Dentro de la nueva agenda cultural del gobierno, conceptos como el de “comunidades” y “pueblos originarios” parecen tener un peso específico. ¿Cuáles serían los alcances y bajo qué lógicas se deberían pensar estos rubros? El siguiente texto propone algunas perspectivas críticas al respecto.

Nos deberíamos preguntar si hay alguna
identidad cultural que haya logrado establecerse de modo firme
gracias sus dotes para la ironía y autocrítica.

—Terry Eagleton

Desde su campaña y tras la toma de poder el 1 de diciembre, en el discurso del Ejecutivo la cultura ha aparecido como uno de los ejes fundamentales de su política de Estado y su programa de gobierno. Al menos en el dicho, la cultura es considerada como una condición necesaria no solo en el proceso de pacificación del país, sino también como un valor a partir del cual se puede y se debe reconstruir el tejido social. Sin embargo, quizá sea necesario ir más allá de una declaración de principios e intentar poner en su justa dimensión el significado que este concepto tiene en el discurso lopezobradorista, y el modo en que la Secretaria de Cultura ha ido perfilando las definiciones de su política cultural a partir de su importancia, reconocida en diversas declaraciones.

Ilustración: Patricio Betteo

El concepto de “política cultural”, al menos teóricamente, es más una declaración de principios de la noción de bien común propio de la modernidad que una mera cuestión normativa a partir de la cual se definen los organismos y las estructuras a través de la cuales se operan las políticas públicas de un gobierno. Esta precisión conceptual, en el contexto de lo que deseo desarrollar, busca abonar a una reflexión más compleja en torno a un asunto tan importante como es el del lugar que la cultura tiene para la política de Estado de un gobierno cuya diferencia sustancial reside en su intención de construir su legitimidad en un registro ético de su quehacer, o si se prefiere, a partir de un fundamento metapolítico de la política.

En la medida en que los valores de la honestidad y la justicia funcionan como ejes rectores del gobierno, y que la voluntad del pueblo, en tanto verdad, busca ser el fundamento moral de la praxis de López Obrador,  podemos contextualizar y comprender mejor las implicaciones que pudieran tener las declaraciones que los funcionarios de cultura y algunos legisladores de Morena han hecho en el último mes respecto a nociones tales como identidad, comunidad, pueblos originarios, artesanía, creadores, etcétera. Pero no solo eso: quizá tengamos más elementos para entender cómo se distribuye la estructura operativa de la Secretaria de Cultura en función de esta taxonomía conceptual, y  con ello la función que sus distintas instancias tendrán en los siguientes años.

Lo primero que sería importante destacar es el contexto “antineoliberal” en que estos conceptos han sido emplazados en el discurso del actual gobierno. Toda vez que la política cultural de los gobiernos conservadores y liberales de los tres últimos sexenios tecnocratizaron el discurso nacional modernizador sobre la cultura proveniente del priismo posrevolucionario —a través de figuras como “ciudadanización de la cultura” e “industrias culturales”, y por medio de la raquítica restauración de los modelos reificados de bienes culturales nacionales de acuerdo a una rancia tradición inscrita en la idea ilustrado-burguesa del gusto— es que las propuestas de la 4T apuestan por una política cultural como restitución del valor de lo social enmarcada en una perspectiva temporal de desarrollo sostenible. En principio no podríamos sino estar de acuerdo con esto; sin embargo, las generalidades de las declaraciones han generado una batería de conceptos y proyectos que, en la medida en que se van enunciando, generan dudas que hay que poner a discusión pública. Aquí me gustaría ocuparme de dos de estos conceptos que han sido enfatizados por la Secretaria de Cultura a través de distintas voces.

Los funcionarios de cultura han insistido en dos conceptos fundamentales como rectores de la política cultural que se pretende implementar en los siguientes años. El primero se refiere al énfasis que se busca dar a las “comunidades” como unidad básica mínima de definición de la copertenencia entre sociedad y cultura. El segundo se refiere a la importancia de entender que la base de la identidad cultural de México reposa en los “pueblos ancestrales” y la diversidad de lenguas (culturas). Si bien estos dos conceptos rectores pueden ser muy sugerentes, corren el riesgo de funcionar como bastión doctrinal de la 4T. La noción de “pueblos originarios”, allende de que retoma la formulación más reciente del artículo segundo de la Constitución, si no se problematiza más allá de las lógicas de reificación de la cultura indígena y popular, puede convertirse en una réplica anacrónica del discurso indigenista posrevolucionario, que entre otras cosas construyó un imaginario indígena y campesino que clausuró la posibilidad de participación política de estas comunidades en el  México del siglo XX. En este contexto, asumir una identidad suprahistórica originaria no solo reafirma una mitología fundacional de la soberanía nacional, sino que peor aún —paradójicamente— este anacronismo corre el riesgo de construir una nueva fantasía romántica sobre la verdad de lo originario.

El otro lado de esta paradoja se define a través del concepto de “comunidades”. Quizá no haya noción más contradictoria en las teorías culturalistas como este concepto. En el contexto de las sociedades actuales, la comunidad tiende a ser pensada como identidad y sentido de pertenencia a una tradición, lengua o tierra; pero también es cierto que el concepto de “comunidades” es una franca expresión de las ideologías neoconservadoras, de derecha o izquierda, que han sabido administrar los disensos en función de la noción de “diferencia” de cualquier índole, debilitando con ello el sentido del bien común. Cuando una demanda de diferencia de género, raza, lengua, etcétera, no puede configurar condiciones de críticas al poder, y al mismo tiempo construir condiciones formales del disenso como fundamento de la democracia, corre el riesgo de ser instrumentalizada por el poder instituido.

Hoy más que nunca, las comunidades consisten en prácticas de intercambio entre formas de vida en espacios definidos por su alta movilidad y en virtud de las lógicas de desplazamiento propias de los nomadismos globales. De acuerdo a esto, es difícil imaginar si aún podemos establecer sin más una equivalencia entre identidad y comunidad; pero tampoco éstas pueden ser vistas bajo la óptica entusiasta de la hibridación posmoderna. Antes bien, hoy las comunidades producen tensiones internas entre la forma de vida de la identidad de los grupos y las formas de habitar el lugar y el territorio. En este contexto, sin duda es necesario tener claridad sobre qué significa para la política cultural “trabajar con las comunidades.”

Si bien no se puede soslayar la importancia del concepto de “comunidades” a la hora de orientar una política cultural, también es cierto que el concepto es deficitario respecto al de sociedad, pues mientras lo social es una ámbito abstracto de acción en el espacio público (un lugar que no es propiedad de nadie), en cambio la comunidad refiere sobre todo a la identidad del grupo consigo mismo y con los lugares que habita. La comunidad en tanto identidad y diferencia tiende a afirmarse en función de los intereses que les son propios, y a fundar las formas de intercambio social de acuerdo a sistemas de valores preestablecidos, y no a condiciones de posibilidad de convivencia humana en general. En todo caso, en la medida en que los conceptos rectores en los que una parte de las declaraciones realizadas por los funcionarios de cultura dan por verdadera y fundamental la noción de “comunidad” o de “comunidades” sin asumir una distancia necesaria, se corre el riesgo de hacer de las identidades y las diferencias culturales una suerte de teleología y una teología de la política cultural del Estado mexicano.

Consciente de que estas consideraciones sobre el concepto de “comunidades” pudieran parecer extremas, si las ponemos en relación con nociones como “el Pueblo tiene la “verdad” o “pueblos originarios”, lo que resulta es un postulado francamente problemático sobre la copertenencia entre comunidad y origen como parte del discurso sobre el que se emplazan las decisiones en torno a la política cultural del gobierno lopezobradorista. Es indudable que no solo en México sino en el resto del mundo las relaciones entre comunidades, lugares y naciones se han transformado, y que en la medida en que una política cultural sea solo reactiva a las transformaciones innegables que los procesos de globalización trajeron consigo, corre el riesgo de producir lógicas inversas de exclusión como las que de hecho ya se están produciendo en distintas ciudades y países. Estoy cierto de que es demasiado pronto para poder ver cuáles sean las implicaciones de estos discursos a la hora de implementar los programas y la acciones por parte de la Secretaria de Cultura; por ahora lo único sobre lo que creo que vale la pena insistir es sobre la importancia de no sustancializar y sobredimensionar las nociones de “comunidades” y “pueblos originarios”.

Considero que si el actual gobierno quiere hacer de la cultura un verdadero eje de transformación social y de construcción de paz y justicia, debe de propiciar discusiones más amplias donde la cultura pueda ser pensada como una contradicción fundamental entre formas de vidas y construcción de subjetividades, contradicción que abone a un proyecto amplio de maduración democrática de la sociedad mexicana. Dejo para otra ocasión las preguntas y reflexiones que me surgen a partir de lo que puedan significar, en este contexto, los ejes de la política cultural propuestos por la titular de la Secretaria de Cultura: 1) La reconfiguración simbólica de México en el mundo; 2) La acción cultural como un eje para la política de apoyo a migrantes; 3) Hacer de la cultura un factor clave para la agenda de desarrollo sostenible 2030: 4) Impulsar modelos de cooperación cultural que contribuyan a detonar el desarrollo económico del país y a recomponer su tejido social: 5) Hacer que las lenguas nacionales funjan como herramientas fundamentales de la cultura; y 6) Buscar una mayor protección internacional de los derechos autorales y comunitarios, para evitar el plagio de los conocimientos ancestrales.

 

José Luis Barrios
Filósofo, crítico de arte y curador.

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