México es hoy una potencia cultural global: de los últimos seis Óscar para dirección de cine, cuatro han sido para mexicanos en un periodo en el que nuestro país ha obtenido galardones en otras ocho categorías. En el mismo lapso, creativos mexicanos han ganado dos premios en el Festival de Cannes, siete en Venecia, dos en Berlín y dos en Sundance. En el terreno literario, entre 2012 y 2018, México ha obtenido dos Premios Cervantes, un Sor Juana Inés de la Cruz, un Planeta y un Princesa de Asturias, y sigue albergando la segunda feria del libro más importante del mundo. Dos chefs mexicanos figuran en la lista de los 50 mejores. México ha formado parte en los últimos seis años de los tres eventos más importantes del mundo del arte, con representantes en Documenta 13 y 14, así como presencia continua en la Bienal de Venecia y las ferias del sistema Art Basel, además de albergar la colección privada y la feria de arte contemporáneo más importantes de América Latina.

Estos logros se han producido en un entorno cuando menos adverso a la actividad cultural independiente en nuestro país, al menos en lo que toca al presupuesto. Y es que, en idéntico lapso, los recursos federales asignados a cultura se han visto disminuidos, merced a un decremento anual sostenido, en un 32 por ciento. México es, pues, una potencia cultural pero a pesar de sí mismo. O, cuando menos, del Estado mexicano.

Ilustración: Izak Peón

En las últimas décadas, los presupuestos para el sector se han mantenido en niveles por debajo del 0.5 por ciento del PEF —para este 2018 del 0.3 del PEF y el 0.07 del PIB— incluso a pesar de que México ha firmado acuerdos internacionales que nos comprometen a elevarlos. En la Declaración de Valparaíso, de la que somos firmantes, se estipula que los países procurarán asignar a cultura un mínimo del 1 por ciento de su presupuesto general, lo que para nosotros habría equivalido en 2018 a 52 mil millones de pesos, cifra muy distante de los poco menos de 13 mil de que dispusimos. Esto por no compararnos con Brasil, Costa Rica, España, Portugal y Cuba, que destinan a cultura una media anual del 0.5 por ciento ya no del PEF sino del PIB, modelo que, de haber emulado México, habría redundado en una cifra cercana a los 110 mil millones de pesos.

El asunto no es menor. Y no solo porque el retorno de inversión para el país del gasto en cultura es alto sino porque, más allá de sus nada desdeñables réditos económicos, la inversión en cultura lo es también en ciudadanía.

Si un ciudadano es, por definición, miembro legal de un Estado soberano, será, también por definición, parte de una comunidad. En una concepción dinámica de la ciudadanía, el ciudadano cultivará un interés activo y responsable —o, mejor, proactivo y corresponsable— por su entorno. No podemos, sin embargo, ocuparnos de lo que afecta a todos si no gozamos de condiciones mínimas, que suponen no solo un modo de vida digno y cabal salud sino ser libres y tener discernimiento, para lo cual será indispensable ejercer el pensamiento crítico: ser capaces de disentir pero también de estar de acuerdo a partir del desarrollo de un sistema propio de valores, que confrontaremos con la realidad gracias a una inteligencia aguzada.

La educación constituye el soporte básico del andamiaje intelectual del ciudadano. Sin embargo, en un país cuyo sistema educativo acusa una crisis al parecer irresoluble, igual o más importante será la exposición a la cultura para desarrollar esas capacidades.

Los productos culturales problematizan y sensibilizan: llevan a quien los consume a confrontar ideas ajenas con las propias, a partir de lo cual producirá nuevas ideas que, a su vez, entrarán en diálogo con el entorno­; abren a la posibilidad de ser perturbado o descentrado, lo que conduce a analizar lo experimentado de manera sensible, sirviendo otra vez como acicate a la inteligencia.

Si bien esa visión dista de haber sido la de un Estado que, hasta ahora, no ha concebido la política cultural más que como fomento a las artes, y que la ha mantenido al margen de los procesos de creación de ciudadanía, existen ya iniciativas impulsadas por la sociedad civil que conciben la cultura como un ejercicio de ciudananía activa que detona procesos de aprendizaje a partir de la poblematización del espacio público, la memoria y las relaciones sociales. Son estos proyectos que el Estado debe no soolo fomentar, financiar y vincular sino cuyo ejemplo debe seguir, a fin de detonar procesos orgánicos de construcción de ciudadanía en todo el territorio nacional.

El presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, pugna este 12 de diciembre por un piso al presupuesto de cultura de 22 mil millones de pesos, potencial primera piedra en la edificación de la cultura como sector estratégico. Apoyar esa iniciativa se antoja deber no solo de todo integrante de la comunidad cultural sino de todo mexicano que aspire a vivir en una sociedad de ciudadanos.

 

Nicolás Alvarado
Escritor y promotor cultural.