Uno de los ejes centrales del proyecto de la Secretaría de Cultura serán los migrantes. ¿Bajo qué lógica se debe pensar esta categoría? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que esta nueva política puede entrañar?

Una de las ideas más sugerentes dentro de los ejes de trabajo propuestos por la nueva Secretaria de Cultura es la relacionada con los migrantes. Aunque todavía no se ha definido con claridad qué universo humano incluye la idea de migración en este discurso, el hecho de que se incluya potencia un cambio muy significativo no solo respecto a lo que puede significar el trato a migrantes, sino a un acortamiento de la distancia de lo que a mi juicio es la falla fundamental no solo de la ley en México sino de las políticas migratorias en general: la distancia jurídica y normativa que separa los derechos humanos de los migrantes y la forma en que las legislaciones de los distintos países entienden las figuras de asilado, exiliado, refugiado político y migrante indocumentado.

Si algo caracteriza a este tipo de migración indocumentada así como a los desplazamientos forzados —además de la obvia urgencia por salvaguardar su vida— es una suerte de indefensión jurídico-política en torno a su origen, tránsito y destino. Contra lo que son las figuras más consistentes del exiliado y el asilado político, que en las legislaciones otorga al migrante un mínimo de reconocimiento como sujeto político, en el caso del refugiado éste solo tiene garantizado sus derechos humanos mínimos, mientras que el migrante indocumentado está sujeto al acto de “buena voluntad” de salvaguarda de su seguridad y su dignidad una vez que entra al país.

Me parece que la propuesta de la Secretaría de Cultura de implementar un eje de trabajo sobre cultura y migración no solo es pertinente, sino que abre interrogantes y perspectivas de trabajo a largo plazo, mismas que pueden convocar a distintos actores culturales y académicos a pensar propuestas en torno a una problemática que no se resuelve por las políticas reactivas ante un fenómeno cada vez de mayores alcances y con distintos efectos sociales, económicos y políticos. Pero también abre interrogantes relacionadas al modo en que la cultura, y en especial cierta práctica artística contemporánea en México, está abordando o pudiera abordar el fenómeno migratorio.

Si bien la primera obligación de un Estado debiera ser para con sus ciudadanos, la dinámica global de las movilizaciones de población cuestiona la idea misma de Estado tal y como se concibió desde finales del siglo XIX, y con ello pone en duda el modo en que, desde el marco político de los llamados Estados modernos nacionales, se pensó la migración. Justo en el punto donde la contradicción del modelo global de capital produjo una desproporción de flujo entre mercancía y trabajo, en ese punto produjo también una fractura en el habitus, el ethos y el locus de la vida de los individuos; es decir, en la forma de vida de los sujetos y su pertenencia a un entorno definido por la relación entre trabajo, territorio-nación y ley. Ruptura que ha traído consecuencias terribles, ya sea porque la fragilidad de esta situación de vida vuelve absolutamente vulnerable a los sujetos en situación de desplazamiento forzado y/o migración indocumentada; ya sea porque las soluciones implementadas por las políticas de los Estados son reactivas y producen lugares donde solo se administra la crisis (comedores, campamentos, refugios).

En este contexto, una política cultural como la que ha enunciado la Secretaría de Cultura sería francamente pertinente en la medida en que pueda perfilar sus conceptos y sus acciones desde una perspectiva que por principio asuma la fractura entre habitus, ethos y locus,fractura que, cada vez más, configura las formas y las lógicas de los flujos migratorios contemporáneos a nivel global. México ya no solo es un país expulsor sino un receptor importante de migrantes. En este contexto, las formas de emigración e inmigración de connacionales y extranjeros, al interior de nuestro país, plantean preguntas respecto a lo que pudiera ser una política que busca atender las relaciones entre cultura y migración: ¿Qué impactos tiene, por ejemplo, pensar la migración de ida y vuelta en la construcción de deseos sociales e imaginarios culturales? ¿Cuáles son las lógicas de interrelación de distintos grupos de migrantes consigo mismos y con las sociedades rurales, urbanas o en los llamados corredores industriales y comerciales donde se insertan y desarrollan? ¿De qué manera se configuran el habitus y el ethos de un espacio vital, existencial y social compartido a la hora de pensar una configuración compleja de individuos, tradiciones y nuevas formaciones culturales francamente diferenciadas respecto a lo que suele definirse como pertenencia o identidad? ¿Cómo pensar una política cultural a partir de la movilización y el desplazamiento como condición de experiencia humana, condición que define el carácter mismo de la migración? Habría que tener en cuenta que el habitus, el ethos y el locus del migrante es inestable, complejo y múltiple, por lo que una política cultural orientada a este tipo de comportamiento social y político deber partir del hecho de que la construcción de comunidad no puede ser reducida a formas simbólicas estáticas ni a ethos vitales y existenciales cerrados.

A partir de ello se hace necesario pensar que el lugar y la pertenencia no se define necesariamente por la identidad, la tradición o la lengua, sino por formas de intercambio social configuradas por variables relacionadas más con el presente y la acción de los sujetos en el espacio, y con la indiferencia cada vez mayor de los migrantes de realizar una acción afirmativa en torno a su identidad a cambio de la urgencia cada vez mayor de configurar demandas sociales y políticas de reconocimiento en el espacio social y vital donde se habita. Es decir, demandas configuradas a partir de una cierta relación sensible (estética) donde el espacio (ciudad, lugar, casa), el tiempo (memoria, tradición, relato) y la imaginación (deseo, fantasía, miedo), a cada momento renegocia su modo de existencia en relación con una situación que no se explica solo por el arraigo y la tradición. Algo que por lo demás no solo aplica en los migrantes mexicanos que viajan a Estados Unidos como destino fundamental, sino también a todos esos “otros” que llegan a nuestro país y que cada vez más deciden residir en suelo mexicano por las razones que sean.

Es pertinente, en primer término, observar, en el contexto de la crisis del modelo global y globalizador de desarrollo, que los desplazamientos poblacionales en el mundo ya no pueden ser considerados únicamente desde las perspectivas entusiastas y utópicas de la diversidad cultural, ni tampoco como una catástrofe social que pone en riesgo las soberanías nacionales. Antes bien habría que hacerse cargo de la contradicción que hoy produce el fenómeno migratorio. ¿Cómo reconfigurar un sentido de las subjetividades culturales cuando la tendencia general, en buena parte del discurso hegemónico, suele reinstalar la equivalencia entre migrante y enemigo? Una segunda consideración, de orden estructural, es que hoy los desplazamientos, en términos generales, son producto de condiciones precarias de vida o de precarización de la existencia, esto es: son producidas por una pérdida de expectativa de futuro de vida en los individuos. En otras palabras, tras la migración de buena parte de las poblaciones mundiales existe la demanda no solo de no morir, sino también de aspirar a una buena vida, según la fórmula de Hannah Arendt.

Ante esta condición, ¿qué puede o qué deben hacer el arte y la cultura? En realidad, no creo que deban hacer nada. No es competencia de la creación estética dictar ningún deber ser respecto de algo. En cambio, pienso que si algo caracteriza el carácter estético de la existencia es una cierta voluntad de poder. De acuerdo a ello, primero, es importante preguntarse por las formas espacio-temporales (en el sentido kantiano y foucaultiano) de existencia que la migración configura como condición de experiencia sensible y cómo esto construye lugar. Segundo, habría que imaginar estrategias artísticas que hagan visibles las condiciones de existencia, diferentes y diferenciadas, de las migraciones, máxime cuando dichas condiciones, por su precariedad y vulnerabilidad, demandan el derecho al presente social, vital e histórico de los individuos. Tercero, habría que profundizar en prácticas artísticas que produzcan el encuentro de los cuerpos en el espacio como acción fundante y  de existencia en común como principio de sociabilidad, según la formulación de filósofo francés Jean-Luc Nancy. A partir de esto quizá se pueda trazar un análisis más complejo respecto a la relación entre cultura, migración y derechos humanos.

La contemporaneidad de una práctica artística está relacionada con la capacidad de capturar condiciones de lo sensible (lo estético) para configurar distintos registros vitales, sociales, políticos y existenciales que hagan posible tener una experiencia y un sentido compartido del presente histórico. Valga esta afirmación universalista para poner en perspectiva lo que a mi parecer es la pregunta que me plantea la idea de “la acción cultural como un eje para la política de apoyo a migrantes” que propone la secretaría. Justo cuando la migración hoy en día ya no puede ser leída como una pérdida de la identidad y del sentido de pertenencia, cuando la tradición y la reificación del pasado histórico se vuelcan cada vez más al olvido, pero sobre todo, cuando las migraciones y los desplazamientos hoy aparecen como un límite que pone en crisis los modelos de mercado, nación, soberanía, territorio, y a cambio irrumpe una condición de los cuerpos desplazándose en el espacio, un poco a la deriva y un poco hacia la muerte, sería importante que una política cultural sobre la migración se hiciera las siguientes preguntas: ¿Qué potencia artística se configura en el universo de los desplazamientos y las diásporas contemporáneas tal y como las estamos viviendo, toda vez que los conceptos de Estado nación e identidad cultural pueden ser una limitación para la construcción plural y democrática de las sociedades en el siglo XXI? ¿Qué nuevas formaciones de reconocimiento intersubjetivo se construyen en el contexto de la modernidad globalizada en la que nuestro país se encuentra inscrita? ¿Cómo cuestionan las expresiones culturales de estos desplazamientos lo que tradicionalmente la política cultural entiende por estética, arte, cultura, patrimonio, historia?

Si en los procesos migratorios contemporáneos las formas del espacio y el tiempo son inestables e intercambiables, quizá habría que pensar que la función de la cultura y el arte ante esta situación tiene que ver con la pregunta de cómo se construye la memoria más allá del territorio y de su mera dimensión de pasado, y cómo se construye el lugar más allá de la comunidad mítica y originaria. En todo caso estoy convencido de que una de las apuestas más audaces que puedo leer en los ejes de la política cultural del actual gobierno sin duda es la que relaciona cultura y migración. Sus riegos: no reificar la identidad y victimizar al migrante; su oportunidad: cifrar esta política en el presente y no en el pasado. Acaso por ello, es justo el momento en que vale la pena cambiar la perspectiva de la pregunta sobre la relación entre migración y cultura: no se trata de saber qué arroja el pasado sobre la identidad y la historia de los migrantes como principio de cohesión social; más bien se trata de preguntarnos qué de/en los deseos de los migrantes puede ser un campo fértil para pensar y promover formas de vida digna.

Lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que el complejo fenómeno migratorio contemporáneo es una consecuencia directa de las promesas fallidas del modelo neoliberal de desarrollo, y que una izquierda que se quiera pensar desde la contemporaneidad está obligada a reflexionar sobre cuáles son las relaciones de los cuerpos desplazándose a través de los territorios en búsqueda del derecho fundamental a una buena vida, y el modo en que estos desplazamientos definen condiciones de experiencia sensible (afectos, emociones, deseos) y configuran nuevos órdenes simbólicos y narrativos; algo que sin duda obliga a repensar qué significa cultura en este contexto, una respuesta que quizá se encuentre en buena parte de las prácticas del arte contemporáneo.  

 

José Luis Barrios
Filósofo, crítico de arte y curador.

 

*Para quien quiera profundizar sobre el tema le recomiendo visite la página: www.estudioscriticosdelacultura.com del proyecto de investigación Cuerpo, diáspora y exclusión, y la revista nierika no. 15 http://revistas.ibero.mx/arte/ (Universidad Iberoamericana, México-Tijuana).

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El 3 de febrero de 1939 fue creado por mandato de Lázaro Cárdenas el Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución clave de la vida mexicana. A ocho décadas de su nacimiento, este ensayo aborda los claroscuros de la relación entre patrimonio cultural y poder político, y cuestiona cuál debe ser el papel que el INAH debe desempeñar en el futuro.  

México es un país atento al pasado. La escritura y reescritura de la historia revisten una alta significación porque se ocupan de asuntos patrimoniales, matéricos o ideológicos, fundamentales para renegociar la percepción que tenemos de nosotros mismos. El patrimonio tangible, la historia y el arte, han sido objeto de debates sociales durante casi 250 años. Iniciaron con las preocupaciones patrióticas de los criollos, acentuadas en el siglo de la Independencia y perpetuadas hasta el día de hoy, pues se les tiene como la materia prima de la construcción de la identidad mexicana. En consecuencia, la entidad encargada de la custodia, investigación y operatividad de ese patrimonio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ejerce un incomparable poder en relación a cualquier otro organismo de cultura.

Por supuesto, es una supremacía relativa, y endogámica, ya que es efectiva solo dentro de su área de influencia. Por ejemplo, existe una profunda disparidad entre las dos instituciones centralizadoras de museos de carácter federal, el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismos en apariencia complementarios pero desiguales en cuanto a representatividad nacional: el INAH cuenta hoy con alrededor de 120 establecimientos museales, a diferencia del INBAL, que con dificultad consiguió abrir espacios especializados en los diversos periodos artísticos y, en este rubro, puede considerarse una mera institución capitalina, ya que la mayoría de sus 16 recintos se ubican en la Ciudad de México. En buena medida, es por ello que el presupuesto del INAH es superior al del INBAL por aproximadamente 250 por ciento según datos reportados en diciembre de 2018.1

La imagen pública de México se ha construido sobre estrategias como la continuidad de tradiciones, en especial formales y objetuales. Una campaña diplomática de probado éxito ha mantenido al país dentro del top ten de la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco —solo detrás de Italia, China, España, Francia, Alemania y en competencia directa con la India—, que cuenta con 35 sitios. Ocupa un indiscutible primer lugar en toda América, al menos en cuanto a herencia tangible registrada, dejando atrás al antiguo imperio inca, en gran parte porque éste excede la noción territorial nacional al repartirse en tres países. Del listado oficial mexicano, dividido en sitios culturales, naturales y mixtos, la mayor cantidad, 27, corresponde a la clasificación de “patrimonio cultural”. De ellos, alrededor de 17 son regidos por el INAH, lo que consolida su liderazgo, por lo menos en el área de la administración de las valiosas propiedades de la patria.

El INAH surgió en 1939 como parte del proyecto cardenista de nación, que estaba vinculado estrechamente al sistema educativo al que se le encargó la importante misión reformista de lograr un cambio social que llevara a México a la modernidad plena. Para ello se importó el modelo francés de gestión de la cultura, en el que una institucional Secretaría de Educación Pública (SEP) controlaba, desde 1921, año de su creación, un alto porcentaje de la educación básica y media impartida en casi todas las demarcaciones. Los institutos culturales que operaron dentro de su ala protectora —el INBAL, fundado tardíamente, se incorporó en 1946— detentaron un valor retórico muy utilizado en los discursos populistas de la época: representar una importante contribución a la educación extraescolar del pueblo. La desincorporación del INAH de la SEP, formalizada en 2015 con la creación de la Secretaría de Cultura, implicó su devaluación simbólica, amén de la intensificación de las reducciones presupuestales que ya venían ocurriendo.

Como es sabido, una de las funciones de la SEP fue subordinar los asuntos culturales al sistema político. Así, desde su creación, el INAH y luego el INBAL han permanecido anclados al gobierno en turno y han vivido sujetos a sus incoherencias y contingencias. El presidencialismo omnipresente, que ahora volvió por sus fueros, obliga a que sigan sujetos a criterios de Realpolitik en demérito de intereses culturales. Conceder autonomía a instituciones tan emblemáticas fue impensable para el régimen que imperó durante casi toda la centuria pasada, ya que se usaba la cultura para legitimar el poder político. Aún hoy existe cierto consenso en que deben mantenerse como dependencias del Estado para garantizar tanto su continuidad como su capacidad de gestión, puesto que tal adscripción les asegura presupuesto. No obstante, su condición de institutos estatales y públicos no debería significar seguir entregando agenda y programa.

Las ventajas de dicho estatus, tanto para el INAH como el INBAL, es que les ha permitido constituirse en entidades que, a pesar de su raquítico presupuesto —en comparación con otras dependencias de menor carga simbólica—, poseen la capacidad de operar por sí mismas en tanto institutos rectores, gestores y ejecutivos, de asumir las responsabilidades consignadas en sus respectivas leyes orgánicas, de autogenerar un funcional corpus jurídico con sus indispensables reglamentos y manuales de procedimientos, consolidarse como órganos reguladores en ámbitos de su exclusiva competencia y de integrar una élite de especialistas, cada vez peor remunerada y en el presente con problemas de actualización y productividad, pero que goza del derecho de elegir con libertad temas y problemas de investigación. Lo preocupante es que desde hace lustros su antigua posición prestigiada se ha debilitado dada la crisis crónica en que está sumergido el pacto entre intelectuales y clase política. Mediante éste, que fue establecido de forma inicial por el carrancismo y consolidado por José Vasconcelos durante el obregonismo, los intelectuales se integraron con pasión y compromiso al esfuerzo reformista y pedagógico. Se les confirió mucho más que el tradicional rol de creadores y transmisores de conocimiento, de productores y difusores de cultura: frente al aparato de gobierno se les validó como interlocutores que —en alguna medida— portaban la voz de diferentes grupos sociales, en especial la de aquellos de estratos inferiores. Hoy, con un sistema político fortalecido, su capacidad de representación de la colectividad, de ejercer un poder de presión efectivo, ha mermado.

El monopolio estatal de la cultura y sus restos materiales también ha propiciado la concentración de los discursos, instituyendo una cierta “dictadura” —que en este caso sería una “dictablanda”— en relación a cómo entender lo arqueológico, antropológico e histórico. A pesar de lo limitante que resulta una óptica centralizada y centralizadora, el dominio discursivo y administrativo del INAH ha constituido una barrera a los intereses turístico-comerciales prioritarios para un neoliberalismo ya trasnochado que traduce patrimonio en mercancía y reduce el concepto de riqueza ancestral a fetiches exóticos aptos para atraer al anhelado turismo global masivo, ávido de disfrutar del trinomio ruina-playa-folclore. La incesante exploración de nuevas zonas arqueológicas, con sus consabidos enclaves museísticos, obedece también a la permanente demanda de incrementar las rutas turísticas por las diferentes regiones del país, con especial acento en el sureste. Por ello, el índice de viajeros temporales es un dato que se considera fundamental para medir el éxito de la campaña propagandística gubernamental, diseñada para consumo interno y, sobre todo, internacional. Hace unos días se anunciaba triunfalmente que México regresó a la lista de los diez países más visitados del mundo, ranking en el que había estado durante buena parte del siglo XX y del que salió a consecuencia de la publicidad negativa que generó la fallida guerra contra el narcotráfico impuesta durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2016, la derrama económico-turística llegó al 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A su vez, el sector cultural proveyó, el mismo año, 3.3 por ciento; a cambio, el gasto público destinado a éste fue de 0.15 por ciento en 2015. Esto es, recibe aproximadamente 22 veces menos de lo que tributa, según cifras dadas a conocer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, esta universidad es el único organismo con contrapeso real a las instituciones culturales ministeriales, ya que cuenta con una nada despreciable ventaja adicional: autonomía de gestión.2

Estas disparidades reflejan la necesidad de renegociar la alianza del sector cultural con el Estado. El aniversario 80 del INAH representa una excelente oportunidad para iniciar un proceso de reflexión colectiva con miras a al reordenamiento integral del sector o, al menos, del instituto. Si bien continúa siendo prioritaria e indispensable, al ser una entidad octogenaria urge su reformulación. Necesitamos que esta celebración no sea el festival de la simulación y las complacencias mutuas, los triunfalismos anodinos y la renuncia sistémica a la autocrítica. Los paradigmas del pasado no se ajustan a las necesidades del presente. Seguimos arrastrando, incluso por inercia, nociones, prácticas y disposiciones jurídicas estructuradas durante la modernidad tardía, que solo han sido objeto de enmiendas y parches coyunturales. Reforma profunda, consensuada y planificada a corto, mediano y largo plazo: eso es lo que requerimos. ¿Existe la voluntad política —por parte de todos los involucrados en el INAH, no solo del actual gobierno— para hacerlo?

 

Ana Garduño
Historiadora del arte.


1 El presupuesto del INAH es de 3,668.5 mdp y el del INBAL de 1,446 mdp. Enrique Méndez, “El presupuesto para cultura en 2019, menor al ejercido en 2018”, La Jornada, 17 de diciembre de 2018, y Juan Carlos Talavera, “Concentran y reducen presupuesto del sector cultura”, Excélsior, 17 de diciembre de 2018.

2La cultura recibe 22 veces menos en gasto público de lo que aporta al PIB: Graue”, Proceso, 10 de febrero de 2018.

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Dentro de la nueva agenda cultural del gobierno, conceptos como el de “comunidades” y “pueblos originarios” parecen tener un peso específico. ¿Cuáles serían los alcances y bajo qué lógicas se deberían pensar estos rubros? El siguiente texto propone algunas perspectivas críticas al respecto.

Nos deberíamos preguntar si hay alguna
identidad cultural que haya logrado establecerse de modo firme
gracias sus dotes para la ironía y autocrítica.

—Terry Eagleton

Desde su campaña y tras la toma de poder el 1 de diciembre, en el discurso del Ejecutivo la cultura ha aparecido como uno de los ejes fundamentales de su política de Estado y su programa de gobierno. Al menos en el dicho, la cultura es considerada como una condición necesaria no solo en el proceso de pacificación del país, sino también como un valor a partir del cual se puede y se debe reconstruir el tejido social. Sin embargo, quizá sea necesario ir más allá de una declaración de principios e intentar poner en su justa dimensión el significado que este concepto tiene en el discurso lopezobradorista, y el modo en que la Secretaria de Cultura ha ido perfilando las definiciones de su política cultural a partir de su importancia, reconocida en diversas declaraciones.

Ilustración: Patricio Betteo

El concepto de “política cultural”, al menos teóricamente, es más una declaración de principios de la noción de bien común propio de la modernidad que una mera cuestión normativa a partir de la cual se definen los organismos y las estructuras a través de la cuales se operan las políticas públicas de un gobierno. Esta precisión conceptual, en el contexto de lo que deseo desarrollar, busca abonar a una reflexión más compleja en torno a un asunto tan importante como es el del lugar que la cultura tiene para la política de Estado de un gobierno cuya diferencia sustancial reside en su intención de construir su legitimidad en un registro ético de su quehacer, o si se prefiere, a partir de un fundamento metapolítico de la política.

En la medida en que los valores de la honestidad y la justicia funcionan como ejes rectores del gobierno, y que la voluntad del pueblo, en tanto verdad, busca ser el fundamento moral de la praxis de López Obrador,  podemos contextualizar y comprender mejor las implicaciones que pudieran tener las declaraciones que los funcionarios de cultura y algunos legisladores de Morena han hecho en el último mes respecto a nociones tales como identidad, comunidad, pueblos originarios, artesanía, creadores, etcétera. Pero no solo eso: quizá tengamos más elementos para entender cómo se distribuye la estructura operativa de la Secretaria de Cultura en función de esta taxonomía conceptual, y  con ello la función que sus distintas instancias tendrán en los siguientes años.

Lo primero que sería importante destacar es el contexto “antineoliberal” en que estos conceptos han sido emplazados en el discurso del actual gobierno. Toda vez que la política cultural de los gobiernos conservadores y liberales de los tres últimos sexenios tecnocratizaron el discurso nacional modernizador sobre la cultura proveniente del priismo posrevolucionario —a través de figuras como “ciudadanización de la cultura” e “industrias culturales”, y por medio de la raquítica restauración de los modelos reificados de bienes culturales nacionales de acuerdo a una rancia tradición inscrita en la idea ilustrado-burguesa del gusto— es que las propuestas de la 4T apuestan por una política cultural como restitución del valor de lo social enmarcada en una perspectiva temporal de desarrollo sostenible. En principio no podríamos sino estar de acuerdo con esto; sin embargo, las generalidades de las declaraciones han generado una batería de conceptos y proyectos que, en la medida en que se van enunciando, generan dudas que hay que poner a discusión pública. Aquí me gustaría ocuparme de dos de estos conceptos que han sido enfatizados por la Secretaria de Cultura a través de distintas voces.

Los funcionarios de cultura han insistido en dos conceptos fundamentales como rectores de la política cultural que se pretende implementar en los siguientes años. El primero se refiere al énfasis que se busca dar a las “comunidades” como unidad básica mínima de definición de la copertenencia entre sociedad y cultura. El segundo se refiere a la importancia de entender que la base de la identidad cultural de México reposa en los “pueblos ancestrales” y la diversidad de lenguas (culturas). Si bien estos dos conceptos rectores pueden ser muy sugerentes, corren el riesgo de funcionar como bastión doctrinal de la 4T. La noción de “pueblos originarios”, allende de que retoma la formulación más reciente del artículo segundo de la Constitución, si no se problematiza más allá de las lógicas de reificación de la cultura indígena y popular, puede convertirse en una réplica anacrónica del discurso indigenista posrevolucionario, que entre otras cosas construyó un imaginario indígena y campesino que clausuró la posibilidad de participación política de estas comunidades en el  México del siglo XX. En este contexto, asumir una identidad suprahistórica originaria no solo reafirma una mitología fundacional de la soberanía nacional, sino que peor aún —paradójicamente— este anacronismo corre el riesgo de construir una nueva fantasía romántica sobre la verdad de lo originario.

El otro lado de esta paradoja se define a través del concepto de “comunidades”. Quizá no haya noción más contradictoria en las teorías culturalistas como este concepto. En el contexto de las sociedades actuales, la comunidad tiende a ser pensada como identidad y sentido de pertenencia a una tradición, lengua o tierra; pero también es cierto que el concepto de “comunidades” es una franca expresión de las ideologías neoconservadoras, de derecha o izquierda, que han sabido administrar los disensos en función de la noción de “diferencia” de cualquier índole, debilitando con ello el sentido del bien común. Cuando una demanda de diferencia de género, raza, lengua, etcétera, no puede configurar condiciones de críticas al poder, y al mismo tiempo construir condiciones formales del disenso como fundamento de la democracia, corre el riesgo de ser instrumentalizada por el poder instituido.

Hoy más que nunca, las comunidades consisten en prácticas de intercambio entre formas de vida en espacios definidos por su alta movilidad y en virtud de las lógicas de desplazamiento propias de los nomadismos globales. De acuerdo a esto, es difícil imaginar si aún podemos establecer sin más una equivalencia entre identidad y comunidad; pero tampoco éstas pueden ser vistas bajo la óptica entusiasta de la hibridación posmoderna. Antes bien, hoy las comunidades producen tensiones internas entre la forma de vida de la identidad de los grupos y las formas de habitar el lugar y el territorio. En este contexto, sin duda es necesario tener claridad sobre qué significa para la política cultural “trabajar con las comunidades.”

Si bien no se puede soslayar la importancia del concepto de “comunidades” a la hora de orientar una política cultural, también es cierto que el concepto es deficitario respecto al de sociedad, pues mientras lo social es una ámbito abstracto de acción en el espacio público (un lugar que no es propiedad de nadie), en cambio la comunidad refiere sobre todo a la identidad del grupo consigo mismo y con los lugares que habita. La comunidad en tanto identidad y diferencia tiende a afirmarse en función de los intereses que les son propios, y a fundar las formas de intercambio social de acuerdo a sistemas de valores preestablecidos, y no a condiciones de posibilidad de convivencia humana en general. En todo caso, en la medida en que los conceptos rectores en los que una parte de las declaraciones realizadas por los funcionarios de cultura dan por verdadera y fundamental la noción de “comunidad” o de “comunidades” sin asumir una distancia necesaria, se corre el riesgo de hacer de las identidades y las diferencias culturales una suerte de teleología y una teología de la política cultural del Estado mexicano.

Consciente de que estas consideraciones sobre el concepto de “comunidades” pudieran parecer extremas, si las ponemos en relación con nociones como “el Pueblo tiene la “verdad” o “pueblos originarios”, lo que resulta es un postulado francamente problemático sobre la copertenencia entre comunidad y origen como parte del discurso sobre el que se emplazan las decisiones en torno a la política cultural del gobierno lopezobradorista. Es indudable que no solo en México sino en el resto del mundo las relaciones entre comunidades, lugares y naciones se han transformado, y que en la medida en que una política cultural sea solo reactiva a las transformaciones innegables que los procesos de globalización trajeron consigo, corre el riesgo de producir lógicas inversas de exclusión como las que de hecho ya se están produciendo en distintas ciudades y países. Estoy cierto de que es demasiado pronto para poder ver cuáles sean las implicaciones de estos discursos a la hora de implementar los programas y la acciones por parte de la Secretaria de Cultura; por ahora lo único sobre lo que creo que vale la pena insistir es sobre la importancia de no sustancializar y sobredimensionar las nociones de “comunidades” y “pueblos originarios”.

Considero que si el actual gobierno quiere hacer de la cultura un verdadero eje de transformación social y de construcción de paz y justicia, debe de propiciar discusiones más amplias donde la cultura pueda ser pensada como una contradicción fundamental entre formas de vidas y construcción de subjetividades, contradicción que abone a un proyecto amplio de maduración democrática de la sociedad mexicana. Dejo para otra ocasión las preguntas y reflexiones que me surgen a partir de lo que puedan significar, en este contexto, los ejes de la política cultural propuestos por la titular de la Secretaria de Cultura: 1) La reconfiguración simbólica de México en el mundo; 2) La acción cultural como un eje para la política de apoyo a migrantes; 3) Hacer de la cultura un factor clave para la agenda de desarrollo sostenible 2030: 4) Impulsar modelos de cooperación cultural que contribuyan a detonar el desarrollo económico del país y a recomponer su tejido social: 5) Hacer que las lenguas nacionales funjan como herramientas fundamentales de la cultura; y 6) Buscar una mayor protección internacional de los derechos autorales y comunitarios, para evitar el plagio de los conocimientos ancestrales.

 

José Luis Barrios
Filósofo, crítico de arte y curador.

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Durante el sexenio que está por concluir, dos cambios mayores repercutieron en el rumbo de la política cultural del país: la creación de la Secretaría de Cultura y la promulgación de la primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales. El siguiente reportaje pondera su calado y verdadero alcance, y señala los retos inmediatos a los que se enfrentará el nuevo gobierno.

Antecedentes

Cuando en 1988 Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia, corrió un rumor que con los años se convirtió en parte de la versión no oficial del nacimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se decía que Salinas propuso a Octavio Paz y a Carlos Fuentes para dirigir la entonces planeada Secretaría de Cultura, pero como ninguno de los escritores aceptó, el presidente dispuso que en su lugar  se creara un Consejo, cuyo presidente fue Víctor Flores Olea y, dos años después, Rafael Tovar y de Teresa, quien estuvo al frente durante toda la administración de Zedillo. Si se rastrean los hechos, es posible encontrar testimonios de una consulta que se hizo entre la comunidad intelectual, en donde se proponía que se instaurara un Fondo Nacional para la Cultura que apoyara la creación y difusión del arte en sus diversas vertientes. Cuando Vicente Fox asumió la presidencia del país, Sari Bermúdez estuvo al frente de CONACULTA; luego, con Felipe Calderón hubo dos periodos: primero el de Sergio Vela y luego el de Consuelo Sáizar. Las administraciones panistas no estuvieron exentas de polémica, y la discusión sobre la necesidad de una Secretaría de Cultura siguió su curso hasta que ésta se materializó durante el sexenio que se va.

La creación de la Secretaría de Cultura

¿Cuál es el ADN de nuestra política cultural? Según refiere Gerardo Ochoa Sandy, periodista y gestor cultural, “desde el punto de vista institucional, la política cultural en México puede interpretarse a partir de dos movimientos. En uno de ellos se crean instituciones y se emiten disposiciones legales heterogéneas. En otro las instituciones son agrupadas bajo esquemas de organización más general y las disposiciones son actualizadas. La Secretaría de Instrucción Pública de Justo Sierra, la de Educación Pública de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, el INAH, el INBA y el CONACULTA son los episodios más relevantes”.

En la dinámica del primero de estos dos movimientos, el 18 de diciembre de 2015 entró en vigor el decreto del Congreso para que surgiera la Secretaría de Cultura, encargada de todas las atribuciones en materia de promoción y difusión de la cultura y el arte que antes llevaba a cabo la SEP. Designado por el presidente, Rafael Tovar y de Teresa encabezó el surgimiento de esta nueva secretaría de Estado. En un inicio, la comunidad de creadores y promotores culturales vio con buenos ojos su creación. Pareció entonces la vía más eficaz para darle autonomía al sector cultural y liberarlo de un lastre que duraba décadas: la dependencia del CONACULTA a la SEP. Sin embargo, otra versión de los hechos es que esta liberación venía enmascarada por un movimiento político de negociación sindical: Aurelio Nuño acumulaba problemas con los maestros y era necesario que los trabajadores de la cultura se desprendieran del SNTE. A raíz de la creación de la Secretaría de Cultura, muchos de éstos pertenecen ahora al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Para Jorge Domínguez Cerdá, coreógrafo ganador del premio nacional de danza José Limón en 2010, el balance es positivo: “a pesar de muchos inconvenientes que tuvo la creación de la Secretaría de Cultura, es indudable que fue un gran logro del sexenio. La presencia de Tovar y de Teresa, quien para muchos no fue santo de su devoción, fue importante como promotor cultural; sus esfuerzos, finalmente, tuvieron este gran resultado. El tiempo pondrá su obra en el sitio que merece. No obstante, contraviniendo a lo logrado con la Secretaría de Cultura, la reducción o mantenimiento en el mismo plano del presupuesto fue el prietito en el arroz”.

El tema presupuestal

A  pesar de las expectativas, la autonomía de la Secretaría de Cultura no implicó un crecimiento en el presupuesto dedicado a este rubro. Carlos Villaseñor, consultor internacional en políticas culturales para el desarrollo sostenible, basado en el Prepuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en los etiquetados y recursos del Anexo 19, elaboró el siguiente cuadro, que agrupa los recursos destinados al sector cultural desde la administración de Felipe Calderón hasta la de Enrique Peña Nieto.

Año de ejercicio

Presupuesto (en pesos)

2007

$7,434,634,853

2008

$9,423,580,630

2009

$11,651,632,294

2010

$11,459,498,804

2011

$12,059,936,240

2012

$16,662,881,229

2013

$18,206,568,555

2014

$18,756,668,833

2015

$19,781,208,031

2016

$17,233,934,175

2017

$16,084,596,208

2018

$16,549,943,454

Como indican las cifras, la administración de Felipe Calderón consignó menos recursos al sector cultural que la de Peña Nieto. Los números dan constancia de que en el sexenio de este último hubo un aumento del PEF que luego disminuyó y después se mantuvo casi igual, sin que el nacimiento de la Secretaría de Cultura afectara en algo, y a pesar de que, por primera vez, en 2017, el presupuesto fue independiente del de la SEP.

Para Francisco Moreno, fundador del sello Editarte Publicaciones, editorial especializada en gestión y política cultural, las consecuencias de que este presupuesto no matuviera su crecimiento de principios del sexenio son claras: “Vemos a una Red de Bibliotecas descuidada, el Sistema de Información Cultural está desactualizado, la infraestructura se encuentra desatendida, así como el trabajo en el exterior relacionado con la cultura. Todo ello sin mencionar la limitada y timorata respuesta a los efectos del sismo del 19 de septiembre pasado, y que los municipios y los estados vieron drásticamente disminuidas su labor y recursos”. Además, según precisa Moreno, los etiquetados fueron eliminados con la creación de la Secretaría de Cultura para darle un uso discrecional al presupuesto: “Parece que quienes ejecutan las políticas públicas tienen su mirada en otra parte, usan el cargo como escalón para otros fines, y son aquellos que ostentan las comisiones de cultura del legislativo y del Congreso, responsables del desaseo de este periodo”.

Es necesario precisar también que hay fondos que se destinan a la cultura provenientes de otras dependencias y cuyo uso es más difícil de calcular. Lucina Jiménez, doctora en antropología y consultora internacional de política cultural, advierte justamente que “no todo el presupuesto lo ejerce ni lo consigue la Secretaría de Cultura. Las comunidades artísticas y culturales, empezando por el cine, han salido a la calle en varias ocasiones para impedir los recortes. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en acuerdo con la SHCP y los partidos políticos, etiqueta recursos con y sin convocatoria, dada la indefinición de los mecanismos de financiamiento a los estados y la sociedad civil. Los fondos que solían etiquetarse para las entidades federativas, 32 millones de pesos por Estado, se concentraron a partir de 2016 en el Ramo 48 de la recién creada secretaría, reduciendo el financiamiento cultural del país”.

Desde el punto de vista de Carlos Villaseñor, en 2016 hubo una disminución de recursos destinados al sector cultural; las bajas presupuestales y la reducción del petróleo, entre otras cuestiones, podrían justificar una consecuente baja en el PEF: “A mí me parece que lo más grave que ha pasado es la recentralización de la decisión en la erogación de los recursos; es decir, que ya sea una decisión a discreción por parte de la Secretaría de Cultura”.

La discusión sobre la asignación de estos recursos resulta primordial ya que, desde el punto de vista económico, en México la cultura cumple un papel de primera importancia: “El aporte de la cultura al Producto Interno Bruto (PIB) en México es similar al de Canadá, mayor al de Colombia, Argentina, España y Finlandia, aunque menor al de Estados Unidos. En 2016 produjo 1,359,451 empleos y generó un movimiento económico de $617,397,000”, anota Lucina Jiménez. Este último dato lo extrae de la Cuenta Satélite de la Cultura (INEGI, 2016).

La gestación de la LGCDC

Tras la creación de la Secretaría de Cultura y a partir del artículo 4° de la Constitución, tuvo lugar la gestación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC). El 14 de diciembre de 2016, integrantes de la Comisión de Cinematografía de la Cámara de Diputados se presentaron al Consejo Redactor de la Ley de Cultura. Dicho Consejo envió la propuesta de ley y un documento orientador para la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, luego se enteraron de que el presidente Peña Nieto recibió un documento de ley muy distinto, proveniente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. “Ignoraron todo lo que nosotros habíamos hecho durante tres meses. Retomaron una iniciativa de ley que Rafael Tovar dejó encauzada cuando fue secretario de Cultura”, relata Eduardo Cruz Vázquez, periodista y promotor cultural.

El 28 de febrero de 2017 fue aprobada la LGCDC. En su momento, Cristina Gaytán, diputada del PRD, acusó al Ejecutivo Federal de “enviar una ley que no respetó las cinco iniciativas enviadas y estudiadas en conferencia por las Cámaras de Diputados y Senadores”. En su defensa, Raúl Ávila Ortiz, especialista en derecho y política cultural, que también participó en el Consejo Redactor del Documento Orientador para la LGCDC, apunta:

En el Senado se encontraron varios enfoques sobre los contenidos de la ley y prevaleció una posición menos garantista y más instrumental; es decir, se priorizó el propósito de construir más un andamiaje legal para la operación de la Secretaría de Cultura, detallando los instrumentos de cooperación y participación, que los mecanismos y técnicas de garantía. Así, por ejemplo, se evitó establecer grandes conceptos y directrices entre sectores del gobierno federal y los gobiernos locales y se prefirió formalizar instrumentos que irán madurando en el futuro, como el Sistema Nacional de Información Cultural y la Reunión Nacional de Cultura, mismos que servirán para ir coordinando y facilitando la participación de diversos sectores y actores en la materia.

Ávila Ortiz considera que en los 42 artículos que componen la LGCDC existen una serie de contenidos valiosos, ya que su objetivo es promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales. Sobre este punto, Villaseñor advierte que el foco de la ley no está ya en los bienes sino en los derechos culturales: “La atención ya no está en los objetos sino en las personas, en los derechos humanos culturales que son ejercidos, inherentes a las personas: esto es un cambio radical”.

La LGCDC establece una política cultural de Estado que no se ejerce únicamente a través de la federación, sino por medio de los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. La ley enlista una serie de derechos culturales y, en concordancia con la Reforma constitucional de 2011, deja abierta a reconocer aquellos derechos culturales que existen en la Constitución o los que sean reconocidos en los tratados internacionales (convenciones y pactos); también instruye bases de coordinación entre la federación, los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos en favor de la cultura, y funda las bases de una legislación para la promoción de la salvaguarda del patrimonio inmaterial.

Deficiencias de la ley

¿Qué le hace falta entonces a la LGCDC? ¿Por qué hay opiniones divididas con relación a su eficacia? Carlos Villaseñor considera que no se desglosaron los derechos culturales con el alcance que ya han definido los instrumentos y los tratados internacionales: “Es bueno que estén, pero pudieron haber sido señalados de una mejor manera”. Otra situación que destaca es que se eliminó toda la parte relacionada con la transversalidad de la cultura: “La propuesta que planteamos trataba de señalar de manera muy clara cuáles eran los ámbitos en los que la Secretaría de Cultura tenía un quehacer conjunto con otras secretarías; por ejemplo, con la de Turismo, la de Economía y la de Desarrollo Social”.

Villaseñor también destaca la falta de políticas de fomento a la economía cultural, así como la falta de seguridad jurídica para los creadores y trabajadores de la cultura, derechos de autor y seguridad social para los creadores.

Raúl Ávila Ortiz comparte la visión de Villaseñor respecto a la ley de cultura y añade: “Desde luego que la ley es perfectible y debe ser objeto de nuevas reflexiones y adecuaciones para sincronizarla mejor con el nuevo paradigma constitucional de los derechos. Eso significa que se le imprima a la ley un énfasis proderechos y que se precise de la dimensión individual, colectiva y transversal de la cultura y los derechos y políticas culturales, a efecto de que cobre más peso en la administración pública federal y se vaya integrando un sector cultural que sigue fragmentado y poco articulado. Pienso que todavía hay mucho que estudiar, proponer y cambiar, como tanto que preservar, gozar y crear para contribuir a esos procesos.”

El futuro inmediato

¿Qué momento vive la política cultural en nuestro país? ¿Qué nueva ruta se debe seguir en el sector cultural? Los especialistas coinciden en que las bases ya están dadas tanto en las funciones de la Secretaría de Cultura como en lo que establece la LGCDC. “Se pasó de una visión vasconcelista, vertical, centrada en el patrimonio y en las artes, a una política cultural orientada en garantizar el derecho humano y los derechos culturales, una política cultural que se instrumenta en los tres ámbitos de gobierno. Eso, indudablemente, es el comienzo una reforma cultural”, puntualiza Carlos Villaseñor.

A partir del 1º de diciembre, la administración lopezobradorista tendrá 6 meses para presentar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Por primera vez en el sector cultural se realizará un programa independiente que corresponda a las necesidades de la Secretaría de Cultura y no a un programa especial de cultura y arte, como se incorporaba anteriormente a la SEP, cuando la cultura era vista como un apéndice. “Si existe congruencia en la siguiente administración, el programa que van a diseñar se debería de llamar Programa de Cultura y Derechos Culturales. Y tendrá que estar apegado a la LGCDC”, indica Carlos Villaseñor.

Por su parte, Alejandra Frausto ha dejado claro que el proyecto cultural que promoverá la nueva administración, llamado “El poder de la cultura”, pondrá la cultura al alcance de todos, quitándole su presunto carácter elitista. En ese sentido, los sectores más favorecidos serán los Estados con más índices de pobreza y en donde los jóvenes carecen de una oferta cultural; el enfoque también es, por lo tanto, reconstruir el tejido social.

Lo cierto es que al gobierno de AMLO le tocará continuar y afianzar la reforma cultural que inició el gobierno de Peña Nieto, tomando en cuenta los cimientos —y la estructura legal— que se acaban de poner. ¿Se apostará por la continuidad institucional o por una ruptura transformadora?

 

Mary Carmen Sánchez Ambriz
Ensayista, editora y periodista cultural.

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