El pasado 10 de octubre, el gobierno de Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia retiraron de su pedestal el monumento a Cristóbal Colón, junto con las efigies de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Las autoridades esgrimieron un proyecto de mantenimiento, pero sus motivos fueron otros. Algunos colectivos habían anunciado en redes sociales su determinación de tirar el monumento a Colón el 12 de octubre, en rechazo del genocidio y en nombre de los pueblos originarios.
Es muy improbable que el monumento regrese a la glorieta de Reforma, Ignacio Ramírez y la desembocadura de Versalles, donde había permanecido desde 1877. Esto es un poco sorprendente. Por una parte, Colón nunca fue una pieza importante de la historia oficial. Incorporado precozmente al panteón porfirista, como héroe positivo, don Cristóbal Colón apenas era una vaga referencia en la geografía urbana. Lo que este episodio deja ver, sin embargo, es importante. El gobierno federal tiene que cuidar estrictamente el monumento al navegante o esclavista fallido (o las dos cosas) porque así lo dice la ley, no por alguna teoría sobre lo americano o la colonización. El gobierno de México, pese a su apabullante fuerza electoral y política, no podrá cumplir con las obligaciones legales promulgadas en otra época, cuando sucesivas ideologías oficiales acerca del pasado impusieron para los muertos un consenso benévolo que contrastaba con las confrontaciones entre los vivos. Si en el presente había vencedores y derrotados, el trago amargo se volvía —supuestamente— más digerible mediante la pedagogía de la memoria, que articulaba un pasado fantasioso de gente buena, inocente y progresista. A pesar de su autoridad política en expansión, ni el gobierno federal ni nadie tiene alguna teoría sobre la manera de evitar la masacre de las estatuas, pues el problema no son las acciones de los próceres o villanos, sino los desacuerdos del presente. No es que Colón pueda ser culpado en forma directa e inapelable del genocidio americano en su conjunto, sino que su conmemoración monumental forma parte de una costumbre de omitir la historia de los grupos subordinados, haciendo énfasis en los crímenes o aciertos de quienes los dominaron; es, por ejemplo, la manera en que se conmemora la figura de Lincoln, pero se hace poco para que la historia de la esclavitud se convierta en parte de la memoria pública.1
Fotografía: Kathya Millares
***
Hace veinte años, Perry Anderson reseñó una controversia sobre la conservación del edificio nacionalsocialista del Ministerio de la Aviación, en Berlín, para alojar ahí al Ministerio de Finanzas de la república reunificada de Alemania. Anderson rechazó categóricamente que la permanencia de esa construcción fuera necesaria para una especie de desagravio simbólico: para que “el pueblo alemán” reflexionara, frente al edificio, sobre los excesos cometidos en el pasado. En su opinión, otras construcciones de las dictaduras totalitarias, como la Casa del Fascio, en Italia, se habían conservado por sus indudables méritos estéticos y arquitectónicos. “Las funciones ideológicas o políticas a las que pudieron o no haber servido pueden cambiar en el tiempo, pero nunca son decisivas para la realidad política”. La razón principal para demoler los edificios de las dictaduras, a juicio de este famoso historiador marxista, eran estéticas: “[…] debieron demolerse, no de manera primordial por sus relaciones, sino porque siguen siendo, en tanto que arquitectura, brutales e intimidantes”.2 No concuerdo del todo con Anderson. No creo que sea tan sencillo cambiar el significado de un monumento, o bien olvidarlo. Tampoco creo que el valor artístico o estético de un edificio u objeto pueda considerarse fuera de la historia, la sociedad y la política. No hay duda de que apreciamos, incluso nos regodeamos en las obras artísticas del pasado remoto, como constató Carlos Marx con un poco de sorpresa.3 Eso no significa que haya “valores” que se puedan transmitir en forma atemporal; sino que cada objeto, obra o proceso artístico es un pequeño campo de batalla, susceptible de ser reutilizado por nuevos jugadores en partidos que observan reglas distintas de las originales. Es mucho lo que podría decirse sobre esto, así que me limitaré a lo que dicen las leyes mexicanas. En México la categoría de “monumento histórico” es obligatoria; por el contrario, la de “monumento artístico” está severamente restringida. Esto provoca un problema que no se puede resolver.
De acuerdo con la ley, el monumento a Cristóbal Colón es un monumento histórico porque data del siglo XIX. La Ley Federal sobre Monumentos asegura, en su artículo 36, que tienen esa calidad “los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX […] destinados […] al servicio y ornato públicos”. En cambio, el artículo 33 señala que “son monumentos artísticos los bienes […] que revistan valor estético relevante”. Para definir el valor artístico, la ley recurre a categorías que tenían vigencia en 1972: “Se atenderá a [su] representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas”. La historia y la crítica de arte utilizan hoy otros criterios, tan importantes como los mencionados por la ley: el proceso de producción, las acciones que conlleva, el sitio donde se instalan las obras o se ejecutan las acciones, la interacción social, la articulación de la memoria, lo invisible y la documentación del proceso, entre otros. La noción de obra de arte se ha vuelto compleja, pero en la ley permanecen las categorías de la historia del arte de los estilos del siglo XX. Esta definición se cierra más en el artículo 46: “El carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico”. Otra diferencia, muy importante, es que los monumentos históricos lo son “por ministerio de ley”; esto es: que no se requiere una acción concreta del Estado para que su protección sea obligatoria. En cambio, la condición de “monumento artístico” no es automática: se requiere que un comité recomiende una declaratoria y que ésta sea avalada por el presidente.4
El artículo 35 de la ley contiene otra definición, la cual podemos considerar más bien doctrinaria, que dice: “Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país”.5 Esto puede parecer muy vago, pero en los hechos incluye explícitamente los edificios religiosos, que constituyen la mayor parte del patrimonio histórico. Éstos ya eran propiedad de la nación un siglo antes de que se promulgara la ley actual, pues así quedaron definidos en las leyes de Reforma y después en la Constitución. Así que la Ley de Monumentos reitera una vieja operación ideológica: los monumentos de los vencidos, los edificios del clero derrotado en las guerras de Reforma e Intervención, se incorporan al patrimonio de una República liberal que tendrá la potestad de administrar la noción de “Historia”.6 Los liberales triunfantes, después los porfiristas, luego los ideólogos posrevolucionarios y al final los priistas, pero también los profesionales y especialistas que colaboran con distintos gobiernos, organizan un relato que incluye a Cristóbal Colón y a Cuauhtémoc, a Carlos IV y a Benito Juárez. Aunque este recorrido se estableció en sus trazos generales en el siglo XIX, fue muy funcional para los consensos políticos que administraba el Partido Revolucionario Institucional en su periodo de auge, en los años cincuenta. Es un consenso irrecuperable. La historia no es un territorio de valores que, desprovistos de cualquier contenido, se puedan considerar completamente, y paradójicamente, ajenos a la historia misma. La noción de historia provoca controversia y desacuerdo, no puede limitarse a una precisión cronológica (por ejemplo, como dice la ley: “Hasta el siglo XIX”). La clasificación de un artefacto como “patrimonio histórico” no lo coloca en la seguridad de un supuesto saber científico, como si se tratara de un matraz en un laboratorio. Lo que hace es convertirlo en el objeto de un debate público.
***
El gobierno de la ciudad y el INAH tomaron la decisión correcta al desmontar la escultura que representa a Colón. Qué bueno que le van a dar mantenimiento, como dijeron, pero lo más importante es que la ley los obliga a cuidar un monumento que, “por ministerio de ley”, forma parte del patrimonio histórico. El cuidado es obligatorio y ahora las autoridades deben decidir qué ocurrirá con la escultura. No hay razón para escandalizarse por una posible reconfiguración del Paseo de la Reforma y su recorrido celebratorio. Los cambios han sido frecuentes. Angélica Velázquez ha mostrado hasta qué punto el proyecto fue cambiado por los vaivenes en la política decimonónica y por el racismo de la élite porfiriana, en el caso de los llamados Indios Verdes (los monumentos a Itzcóatl y Ahuítzotl, de Alejandro Casarín).7 Los cambios no se han detenido. En las últimas décadas podemos contar la remoción del Caballito, para situarlo frente al Palacio de Minería; el emplazamiento frente a la Lotería Nacional de una escultura de Sebastián; la construcción y destrucción de una fuente en la glorieta de Misisipi; la erección del monumento al Bicentenario; la reconstrucción del Periférico y mudanza de la Fuente de Petróleos, que originalmente rodeaba una propiedad particular; ¿y qué decir de la Diana? Vestida y desvestida, vagando como alma en pena a través de glorietas y parques. Hace sólo quince años, en La Patria en el Paseo de la Reforma, Carlos Martínez Assad propuso algún mecanismo sensato de consulta ciudadana que dirimera las reformas de Reforma. Los proyectos de reordenamiento “serían aún más completos si pudieran participar historiadores, urbanistas, restauradores, antropólogos, funcionarios, sociólogos, arquitectos y, en este caso, vecinos”.8 Es dudoso que ocurra así.
Mauricio Tenorio también ha sostenido durante décadas que el Paseo de la Reforma y la avenida Juárez, objeto de numerosas intervenciones desde tiempos de Maximiliano, son el terreno donde se ha intentado construir una ciudad ideal en la que todos los antagonismos se resuelven y las guerras encuentran una solución institucional y patriótica.9 La idea era que en esa pequeña parte de la ciudad existieran por fin la ciudadanía y la representación, que las élites políticas de los siglos XIX y XX no acertaban a encontrar en el resto del país; pero los monumentos resultaron ser tan ariscos, incontrolables e impredecibles como los ciudadanos. También se ha propuesto que se le ponga a cada monumento una cédula explicativa. No estaría mal, pero como lo podrá constatar el museógrafo más bisoño, las cédulas pueden complementar, pero no reemplazar el discurso de los objetos.
Estamos en el año 2020. Invertir más recursos y esfuerzos en tratar de enderezar el recorrido histórico de los mismos ocho kilómetros (los que van de la Fuente de Petróleos al Zócalo) es tratar de arar un surco que ya quedó estéril; asfalto que será tapete de futuros embotellamientos. Sería un error. El problema no son los monumentos, o alguno de ellos en particular, el problema es privilegiar una parte de la ciudad para investirla con toda clase de “valores” a priori, otorgándole además la tarea de “educar” a quienes transitan por sus calles. En el siglo XIX, no toda la población era bienvenida en el Paseo de la Reforma, y más que educarla, se aspiraba a prohibirla; en el siglo XX, aunque la proscripción de los campesinos con traje tradicional (el “calzón de manta”) ya no existe, los mecanismos de diferenciación del mercado cumplen objetivos semejantes de manera mucho más eficiente.10 El monumentalismo historicista se ha convertido en poco más que un backdrop de las boutiques, tiendas de cacharros electrónicos, cafeterías exprés y otros establecimientos que, pese a Colón y a Cuauhtémoc, son idénticos en México, Berlín, Pekín y Buenos Aires. El cosmopolistismo de la ciudad ya no está en la Victoria a la que llamamos el Ángel, probablemente inspirada en la Columna de la Victoria berlinesa; está en el capuchino extracarbohidratos con superdaño renal garantizado, en el teléfono celular más caro que un automóvil y en los insultos que intercambias, en Reddit, con partidarios de Trump a los que no conoces. La cuestión es que, por más inversiones que se hagan con fondos públicos, con el objetivo notorio de atraer nuevas inversiones privadas, la identidad de las élites ya está muy escasamente en los viejos monumentos del siglo XIX, defendidos por grupos de especialistas y profesionales; la identidad está en las redes del mercado, que de manera veloz están emigrando de las calles de la ciudad a los espacios imaginarios de internet. Se cuestionará: ¿y los ciudadanos “de a pie”? Pues ni tan “a pie”: están encerrados en sus casas, aterrorizados por la pandemia y, en general, por formas de violencia largo tiempo olvidadas.
Se ve, sin embargo, un espacio de exploración. Es un espacio vacío: las ideologías liberales (sin el prefijo, sólo liberales) postularon que los juicios “estéticos” eran ajenos a la historia. Esto se dio en forma negativa, como en la ley mexicana: las obras de arte, frívolas y pretenciosas, no tenían derecho a ser consideradas “monumentos”. También se dio en forma positiva, como en las propuestas de Perry Anderson: lo único que se salvaba de la hecatombe totalitaria eran las obras de arte, ajenas a las ideologías. Eran dos caras de la misma moneda: el juicio estético era un espacio sin contenido; y eso ha cambiado mucho. Las prácticas artísticas contemporáneas no son así, y la manera en que podemos entender el arte de otras épocas también puede cambiar. Podemos imaginar un recorrido urbano en el que el Paseo de la Reforma, Chapultepec y Polanco no tengan algún privilegio especial; que no sea el paseo imaginario del emperador hacia el Palacio, del presidente al Palacio. Ya chole con eso. Que sí podamos volver a pensar en el espacio urbano como una red de significaciones en la que tengan lugar las prácticas de activismo estético, pero también la discusión histórica y política. Que pueda reconfigurarse el espacio urbano a través de un diálogo democrático. Pero lo ya dicho: es muy dudoso que ocurra así.
Renato González Mello
Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y miembro de la Academia de Artes
Este ensayo amplía la participación del suscrito en la mesa redonda “El monumento a Colón en el Paseo de la Reforma: origen y destino” organizada por Angélica Velázquez en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el 23 de octubre de 2020, con la participación de María José Esparza, Hugo Antonio Arciniega Ávila, Natalia Majluf, James Oles y Cuauhtémoc Medina. Agradezco los comentarios de Riánsares Lozano.
1 Verges, F. La memoria encadenada. Cuestiones sobre esclavitud, Anthropos, Barcelona, 2010, p. 31.
2 Anderson, P. “The German Question”, London Review of Books, el 7 de enero de 1999.
3 Marx, C. “Introducción [a la crítica de la economía política]”, en Grundrisse, trad. Wenceslao Roces Suárez, 1.ª ed., vol. II, Carlos Marx. Federico Engels. Obras fundamentales 6, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp. 23–24.
4 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 2018, pp. 8–10.
5 Íbid, pp. 8–10.
6 Barrios J. L., y otros. “Propuesta para crear organismo coordinador autónomo. Industria cultural vs diversidad cultural”, Masiosare. Suplemento de La Jornada, s/f, edición del 10 de octubre de 2004.
7 Velázquez Guadarrama, A. “La Historia Patria en el Paseo de la Reforma. La Propuesta de Francisco Sosa y la consolidación del Estado en el Porfiriato”, en Arte, Historia e Identidad en América: Visiones comparativas. XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte, eds. Curiel Méndez, G.; González Mello, R., y Gutiérrez Haces, J., vol. 2, 3 vols., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1994, pp. 333–44.
8 Martínez Assad, C. La patria en el Paseo de la Reforma, 1.ª ed., Tezontle, México, D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 178.
9 Tenorio Trillo, M. "Cartografía de un festejo" en “Hablo de la ciudad”: los principios del siglo XX desde la Ciudad de México., trad. Gerardo Noriega Rivero y Juan Tovar Elías, edición electrónica, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.
10 Tenorio Trillo, p. 897.