Argentina es un país extraño. Claro que esta premisa podría formularse respecto de cualquier país: la patria siempre es extraña. Somos el país de Maradona y de Messi, esa desmesura; el país que juzgó y condenó por crímenes de lesa humanidad a los jerarcas de la dictadura apenas depuesto el régimen; la tierra del primer papa latinoamericano; el país de la marea verde y del “Ni una menos”. Pero también somos el pueblo que, después de haber logrado en las calles y en el Congreso el aborto legal, seguro y gratuito como derecho, eligió como presidente a un panelista de programas de television que define al Estado como un “pedófilo en un jardín de infantes”, que no ve “ningún problema” en la posibilidad de que exista un mercado de órganos o de niños, y que llamó a eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) de la currícula escolar: Javier Milei.
A fines de diciembre de 2023, el gobierno envió al Congreso un extenso proyecto de ley conocido como “Ley ómnibus”. En el capítulo destinado a la cultura se plantea la desregulación de distintos aspectos de las industrias culturales y la eliminación de organismos clave para el financiamiento del cine, el teatro, la música y las artes visuales, entre otros. Tanto asociaciones profesionales como reconocidos artistas, entre los que se cuentan Ricardo Darín, Graciela Borges, Charly García y Claudia Piñeiro, entre muchos otros, han advertido sobre el daño que estas medidas podrían generar, a través de la consigna “la cultura está en peligro”. Si bien el tratamiento del proyecto fracasó en el Congreso, se espera que el gobierno avance con la aplicación de algunas de estas medidas vía decreto presidencial.
Ajuste vía doctrina del shock, una vez más
El tono de comedia cáustica de este experimento a cielo abierto podría destacarse como algo curioso sin más, si no fuera por los efectos concretos que está teniendo la aplicación “de la motosierra”, el eslogan con el que Javier Milei puso en marcha un proyecto de ajuste brutal: la mayor caída de salario y jubilaciones en más de veinte años, aumentos en transporte y servicios de hasta el 500%, y propiciando legislativamente aperturas indiscriminadas, desregulaciones y privatizaciones.
Dentro de este proyecto de alta velocidad, llama la atención particularmente la violencia de las medidas y de las palabras del propio presidente hacia el campo de la cultura. Pero hay tradición nacional también en esta obsesión. Como sostiene Carlos Gamerro, existe un subgénero dramático particularmente argentino que consiste en oponer, dramática y dialógicamente, un político y un escritor: Rosas y Sarmiento, Perón y Borges, Eva Perón y Victoria Ocampo.
Sin embargo, Milei —quien también tiene faceta de escritor plagiario— parece no contentarse con un único autor como contrincante, por lo que eligió oponerse a todos: contra Sarmiento (el padre de la escuela pública argentina), recortó ingentes fondos de educación a todas las provincias; contra Borges, busca eliminar todo financiamiento de las Bibliotecas Populares; contra Victoria Ocampo, propone la eliminación del prestigioso Fondo Nacional de las Artes, cuya sede principal se erige en la antigua casa racionalista de la editora. Antes, criticó duramente a actores, actrices, directores y productores de cine y, en los últimos días, ha elegido como blanco a la cantante Lali Espósito, a quien atacó de forma brutal tanto en sus redes sociales como en una entrevista en televisión abierta cambiando su nombre por “Lali Depósito”.
Si bien resulta llamativo el ensañamiento del propio presidente y de sus medidas y proyectos contra la cultura, lo cierto es que, si hablamos de números, esta dimensión es apenas un campo pequeñísimo frente al shock económico que el gobierno autodenominado libertario ha aplicado en apenas dos meses de administración. Se trata de la puesta en marcha, una vez más, de un gran paquete de medidas que se enrola en lo que Naomi Klein caracterizó como “doctrina del shock” y que el ultraliberalismo aplica para aplastar a la oposición política, los movimientos sociales y los sindicatos, mientras provoca una enorme transferencia de recursos de las clases trabajadoras a los capitales concentrados. La privatización de empresas y bancos públicos, jubilaciones y la eliminación de los derechos de los trabajadores sólo pueden llevarse a cabo mediante una crisis que amenaza la supervivencia cotidiana, capaz de provocar la pérdida de la capacidad de reacción por la desorientación y el miedo a la represión.
Las medidas: el decreto y el proyecto de “Ley ómnibus”
Apenas once días después de haber asumido el gobierno, Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) inconstitucional en el que deroga un sinfín de leyes como las que regulan los alquileres y la distribución y abastecimiento del comercio en las llamadas Ley de Góndolas, Compre Nacional, Abastecimiento y en el que elimina sin más trámite una gran cantidad de derechos laborales. Si bien no hay en esta norma un capítulo destinado específicamente a la cultura (como sí veremos en el proyecto conocido como “Ley ómnibus”) es evidente que cambios como la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, la limitación del derecho a huelga o las facilidades de la patronal para despedir a quienes participen de medidas de fuerza, son derechos que se recortan a los trabajadores en general, también a quienes trabajan en cines, librerías, discográficas, productoras o grandes editoriales. Si bien la justicia laboral suspendió la aplicación de algunos artículos —aunque no está claro el alcance de la suspensión— lo cierto es que la norma entró en vigencia y, desde el Senado, la vicepresidenta Villarroel ha impedido semana tras semana el tratamiento por el cuerpo legislativo, que podría, en última instancia, suponer su rechazo.
El núcleo de las medidas contra el financiamiento y desarrollo de la cultura se encuentran en el proyecto de ley que el gobierno llamó Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (popularizado como “Ley ómnibus”). Se trata de un texto que apunta a reformar numerosos mecanismos e instituciones que fomentan la producción, formación y participación en cine, literatura, teatro, música, danza, artes visuales y más: la eliminación del Instituto Nacional del Teatro (INT), cuya misión es el fomento a la actividad teatral en todo el país, como del Fondo Nacional de las Artes (FNA), que tiene un rol fundamental en el fomento de las artes y todo tipo de creación cultural; y el recorte de posibilidades de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del Instituto Nacional de la Música (INAMU). El proyecto busca la desaparición o atomización de estructuras que, en la mayoría de los casos, tienen esquemas de financiamiento autárquicos y que no dependen de las arcas públicas, como el dominio público pagante generado al vencerse los derechos de autor de cualquier obra o un porcentaje de la venta de tickets del cine comercial o las multas, tasas y gravámenes que pagan la radio y la televisión.
En lo que concierne al ámbito de la diplomacia cultural, las medidas de facto del gobierno de Milei han redundado en la eliminación del programa de movilidad para artistas, el control político —casi de censura— sobre los contenidos y temáticas de las películas que se difunden, la opacidad en la gestión de participaciones clave como la Bienal de Venecia y el regreso de la arbitrariedad en la asignación de los recursos en el marco de la Dirección de Asuntos Culturales.
Las modificaciones también alcanzan a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que pierde su presupuesto, y a la industria editorial que, como muestran los ejemplos a nivel internacional, se encuentra vulnerable ante la eventual derogación de la Ley de Precio Único, que sin dudas pondrá en riesgo la actividad de pequeños y medianos libreros en todo el país, al no poder competir con grandes superficies de venta.
Hace unas semanas, cuando todo parecía encaminado a la aprobación del proyecto de ley, la impericia del gobierno en materia legislativa, sumada a la agresión constante del presidente hacia los gobernadores y legisladores (incluso hacia quienes se mostraban inclinados a darle los votos), hizo que la sesión fracasara y todo pareció quedar en una sospechosa pausa. Al día de hoy, no se sabe si el gobierno insistirá en la aprobación del proyecto de ley o si apelará a otras estrategias, como los Decretos de Necesidad y Urgencia o la mera “licuación” de los presupuestos, como pareció admitir el presidente en una entrevista reciente, en la que deslizó que gracias al paupérrimo nivel de los salarios de los trabajadores la reforma laboral ya no era necesaria.
La carrera larga: deslegitimación
Si bien desde temprano ha habido respuestas individuales y colectivas contra el gobierno de Milei, los efectos de esta estrategia de desorientación han tocado el ámbito de la cultura, donde organizaciones del sector, gestores, ex funcionarios, militantes, trabajadores y artistas también han llegado a cuestionarse la oportunidad de organizar medidas de resistencia, cartas abiertas, asambleas y marchas para defender las asignaciones o el financiamiento de la cultura, cuando ocurren tragedias de magnitud: como la eliminación de la asistencia a comedores cuando la pobreza y la indigencia han dado saltos astronómicos y proliferan las noticias del arrasamiento. No olvidemos, por ejemplo, a aquellos chicos que murieron quemados por querer robar cables de alta tensión buscando algo más que lo que se ganan tirando de un carro para juntar cartón. Como dice un poema de Yeats, el mal de las cosas sin forma de tan grande se me hace indecible.
Pero es claro que el desconcierto es parte de la estrategia que despliega el propio gobierno para deslegitimar la inversión en el desarrollo de la cultura. Desde el 10 de diciembre no hay descanso. El ritmo es frenético: recortes, desfinanciamiento y eliminación de políticas públicas van a la par de la proliferación de discursos violentos que buscan eliminar las resistencias; la palabra agresiva del presidente contra productores, gestores y artistas; la reproducción de memes que exhortan a la violencia; la instalación de fake news. ¿Es posible pensar por fuera de esa encerrona? ¿Es legítimo reclamar por el financiamiento del cine o las becas a escritores en un país en el que uno de cada dos niños es pobre?
Más allá del eventual triunfo legislativo o no del proyecto de ley que envió el gobierno, después de las primeras medidas de rechazo como las cartas abiertas de miles de artistas y la discusión en comisiones, en la que participaron representantes de distintas ramas de las industrias culturales, la visibilización de la necesidad del financiamiento de la cultura ha retrocedido muchos lugares.
Pero, contra la falsa dicotomía que el gobierno busca establecer entre cultura y desarrollo, los datos señalan que la realidad es otra. En 2019, antes de la caída provocada por la pandemia, las industrias culturales representaron el 2,6% del Valor Agregado Bruto de la Argentina. La pesca, por ejemplo, aporta un 0,4%, mientras que los sectores de producción de energía un 2,1%. Esos índices demuestran que la cultura representa aproximadamente dos tercios de lo generado por la minería y la construcción, y casi un tercio de lo generado por el sector primario: ganadería y agricultura, lo que suele denominarse el “gran motor” de la economía argentina. A nivel internacional, hay muchos casos en los que países con crisis económicas o sociales apostaron al desarrollo a partir de la cultura, en el reconocimiento del valor fundamental que tiene en la construcción de la identidad nacional y en el impulso a los lazos de cohesión social.
Frente a lo que señalan los números, resulta evidente que el planteo del gobierno de un presidente economista sólo puede caracterizarse como rotundamente ideológico. Desde allí se entiende la campaña de bullying del gobierno a distintos exponentes de la cultura.
Si bien por ahora la batalla legislativa ha quedado en suspenso, eso no significa de ningún modo un triunfo para la cultura. Las acciones cotidianas del gobierno hacen esperable que se avance de igual modo contra los mecanismos institucionales, suspendiendo el estado de derecho, apelando a la eliminación de políticas públicas con una sola firma.
Por eso, es necesario renovar la necesidad de comunidad y anteponer claridad y verdad —bienes escasos en la arena pública actual— a las estrategias de persecución, violencia y deslegitimación. Sólo así podremos volver a pensar y construir la posibilidad de la patria, que siempre es la de concertar un destino común.
Paula Vázquez
Escritora, librera y gestora cultural. Ex Directora de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina. Fundadora de la librería Lata Peinada en Barcelona. Su último libro publicado es La librería y la diosa (Lumen, 2023).