Buena parte de los trabajadores del Estado que laboran en las dependencias culturales son contratados según el Capítulo 3000, lo cual quiere decir que no tienen derecho a prestaciones básicas. Por si fuera poco, el gobierno tarda meses en pagarles. Esta situación ha dado pie a una serie de protestas públicas. El siguiente reportaje recoge los ecos de este problema que aqueja a muchos de los que velan por nuestro patrimonio más preciado.

Fernando1 sabe que ha tenido suerte. Como antropólogo asignado a una de las regiones más violentas del país lo único con lo que ha tenido que lidiar es con las autodefensas. “Una vez en Tierra Caliente unas autodefensas estaban en estado de ebriedad y querían ejercer su autoridad. Me cuestionaron, me preguntaron que a dónde iba, qué hacía. Al final, me dejaron. Me fue bien”, cuenta. Sin embargo, conoce historias en las que miembros del crimen organizado entran a los cuartos donde se hospedan sus colegas y los amenazan. “Siempre está el riesgo de que haya gente armada”, dice el experto.

Él es uno de los seis antropólogos que investigan dentro del estado de Michoacán para el programa “Etnografía de las Regiones Indígenas de México” que coordina el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). También es uno de los investigadores que trabaja para la institución bajo el contrato denominado Capítulo 3000, es decir, por honorarios.

Fernando no goza de aguinaldo, vacaciones, mucho menos de seguro médico. Las veces que se ha enfermado mientras está trabajando en alguna comunidad indígena, compró las medicinas con su dinero. De hecho, en sentido estricto, ni la Secretaría de Cultura (SC) ni el INAH lo reconocen como su trabajador sino como un simple proveedor. Si las autodefensas o el crimen organizado llegaran a hacerle daño, nadie respondería por él.

Cuando el antropólogo comenzó a trabajar para este programa en 2012 estaba contratado bajo Capítulo 1000, figura que considera prestaciones como el aguinaldo. Fue en 2017 cuando le informaron que sería contratado bajo honorarios, sin que pudiera hacer algo al respecto.

“También se restringió el tiempo en trabajo de campo. En otras épocas los investigadores podíamos pasar 2 o 3 meses, pero ahora ya está en 30 días. En realidad, no es nada justo porque estamos trabajando para una institución importante. Ya sea una gripa o una enfermedad más fuerte debería correr por cuenta de quien nos contrata. Lo triste es ver cómo los derechos laborales quedan de lado”, lamenta.

Pertenecer a la función pública de la cultura en México significa tener el privilegio de trabajar de cerca con uno de los patrimonios culturales más grandes de la humanidad. Así lo piensa Ernesto Miranda Trigueros, encargado de coordinar la estrategia digital de la SC, en relación a las colecciones de los museos o a las zonas arqueológicas. Sin embargo, con más de diez años de experiencia como funcionario cultural, Miranda reconoce que el presupuesto que se le asigna a la SC y los derechos laborales de sus trabajadores no corresponden a la magnitud de ese patrimonio. “Las contrataciones y prestaciones a veces no son las esperadas o equivalentes a otros sectores del gobierno federal. Debe de implicar una dotación mayor de presupuesto y dentro de eso la formación de capital humano y su dignificación”, asegura.

Bajo Capítulo 3000 están contratados curadores, museógrafos, bibliotecarios, comunicólogos, arqueólogos, restauradores y otros profesionales que sacrifican sus derechos laborales por ejercer su carrera a plenitud. Miranda Trigueros es un ejemplo de esto. Anteriormente estaba incorporado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como director adjunto de promoción cultural, un empleo con prestaciones que cambió para ser contratado como coordinador de la agenda digital, pero bajo Capítulo 3000. “Tiene que ver con la vocación. Si hubiera tenido hijos, tal vez me hubiera quedado, aunque no fuera de mi total satisfacción. (El empleo) se alejaba mucho de mi camino”, dice.

Miranda, como miles de trabajadores del INAH, de la Coordinación Nacional de Teatro, de los museos Bellas Artes, Tamayo, Casa Estudio Diego Rivera, entre otros, comenzaron el 2018 con un atraso en sus pagos, algunos de ellos hasta de tres meses.

A principios de año, a quienes están contratados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) bajo Capítulo 3000 les exigieron entregar documentos para ser recontratados vía outsourcing, con lo que les aseguraban tener prestaciones a cambio de una disminución de su salario. En respuesta, el 28 de febrero, en la fachada de uno de los museos más importantes del país apareció una manta: “Los trabajadores del Museo Nacional de Arte estamos en contra de la entrada de más empresas de outsourcing al INBAL. ¡Exigimos respeto a nuestros derechos laborales!”.

Para el 20 de marzo, el descontento creció en redes sociales. Ya no era únicamente la intención de subcontratarlos, sino que no habían recibido su salario. Las cuentas de Twitter @capitulo_3000 y @yapagameINAH se abrieron para exponer todas las demandas bajo el #YaPagameINBA, al que incluso se sumó la cuenta oficial del MUNAL. Museos como el de Arte Moderno (MAM) y el Tamayo suspendieron actividades. De hecho, algunos trabajadores relataron que ni siquiera tenían dinero para transportarse a sus oficinas.

Ante la falta de pago, el 26 del mismo mes decidieron manifestarse en la explanada de Bellas Artes, donde los reclamos ya incluían la obtención de derechos laborales. Por tal motivo, dentro del pliego petitorio, los afectados demandaron la creación de plazas. Si bien la presión obligó a las autoridades a pronunciarse, los pagos comenzaron a ser depositados hasta abril. Posteriormente, en una reunión en el Museo Tamayo, el director jurídico del INBA, Héctor Domínguez, señaló que no está dentro sus posibilidades crear las plazas ni “darles un trato de empleados ni de trabajadores”.

Sin los Capítulo 3000 no existiría la vida cultural. No habría visitas guiadas, ni serían posibles las restauraciones, tampoco las investigaciones arqueológicas. La precariedad laboral no distingue por los cargos que ocupan ni el nivel de estudios. Tal es el caso de Adrián,2 pues sin importar su doctorado, cursos de capacitación y su cargo en uno de los museos más populares de la capital, está sujeto a un contrato que lo identifica como proveedor: “El prestador de servicio entregará un informe de labores impreso y firmado”, especifica su contrato.

Sin Adrián, nadie autorizaría préstamos y listas de obra, nadie contactaría a los coleccionistas, tampoco se solicitarían los aseguramientos; en suma, el museo no tendría exposiciones. Sin embargo, cuando hay que montar alguna se queda trabajando junto con sus compañeros hasta las 3 de la mañana. “Se aprovechan por una razón simple. Nuestras fuentes de trabajo primarias están o en INBA o INAH o en otra área de la Secretaría de Cultura. Antropólogos, etnólogos, historiadores del arte, ¿dónde te van a contratar? Saben que es fuente primaria [de empleo] para personas que escogimos las humanidades. Tienen la sartén por el mango”, explica.

De las aproximadamente 30 personas que conforman el museo, nueve están por honorarios, pese a que laboran más de ocho horas al día. En 2017  tuvieron un presupuesto de poco más de un millón de pesos para exposiciones. Y con eso hacen lo que se puede, cuenta Adrián, quien sabe que para una exposición hay que pagar embalaje, transporte, custodia, catálogo, entre otras cosas.

Con más de 5 años de experiencia trabajando para el INBA, Adrián sabe que los atrasos son una constante, sin embargo, asegura que esta situación se agudizó desde la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015; la dependencia lleva dos años recibiendo presupuesto. En 2017 alcanzó la suma de 12 mil 428 millones, mientras que este año aumentó únicamente en 488 mil pesos. “Se creó pensando para que fuera autónoma, capaz de pedir más presupuesto. Pero no. Y claro que he buscado otros trabajos. Te lo digo, muchos de nosotros vivimos con un pie fuera”, dice.

 

 

Una investigadora del museo ilustra su desamparo laboral con la imagen de los comisarios, personas bajo Capítulo 3000 que se encargan de acompañar las piezas durante los traslados: “Imagínate, las obras van aseguradas, pero los comisarios no”.

Para Carlos de Buen, abogado laboralista miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, contratar a trabajadores indispensables por concepto de honorarios es una violación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues un prestador de servicio no debería estar sujeto a horarios fijos, ni tendría que acudir a las oficinas.

Además, es contraproducente, por ejemplo, que alguien con el puesto de Adrián firme documentos para autorizar exposiciones. “No tendría la representación legal de la Secretaría. Es sumamente raro para una persona que está haciendo actividades que son propias de la estructura de la Secretaría. Todo forma parte de la irregularidad”, señala.

La carencia de prestaciones a través de un pago de servicios profesionales es un vicio común en el gobierno federal, según el abogado, pero que tiene como principales responsables a la Secretaría de Hacienda, que elabora el presupuesto, así como a la Cámara de Diputados, que lo aprueba. De Buen conoce de cerca el problema. Fungió como director general de asunto jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social de 2000 a 2003, dependencia en la que se encontró con la misma situación. “Se logró reducir los contratos de honorarios, lo cual también nos dice que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas”, asegura de Buen.

De acuerdo con el abogado, comprobar que se trabaja de tiempo completo es sencillo por lo que una de las alternativas que tienen es presentar una demanda ante Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. “Lo más seguro es que ganen el asunto”, concluye.

El panorama desde el punto de vista de los sindicatos tampoco es esperanzador. A la par de la creación de la Secretaría de Cultura nacieron nuevos organismos sindicales que agrupan a quienes anteriormente pertenecían al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El motivo de la escisión, de acuerdo con De Buen, es que un mismo sindicato no puede tener representación en dos secretarías distintas, por lo que actualmente existen alrededor de veinte sindicatos que únicamente pueden pronunciarse sin repercusión.

“El sindicato mantiene entre sus demandas el respeto a los derechos laborales de estos trabajadores. Legalmente no podemos afiliarlos porque no son compañeros de base. Pero no los dejamos desamparados, como sindicato los respaldamos”, dijo Juan Manuel Hernández, representante del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), el cual tiene alrededor de 7 mil 500 agremiados.

Los Capítulo 3000 asisten a su trabajo, a menudo en condiciones de hacinamiento, con la angustia de enfermarse en cualquier momento, sufrir un accidente o toparse con el crimen organizado, mientras las autoridades son indolentes: a casi dos meses de que se manifestaran en la explanada de Bellas Artes, y que en el INBA se comprometieran a realizar los pagos puntualmente bajo calendario, el mes de abril no les fue depositado a tiempo.

A algunos todavía les queda la esperanza de que la próxima administración de la Secretaría de Cultura los represente ante Hacienda para que regularicen a algunos de los miles de trabajadores que como Fernando y Adrián hacen brillar el patrimonio cultural de México.

 

Daniel Melchor. Periodista independiente. Ha escrito para Vice, New York Times en español, y colabora en la organización de investigaciones periodísticas Quinto Elemento Lab.


1 Nombre ficticio. El investigador que trabaja para este programa del INAH desde 2012 pidió el anonimato por temor a represalias.

2 También pidió el anonimato por temor a represalias del INBA, para quien trabaja desde hace más de 5 años.