El Archivo General y Público de la Nación (hoy AGN) se fundó exactamente hace doscientos años. Su largo rastro como memoria simbólica y material de la Nación merece más estudios y recuentos documentales, como propone este ensayo mediante un breve balance de su historia.
En las antiguas celdas carcelarias del Palacio de Lecumberri se custodian más de 52 kilómetros de información longitudinal. Este acervo compone el grueso de la documentación de lo que hoy conocemos como el Archivo General de la Nación (AGN). De acuerdo con la descripción de la Secretaría de Gobernación, instancia que ordena y supervisa al AGN, este lugar es la “casa de la memoria de México”, lo cual lo responsabiliza de determinar qué es importante para la supervivencia del Estado en términos históricos y administrativos.1 Lo que se guarda y lo que se desecha, lo que se recuerda y lo que se olvida. Registro burocrático y personal producido en respuesta a las exigencias tanto reales como imaginarias del Estado, esta colección material de documentos físicos sostiene la condición de posibilidad de que exista y se reproduzca la idea de la nación en sí misma a través de la escritura de su historia.
El Archivo General ha acompañado ininterrumpidamente el devenir histórico del Estado mexicano. A doscientos años de su establecimiento cumplidos hoy, debo resaltar que existe información muy exigua sobre su trayectoria y lo poco que sabemos resulta anecdótico y poco analítico. ¿Por qué sabemos tan poco de la historia de este archivo? ¿Cuáles han sido históricamente los intereses que han guiado la organización de las colecciones documentales de valor nacional que allí se resguardan? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro presente?
Para narrar al AGN debemos comenzar por decir que en esta historia hay, como mínimo, dos archivos imperiales, al menos un archivo federal, varios archivos nacionales, y un archivo itinerante. Cada uno de estos proyectos, a su vez, ha sufrido cambios de nombre, de reglamento, de espacios y de objetivos. En otras palabras, por cada cambio de gobierno en México desde la Independencia, ha existido un proyecto archivístico nacional donde destaca el AGN como el actor principal de los intereses documentales del Estado.
El bicentenario que celebramos este año es aquel de la fundación del Archivo General y Público de la Nación (AGPN) el 23 de agosto de 1823. Creado por Lucas Alamán, entonces Ministro de Asuntos Interiores y Exteriores, el Archivo fue dirigido y administrado originalmente por Ignacio Cubas, previamente archivista virreinal. Según Alamán, el AGPN debía ser un archivo administrativo e histórico de acceso público que “debía comprender todos los negocios concluidos, documentos y otras cosas antiguas e interesantes para la historia”.2 Para lograrlo, los archivistas debían organizar el Archivo con aquello que había sobrevivido del antiguo Archivo General de la Nueva España (AGNE). Sin embargo, la documentación disponible era escasa y estaba en mal estado. Para finales del siglo XVIII, el AGNE había sufrido pérdidas considerables debido al Motín de 1692 donde, entre tantas otras cosas, fueron incendiados los archivos administrativos. Este tipo de incidentes, desafortunadamente para quienes aún preservamos el fetiche por el papel, no cesaron ahí. Las Guerras de Independencia (1810-1821) también afectaron el avance en la organización archivística del país, tanto así que tenemos noticia de que durante estos años los legajos del AGNE, resguardados en el Palacio del Virreinato —hoy Palacio Nacional— se usaron como mortero para cañones durante la insurrección.3 Hoy como entonces, la fragilidad de los documentos, tanto en su formato análogo como digital, es parte constitutiva de los mismos.
Originalmente, Lucas Alamán puso el AGPN bajo la dirección de la Oficina de Guerra y Marina —es decir, el ejército lo controlaba y organizaba—, y una de sus funciones principales fue centralizar y resguardar los archivos militares coloniales. Eran entonces los soldados quienes se desempeñaban como archivistas. Desafortunadamente, la relación entre los archivistas-soldados y el AGPN se caracteriza por la insatisfacción, como lo sugiere el rastro documental. Las autoridades desatendieron las condiciones laborales de los archivistas-soldados. Dado su descontento con el entorno laboral, estos se organizaron en múltiples ocasiones para demandar mejoras, las cuales abarcaban desde aumentos salariales hasta el buen mantenimiento de las instalaciones.
Las fuentes demuestran también que, durante los primeros 50 años de la institución, las mujeres desempeñaron un rol importante en los procesos de solicitud de información. Esta dinámica se explica por el hecho de que en el AGPN se resguardaron los expedientes del Montepío Militar, un sistema español de pensiones y asistencia destinado a las familias de oficiales fallecidos de la Armada. En un contexto generalizado de agitación política, los hombres morían a diestra y siniestra. Al fallecer, sus familiares, principalmente viudas, madres e hijas recurrían al AGPN con solicitudes de información sobre los registros administrativos de los caídos. Estos registros aseguraban la posición social de dichas mujeres y les brindaban seguridad personal y familiar, en medio de las adversidades propias de la época.
Entre los episodios que van esbozando el panorama histórico del AGN a lo largo del tiempo, nos encontramos con negociaciones diplomáticas, intervenciones internacionales, extracciones ilegales de libros y colecciones, y discusiones sobre el derecho de las sociedades postcoloniales a salvaguardar su propio patrimonio documental. Así, en el México del siglo XIX, donde los procesos de modernización y descolonización fueron simultáneos, la pregunta por el archivo responde, a fin de cuentas, a la pregunta por la conformación del Estado desde la salvaguarda y el acceso a su burocracia.4
Pero entonces ¿por qué sabemos tan poco de una institución que es tan importante —al menos simbólicamente— para el ejercicio de gobierno de nuestro país? Más aún, ¿por qué es fundamental hacernos esta pregunta hoy en día? Al respecto le presento tres teorías al lector. En primer lugar, la revolución de las tecnologías digitales de comunicación ha transformado los métodos de análisis histórico, así como las técnicas de la archivística y el manejo de la información. La pregunta histórica por la archivística es entonces una pregunta inspirada por la emergencia del manejo de información digital y de las instituciones, gobiernos, métodos y comunidades que la posibilitan.
Segundo, más allá de la función política del archivo como brazo del poder, la archivística es una práctica repetitiva y minuciosa, ambas características atribuidas a lo femenino. Desde el siglo XIX, esto generó que los archivos fueran sexualizados por ciertos historiadores, quienes los conceptualizaron como territorio virgen por conquistar, así como objetos indignos del análisis histórico.5 De esta manera, puesto que se asimilaban a una naturaleza femenina y a un rol asistencial a la disciplina de la Historia, los estudios históricos de los archivos habían sido ignorados hasta hace poco tiempo con base en prejuicios de género —por increíble que parezca.
Finalmente, los archivos representan la memoria colectiva y, desde una perspectiva de derechos humanos, estos sustentan las luchas por la justicia social. Por lo tanto, esta interrogante responde a la necesidad actual de contar con una organización centralizada y homogeneizadora de los archivos y la archivística, que se concentre en estos aspectos y que, en consecuencia, salvaguarde y fomente el acceso a la información y a la protección de los datos personales como un derecho humano.6 El problema que persiste, sin embargo, es el ocultamiento de la información por parte del Estado. De ahí que gran parte del trabajo que realizan las comisiones por la verdad tanto en nuestro país como en el resto de América Latina es la creación de archivos comunitarios que garanticen el acceso a la información.7
Como marco de análisis político, pensar en los archivos resalta las dinámicas de poder involucradas en la creación, conservación, accesibilidad y ofuscamiento de los mismos. Esto es significativo en el contexto actual donde las violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado durante la Guerra Sucia (1965–1990) se encuentran en proceso de investigación desde la transición a la democracia en el año 2000. El esfuerzo más reciente es del 2021, cuando se creó el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que busca edificar la verdad colectiva mediante testimonios de afectados por el conflicto. Sin embargo, pareciera que los esfuerzos en eso quedan: en la creación de órganos especializados que no cumplen sus tareas. Según un artículo reciente de Ricardo Raphael, el último reporte del MEH demuestra que la documentación aún no ha sido trasladada al AGN y que miles de documentos —tanto físicos como digitales— desaparecieron de las celdas mismas de Lecumberri, entre ellos las fichas relativas al personal que laboró en la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Los archivos no son necesariamente reflejo de la realidad, sino de cómo ciertos individuos la han organizado.8 Así, en un momento donde el acceso a la memoria resalta como una práctica tanto personal como política, pensar teórica, metafórica y materialmente en que el AGN se encuentra custodiado dentro de una antigua prisión, nos permite acercarnos a las paradojas que lo conforman en el presente, así como a sus deudas y logros a lo largo de su historia. Tan sólo hace falta mencionar que un número importante de prisioneros políticos de izquierda de la Guerra Sucia cumplieron sus sentencias en las mismas celdas donde hoy en día las comisiones por la verdad buscan su rastro documental para hacerles justicia. En 1982, el argumento que utilizó el gobierno para usar estas instalaciones para el AGN fue meramente administrativo: ningún otro edificio público contaba con las dimensiones necesarias. Sin embargo, la antigua prisión serviría también para dotar al archivo de un aura de secrecía e inaccesibilidad, una característica común entre instituciones archivísticas en la modernidad. Indudablemente, la estructura física del AGN hoy en día impacta en cómo se relacionan los archivistas y la ciudadanía con el manejo y el acceso a la documentación, pero lo mismo fue cierto para el AGPN en 1823. Aunque Alamán lo caracterizó como un archivo de acceso público, el hecho de que lo administrara el ejército necesariamente implicó también un ejercicio complementario de ofuscamiento. Finalmente, es de este tipo de paradojas de donde nacen los archivos en la modernidad —nos guste o no.
Pero Lecumberri y el contexto contemporáneo no contienen la experiencia histórica del AGN en su totalidad. A doscientos años de la fundación del AGPN, la historia archivística de nuestro país es una de las más ricas y antiguas de Occidente y, con sus fallas y errores, una que se ha caracterizado desde sus inicios por intentar garantizar el acceso al público a la documentación. Esto fue real incluso en el caso del archivo de Maximiliano, el Archivo General y Público del Imperio. Pero esa es una historia para otra ocasión.
Camila Ordorica
Historiadora y archivista, es candidata doctoral en Historia por la Universidad de Texas en Austin, desde donde escribe e investiga acerca de la historia del AGN en el siglo XIX.
1 Gobierno de México, Auditoría Superior de la Federación. ‘¿Qué Hacemos?‘. Consultado el 28 de junio de 2023.
2 Alamán, L. Memorias de D. Lucas Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores de la República Mexicana en diversas épocas. En las que se contiene la Verdadera Historia de esta República desde el año de 1808 en el que comenzaron las inquietudes que consujeron a su Indepenedncia hasta el año de 1843. Escritas por él mismo”. DCLXXIV.52.1, Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim, Ciudad de México, México; Secretaría de la Defensa Nacional. “Comisión a Juan de Dios Uribe e Ignacio Cubas para organizar el Archivo General y Público de la Nación, con lo que existía en la Secretaría del Virreinato. 15 de Marzo 1823. XI, 481.3/15, 1823. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México, México
3 “El Archivo General de la Nación”, Revista de Historia de América, núm. 9, 1940. México, pp. 63-169., p.90
4 Van Young, E. A Life Together: Lucas Alamán and México. Yale University Press, 2021
5 Lapp, Jessica M. “‘Handmaidens of History’: Speculating on the Feminization of Archival Work.” Archival Science 19, no. 3 (2019): 215–234.
6 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Archivo General de la Nación (AGN), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ley General de Archivos, Comentada. México, 2019
7 Algunos ejemplos de este tipo de proyectos son: Archivos de la Represión/Archivos de la Resistencia, México; El archivo de la Vicaria de la Solidaridad, Chile; Memoria Abierta, Argentina; Memórias Reveladas, Brasil.
8 Tortorici, Z. Sins Against Nature. Sex and Archives in Colonial New Spain. Duke University Press, 2018, p.245