Al momento de su extinción, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) contaba con numerosas reglas, cuerpos colegiados, protocolos sobre conflictos de intereses y sistemas de evaluación en línea. Aparentemente —así lo aseguraban sus colaboradores—, Rafael Tovar tenía el propósito de someter a evaluación entre pares los proyectos de las dependencias culturales utilizando esa estructura colegiada. Una medida así habría mejorado mucho el funcionamiento de los institutos. Pero la transferencia de cada vez más erogaciones al Fonca tenía una desventaja estructural, de orden estrictamente laboral, para una parte de los beneficiarios del sistema.
Ilustración: Izak Peón
Valdría la pena recordar que el Fonca siempre arrastró consigo un problema que no tiene relación con la estructura administrativa del Estado, sino con la crisis del nacionalismo. Durante la posrevolución, y desde la fundación de la SEP, artistas e intelectuales fueron contratados masivamente para contribuir al esfuerzo educativo. Esto abarcó a tirios y troyanos: Rufino Tamayo, Gabriel Fernández Ledesma, Salvador Novo, Fernando Gamboa, José Chávez Morado y muchos otros tuvieron empleos ligados a la administración escolar, a las escuelas mismas y a la educación para las artes. El inicio de las políticas desarrollistas, en la posguerra, coincidió con una crisis de legitimidad para el nacionalismo cultural, que era el pegamento que unía los esfuerzos de personalidades muy divergentes. El propio auge de las obras públicas propició una cierta derrama de recursos que alcanzó a los artistas, en la decoración cada vez más plural de obras como el Centro SCOP (1954), el Centro Urbano Presidente Juárez (1956) y el Museo Nacional de Antropología e Historia (1964). Los proyectos educativos siguieron siendo una fuente de trabajo para los intelectuales, como lo atestigua la historia de los Libros de Texto Gratuitos entre los años sesenta y ochenta. A la par de esa gestión estatal, se desarrolló un mercado incipiente para la producción plástica, el teatro y los libros. Es la época en la que surgen editoriales como Siglo XXI, para compensar las limitaciones del poderoso Fondo de Cultura Económica, y florecen galerías privadas que alimentan un coleccionismo limitado.
Las sucesivas crisis económicas, a partir de 1976, devastaron los pequeños mercados culturales. En su inicio, el Fonca buscó detener el consiguiente deterioro mediante becas, pero con una justificación nueva: el Estado se convertiría en garante de “la creación”, apoyando a los “creadores”, que a veces tenían que presentar “proyectos” para obtener los apoyos. Pero esos “proyectos”, a diferencia de las políticas culturales en décadas anteriores, iban a ser interpretados como historias de avance profesional: de jóvenes valores que se abrían camino hacia el éxito. El Estado había terminado por reconocer la autonomía de la creación artística o literaria, conformándose con permanecer como el gran proveedor y renunciando a dictar soluciones estéticas concretas. El Sistema Nacional de Creadores (SNC) tiene una inspiración evidente en programas análogos, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Pero hay una diferencia sustancial: el SNI es, en los hechos, un complemento del salario. Se limita a aumentar los ingresos de empleados públicos que ya cuentan con sueldo base, prestaciones y seguridad social; por el contrario, la beca del SNC es con frecuencia el único ingreso regular de sus beneficiarios. A largo plazo, un proyecto así puede ser difícil de mantener, pues su legitimidad siempre estará bajo sospecha pública, y los pequeños mercados que surgieron en los años cincuenta y sesenta crecieron a la par de un grupo social que ha dejado de crecer: la clase media.
Pero el Fonca abarcaba más proyectos que el SNC y muchos de ellos estaban destinados a apoyar proyectos de gestión cultural. Este último esquema, por sí mismo encomiable, coincidió con el estancamiento laboral y salarial de los cuadros profesionales en los institutos. A través del Fonca, el Estado no paga salarios, sino apoyos de “coinversión” y otros conceptos semejantes que no provocan ninguna obligación laboral.
Más allá de debates sobre el fin de los tiempos, no se ven alternativas realistas para este callejón sin salida, pues la política cultural pasa por una regresión hacia los tiempos en que la producción cultural se concebía como una prótesis del discurso presidencial, aunque sin pasar por las prolijas mediaciones de los institutos, del Consejo-Secretaría y de la Secretaría de Educación Pública. Es un proceso que seguramente seguirá adelante, con independencia del grupo en el poder, pues a diferencia del siglo XX, la legitimidad del Estado es hoy estrictamente electoral. Con los millones de votantes que lo apoyan, el Ejecutivo no tiene ya interés en financiar o modernizar el consenso de los intelectuales; se conforma con asegurarse la lealtad de los grupos muy pequeños que le son incondicionales. Lo que estamos viviendo es lo que hubiera sido previsible veinte años atrás, cuando el PRI perdió el poder por primera vez. Es difícil entender por qué hasta ahora y por qué con un gobierno de izquierda.
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En todo caso, vale la pena recapitular qué ventajas puede tener la autonomía en las instituciones de cultura, para entender qué debe defenderse cuando esa noción sufre un asedio bastante grave. Hay dos principios que deben defenderse, con independencia de las ideas (o fantasías) jurídicas que guían los proyectos de ley y de las lealtades que determinan los votos en el Poder Legislativo. El más importante, para las instituciones de cultura y educación, es la libertad de pensamiento, estrechamente aparejada con la necesidad del pensamiento crítico y la independencia de criterio en las instituciones que tienen tareas específicas de análisis, como el Coneval y el Inegi. La autonomía ha sido fundamental para el avance académico de las universidades y centros de investigación, para la obtención de mediciones confiables sobre la evolución de la sociedad mexicana y el desempeño de sus instituciones. Naturalmente, un triunfo electoral puede modificar la tendencia institucional a largo plazo, pues puede ser la consecuencia de cambios profundos en la sociedad. Pero es un error craso, ético y político tratar de instaurar alguna forma de disciplina ideológica o partidista en la cultura y la educación, realizando purgas de cuadros intermedios, pasando por encima de normas, evitando modificar lo que había de muy autoritario en el sistema heredado y aumentando los mecanismos de conformidad con la retórica oficial.
Aunque naturalmente el gobierno tiene la posibilidad y la obligación de establecer políticas de largo plazo, es imposible que haya una gestión cultural de calidad si se concibe a cada museo, a cada compañía de danza, a cada editorial como parte del cuerpo imaginario del presidente de la República. Dentro de límites y parámetros de orden general que los actores políticos formulan, negocian o imponen, cada centro de cultura requiere formular su propio proyecto en función de sus tareas sustantivas, sus medios y la evaluación que hagan sus comunidades de trabajo y sus dirigentes sobre el camino a seguir. Los centros culturales que han adquirido niveles de profesionalismo internacional, que han aumentado su público, que se han situado en el centro de los debates, normalmente le deben esa evolución a un equipo de trabajo que ha sustentado la legitimidad de sus decisiones y proyectos en su profesionalismo.
Y es este último aspecto el que, debe decirse con todas sus letras, ha sufrido lo mismo en gobiernos anteriores y en lo que va del actual sexenio. Hablo de los museos, que son el ámbito que conozco. Si hubo una notoria mejoría de su trabajo al final de los años noventa, fue porque —a la par que se usaban y consolidaban estructuras de mando muy autoritarias— se tomó la decisión de mejorar, aunque de manera insuficiente, las percepciones y condiciones de trabajo de los cuadros profesionales que trabajaban en las instituciones públicas. Pero no sólo este esfuerzo fue limitado; durante los últimos quince años hemos visto la precarización sistemática de los puestos de trabajo profesional o intelectual, la gradual reducción del servicio civil en favor, primero, del cobro por honorarios; luego, de maneras muy cuestionables de pago, como la que obliga a los más modestos asistentes de museografía a registrarse como pequeños empresarios para emitir facturas; y después, por la subrogación de las obligaciones salariales del Estado hacia oscuras compañías que administran nóminas y facturas.
El conjunto de estas políticasequivocadas en lo laboral ha gozado de continuidad a través de distintos sexenios; ha sumado modalidades cada vez más atroces y ha hecho cada vez más daño sin cambiar su rumbo. Está provocando un conflicto generacional inédito, pues los profesionistas, intelectuales y académicos más jóvenes se preguntan —con razón— por qué ellos no tienen las condiciones laborales, con seguridad salarial y social, que obtuvieron, de manera legítima, las generaciones anteriores. La desprofesionalización no va a resolver esa inequidad, la va a aumentar. Además va a provocar la pérdida de años de experiencia en la preservación del patrimonio, en su cuidado e investigación, en su difusión y en las tareas educativas que —paradójicamente— comenzaron a florecer en los museos precisamente en el proceso de separarse de la SEP.
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El gobierno ha mostrado mucha voluntad de exhibirse como el actor que dirige este proceso, pero no hay que perder de vista que el acoso contra las organizaciones autónomas de cultura y educación es un fenómeno mundial. No es uniforme, pero sí trasnacional, y no sólo está ligado a los populismos autoritarios. México no es el único país donde el apoyo para las artes y las condiciones de trabajo en los centros de cultura se han estancado o han retrocedido gravemente. No parece que la mortecina conversación política mexicana pueda ayudar a remontar dicha tendencia. Se necesita emprender un vasto diálogo continental, tal vez más amplio, para tomar la experiencia de otros países y regiones. No todos los gobiernos de izquierda se han vuelto contra los artistas, intelectuales y académicos. Hay que analizar los debates sobre las instituciones de arte, cultura y enseñanza en todo el mundo y entender que, por lo menos, en los museos había cuestionamientos sociales cada vez más serios sobre los fundamentos colonialistas de esas instituciones. Me refiero, desde luego, al pensamiento crítico que el gobierno actual ha sido muy cuidadoso en no adoptar. La solución de los problemas que irritan con toda razón a la comunidad cultural, académica y artística tendría que romper los límites tan estables, tan bonitos, de la pequeña historia perfecta del siglo XX mexicano. Esto puede ser doloroso, pero de eso se trata. La autocomplacencia no es progresista, no es liberal, no es de izquierda: es la arrogancia del poder, que tiende a convertirse en inercia sin sentido.
Renato González Mello
Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es miembro de la Academia de Artes.