Ahora que se avecina la sucesión en la rectoría de la UNAM tiene sentido discutir la situación en distintas áreas institucionales. El conjunto de la universidad enfrenta retos considerables, de los cuales el mayor es el impresionante cambio cultural que se ha vivido en México en las últimas décadas —particularmente, pero no sólo, en las relaciones de género e identidades sexuales—. Sin embargo, no todos los problemas y aspiraciones cruzan de la misma manera la institución. En las áreas de humanidades y de ciencias, en la docencia y en la investigación, en la sede de Ciudad Universitaria, en las otras sedes del área metropolitana y en las escuelas y centros de investigación que se han ido erigiendo, sobre todo en el centro y sur del país, hay asuntos que son específicos.
La UNAM tiene una compleja estructura colegiada. Aunque la autoridad de una persona todavía puede inclinarla parcialmente en un sentido u otro, el principio de autonomía determina que cada área y cada centro se encargue de sus problemas y crisis. Esto no significa que falte un marco institucional para construir expectativas y resolver controversias, pero la vida cotidiana de la institución es la de cada una de sus entidades, que no siempre está (ni debería estar) completamente articulada con el conjunto. Sería muy difícil, en efecto, que la microbiología tuviera que caminar al mismo paso que la arquitectura. Cuando se ha intentado que esa coordinación general se vuelva obligatoria, cuando se ha buscado que las humanidades y las artes se muevan al compás de la física, o bien de la biología, ha sido un desastre académico.
La estructura de autonomías descentralizadas también puede ser objeto de críticas importantes, pues no siempre tiene suficientes contrapesos para impedir que una autoridad local, ya sea colegiada o personal, se imponga de manera abusiva. Quizás el problema más grave, que en los últimos años ha atraído la atención pública, es la dificultad que tienen las autoridades locales para sancionar a sus colegas, lo que se ha puesto en evidencia de manera grave en los casos de violencia contra las mujeres. Dicho lo anterior, el sistema ha funcionado razonablemente para asegurar el progreso y la transmisión del conocimiento en la mayoría de las disciplinas.
La situación en Difusión Cultural es un poco distinta. Lo es porque, si bien se ha trabajado bastante para mejorar y fortalecer la estructura colegiada en la toma de decisiones, no existe una estructura académica-laboral que propicie el sistema de equilibrios que sí es obligatorio en el resto de la institución. Me explico. En la mayoría de los cuerpos colegiados hay una combinación, con distintas proporciones, de miembros electos por la comunidad académica; otros que le deben su derecho a la voz y el voto a un nombramiento personal; y otros más que han sido designados por otro cuerpo colegiado. Una proporción significativa de los consejeros fueron electos por sus colegas que, a su vez, gozan de una carrera académica que los hace razonablemente independientes de las opiniones o presiones de los directores de sus respectivas entidades. Tienen libertad de cátedra y libertad de investigación. Votan como quieren y, con frecuencia, votan contra los propósitos de su autoridad inmediata.
Lo que es distinto en Difusión Cultural es que no hay cuerpos colegiados de personal académico que tenga definitividad, carrera y libertad de cátedra. Esto se debe a que la gestión cultural no es docencia ni investigación, aunque puede coincidir con ambas en algunos aspectos. La carrera del gestor universitario, aunque tiende a ser bastante estable, es mucho más vulnerable a los vaivenes que provocan los cambios de autoridades. Un académico no cambia sus proyectos y prácticas de investigación cuando cambia el director; un gestor, con frecuencia, deberá amoldarse a una nueva autoridad. Los gestores culturales de la UNAM no están representados en el Consejo Universitario y, por lo tanto, no forman parte de su Comisión de Difusión Cultural. Al no ser personal académico de la institución, y a menos que tengan una clase de asignatura, no pueden ser candidatos a recibir el Premio Universidad Nacional o la Distinción para Jóvenes Académicos en el área de Creación artística y extensión de la cultura. Esto es particularmente injusto, pues la UNAM tiene gestores culturales de enorme categoría, a quienes se les reconoce una indudable jerarquía fuera de la institución, en sus respectivas áreas de competencia. Es la UNAM la que falla al no premiar ese mérito.
La falta de un marco de profesionalización es, con mucho, el problema más importante para quienes laboran en la Difusión Cultural, y también el obstáculo más serio para que ese sector de la universidad consolide una estructura de autoridades plural y autónoma, como la tiene el resto de la institución. Una de sus consecuencias es que le ha dado a las delegaciones sindicales un peso desorbitado, al no existir una estructura académica que les haga contrapeso desde abajo, de tal manera que la negociación de las horas extras suele volverse más importante que la innovación en las artes. Como ocurre en otras áreas de la vida nacional, la UNAM debería poner el ejemplo y establecer una forma de servicio profesional que sirviera como modelo para el resto de las instituciones culturales del país, donde quienes se dedican a la gestión pocas veces tienen la razonable estabilidad laboral que les permita expresar sus opiniones sin cortapisas y, mucho menos, la posibilidad de discutir las políticas institucionales desde los ámbitos de su competencia. Debe haber un servicio profesional de carrera que brinde a cada quien una alternativa al paso entre Caribdis y Escila del sindicato y las autoridades.
Mucho se ganaría si, además de lo anterior, los puestos de autoridad estuvieran sujetos a plazos específicos, en los que el periodo de un funcionario pudiera ratificarse o reconsiderarse. Desde luego algunas actividades culturales requieren de gestiones prolongadas para dar resultados, pero sería estupendo que los momentos de evaluación, cambio o ratificación tuvieran un calendario independiente de los cambios en la Rectoría o en la persona titular de la Coordinación General. Estos dos objetivos no serían especialmente difíciles de establecer, pues se trata de áreas y centros de trabajo en los que, comparadas con lo que ocurre en otras partes del sector público, la estabilidad es notable. Pero la estabilidad no es tan buena cuando no hay reglas claras para la permanencia y el cambio. El sistema, tal como está, no incentiva suficientemente a las autoridades que están dispuestas a tomar riesgos para innovar en su gestión.
Otro reto importante viene de la política de descentralización que ha caracterizado a la institución en los últimos años, y con especial énfasis en los últimos dos rectorados. La UNAM tiene hoy escuelas profesionales en Morelia, Mérida, León y Juriquilla, a las que habrá que sumar muy pronto una más en Oaxaca, amén de otras entidades de distintos tipos en San Miguel de Allende, Jiquilpan, San Cristóbal de las Casas, Ensenada, y otros lugares. El ritmo de la descentralización debería ser semejante para la Coordinación de Difusión Cultural. No parece sencillo, y la descentralización cultural en México ha sido frecuentemente tímida, o bien se ha dado de manera parcial en torno a la expansión de una cultura nacionalista y muy centralista. La cultura de las universidades sólo puede ser de naturaleza crítica. La difusión universitaria destaca mucho cuando abre espacios amplios para la discrepancia y la vanguardia.
Los profesores y los investigadores universitarios fuera de Ciudad de México tienen ambiciones, proyectos y sueños que requieren de una expresión formal, aunque no siempre será una que siga los canales de la publicación científica, el dictamen y las horas pizarrón. Los métodos no formales de aprendizaje o formulación de propuestas intelectuales tienden a ser innovadores y se requieren para que la educación sea algo mejor que el reparto de lecturas y la memorización de axiomas. Insisto en que el cambio social que vivimos se origina en una transformación del orden simbólico. Para que aterrice de manera productiva en los laboratorios, las bibliotecas y las aulas, han ayudado mucho los cursos obligatorios del nuevo civismo (como son los cursos de equidad de género); pero la transformación quedará trunca y provocará crisis por todos lados si no tiene un sistema de controversia para articularse. Y ese sistema es el que llamamos “la cultura”.
Los proyectos culturales de las sedes fuera de la capital no deben ser una mera extensión de la intensa política cultural chilanga. Deben encontrar sus propios caminos para lidiar con los cosmopolitismos, los nacionalismos y los dramáticos cambios sociales (que no son los mismos en todo el país). Procesos que México, su gobierno y su sociedad han enfrentado muy mal, como el de las migraciones a través de nuestro territorio, que deberían comenzar a examinarse de manera exigente y con hondo compromiso ético.
Históricamente, la difusión cultural universitaria también ha cumplido otra importante función: ha complementado y, no pocas veces, ha remediado la insuficiencia de una formación cívica en los niveles anteriores. No estoy en contra de la formación ética específica y sistemática; creo que cursos como los que son obligatorios en casi todas las carreras de equidad de género son indispensables para explicarle a la gente que hay cosas que ya no se valen. Pero eso no es suficiente. Un cambio ético requiere cosas mucho más complejas que los “valores” de los que habla todo mundo, pero que pocas veces alcanzaron la profundidad que tuvieron en trabajos como los del doctor Pablo Latapí. No bastan los cursos de fisiología, cálculo, sintaxis superior, estadística e iconología. Los profesionistas, para normar sus decisiones y evaluar las consecuencias de sus actos, requieren de una reflexión sobre la identidad y una pluralidad simbólica que los habilite para modificar comportamientos, mejorar su comprensión de la realidad y comprender los profundos cambios que vive la sociedad a través de ellos mismos. Son muchas las personas de otra generación que fueron a su primer concierto en los ensayos que dirigía Eduardo Mata en el Che, que vieron su primera obra de teatro en el Juan Ruiz de Alarcón, su primer cuadro modernista en el MUCA y que se volvieron críticos asiduos en un cineclub de estudiantes. En esa medida, la universidad contribuyó a la formación de una identidad y a la construcción de utopías compartidas. No es poca cosa, aunque en el año 2023 las soluciones no podrían ser las mismas que funcionaron muy bien hace cincuenta años. Son otros alumnos, otros académicos, otras ciudades; es otro mundo.
La memoria de esta época, sin duda brillante, a veces lleva al propósito de reprogramar las actividades culturales como un servicio exclusivo para el estudiantado, o bien organizado especialmente para ellas y ellos. Aquí, me parece, hay una comprensión parcial del proceso pasado, además de una comprensión muy pequeña del presente. Desde luego que los conciertos de la OFUNAM, las obras de Ludwik Margules, las coreografías de Gloria Contreras y las exposiciones que montaba Helen Escobedo eran importantes para quienes estudiaban en la UNAM; pero eso era una consecuencia de su relevancia general. Al igual que la pintura mural de los años veinte y los programas de Carlos Monsiváis en Radio UNAM son parte de la historia de la universidad, pero también son parte medular de la historia de la cultura mexicana. Frecuentemente adquirieron relevancia por su vocación de ruptura, alternativa y controversia: porque se apartaron de los supuestos de una cultura nacionalista siempre propensa a la esclerosis y el acartonamiento. Es significativo que la universidad, uno de los sitios donde nació el proyecto de pintura mural, se convirtiera medio siglo después en uno de los refugios para quienes buscaban alternativas distintas. Todos esos movimientos y propuestas no pensaron primordialmente en el público estudiantil, sino en la relevancia general, en el público en general y en la controversia general de la cultura. Lo que las volvió importantes para los alumnos no fueron los estudios de mercado, sino su calidad.
Pero justo ahí es donde ahora está la crisis: los públicos se encuentran cada vez más fragmentados porque las identidades y las prácticas políticas lo están. Los monopolios del nuevo capitalismo digital dividen cuidadosamente su atención para abarcar más, pues el algoritmo les proporciona la posibilidad de atender por separado a posibles clientes con intereses muy distintos. Así ocurre con esos candidatos que ofrecen pintar todo de azul a una parte de su público potencial en las redes, mientras ofrecen pintar todo de rojo a la otra parte de sus posibles votantes, aprovechando una tecnología que les permite dividir mensajes que pueden ser distintos y hasta contradictorios. Aunque la fantasía política ha promovido una buena cantidad de publicaciones y discursos que parecen de los años treinta, se trata de una retórica para el consumo de la nostalgia: las identidades se muestran fragmentadas porque la sociedad está fragmentada y la economía de mercado no es, en la actualidad, un mecanismo unificador. Los mercados están dejando de ser nacionales a gran velocidad. La “mano invisible” de Adam Smith siempre estuvo llena de dedos que ahora actúan de su propio concierto. Las universidades públicas son lugares donde se expresa la pluralidad de la sociedad, pero no están determinadas por los movimientos del mercado. Por eso tienen la capacidad de convertirse en laboratorios para las expresiones culturales de una cultura en constante evolución, articulando las propuestas culturales de nuevo cuño con grupos sociales que expresamente están en las aulas para reinventarse. Pero al igual que la investigación no se lleva a cabo para la universidad misma, sino para el conjunto de la sociedad; al igual que la enseñanza no debe impartirse ni concebirse sólo para los universitarios; de la misma manera la difusión cultural debe proyectarse dentro y fuera del campus, hacia la sociedad en general. Es un error confundir la autonomía con la consolidación de una burbuja separada de la sociedad.
Un campo en el que resulta urgente que alguna institución pública intervenga y comience a ensayar soluciones sostenibles y productivas es el de la edición de libros. Como en otras industrias culturales, pero a un ritmo más lento que en la música y la televisión, se vive una transformación tecnológica muy importante. Si bien no es previsible que desaparezcan a corto plazo las librerías (como desaparecieron las casas de discos), es cada vez mayor el número de textos que se leen en algún tipo de dispositivo; frecuentemente en copias mal hechas, con pocas o ninguna garantía sobre la calidad del trabajo editorial o sobre la autenticidad de la copia.
En México, las izquierdas intelectuales son tecnológicamente muy conservadoras. Aunque hay bastante conciencia sobre la fuerza de este cambio tecnológico, la reacción ha sido fortalecer la edición de libros de papel más baratos, o bien más lujosos, como si el papel revolución o el papel couché tuvieran por su propia existencia alguna propiedad mágica que les permitiera detener la transmisión de textos en la red. El problema es complejo, pues a diferencia de las industrias musicales, el punto de partida no era una masa de lectores demasiado extensa. El sistema cultural mexicano es una pequeña cultura del elogio para los autores y se ha preocupado relativamente poco por articular comunidades de lectores que forzosamente deberán definirse en la adopción de las nuevas tecnologías. La transición ha sido mal comprendida en México y apunta hacia una conversión que preocupa bastante: los libros dejarán de ser una forma de pequeña propiedad, de coleccionismo personal; dejarán de ser una marcancía al menudeo para convertirse en un servicio (como las plataformas en las que uno puede escuchar la canción que quiera por una renta mensual). En tal virtud, estarán sometidos a condiciones de monopolio tecnológico y administrativo que resulta, por decir lo menos, alarmante. Por eso es urgente superar el ludismo tecnofóbico de los editores y autores. Recordemos que los grandes pensadores revolucionarios no llamaron a destruir las máquinas, sino a utilizarlas de otra manera; y, sobre todo, llamaron a tener curiosidad por la tecnología. Lo que se necesita es que alguna institución pública de cultura y educación encabece un proceso para que exista un modelo de edición digital mexicano y público. Compatible con estándares internacionales, sí, pero también atento a las necesidades de las diferentes comunidades, grupos sociales, colectivos, proyectos educativos y multitudes que conviven en este disparejo territorio. Si esto no lo hace alguna institución mexicana, sin duda el vacío lo llenará, para llevarse la parte del león, alguno de los temibles superoligopolios digitales que están buscando apropiarse del alma del mundo.
Desde luego hay problemas específicos de cada área, algunas más vanguardistas que otras, algunas más conservadoras que otras. No creo, sin embargo, que en ninguna de ellas podamos aspirar a una renovación o fortalecimiento si no se atienden esos cuatro problemas: carrera profesional, autonomía, descentralización y transición digital. Como universitario, profesor e investigador, me pronuncio por que la Junta de Gobierno interrogue a los candidatos y escuche a la comunidad específicamente sobre estos problemas y hago votos por que los propios aspirantes sean sensibles y les dediquen una parte sustancial de su atención y energías. No son marginales para la vida, el progreso y el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura deben entenderse en forma integral; cada una por su parte no es suficiente. Haber comprendido esto es una de las cosas que más fortalecen a la UNAM.
Renato González Mello
Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y miembro de la Academia de Artes