Notas para una constitución moral   

Comala e Ixtepec son dos pueblos ficticios donde abundan el rencor y la nostalgia en lugar de la ilusión, debido a la crisis moral que viven sus habitantes por distintas situaciones políticas. Este ensayo explora el papel del Estado en el orden moral de las sociedades planteado en dos clásicos de la literatura mexicana: Pedro Páramo y Los recuerdos del porvenir.

En los primeros días del confinamiento, el subsecretario López-Gatell respondió durante una conferencia de prensa que “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. La elección de términos parece improvisada, hecha al calor del momento para salir del paso a las preguntas de los medios. Sin embargo, la idea de que el presidente es una fuerza moral no es invención del subsecretario. Se encuentra reiteradamente en el diagnóstico del gobierno federal que adjudica los problemas más graves del país a una crisis moral y encuentra su solución en un gobierno honesto. Según el prólogo de López Obrador a la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, “la decadencia que hemos padecido por muchos años” se origina en “la pérdida de valores culturales, morales y espirituales”. Desde varias instancias federales se ha repetido que problemas como la inseguridad, la delincuencia organizada y la violencia doméstica ocurren por el olvido de tradiciones y valores. La solución consiste en recuperarlos.

La administración actual, al contrario de las anteriores, reconoce que el Estado es una fuerza moral: sus acciones tienen consecuencias sobre el conjunto de emociones, presiones sociales y compromisos personales que hacen actuar a los ciudadanos de cierta manera. Entendida de esta forma, la moral se vuelve un objeto de política pública. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la transformación moral del pueblo mexicano debe fundamentarse en la “regeneración ética de las instituciones y de la sociedad” mediante la “intención ejemplificante” de los servidores públicos. Los funcionarios pueden transformar la moral del pueblo guiando con el ejemplo. Deben ser austeros, honestos, respetuosos de las libertades para regresar a la “confianza previa en el buen comportamiento de la mayoría de las personas”. La política pública para resolver la crisis moral se fundamenta en la restauración de un pasado más promisorio que los futuros imaginables. Es regeneracionista, como el partido en el gobierno. ¿Podría ser que la orientación al pasado del regeneracionismo sea un síntoma de la crisis moral más que un primer paso para su solución?

Dos novelas mexicanas son útiles para entender en clave histórica la relación entre la crisis moral y los obstáculos a la imaginación de futuros colectivos. Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo y Los recuerdos del porvenir (1963)de Elena Garro describen situaciones políticas en las que la impunidad destruyó la capacidad de la gente para imaginar futuros. Los habitantes de Comala, en Pedro Páramo, se encuentran encerrados en el tiempo circular del purgatorio. Susurran sus culpas sin poder expiarlas desde que el cacique Pedro Páramo se cruzó de brazos para dejar morir al pueblo. El rencor que le tienen impide que sus almas descansen. Por eso, en Comala se dice que Pedro Páramo “es un rencor vivo”. Las almas del pueblo seguirán penando mientras no haya un castigo que desagravie su sufrimiento. En Los recuerdos del porvenir, Ixtepec es un lugar repleto  de pasado. Los repentinos cambios de humor del general Francisco Rosas mantienen en la incertidumbre a los habitantes del lugar, quienes han hecho que la memoria se convierta en su único pasatiempo. Por eso se dice que en Ixtepec “falta la ilusión” o que “la ilusión se paga con la vida”. Nadie se dedica ya a imaginar posibilidades.

Ilustración: David Peón

Los órdenes políticos de Comala e Ixtepec imitan el de muchos otros pueblos y ciudades de México. Son órdenes que han vuelto imposible la justicia. En ellos no hay confianza en que se restaure un orden moral donde las personas que no cumplan las expectativas de comportamiento reciban un castigo. Estos lugares viven dominados por caciques que pueden matar y castigar con impunidad. Por eso la ley tiene mala fama. La gente no la utiliza ya ni siquiera como un referente moral para distinguir lo bueno de lo malo. Cuando la ley la ejecutan desaforadamente los poderosos, no puede servir para juzgarlos a ellos. Los habitantes de Comala e Ixtepec podrían decir lo que dicen los de Luvina en otro texto de Rulfo: que de la madre del gobierno no saben nada, que “el señor ese sólo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta Luvina y se lo matan. De ahí en más no saben si existe”. El gobierno y su ley sirven para castigarlos, nunca para protegerlos.

Los habitantes de Comala e Ixtepec tampoco pueden ya garantizar un orden justo por sí mismos. A pesar de que ambos lugares están llenos de murmullos y los rumores ruedan de boca en boca, los chismes ya no sirven para forzar a las personas a cumplir expectativas morales. Ni siquiera provocan remordimiento. Pedro Páramo y el general Francisco Rosas no sienten culpa de todos los campesinos a los que han ahorcado o dejado ahorcar para apropiarse de sus tierras. Más que para generar vergüenza, la circulación de rumores sirve para comprobar la fama de desalmados sobre la que descansa el poder de los caciques. Entre más gratuita es su violencia, más férreo su control sobre la gente.

Las autoridades tradicionales de ambos lugares han abandonado también sus prerrogativas para garantizar cierto orden moral mediante la sanción de los comportamientos contrarios a las expectativas sociales. Son incapaces de castigar los asesinatos que cometen los caciques y sus secuaces para apropiarse de más tierras. A cambio de unas monedas de oro, el padre Rentería, de Comala, debe darle la bendición al cadáver de Miguel Páramo, el asesino de su hermano y violador de su sobrina. El padre Beltrán, de Ixtepec, bendice también las tierras que Rodolfito Goríbar roba a los campesinos indígenas ahorcándolos impunemente gracias a la pasividad de los militares encargados de garantizar el orden. Las autoridades tradicionales son igual de corruptibles que las gubernamentales. Son también incapaces de garantizar un orden moral.

Comala e Ixtepec, dos lugares ficticios, se asemejan a otros pueblos y ciudades del México contemporáneo. En la actualidad, sigue siendo raro que los más desamparados encuentren algún cobijo en la ley que se dedica a castigarlos. Es poco común que las víctimas de los crímenes más feroces, tales como los familiares de desaparecidos, clausuren su duelo. Por el contrario, experimentan normalmente una de las facetas más crueles de la impunidad: la convivencia cotidiana con sus victimarios que el sistema de procuración  de justicia no es capaz de procesar. Los rumores, ni siquiera a escala nacional, garantizan el remordimiento de las personas que rompen con las expectativas de comportamiento moral. Con frecuencia, frente a acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, los poderosos responden con cinismo porque saben de antemano que no enfrentarán las penas que les corresponden. Están como ejemplos el chiste de Bartlett sobre el Tren Maya cuando una reportera preguntó sobre sus propiedades o la sonrisa de Javier Duarte mientras era detenido. Por último, en zonas particularmente afectadas por la inseguridad, mucha gente  adjudica la crisis de violencia a la pérdida de valores o a la decadencia de la familia. Estas son formas de referirse a la falta de respeto por las autoridades tradicionales como sacerdotes, maestras o madres y padres de familia. ¿Será que la impunidad ha vuelto a México un país saturado de rencor que lo orienta hacia el pasado?

La impunidad engendra rencor. La retórica del gobierno actual ha sabido capitalizar esa emoción política que dificulta imaginar un futuro y es típica de la crisis moral que enfrenta México. Quizás si hubiera alguna moraleja en Pedro Páramo sería que los agravios sin castigo permanecen como una herida abierta, como un recuerdo del sufrimiento al que han estado sujetas las víctimas y que se vuelve imposible superar sin justicia. Cuando el duelo no termina, el tiempo se repite. La gente expía el rencor en un tiempo cíclico como el de Comala. Parte de la retórica del gobierno actual descansa sobre una polaridad que depende del rencor: conservadores, hipócritas, mezquinos, miserables, adversarios. Esos términos nombran a los culpables del orden injusto en México para capitalizar la ilusión que provoca clausurar el sufrimiento de las víctimas mediante el desagravio. El problema es que los límites de la venganza como plataforma política son estrechos a pesar de la esperanza que genera. Esto es porque la venganza no propone más soluciones que el castigo. Si bien es una ilusión poderosa que vuelve justas las acciones que en otras circunstancias parecerían exageradas, tiene un horizonte temporal corto e insatisfactorio. ¿Después del castigo qué? La venganza se fundamenta en el desagravio de una ofensa pasada, no genera por sí sola imágenes de un futuro promisorio. En eso se parecen a la nostalgia.

La nostalgia es quizás la emoción prevalente en crisis tan sostenidas como las que ha enfrentado México en relación con la impunidad. Después de vivir tanto tiempo en un orden moral incierto que no ofrece la ilusión de que los culpables serán castigados, el optimismo parece una disposición exclusiva de los ilusos. Tal vez esa es la principal moraleja de Los recuerdos del porvenir. La falta de ilusión hace que las personas se dediquen a rememorar, las motiva a encerrarse en un día único y repetitivo. El gobierno actual también ha sabido capitalizar esa nostalgia. El símbolo vacío de lo que algunos  han nombrado como la Cuarta Transformación depende de la memoria histórica, o mejor dicho, de la creación de un pasado nacional idealizado. La ilusión que podría generar su programa político no proviene de sus acciones venideras, sino de lo que ya lograron las tres transformaciones anteriores. El problema con una plataforma política sustentada en la nostalgia es que no ofrece más que la regeneración de circunstancias previas. Tal vez por eso se ha recuperado la oposición entre liberales y conservadores que articuló la política del siglo XIX, algunas políticas públicas actuales se experimentan como déjà vu del desarrollismo del siglo pasado y las figuras históricas han obtenido vigencia renovada en la discusión pública. El regeneracionismo como ideología política evita el problema de imaginar un futuro concreto y un programa para alcanzarlo. La guía de acción la marcan más bien los libros de historia, en particular los de texto gratuitos.

Para recapitular: la impunidad altera el orden moral porque impide que las personas reciban lo que merecen y vuelve la justicia imposible. Un orden moral incapaz de sancionar los comportamientos que violan las expectativas sociales engendra rencor, porque no hay un castigo que clausure el duelo, y nostalgia, porque la falta de ilusión dispone a las personas a rememorar. Por eso las plataformas políticas basadas en rencor y nostalgia son populares en circunstancias de impunidad. Sin embargo, tienen muchas dificultades para resolver el problema que las origina porque no presentan imágenes programáticas de futuro. Quizás por ello, aunque este gobierno  ponga la moral al centro de la discusión pública, no la toma muy en serio. Repartir la Cartilla Moral de Alfonso Reyes como campaña de moral pública y limitar el margen de acción moral del Estado a su “intención ejemplificante” son síntomas de la crisis que origina la falta de imaginación política. No apuntan a ningún programa para su solución.

La forma que tiene el Estado para moldear la moral del pueblo es su poder punitivo. La estrategia para transformar moralmente al país no debería ser una campaña de instrucción pública, sino un reordenamiento del aparato punitivo para impartir castigos justos que desagravien a las víctimas y expresen el descontento social por las transgresiones de los infractores. La ausencia de un castigo justo perpetúa las condiciones del poder desigual, arbitrario y exagerado que describen Pedro Páramo y Los recuerdos del porvenir. Reproduce la moral a la que estamos acostumbrados. Aquella que no tiene ya nada que ver con normas jurídicas. La que puede justificar desde el poder que “la justicia está por encima de la ley” porque ambas se presienten incompatibles. La refundación moral del país debería consistir en vincular la justicia con la ley, no en perpetuar su incompatibilidad aparente.

El primer paso para reconstituir el país moralmente debería ser financiar mejor a las fiscalías estatales para que se dediquen a distinguir entre quiénes merecen un castigo y quiénes no. Hay ya modelos para esto en el país. Consisten en mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los ministerios públicos, policías judiciales y peritos; invertir en equipos especializados, remodelar las oficinas, las bodegas de evidencia, los laboratorios; invertir en sistemas informáticos que puedan rastrear la etapa en la que va cada caso; y en hacer modificaciones administrativas para dar prioridad a los casos que más daño causan a la sociedad y así combatir el rezago. La implementación de estas reformas conlleva un gran costo político pues implica confrontar a los Pedros Páramos y Franciscos Rosas contemporáneos. Requiere un enorme esfuerzo de imaginación política, pero permitiría crear consensos sobre futuros deseables. México requiere que las emociones enfocadas hacia el pasado se transformen en consensos sobre futuros deseables. Reorganizar el poder punitivo del Estado para garantizar que la ley se imparta con justicia refundaría moralmente el país. Lo demás son buenas intenciones.

Esteban Salmon Perrilliat
Estudia el doctorado en antropología en la Universidad de Stanford..