La desaparición del Fonca pasará muy mal a la historia, sumada a la agenda de demoliciones de este sexenio. No se puede entender, una vez más, sin la marca ejecutoria de la llamada Cuarta Transformación: destruir antes de proponer, usar el machete y nunca el bisturí.
La cultura es una bomba de efecto retardado;1 ignoramos su importancia hasta que enfrentamos los estragos de su ausencia. Ahí radica su tragedia y es que, a diferencia de otras institucionalidades, el margen con el que medimos su eficacia no transita por valores tangibles de producción, utilidad o rendimiento. Su actividad y provecho provienen de un mundo por lo general difuso, impalpable.
En esta época de pandemia y transformaciones, los hechos recientes sugieren que la cultura volverá a formarse en la fila de los sacrificados y aunque la retórica política observe un mero cambio administrativo, la incertidumbre marcará un antes y después en la vida cultural del sexenio.
Lucha anticorrupción y austeridad republicana: ¿cómo afecta al sector cultural?
El 15 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó los “50 lineamientos para combatir la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. El punto 18 del plan dictaba que “[s]erán cancelados los Fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”. El pasado 2 de abril, la propuesta se materializó con el decreto por el cual se extinguen o terminan los fideicomisos públicos, mandatos o análogos.
El fideicomiso es un instrumento complejo y polémico. Supone la participación de tres sujetos: quien transmite el patrimonio (fideicomitente), la institución financiera o bancaria que recibe el patrimonio y lo destina a un fin (fiduciaria), y el beneficiario del fideicomiso.2 La eficacia de la figura debe evaluarse en la medida en la que impacta a este último; si se constituyó, por ejemplo, para beneficiar al sector minero, ¿cómo está fomentando la industria?; si se trata de un vehículo para ampliar la infraestructura, ¿cómo mejora las comunicaciones y transportes?, etcétera. Existen tantos beneficiarios como fines se busquen perseguir.
La posibilidad de imprimir en un fideicomiso ciertas agendas y objetivos específicos, convirtió a esta figura jurídica en una de las consentidas del presupuesto. En muchas ocasiones por el libertad y la versatilidad que permite; en muchas otras, por la corrupción y opacidad que se gestaba desde sus entrañas. En México se ofrecían más de 300 fideicomisos públicos sin estructura orgánica; algunos eran necesarios y funcionales y otros no; una evaluación responsable debía conservar los primeros y extinguir los segundos. No fue el caso y, como se ha dicho en esta misma revista, la administración obradorista optó una vez más por el machete en vez del bisturí.
Lo acontecido en el sector cultural es un excelente ejemplo de lo anterior. Publicado el decreto, la secretaria de cultura, Alejandra Fraustro, anunció la extinción inmediata de siete fideicomisos que “ya no tenían razón de ser”. Posteriormente, la encargada de la dependencia escribió una solicitud dirigida a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en la que pedía formalmente exceptuar del decreto, entre otros, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). A la voz de Frausto se le sumaron colectivos, artistas y ciudadanos que firmaron peticiones y advirtieron el error que supondría su desaparición. Sin embargo, la exigencia se topó con oídos sordos y la extinción se confirmó el viernes pasado.
Ilustración: Víctor Solís
El Fonca y los retos culturales del sexenio
En 1975, la revista Plural publicó una carta titulada “Ideas para un fondo de las artes”. El desplegado, firmado por intelectuales como Zaid, Ibargüengoitia, Paz, Poniatowska, Arreola, Pacheco y Rulfo, demandaba un cuerpo cultural “creado por iniciativa del Estado”, pero “como un organismo autónomo […] separado de la administración pública”. En la idea de los firmantes, el Estado debía fomentar la cultura pero, a su vez, debía renunciar por completo a su pretensión por controlar sus contenidos:
El examen histórico muestra que no solamente el Estado jamás ha sido creador de una literatura de veras valiosa, sino que, cada vez que intenta convertirla en instrumento de sus fines, termina por desnaturalizarla y degradarla.3
Las voces hicieron eco y a finales de los años 80, nació el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Si bien no se trató de un organismo autónomo separado de la administración pública, éste logró mediante un fideicomiso tener independencia funcional y transitar con cierta libertad a través de distintas administraciones. En ese sentido, la desaparición del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y su incorporación a la Secretaría de Cultura, no es sólo una simple gestión administrativa; se trata, sobre todo, de una derrota de carácter histórico. El Fonca nunca fue pensado como un órgano cercano al Estado y sus instituciones. Su razón de ser fue, justamente, lograr operar con autonomía suficiente y al margen de los intereses particulares de quien gobierna.
Por años, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes caminó de la mano de autoridades culturales y jurados de artistas consagrados, fomentando el proceso creativo y formativo de escritores, cineastas y artistas del país, con muestras de talento irrefutables que ahora empezarán a recopilarse y recordarse. En días pasados, autores como Jorge Volpi, Valeria Luiselli o Fernanda Melchor, entre muchos otros, han destacado la importancia que tuvo el Fonca en su ejercicio profesional y en su desarrollo creativo. Sin embargo, como apunta el escritor Antonio Ortuño, reconcentrar las funciones del Fondo en una dependencia gubernamental y “sustituir los jurados y comités de artistas por funcionarios políticos convertiría al Fonca en lo que se le acusaba, erradamente, de ser: prebendas de coacción”.
Es cierto que Alejandra Frausto informó que “el Fonca pasará a ser parte de la Secretaría de Cultura”. Sin embargo debemos ser claros al respecto: el Fondo es un fideicomiso y el fideicomiso, como tal, desaparecerá. En todo caso, podrá prevalecer su espíritu en becas y programas, pero, desde el 17 de abril, el Fonca dejó de existir como lo conocemos. Además, es incierto que la Secretaría de Cultura pueda adoptar sus funciones a cabalidad: esto se debe a que, lejos del discurso político, el decreto desapareció el Fondo sin aclarar cómo funcionarán los mecanismos que teóricamente deben reemplazar sus funciones.
El problema se acentúa si consideramos la imposibilidad de que la Secretaría de Cultura asuma más funciones debido al mermado presupuesto con el que cuenta. El presupuesto de egresos 2020 contempla para el “sector cultural”, poco más de 13 367 millones de pesos. Poniendo el monto en perspectiva, el presupuesto asignado en 2020 representa menos del 5 % del costo total de la Refinería de Dos Bocas, según cifras de Moody’s. También representa una disminución significativa en relación con otros ejercicios. En 2016, por ejemplo, el monto asignado alcanzó los 19 mil millones de pesos. El mensaje es claro: la cultura está lejos de ser una prioridad en el sexenio.
Ante este panorama, desaparecer el Fonca supone dos grandes retos. Primero, cómo evitar que la incorporación del Fonca a la Secretaría de Cultura conlleve efectos nocivos en la libertad de expresión de los artistas. Pocos incentivos tendrá el gobierno para estimular a escritores, cineastas o artistas plásticos que podrían hacer de su beca una crítica política. Con esta suposición no muy descabellada de lo que podría suceder, el gobierno caería en la incongruencia de favorecer todos los mecanismos para que el Fondo sí acabe por convertirse en lo que le estaba, injustificadamente, reprochando.
Segundo, esta medida afecta de manera directa la economía de miles de mexicanos que dependen de este tipo de apoyos para poder seguir produciendo. Muchos de ellos, además, tienen en el Fonca una forma de amortiguar sus gastos mensuales y para otros es la única fuente de ingreso. La incertidumbre generará una crisis económica aguda en un sector al que le será difícil encontrar otras formas de financiamiento.
A todo esto, conviene preguntarnos por qué la cultura debe pasar siempre a un segundo rango, el de los sacrificados. Todo eso indicaría que, izquierda o derecha, seguimos instrumentando políticas públicas profundamente ancladas en los bienes materiales, en la propiedad y en las posesiones, en donde los bienes intangibles y simbólicos, el valor de la creación, acaban perdiendo su lugar, su relevancia vital. ¿De verdad hace falta volver a justificar la necesidad del arte y de la cultura?
Daniel Torres Checa
Estudia Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho.
Andrés Torres Checa
Estudió Derechos Humanos y Política Internacional en la Universidad de Glasgow, es consultor en Creatura.
Ambos autores agradecen las valiosas aportaciones de Daniela Reznik en la elaboración de este texto.
1 La frase está inspirada en el párrafo introductorio del texto “La queja contra la vida de T.S. Eliot” de Javier Rodríguez Marcos, El País, 25/01/2015.
2 Pineda, A. S., Transparencia en fideicomisos públicos. Obtenido de Instituto de Investigaciónes Juridicas UNAM, diciembre de 2016.
3 Ver Espinoza, A., “La cultura subsidiada”, Confabulario, suplemento de El Universal, 1/03/2020.
Felicidades, preciso y bien explicado. Terrible que la cultura se mantenga en segundo nivel cuando debe ser prioridad en el país.