La semana pasada, Oklahoma fue el escenario de una batalla por la enseñanza de la historia. A pesar de que no resultó en el triunfo de los sectores más conservadores, este evento parece inscribirse en un proceso más amplio que da cuenta de los usos políticos de los que puede ser objeto la narración histórica y que sin duda es importante mantener a la vista.
A principios de febrero, el miembro republicano de la Cámara de Representantes Dan Fisher, presentó un proyecto de ley rechazando que el estado financiara las llamadas clases de Advanced Placementen la materia de historia a menos de que el College Board, la corporación sin fines de lucro responsable de su propuesta, cambiara el currículum de la misma. Las clases AP son para estudiantes de preparatoria, pero sus exigencias son de nivel universitario y los créditos obtenidos por cursarlas son váidos cuando los alumnos entran a la universidad. Por esto, en principio, se trata de clases destinadas a los alumnos más capaces. ¿Qué es lo que le preocupa a Fisher que aprendan estos estudiantes?
Básicamente, considera que el nuevo marco para abordar la historia propuesto por el College Board desde 2012 “abandona el énfasis en los principios de la fundación del gobierno constitucional por un análisis de la opresión racial y de género, la etnicidad y la vida de las personas marginalizadas, en el cual el énfasis de la enseñanza está en representar a Estados Unidos como una nación de opresores y explotadores.” Coincide con las condenas del Comité Nacional Republicano que describe al curso propuesto como una “visión radicalmente revisionista de la historia estadounidense que enfatiza los aspectos negativos de nuestra historia nacional, al omitir o minimizar los aspectos positivos”. Oklahoma sería un estado especialmente susceptible si se siguiera esta visión de la historia, pues entre otras cosas, se ha recordado cómo efectivamente fue un lugar especialmente violento en el trato a los afroamericanos.
Después de enfrentarse a múltiples críticas –aunque el comité de educación del estado votara 11 a 4 a favor de la ley– Fisher retiró su propuesta y dijo que pretende enviar un nuevo proyecto solicitando una revisión estatal del curso AP más que su absoluto rechazo a financiarlo. Sin embargo, más allá del episodio, Oklahoma no está sola en la búsqueda por una versión “más patriótica” de la historia nacional que deba enseñarse en la educación pública estadounidense. Otros estados que han denunciado supuestas tendencias liberales en la propuesta del College Board son Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Colorado y, especialmente, Texas.
A finales del año pasado, en Texas tuvo lugar una controversia con respecto a los contenidos en libros de texto para la enseñanza de la historia, que anunciaba ya su postura frente a las propuestas del College Board. En noviembre, el consejo escolar del estado aporbó una serie de libros de historia después de meses de discusiones y críticas tanto de la derecha como de la izquierda. Entre las cosas que se decían estaba que se exageraba la influencia de Moisés en el proyecto de la democracia de Estados Unidos y que se retrataba negativamente al Islam. Al mismo tiempo, otros argumentaban que se simpatizaba demasiado con los musulmanes y se minimizaban los logros de la presidencia de Reagan. Las votaciones le dieron el triunfo a los Republicanos estableciendo para la siguiente década el uso de libros que parecen tener un tono más bien nacionalista y apologético de la historia de Estados Unidos.
Así, frente a lo que parecen ser intentos por promover una visión conservadora de la historia nacional estadounidense, voces críticas han reaccionado de distintas maneras. Los testimonios que diversos medios recuperan dan cuenta de las problemáticas que los actores en el mundo de la enseñanza en EU identifican y que despiertan la reflexión. Matt Holtzen, profesor de Oklahoma, dice por ejemplo, que el currículim propuesto efectivamente enseña la historia de EU, “tanto lo bueno como lo malo […] incluye la idea del excepcionalismo Americano, que esta es una gran nación, que ha tenido grandes logros, pero de la cual no se pueden ignorar las áreas en las que se ha fallado o que necesitamos trabajar”. La presidenta de la Oklahoma Education Association, Linda Hampton, argumenta que es absurdo legislar por una versión más agradable de la historia de EU: “Somos un estado diverso, pero los motines en Tulsa y el sendero de lágrimas tuvieron lugar. No podemos santificar a la historia”. Por otro lado, Jim Grossman, el director ejecutvo de la American Historical Association considera que las propuestas del College Board son positivas en la medida en que enfatizan el pensamiento histórico, por encima de la memorialización de nombres, fechas y datos. A su parecer, “los estudiantes aprenden historia de EU en una forma que les da la oportunidad de pensar de manera independiente aquello que están leyendo”.
A su vez, Ian Turtle, miembro del National Review Institute Buckley, señala las implicaciones políticas del tema y dice que “obviamente este es un problema sobre quién controla lo que los niños aprenden. ¿Debe la educación ser un derecho estandarizado nacionalmente o debe dejarse a los estados? Por lo pronto en el caso de Texas y Okalhoma en particular, si se acepta que los estados pueden establecer sus propios lineamientos, pienso que los consejos educativos de ambos estados podrían proponer un currículum distinto que sería perfectamente adecuado.” Sin embargo, en el caso específico de las clases AP, Catherine Rampell recuerda que el tema tendría otras consecuencias que también hay que considerar y que se vinculan con los costos de la educación pública: “en el corto plazo, desarrollar nuevos currículum, más flexibles políticamente, y entrenar a maestros para que los enseñen, es caro. Pero los costos son mucho más altos a la larga. Para empezar, desmontar las clases AP limitaría la habilidad de los estudiantes para obtener créditos universitarios por sus estudios de preparatoria en una era en la que ya toma mucho tiempo terminar lo que supuestamente es un grado de cuatro años”.
De manera un poco simplista, Rampell considera también que establecer parámetros motivados políticamente para aquello que que los estudiantes vayan a aprender eventualmente resultará en ciudadanos menos informados, como si toda intención política fuera igualmente acrítica. Sin embargo, más allá del enfoque que se propongan las reformas a la educación histórica, por las posibilidades políticas que el conocimiento histórico implica, es importante tener a la vista los debates que por fortuna tienen lugar en la discusión pública. Como plantea Sebastián Plá en una defensa que hace de la investigación sobre la enseñanza de la historia, los riesgos que se corren de ignorar esta dimensión de la disciplina implican, entre otras cosas, ignorar el espacio más importante que encuentra la socialización del conocimiento histórico.