Se cumplen 80 años de la expropiación petrolera, uno de los eventos fundadores del México contemporáneo, cuyas múltiples secuelas aún nos sacuden. El autor de esta crónica histórica rescata dos casos de apoyo internacional a la medida de Cárdenas, logrados por la CTM, que complejizan nuestra interpretación de este hito nacionalista.
Tan pronto como el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fundada dos años atrás, buscó todo el respaldo posible en la red de alianzas que había tejido con diversas organizaciones obreras a nivel internacional. Para contrarrestar la campaña y las acciones en contra del gobierno cardenista que emprendieron las empresas afectadas con la medida, la movilización de las masas populares en el ámbito nacional no era suficiente. Había que poner en juego todos los recursos que se tuvieran a la mano, entre ellos la simpatía y la acción de los trabajadores del mundo.
Una de las acciones que la CTM emprendió con este fin fue solicitar el apoyo de la Federación Sindical Internacional (FSI), una organización de trabajadores a la que la central mexicana se adhirió formalmente en julio de 1936. En ese momento, de acuerdo con Rodolfo Piña Soria y Manuel Villaseñor —integrantes de la delegación mexicana en el VII Congreso de la FSI, donde se presentó formalmente la solicitud de ingreso de la CTM—, dicha federación agrupaba a cerca de 15 millones de hombres alrededor del mundo.
Entre su ingreso a la federación y el momento de la expropiación petrolera, sin embargo, la CTM tuvo serias dificultades para mantenerse al corriente con el pago de sus cuotas a la FSI, por lo que no podía ejercer ninguna influencia efectiva en las instancias encargadas de la toma de decisiones. Además, la CTM tenía que compartir el puesto de la “central más importante de América Latina” con la Confederación General del Trabajo de la república Argentina (CGT). Así, la participación de la CTM dentro de la FSI solo podía limitarse a impulsar y acompañar algunas iniciativas de solidaridad internacional, por ejemplo, con el pueblo español durante la guerra civil, y en otros casos aceptar medidas con las que no podía estar de acuerdo por considerarlas contrarias a sus principios e ideología, como el ingreso de la American Federation of Labor (AFL), la organización sindical más representativa del monroísmo obrero y vieja conocida de los sindicatos mexicanos por su alianza con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) desde la fundación de esta en mayo de 1918.
La FSI y la CTM mantenían, pues, una relación cordial que no estaba libre de contradicciones. Y así como la dirigencia de la CTM insistía en la necesidad de cubrir todos los compromisos adquiridos con la FSI durante cada consejo nacional, el Comité Ejecutivo de la segunda adoptó por unanimidad, el 21 de mayo de 1938, un acuerdo que consideraba a la nacionalización de la industria petrolera como un “paso decisivo en favor del mejoramiento material y moral de la clase obrera”, y llamaba a todas las centrales nacionales de trabajadores a emprender “una activa propaganda destinada a dar a conocer la verdad de los hechos, con la mira de evitar, así, que se produzca en el opinión pública una confusión como la que ha provocado recientemente tanto la prensa como otros medios de publicidad que las compañías capitalistas afectadas en este conflicto usan continuamente”.1
El gobierno del general Cárdenas y la CTM no solo contaron con el apoyo de los sindicatos en el frente de la opinión pública internacional para presentar la expropiación, ante todo el mundo, como una medida perfectamente sujeta a derecho y adoptada por una nación democrática y soberana, sino también con ofrecimientos concretos para romper materialmente el bloqueo impuesto por las compañías petroleras afectadas.
En efecto, en aquel panorama, uno de los primeros problemas de la industria fue a quién venderle el petróleo. Cárdenas había expresado abiertamente su intención de seguir comerciando con estadounidenses y británicos; en un contexto en el que el estallido de una nueva guerra mundial era inminente, optar por otro mercado parecía una opción demasiado incierta para todas las partes, excepto para los países del Eje. Por eso, casi tan pronto se decretó la expropiación, John L. Lewis, máximo dirigente del Comittee for Industrial Organization (CIO), se puso en contacto con William Rhodes Davis, gerente de la petrolera Davis & Co., para explorar una posible solución al problema del petróleo mexicano.
La propuesta fue presentada a los líderes de la CTM por E. O. Gasaway, integrante del Comité Ejecutivo Internacional del CIO, y básicamente consistía en que el petróleo mexicano fuera adquirido por la empresa de Davis para infringirle una derrota a los monopolios de la Standard y la Shell.2 De acuerdo con la lógica de John L. Lewis, la cual era respaldada ampliamente por el secretario general de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, todos se verían beneficiados: los trabajadores de la Standard y la Shell, el proletariado mexicano y su gobierno, y Davis y su compañía. Incluso es posible suponer que también se beneficiaría John L. Lewis quien, por otra parte, siempre se había pronunciado a favor de que las empresas petroleras aceptaran la expropiación en vista de que habían decidido someterse, junto con los trabajadores mexicanos, al fallo de los tribunales, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es posible saber que Davis, un empresario que al parecer tenía entre las cartas a su favor una abierta simpatía hacia el New Deal de Roosevelt, viajó a México y se entrevistó con Gustavo Espinosa Mireles, encargado de la Comisión Exportadora de Petróleo. Para ese momento, Cárdenas habría aceptado que al menos la mitad del crudo mexicano destinado a la exportación se le vendiera a Davis. Así, el bloqueo quedaría roto.
El uso de estos canales diplomáticos informales, abiertos en este caso por las organizaciones obreras afines al proyecto político y económico del gobierno cardenista, fue una medida de uso común, al menos desde que la facción constitucionalista tomó el poder y derrotó a los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Que el proceso que condujo a la expropiación petrolera haya comenzado como un conflicto laboral en el plano nacional, y que la defensa del decreto expropiatorio haya encontrado eco, sobre todo, entre los trabajadores a nivel internacional, es un indicador de la etapa más radical del cardenismo.
Sin lugar a dudas, la expropiación petrolera constituye un hito en la historia del siglo XX mexicano que ha sido reivindicado por diversos sectores del oficialismo o de la oposición para combatirse unos a otros en función de las condiciones políticas del momento. En este sentido, las narrativas sobre el gobierno cardenista, en general, y la expropiación petrolera, en particular, tienden a caer en la sobre-ideologización y, más que plantear preguntas y proponer interpretaciones en torno a las condiciones y los múltiples sujetos que intervinieron en el proceso, parecen ir en busca de justificaciones históricas ante actitudes políticas presentes. Es indispensable avanzar en la construcción de un conocimiento histórico que tome en cuenta variables nacionales e internacionales, que haga una relectura de las fuentes, que ponga en tela de juicio las interpretaciones canónicas y que dé cuenta de sujetos desplazados, omitidos o deformados por ellas —intencionalmente o no—, para repensar la conformación y consolidación del Estado posrevolucionario mexicano, y de manera muy especial, el nacionalismo.
Carlos R. López Gómez
Maestro en Historia moderna y contemporánea por el Instituto Mora. Estudiante del doctorado en Historia en la misma institución.
1 Fondo Histórico “Vicente Lombardo Toledano” (FHVLT), id. 18497.
2 FHVLT, id. 18218.