Apatzingán e Iguala: dos momentos del mismo anhelo de independencia

Muy interesante ha resultado la iniciativa de Roberto Breña para seguir discutiendo, a través de Nexos Cultura, algunas de las ideas y conclusiones que se presentaron en el congreso celebrado el mes de octubre pasado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM acerca de la insurgencia y la Constitución de Apatzingán. La discusión y los comentarios sobre ésta han sido ricos en reflexiones y no exentos de sana polémica. Prueba de la vitalidad de la actual historiografía mexicana, tanto de la política como de la jurídica. Y esto es lo primero que quisiera destacar; en esa ocasión se abrió una vez más la oportunidad de un diálogo entre historiadores e historiadores del derecho; situación que contrastó con lo ocurrido hace casi 50 años bajo la dirección del jurista Mario de la Cueva cuando la conmemoración del 150 aniversario del texto constitucional insurgente fue objeto de la reflexión casi absoluta de connotados juristas. Si bien el resultado a mi modo de ver fue óptimo, como en ocasiones similares convocadas por Ma. del Refugio González o por Patricia Galeana, sin embargo de las sesiones del congreso universitario pude notar con cierto desconsuelo cuánto les falta aún a ambos grupos para oírse entre ellos, y cuánto requieren nuestros juristas romper el férreo esquema conceptual de una ciencia del derecho que ha evolucionado mucho en los últimos años pero que nada tiene —ni puede tener— que ver con la concepción vigente del derecho al iniciarse el siglo XIX, cuando tanto el “modelo” constitucional de Apatzingán irrumpió en nuestra vida política, como el “modelo” de Iguala conformó la primera opción verdaderamente eficaz para lograr nuestra independencia. Aducir los “decisiones políticas fundamentales” como lo hizo uno de nuestros juristas participantes para fundar unos principios e instituciones que se estaban precisamente estableciendo en medio de debates y controversias doctrinales y bélicas me parece cuando menos un error grave de ubicación temporal; por otra parte, ceñir la discusión sobre la vigencia o no de la Constitución de Apatzingán resulta excesivo, si se considera la importancia de grandes las transformaciones, estas sí trascendentes, obradas en la realidad y en los nuevos documentos políticos y jurídicos de la época. El problema se resuelve con bastante facilidad si se conoce por parte de los historiadores lo que son las vigencias formal y real o material que cualquier texto legal supone; no veo pues la necesidad de volver a abrir una cuestión que desde hace años se planteó y se resolvió por la historiografía jurídica mexicana. La enseñanza, sin embargo parece ser la misma: a los juristas les falta abundar en el conocimiento en la moderna historiografía y a los historiadores saber derecho, el vigente y el no vigente.

Más preocupante —y a la vez atractivo— me resultó que el debate al final de la sesiones se hubiera centrado en buena medida en discutir la “opción trigarante” para volverla a contraponer o contrapuntear con la “insurgente”. No era el tema del congreso. Que yo recuerde nadie ahí afirmó que fueran la misma cosa, independientemente de que como advierte Rodrigo Moreno la trigarancia fuera también una forma de insurgencia. Lo que yo afirmé y lo vengo sosteniendo desde hace años es que si el triunfo de la causa trigarante fue eficaz no lo fue por haberse opuesto a los principios y propuestas insurgentes —como lo afirmaran contundentemente en sus momentos Ernesto Lemoine, Antonio Martínez Báez y otros autores— sino precisamente por aprovechar el legado insurgente, superándolo precisamente ahí donde desde un principio —en la oposición inicial de Iturbide a Hidalgo— se fracturó la esperanza de una autonomía o de una independencia no sangrienta: al abandonar la propuesta insurgente de guerra a muerte o la expulsión de los españoles residentes en la América Septentrional. Por esto la Unión fue la clave del Plan de Iguala y la garantía absoluta de su éxito, no tanto por haber respetado los privilegios de una clase dominante y privilegiada que la verdad no se encuentran en los textos trigarantes (y si hay algunos —los del clero— éstos también se conservan en los textos insurgentes: desde los Sentimientos de la Nación hasta el Decreto Constitucional). Roberto Breña indicó el camino correcto pero cree encontrar la oposición radical de ambos programas en la lectura del mencionado Decreto y del Plan de Iguala, como lo intentaran en su oportunidad Lemoine y Martínez Báez. Pues bien, esto es precisamente lo que he estado haciendo en los últimos años, con resultados sorprendentemente opuestos: lo que aparece de la lectura de los textos de los trigarantes (no hay que por qué limitar la lectura al Plan de Iguala) es una insurgencia no derrotada que es aprovechada, superada y perfeccionada (por medio de la Unión) por la trigarancia. Si en el campo de batalla pudieron ser derrotados los insurgentes, ni lo fueron sus ideas, ni sus propuestas salvo —y provisionalmente— el odio al español y el deseo de su extermino o de su expulsión. La trigarancia “se montó”, por así decirlo, en la insurgencia; al menos esto lo que me aparece de la lectura detenida, desapasionada, sin interferencias schmittianas, ni menos kelsenianas (pero sí jurídicas), de textos que no se nos olvide fueron jurídicos. Ni Lemoine ni Martínez Báez advirtieron el acto de flagrante traición que hubiera supuesto para los insurgentes apoyar un programa radicalmente distinto como sería, según ellos, el de Iturbide. Si los últimos insurgentes apoyaron en 1821 el programa Iguala-Córdoba fue precisamente porque en éste encontraron reflejada la independencia absoluta, un régimen constitucional, la igualdad entre todos los habitantes del “reino”, la división de poderes, derechos del hombre, la extinción de las castas, la libertad, la intolerancia religiosa, la salvación de la Iglesia y del fuero eclesiástico, el reconocimiento de la singularidad de lo local, etc. Además, Iguala-Córdoba ofreció lo no solicitado ni previsto: la conformación de un gran Estado con base en la integración de las grandes divisiones político-administrativas de la inmensa América Septentrional que por entonces sufría evidentes presiones separatistas y amenazaba su total desintegración. Ante estas propuestas los insurgentes de última hora muy bien pudieron sacrificar el tímido republicanismo presente en Apatzingán, única diferencia notable entre ambos proyectos.  Que durante el Primer Imperio ocurriera cosa diversa a la planeada en Iguala fue consecuencia en buena medida de que el modelo proyectado en esa población se derrumbó ante la actitud malagradecida o de absoluta incomprensión de una España y de unos españoles (de aquí y de allá) que quisieron mantener a toda costa su dominio sobre el Septentrión. Ante esta imprudente e impolítica decisión resultó lógico que la Garantía de la Unión —sólo ésta es verdad, pero la esencial de la trigarancia— se volviera a cuestionar y renaciera la animadversión hacia los gachupines. Con la República, el programa insurgente sería llevado a cabo por esos insurgentes que nunca dejaron de estar ahí; ahora sin la opción monárquica y sin los españoles.

Un tema más quisiera abordar y plantear. Mi estancia actual en Ecuador me ha permitido observar un hecho prácticamente desconocido en México y que tiene que ver con nuestro(s) propio(s) proceso(s) de independencia. En Ecuador —y en otros países centro y sudamericanos— cada una de las ciudades celebra su fecha particular de independencia respecto de España, además de la del país mismo. De esta manera, Quito la celebra el 24 de Mayo, Guayaquil el 9 de octubre, Cuenca el 3 de noviembre, e Ibarra, Ambato, Latacunga y otras ciudades en diferentes fechas, siempre con desfile, asueto local, fiesta y regocijo. Lo interesante es que en México pasó exactamente lo mismo pero lo hemos olvidado ante la impresionante fuerza simbólica del 16 de septiembre. ¿Cuándo nos hemos planteado la posibilidad de conmemorar la proclamación de la independencia de Guadalajara, de la antigua Valladolid, de Puebla, de Jalapa, de León, de Oaxaca, y de tantas otras ciudades mexicanas? El 27 de septiembre de 1821 fue la Ciudad de México la que celebró la Independencia y la conformación del Imperio Mexicano pero se nos ha olvidado que en los meses anteriores y en los posteriores otras ciudades, villas y pueblos hicieron sus respectivas proclamaciones solemnes de Independencia adhiriéndose siempre al Plan de Iguala y al Imperio convocante mediante actos de naturaleza auténticamente jurídica; en algunos incluso todavía se conservan las lápidas de la época que así lo recuerdan. Y es que también hemos olvidado que la Independencia de México fue el resultado de varias independencias que, al sumarse en un proyecto insurgente y trigarante, dieron como resultado un  nuevo Estado, el nuestro. Valdría mucho la pena, ahora que estamos decididos a vivir un verdadero federalismo y en aras de la recuperación de la historia de esas matrias que tanto le gustaba escribir a Don Luis González, que nuestras actuales ciudades reivindicaran su derecho a festejar su particular proceso de independencia. Entonces podríamos ver hasta qué punto y en qué lugares la insurgencia no fue derrotada.

Jaime del Arenal Fenochio, historiador del derecho y actual embajador de México en Ecuador