoyar los proyectos que le interesaran por motivos políticos, aunque manteniéndolo lejos de las acaloradas controversias cotidianas.
Explicablemente alarmados por esta deriva institucional, los sindicatos del INAH y el INBA, originalmente secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, abogaron desde entonces por el retorno a la Secretaría de Educación Pública. No tuvieron éxito, pero la anulación del carácter satelital —la cancelación de la pequeña autonomía simbólica del CNCA— comenzó muy pronto. Su absorción por el Poder Ejecutivo había comenzado antes del actual sexenio, con la fundación de la Secretaría de Cultura, en 2015. Propuesta de tiempo atrás, la SC es una propuesta distinta del CNCA: no es un organismo que vaya a encarar y diluir las querellas iracundas de la comunidad cultural, protegiendo así al presidente; es parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo.
En cambio, como lo ha recordado Gerardo Estrada, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, fundado también durante el sexenio de Salinas, fue un proyecto para lograr la transmutación del recurso más primitivo del clientelismo mexicano: la asignación directa de recursos. En lugar de pedir una entrevista con el director para solicitar dinero, se organizó una oficina, esa sí autónoma, para que los recursos del Estado se asignaran de manera transparente y mediante evaluación entre pares.3 Esta era una forma de reorganizar el mecenazgo cultural del Estado, reemplazando el compromiso personal con el funcionario por la adhesión abstracta a un sistema de reglas. Como toda institución, el Fonca pasó por diferentes etapas y no siempre estuvo libre de determinaciones políticas. Pese a su alambicada normatividad administrativa, pese a su contradictoria identidad pública pero privada, en el Fonca prevaleció un principio de autonomía mínimo que le otorgó funcionalidad y legitimidad. Hasta su extinción, probablemente irreversible.
Continuará…
Renato González Mello
Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Miembro de la Academia de Artes.
1 Cruz Porchini, D. Arte, propaganda y diplomacia cultural a finales del cardenismo, 1937-1940, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2016.
2 Me apoyo en lo dicho sobre el famoso Informe de Salvador Novo relativo a la televisión en Renato González Mello y Ariel Rodríguez Kuri, “El fracaso del éxito”, en Nueva historia general de México, de Bernardo García Martínez, El Colegio de México, México, D. F., 2010, pp. 699–746.
3 Estrada Rodríguez, G. “La desaparición del Fonca sería una tragedia”, El Universal, el 16 de abril de 2004.