El caso de los manuscritos robados del Sagrario Metropolitano

El misterioso caso de una colección de manuscritos sustraídos ilegalmente del Sagrario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y puestos a la venta por una casa de subastas da pie a una reflexión sobre la importancia de proteger y preservar la integridad de la memoria documental de nuestro país. Un caso más de saqueo, hasta ahora impune, al patrimonio histórico del país.

A principios de julio, la casa Morton Subastas publicó un catálogo de manuscritos de los siglos XVIII y XIX que serían puestos a la venta: una selección de la biblioteca de un destacado bibliófilo mexicano. El lote 34 contenía 14 manuscritos conocidos como “padrones” de la Iglesia Catedral de México. Al revisar las imágenes, me llamaron la atención las hermosas decoraciones de las “portadas”,  así como una gran cantidad de libros que cualquier amante de la historia de México desearía tener en los estantes de su biblioteca. La pregunta, sin embargo, era de dónde habían salido los manuscritos.

Pasaron los días y los “padrones” continuaban en mi mente. Fue así como comencé una investigación en el sitio web Familysearch, un portal de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que ha digitalizado los microfilms de una gran cantidad de archivos eclesiásticos y civiles de México. Al revisar poco más de 6000 imágenes di con los manuscritos a subastar. De inmediato me puse en contacto con algunos amigos académicos y les informé que los manuscritos puestos a la venta en la casa subastadora habían sido microfilmados en marzo de 1961, cuando se encontraban en el Archivo del Sagrario Metropolitano de México. ¿Cuándo salieron del acervo? ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntas para las cuales me temo que no hay, ni habrá, repuestas contundentes. El culpable del hurto cometido hace décadas pasaba a segundo término. Lo relevante era que el dueño actual de los manuscritos los había puesto a la venta, con el riesgo de que pudiera perderse la pista quizá para siempre.

Considero que el papel de cualquier historiador crítico es informar cuando se presenta un suceso de esta naturaleza. Así, tomé la decisión de  hacer pública mi opinión sobre la venta de documentos “sustraídos”, con pruebas, en una nota cultural publicada aquí.

El problema no es que los documentos lleguen a las casas de subasta, puesto que el comercio de libros antiguos, manuscritos y documentos históricos no está regulado por las leyes mexicanas. En la actualidad, tan sólo con un clic, desde la comodidad de tu casa, puedes adquirir un impreso mexicano del siglo XVI o un documento histórico. La riqueza documental en México no cabe en un único lugar y varios archivos han sido tirados a la basura, vendidos, quemados, o se han quedado en el olvido en alguna bodega.

Ilustración: Belén García Monroy

Los problemas para la adecuada conservación de la memoria documental en México se remontan a inicios de la vida independiente de nuestro país, o quizá antes, cuando se conformó el actual Archivo General de la Nación en tiempos del virrey Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla (1792). El descuido de los documentos de la nación era tal que el 9 de diciembre de 1856, en la circular del Ministerio de Gobernación, José María Lafragua llamó la atención sobre la precariedad de los archivos de instituciones públicas. Solicitó a las autoridades civiles que se conservaran los documentos concernientes a la historia de la dominación española e invitó a los prelados a enviar inventarios de los documentos monárquicos. Más de siglo y medio después las cosas parecen estar igual. Muchos archivos eclesiásticos y civiles no han sido catalogados e inventariados, lo cual ha permitido que las personas sustraigan importantes documentos históricos, o que los desechen cuando no saben de qué se tratan. Es por esto que resulta necesario que se hagan públicos los acervos históricos.

Tal como lo analizó la doctora Berenice Bravo Rubio en su obra Nuevos ropajes, otras realidades, la Iglesia en México ha permitido el acceso paulatino a sus fondos documentales, y en el caso de los acervos históricos más importantes del país (los archivos capitulares de México, Valladolid y Puebla) se cuenta con distintos instrumentos para realizar investigaciones, tales como catálogos e inventarios. No obstante, esto es algo reciente y lejos de ser generalizado. Idealmente, necesitaríamos un proyecto de conservación documental civil y eclesiástico a nivel federal para aclarar dudas y procedimientos legales en caso de pérdidas documentales pasadas y futuras. Lo deseable es que esta labor se extienda a otros archivos y bibliotecas eclesiásticas.

Los archivos parroquiales en México se microfilmaron en las décadas de 1950 a 1980, gracias a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y a la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, instituciones que estaban conscientes de la importancia de estos documentos para los estudios demográficos, sociales, históricos y económicos de distintas regiones del país. Al terminar este proceso, se dispusieron tres copias: una para el obispado titular, otra para el Archivo General de la Nación y una más para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Salt Lake, Estados Unidos de América). Gracias a los  microfilms o micropelículas digitalizados, que ahora pueden consultarse en el sitio web Familysearch, pueden conocerse, estudiar y analizar los registros sacramentales y los padrones de feligreses de muchas de las parroquias de México. Además, es una herramienta para  encontrar los manuscritos ya perdidos, por descuido o por robo, en las parroquias.

Vuelvo al caso. Al ver las imágenes correspondientes al lote 34 de la casa de subastas, no sólo publiqué la comparativa entre los “padrones” del microfilm consultados en la página de Familysearch y las del catálogo de la subastadora, sino que escribí un correo electrónico al presidente de dicha casa de subastas. Al día siguiente recibí una respuesta en la que me aseguraba que no pondría a la venta piezas sobre las cuales cuyo origen fuera dudoso. Días después, el miércoles 15 de julio, se hizo público un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el que informaba que ya había una denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre el asunto.

Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial sobre el destino de los manuscritos, aunque la Academia Mexicana de la Historia se pronunció en contra de la venta. Es tiempo de que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto y tal vez, por un milagro, esos manuscritos regresen al Archivo del Sagrario Metropolitano de México, uno de los más grandes del país, con más de 17 mil manuscritos sacramentales y otros miles de papeles sueltos, según el informe de la doctora Bravo Rubio.

El caso del lote 34 quedará en la memoria de distintos historiadores como la prueba de que puede evitarse la venta de cualquier documento que haya sido sustraído de algún acervo público, siempre y cuando se cuente con las pruebas necesarias. No obstante, es necesario reflexionar aún más sobre el tema del patrimonio documental de la iglesia y de las instituciones gubernamentales (federales, estatales, municipales y judiciales) que se ha “perdido”, “sustraído” o “saqueado” en México. Por su parte, la doctora Marina Garone ha extendido una invitación para que los historiadores veamos y analicemos los catálogos de las subastas que se realizan en México y en el extranjero. Hacer esto puede conducirnos a descubrimientos sorprendentes. Algunos de los documentos de Hernán Cortés que estaban en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, fueron publicados por José Luis Martínez en la década de 1990, después consultados por la doctora María del Carmen Martínez Martínez, especialista en Cortés, y hace apenas algunos años, aparecieron en una subasta en Nueva York tras haber sido “sustraídos” del archivo más importante del país.

Se logró detener la subasta de los “padrones” eclesiásticos porque se contaba con las imágenes de Familysearch y las de la casa subasta. Ello vuelve necesario que los archivos eclesiásticos cuenten con inventarios de sus manuscritos y documentos, además de fotografías que sirvan como evidencia. Aunado a esto, sería bueno que las instituciones encargadas del tema del patrimonio nacional informaran de los procedimientos y formas para llevar a cabo denuncias por la pérdida de algún expediente, libro o manuscrito. En México no se cuenta con una plataforma digital en la que uno pueda alertar o informar sobre algún “bien de la nación” que haya sido robado o que se esté vendiendo “ilegalmente” en alguna parte del mundo, o donde se puedan consultar las piezas con denuncias por robo. Aunque se sabe que sólo 5 % del patrimonio que se denuncia regresa a sus dueños, esta cifra podría incrementar si se cuenta con un buen proyecto a nivel federal.

Los que nos dedicamos a temas afines a la historia sabemos que es muy costoso conservar y custodiar la memoria histórica de los pueblos. No obstante, hay distintas instituciones que han empezado a hacerlo. Por ejemplo, el Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi) se ha encargado de socorrer a más de 250 archivos eclesiásticos y otras decenas de acervos públicos y privados de los cuales hay catálogos e inventarios que uno puede consultar en su sitio web. De manera similar, la Biblioteca Británica, mediante su Programa de Archivos en Peligro, otorga importantes subvenciones financieras para que acervos de distintas partes del mundo puedan catalogar y digitalizar sus manuscritos y documentos. Este proyecto podría ser aprovechado por distintas instituciones en México, en donde hasta el momento sólo seis han recibido dicho apoyo. Entre estas se encuentra:, el Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco, el archivo personal de Luis Reyes García (Tlaxcala) y el Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán.

Para concluir, tal como me lo confirma la doctora Pilar Gonzalbo Aizpuru, los manuscritos del lote 34 desaparecieron del acervo de origen antes de 1990. Fue en esa década de 1990 cuando los doctores Óscar Mazín, Esteban Sánchez de Tagle y Claudia Ferreira Ascencio comenzaron a estudiar esta serie documental, la cual consiste en más de 118 “padrones” de 1671 a 1825. Así, se cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que las 14 obras que iban a subastarse estaban en el archivo en 1961 y por lo cual no podían venderse. Aunado a esto, esos manuscritos completan y enriquecen los estudios demográficos y de grupos domésticos de la capital del país. Esta vez, la casa de subastas tuvo la gentileza de retirarlas de la venta pública. Ahora corresponde a las instituciones correspondientes determinar el destino de las obras.

Javier Eduardo Ramírez López
Historiador.