Cátedras Conacyt: despidos e incertidumbre laboral

El programa Cátedras Conacyt, que financia plazas académicas para investigadores jóvenes en diversas instituciones educativas, está en crisis: cerca de 200 académicos han sido despedidos. En este ensayo, la autora argumenta en favor del programa frente a una administración que no parece valorar la ciencia, la tecnología y las humanidades.

Ilustración: Izak Peón

Durante la huelga de 1999-2000, los estudiantes de la UNAM solicitaron al gobierno de entonces que destinara el 8% del producto interno bruto a la  ciencia, la tecnología y la educación. Esto, obviamente, nunca sucedió.  Los problemas en el ámbito educativo planteados por los huelguistas, sin embargo,  se han acrecentando con el paso del tiempo: además de la reducción de la matrícula académica y el rechazo de estudiantes que aspiran a acceder a las instituciones de educación superior, ahora enfrentamos un nuevo problema: la falta de plazas para profesores e investigadores, pues mientras que año con año egresan jóvenes de todas las disciplinas, la oferta laboral académica es muy pobre.

En un intento de corregir esta situación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología creó en 2014 un nuevo esquema para reclutar a jóvenes investigadores de campos científicos, tecnológicos y humanísticos, financiando para ellos plazas académicas en diversas instituciones educativas. Llamado Cátedras Conacyt, este programa tuvo desde el principio lineamientos muy específicos: para ingresar en él se requería contar con un doctorado, publicaciones y un sólido historial académico. Además, estaba dirigido específicamente a los jóvenes: sólo los hombres menores de cuarenta y las mujeres menores de 43 años podían postularse. 

A diferencia de lo que sucede en otras instituciones, el ingreso a las Cátedras Conacyt no se dio de forma discrecional, sino a través de un procedimiento público y riguroso. Entre otras cosas, los jóvenes seleccionados para el programa no podían tener una relación previa con la institución de acogida, medida que buscaba combatir la endogamia académica. El procedimiento de solicitud de ingreso requería que los aspirantes se registraran en el padrón del Conacyt, donde los centros interesados podían consultar sus perfiles. Las instituciones que deseaban participar, por su parte, tenían que concursar presentando los proyectos a los que más tarde se asignarían jóvenes catedráticos. Después de una preselección de tres candidatos, los aspirantes nos sometíamos a una evaluación por parte de un comité del Conacyt, el cual seleccionaba a las personas idóneas para cada proyecto. Por lo general, los investigadores que resultaron escogidos eran jóvenes académicos de reconocido prestigio, muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

De esta forma, para 2018 llegó a haber más de 1500 catedráticos enrolados en el programa. Muchos de los académicos seleccionados fueron asignados a instituciones educativas en lugares del país donde no existían puestos de trabajo que pudieran atraer a científicos reconocidos. Se trataba, a fin de cuentas, de descentralizar la ciencia y tecnología, históricamente tan focalizadas en unas cuantas universidades de la Ciudad de México. Además, el programa preveía mecanismos de control de calidad: requería que los catedráticos nos sometiéramos año con año a evaluaciones para determinar si habíamos cumplido con el proyecto propuesto y con su cronograma. Por si esto fuera poco, cada tres años había una segunda evaluación y finalmente una tercera al terminar el convenio de cinco o diez años. Además, lo que para otros investigadores es una “distinción”, se convirtió en una obligación para los catedráticos, pues por reglamento todos debían ingresar y permanecer en el SNI.

Pese a todo esto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado el programa incluso antes de que la doctora María Elena Álvarez-Buylla asumiera la dirección general del Conacyt. En febrero de 2019, Álvarez-Buylla llamó a los catedráticos “colgados de la nómina”. En aquel momento, frente a nuestras protestas, la doctora rectificó. En los hechos, sin embargo, comenzó a haber una disminución de las cátedras: según el último conteo del nuevo sindicato de Cátedras Conacyt, de los 1500 catedráticos que llegó a haber sólo quedaron cerca de 1200.

Como muchos participantes del programa hemos narrado en diversas entrevistas, los despidos se dieron por numerosas causas —algunas de las cuales no puedo relatar aquí debido a los procedimientos jurídicos que mantenemos ante las instancias correspondientes— que no siempre fueron atribuibles a los catedráticos. En encuentros recientes con miembros de la iniciativa,  Álvarez-Buylla ha incluso aceptado que el programa tenía defectos que provocaron tensiones entre las instituciones receptoras y los catedráticos que en muchos casos terminaron con el despido de los investigadores.

Es necesario precisar aquí que, si bien existen casos de éxito, muchos de quienes ingresamos a Cátedras Conacyt encontramos  dificultades. No todas las instituciones estaban en condiciones de recibir a los investigadores, o bien porque no existía la infraestructura correspondiente, o bien porque —como lo ha señalado la propia Álvarez-Buylla— los responsables de los proyectos creyeron que los catedráticos eran “becarios VIP”. Ante este escenario, se llegó a  un compromiso para cambiar los lineamientos del programa en favor de los catedráticos. Sin embargo, estos cambios fueron unilaterales y, como ya ha denunciado el sindicato de catedráticos,  el Conacyt se niega hasta la fecha a firmar un contrato colectivo de trabajo que beneficie a los más de 1200 investigadores que todavía permanecen en el programa.

El reconocimiento de los problemas que hemos enfrentado los catedráticos requiere una reparación del daño causado a quienes fuimos despedidos injustificadamente. Esto resulta necesario no sólo para restituir nuestra fuente de trabajo, sino también porque beneficiaría a la propia institución: de los casi 200 catedráticos que sabemos que han perdido su plaza al menos 150 han presentado demandas por despidos injustificados, lo que representa varios millones en indemnizaciones en caso de qué el Consejo perdiera estos juicios laborales.

Las pérdidas, sin embargo, no son sólo económicas (si bien hay que tomar en cuenta el personal de cátedras Conacyt “altamente capacitado” ha recibido por años presupuesto público para su formación, pues casi todos los que pertenecimos en algún momento al programa fuimos becarios del propio Conacyt). El costo de la crisis de Cátedras Conacyt también ha sido humano y social: varias de las instituciones a las que estábamos asignados perdieron personal que no han podido reponer, bien por limitaciones económicas o bien por las propias condiciones de las instituciones. Estudiantes y tesistas se han quedado sin el apoyo que los catedráticos pudimos dar.

Las Cátedras Conacyt no fueron un parche, como se ha dicho. Fueron la búsqueda de una solución al problema de desempleo entre científicos, tecnólogos y humanistas. El programa constituía una fuente de esperanza para muchos y una realidad positiva, aunque mejorable, para quienes estuvimos ahí. Reducirlo, desaparecerlo o descalificar a sus integrantes no beneficia al país, pues si queremos mejorar en todos los aspectos, necesitamos educación pública de alto nivel. Para ello, el Estado tiene que invertir en educación, ciencia y tecnología.

Y nunca está demás recordar que la educación es un bien público.

Heréndira Téllez
Filóloga clásica