Una de las conclusiones de los estudios sobre la violencia de género en la educación superior es que, en ocasiones, el silencio y la complicidad de las autoridades universitarias imposibilitan el desmantelamiento de estas conductas. Aun cuando existen medios para denunciar, las víctimas enfrentan distintas trabas, desde el miedo a contar su historia, hasta la falta de sanciones.

Paola Arenas, docente en la Universidad de Guanajuato, campus León, está cansada de relatar el momento en que fue víctima de violencia de género en el trabajo. Desde finales de 2016, cuando creyó pertinente solucionar el problema de manera personal, ha contado su historia ante distintas instancias de la universidad.

Hablar personalmente con su agresor, que era su par académico, empeoró la situación pues derivó en lo que Arenas refiere como mobbing laboral, término que desconocía hasta que comenzó a sentir aislamiento en la oficina y una forma de violencia grupal dirigida explícitamente hacia ella. “Yo llegué a invitar a varias personas a mis eventos y hoy ya no soy invitada a ninguna reunión. Son situaciones pequeñas, pero que generan exclusión. Yo soy la incómoda”, relata.  Seis meses después del episodio que desató todo, Arenas decidió acudir a la dirección de la División de Ciencias de la Salud, la cual le ofreció una mediación. “Nunca me pidieron que estuviera presente con la persona a la que estaba imputando. Como ya había ido con la Procuraduría de Derechos Humanos [de la universidad] me ofrecieron una audiencia con el Rector General, al que tenía que llevarle documentos para demostrarle que era una persona honorable. Cuestionaron lo que estaba diciendo”.

Ilustraciones: Estelí Meza

A pesar de que el Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género tenía más de un año de haber entrado en vigor en la universidad, la profesora Arenas tuvo conocimiento de éste hasta noviembre de 2017. No es que las autoridades lo escondieran, sino que en León ignoraban la existencia del programa denominado Ugénero. Dicho protocolo se creó a raíz de la denuncia de acoso sexual de la alumna Isabel Puente contra el profesor Julio César Kala en 2015. Las autoridades crearon el Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato, puesto en marcha en abril de 2016, y un mes después se implementó el protocolo. Actualmente Ugénero cuenta con un sitio web en el cual se detalla su propósito así como las vías para denunciar. Las personas del programa que atendieron a Arenas “han sido empáticas”. “Me sentí muy acompañada por la psicóloga; me daba elementos conceptuales para entender que hubo mobbing y violencia por mi condición de género”.

En general, estos protocolos entienden la violencia con una perspectiva de género, es decir, entienden que incluso los hombres son susceptibles a ser dañados física y psicológicamente, pero están elaborados para proteger sobre todo a las mujeres en tanto la violencia de género las afecta más a ellas, según demuestran las estadísticas.1 Un informe publicado por la UNAM con datos sobre la situación de violencia de género en la institución señala, por ejemplo, que solamente el 2 por ciento de las denuncias en el último año (251) fueron hechas por hombres.

Las universidades son espacios donde se reproduce la violencia estructural que hay en el exterior y son pocas las que cuentan con estadísticas para develar el problema específico del género. Apenas en 2018 se creó el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) que elaboró un sistema de medición de avances institucionales para erradicar la violencia de género en una escala del 0 al 5, en el que cero significa un avance nulo y cinco, consolidado. El estudio en 40 instituciones de educación superior de todo el país arrojó un promedio de 1.5.

En la Universidad de Guanajuato, el proceso para solicitar el auxilio de Ugénero es bastante sencillo. La denuncia se puede presentar de forma presencial, vía correo electrónico o por teléfono. Después, la persona de la ventanilla Ugénero conversa personalmente con la víctima para dilucidar la gravedad del asunto. Se levanta un acta y se le ofrece apoyo psicológico y asesoría legal. Así se genera el expediente que será enviado al área competente dentro de la universidad y de acuerdo con el lugar que ocupe la víctima dentro de la institución. En este proceso, cuyos meses de resolución varían según el caso, solamente hay siete mujeres en el equipo de Ugénero para atender a una matrícula de 42 mil alumnos, es por esto que se complica la aplicación del protocolo.

La Universidad de Guanajuato consta de cuatro campus: Irapuato, Celaya, León y Guanajuato. En este último se ubica la oficina de Ugénero, y dado que la atención siempre es personalizada, a veces las especialistas se tienen que desplazar hasta 70 kilómetros. “Se vuelve una locura. Se está tratando de tener una persona de primer contacto por campus. El desplazamiento implica tiempo y es costoso. El abogado y el psicólogo van adonde está la persona”, explica Lourdes Gazol Patiño, coordinadora del programa.

Prevención y sanciones

Otro de los retos refiere a los órganos que juzgan los actos. Una vez realizado el expediente, Ugénero carece de jurisdicción para determinar el tipo de sanción o bien para determinar quiénes deben ser los jueces. Se trata de tres distintas instancias según los involucrados: Comisión de Honor y Justicia, Contraloría General y la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, Paola Arenas acusó que dentro del Comité de Honor y Justicia de su campus había gente cercana a su agresor. Afortunadamente, logró que su caso fuera revisado por el comité general integrado por gente externa al comité de su campus.

De 153 expedientes que se abrieron en dos años, Ugénero desconoce el tipo de sanciones que han implementado dichas instancias. “Es adonde nos tenemos que meter. Sentimos impotencia porque no está en nuestras manos. Ahora, una nueva normatividad nos permitirá tener más clara la parte de la impartición de justicia y apostarle a la parte de prevención”, dice Gazol Patiño.

Hace unos años, las autoridades de una universidad pública de la Ciudad de México descubrieron que un alumno golpeó a su pareja estando dentro de las instalaciones.2 Para quienes analizaban el asunto era imposible determinar una sanción pertinente, por lo que le pidieron su consejo a la doctora María Huacuz Elías, especialista en violencia de género de la UAM-Xochimilco. “Yo les dije: ‘miren qué curioso, expulsan a un chico que copia una tesis pero me están preguntando si un chico que golpea a su novia amerita expulsión’”, relata. La anécdota la utiliza para ilustrar la relevancia de las sanciones desde el ámbito universitario, pues si bien las autoridades no pueden intervenir en las tareas de un Ministerio Público, éstas deben llevar su propio proceso con claridad.

Desde 2011, Huacuz Elías y otras colegas de la UAM-Xochimilco comenzaron a crear el Protocolo para la Atención de la Violencia de Género que entró en vigor hasta mayo de 2018. Con más de ocho años investigando el tema, la experta otorga una definición de los protocolos: “Es un documento en el que tienen que quedar claros los pasos que la universidad seguirá para disminuir la violencia de género. Te permite ver la ruta más adecuada y la que menos afecte a las víctimas. Tiene que decir qué es lo que tiene que hacer cada una de las instancias de la universidad cuando llega un caso”, define.

Para la especialista, la violencia dentro de las universidades está vinculada al contexto en el que se encuentran. Huacuz refiere, por ejemplo, que las alumnas de algunos de los campus de la Universidad Intercultural ubicados en zonas rurales y regiones indígenas están bajo la amenaza latente de grupos del narcotráfico. “Por su parte, lo que he visto en la UAM es que las alumnas viven mucha violencia en su casa y con sus novios. Cuando llegan con el profesor que las atosiga, para ellas es un continuum a veces indetectable. En este país un alto porcentaje hemos sido abusadas sexualmente por alguien en la infancia. Entonces con el tocamiento de un profesor te salta el abuso del tío. Si la persona que vive la violencia padece violencia en otro contexto, es más complicado”, explica. Uno de los problemas de los protocolos, dice Huacuz, es que surgen a raíz de hechos violetos que obligan a los rectores o directores a tomar acciones, pero dada la premura de los casos, las instancias carecen de grupos de especialistas que tengan la capacidad de operar el protocolo.

Solidaridad entre las víctimas

En general los protocolos universitarios que existen se han creado a partir de las redes de solidaridad que tejen las víctimas. Una vez presionadas, las autoridades resuelven activar el mecanismo. En algunos casos, las mismas alumnas están involucradas en la redacción del protocolo, como sucede en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en donde, desde septiembre del año pasado, se integró una mesa sobre violencia de género con alumnas de todas las carreras y generaciones.

Miembros de ese del colectivo relataron que la situación que se vive dentro de las instalaciones de la ENAH con respecto a la violencia es grave; tanto profesores como alumnos suelen acosarlas a través de redes sociales o físicamente en el campus. En una ocasión, un alumno empezó a hacerle insinuaciones sexuales a su compañera tanto en las instalaciones como por las redes sociales. Como reacción a las negativas que ella le daba, un día y frente a varios compañeros en el espacio McENAH, el agresor la amenazó con una hoz. El episodio fue denunciado, pero el departamento la ignoró. Además, quien atendía los casos de violencia de género era un hombre sin especialización, como ocurre frecuentemente en las universidades que carecen de protocolo. Las alumnas de la ENAH protestaron y lograron que fuera reemplazado por una abogada experta en la materia.

Otro ejemplo de movilización es el del Colegio de México. La mañana del 13 de noviembre de 2018, las instalaciones del Colmex amanecieron repletas de denuncias sobre la violencia que viven las mujeres a diario en una de las instituciones académicas con más prestigio en el país. Besos no deseados, albures en medio de la clase, desdén intelectual, tocamientos por parte del personal administrativo, miradas lascivas y juicios sobre su apariencia fueron algunas de las quejas que redactaron bajo el hashtag “AquíTambiénPasa”.

De acuerdo con el colectivo de mujeres responsables del movimiento, la protesta surgió luego de que un caso de acoso fuera desatendido por las autoridades. “La compañera fue primero con una profesora, y ella le recomendó no denunciar porque se iba a desgastar. Luego fue con la junta de profesores del Centro de Estudios Internacionales, donde solo hay una mujer y cinco hombres. Al final, el Centro se declaró incompetente para resolver el caso. El alumno que cometió la agresión no tuvo castigo”, relatan.

Aquel martes, mientras los pizarrones estaban tapizados de denuncias, algunos profesores preguntaron sobre la magnitud del problema; otros lo ignoraron o se sintieron ofendidos. Al día siguiente llamaron a las alumnas del Centro para dialogar con ellas, y les comentaron que efectivamente existía un protocolo provisional. Tres semanas después les enviaron el documento que, de acuerdo con el colectivo de alumnas, no establece consecuencias.

El Colmex tiene la desventaja de que, como su matrícula es reducida, las generaciones están conformadas por grupos de 30 personas; entonces, cuando sucede un acto de violencia de género, las alumnas o alumnos están expuestos a encontrarse a su agresor todos los días. Asimismo, explican, dado que algunos profesores gozan de prestigio internacional, es muy difícil pensar en levantar una denuncia contra alguno de ellos.

Si bien las alumnas celebran la iniciativa de las autoridades de implementar un protocolo que entrará en vigor en marzo, también lamentan que el interés haya surgido luego de la protesta de #AquíTambiénPasa y su alcance mediático. El colectivo que agrupa alrededor de 30 estudiantes espera que el protocolo tenga delimitadas las sanciones que se interpondrán así como un plan para prevenir el acoso, pues una de las consecuencias más graves de este tipo de violencia recurrente es que las alumnas decidan abandonar sus estudios a causa del miedo.

El miedo a denunciar

Le sucedió primero como alumna de la UNAM y luego como investigadora de la misma institución. Durante más de 12 años, esta abogada fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor. A sus 36 años relata que el agresor se hizo pasar por su colega, mentor y amigo. Decidió romper el silencio cuando se enteró que las becarias que trabajaban con él también estaban siendo acosadas. “Se trataba de un colega al cual le guardaba gratitud y sentimientos de compasión. Es decir, normalicé conductas abusivas y violentas que después noté que eran generadas por la manipulación”.

La víctima sabía de la existencia del protocolo que la UNAM publicó en la Gaceta el 29 de agosto de 2016. Sin embargo, antes de asistir a la Unidad de Atención de Quejas y Denuncias (UNAD) sintió miedo. Pensaba que de alguna manera era cómplice de su situación y la de las becarias debido al silencio de tantos años. Otro temor era que el procedimiento no se condujera con imparcialidad. Gente alrededor le hacía comentarios negativos en contra del protocolo: “usarán tu caso como bandera sin importar que tu reputación se vea mermada”, le dijeron.

Aun así, se atrevió a hacer la denuncia y a lo largo de cinco días recibió apoyo psicológico y legal. Con el primero descubrió que padecía Síndrome de Estocolmo, y que justificó a su agresor durante mucho tiempo. En términos legales le fue complicado redactar la denuncia; tardó 15 días. “Era extremadamente doloroso repasar los mensajes de texto, de Whatsapp, las situaciones y recopilación de pruebas. Fui mi peor jueza; no recuerdo experiencia más dolorosa y traumática. De antemano advierto que romper el silencio no es tarea fácil”.

El proceso duró aproximadamente 30 días. Cuando las autoridades le notificaron al profesor que se abriría un proceso administrativo en su contra, el acosador prefirió renunciar a la UNAM antes que defenderse. Si bien la víctima quedó satisfecha con el resultado, el profesor burló la sanción. A pesar de que se corre el riesgo de que el profesor busque trabajo en otra institución y repita las conductas abusivas, de ser consultada sobre sus antecedentes, la UNAM podría dar detalles de esto. Pero esto no siempre ocurre de esta manera. En el informe más reciente publicado por la UNAM, de los 216 procedimientos iniciados, el 67.5% concluyeron en sanción y el 3.2% se resolvieron con medidas alternativas de las que no se conocen detalles.

Para poner en marcha un protocolo se necesitan recursos humanos especializados que acompañen a la víctima durante todo el proceso, así como sensibilizar a quienes estarán involucrados en las diversas instancias; de lo contrario, las víctimas difícilmente se sentirán protegidas para denunciar. Por ejemplo, del año 2003 al 2016, antes de la entrada en vigor del protocolo de la UNAM, las autoridades atendieron 325 quejas de violencia de género. Actualmente, ya con un mecanismo en el que al menos participan veinte especialistas, reciben 25 quejas al mes. Durante estos dos años de vigencia, se han implementado nuevos mecanismos en el protocolo, como son las medidas urgentes: cuando la víctima comenta expresamente que se siente en riesgo mientras la investigación sigue su curso y las autoridades determinan cambiar de turno al agresor o trasladarlo a otro plantel. Hasta el momento estas medidas urgentes se han utilizado 90 veces, y en todas ellas el agresor ha sido hallado culpable.

“Una de las acciones que se buscaron fue fortalecer la UNAD para que hubiera atención especializada. Hay una psicóloga especialista en violencia de género y se contrató a una abogada, también especialista. Otra área que se creó fue la de procedimientos alternativos”, explica la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró. Estos procedimientos se usan cuando las víctimas no quieren llegar hasta las últimas instancias si existe consentimiento entre ambas partes. “Lo que hacen los procedimientos alternativos es buscar que la víctima pueda expresar al agresor lo que causó la violencia en su vida, y que el agresor tenga un proceso de aprendizaje de que lo que él consideraba normal constituye un acto de violencia de género”, explica González Contró. En una ocasión, por ejemplo, un académico le dio un beso a una alumna. Ella se quejó, pero prefirió solucionarlo con una medida alternativa: le escribió una carta explicándole su sentir. El profesor respondió de la misma manera. Luego, la alumna les comentó a las autoridades que el académico terminó agradecido, pues dijo que no se había percatado de que esos actos eran violentos.

Para poder levantar un análisis estadístico preciso, el protocolo de la UNAM tipifica la violencia en 8 tipos con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tomando en cuenta “conductas que se considera deben ser visibilizadas en el contexto de la Universidad”. Éstas son: 1. Violencia psicológica, que incluye conductas como la negligencia, la humillación, la marginación y la amenaza; 2. Sexual, que se refiere a la participación no consensuada en un acto sexual, desde tocamientos indeseados a violación; 3. Física; 4. Económica, que limita las percepciones económicas de la víctima; 5. Patrimonial, que se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, imitación, retención, distracción o cualquier daño a los objetos, documentos, bienes y valores de la víctima; 6. La discriminación por sexo, identidad de género u orientación sexual; 7. Hostigamiento sin connotación sexual: molestia repetida contra alguie; y 8. Acoso sin connotación sexual: persecución ininterrumpida para establecer contacto personal.

Lo que falta

La creación e implementación de protocolos es apenas un primer paso contra la violencia de género en las universidades. Aun con el mecanismo ya vigente, la UNAM, por ejemplo, no pudo evitar el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio ocurrido el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Incluso en los días posteriores la procuraduría local determinó que se trataba de un suicidio. Ante la inconformidad de la madre de la víctima, agrupaciones feministas y autoridades de la UNAM, la Procuraduría tardó casi un año en tipificar el crimen como feminicidio. De acuerdo con la abogada Sayuri Herrera, la UNAM ha respaldado el caso a través de un grupo de expertas en género quienes han acompañado a la madre de Lesvy.

A más de dos años y medio, el juicio de Lesvy ni siquiera ha comenzado, y la defensa del presunto feminicida busca revertir la tipificación del crimen a homicidio simple. “El reto es la resistencia cultural que existe, esta postura de no querer reconocer que estas conductas no son aceptables, en particular en las relaciones de pareja”, explica González Contró.

Los estudios sobre la violencia de género dentro de las universidades derivaron en la creación de protocolos para que las víctimas pudieran denunciar sin miedo a sus agresores, así como recibir apoyo psicológico y legal.3 Sin embargo, las universidades enfrentan diversas resistencias según su contexto: desde el escaso personal especializado que opera los protocolos y la imposibilidad de intervenir en las sanciones, hasta la indiferencia de las autoridades.

Es complicado esgrimir juicios sobre los protocolos en términos cuantitativos, pues la estadística sobre el funcionamiento de estos todavía es muy poca. Algunas universidades se encuentran actualmente levantando censos para conocer, por ejemplo, qué cantidad de alumnos y autoridades están al tanto de la existencia de sus propios protocolos. El camino está trazado, pero aún falta mucho por hacer.

 

Daniel Melchor
Periodista independiente. Ha escrito para Vice, New York Times en español y Reforma.


1 Ver protocolo de la UAM-Xochimilco.

2 Por motivos de confidencialidad, el testimonio no precisa la institución a la que se refiere.

3 María Huacuz Elíaz y María Gamboa Solís., “The University and Gender-based Violence: Feminist Experiences and Reflections from Mexico”, Annual Review of Critical Psychology, 15, 2018, p. 82-99.