El 3 de febrero de 1939 fue creado por mandato de Lázaro Cárdenas el Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución clave de la vida mexicana. A ocho décadas de su nacimiento, este ensayo aborda los claroscuros de la relación entre patrimonio cultural y poder político, y cuestiona cuál debe ser el papel que el INAH debe desempeñar en el futuro.  

México es un país atento al pasado. La escritura y reescritura de la historia revisten una alta significación porque se ocupan de asuntos patrimoniales, matéricos o ideológicos, fundamentales para renegociar la percepción que tenemos de nosotros mismos. El patrimonio tangible, la historia y el arte, han sido objeto de debates sociales durante casi 250 años. Iniciaron con las preocupaciones patrióticas de los criollos, acentuadas en el siglo de la Independencia y perpetuadas hasta el día de hoy, pues se les tiene como la materia prima de la construcción de la identidad mexicana. En consecuencia, la entidad encargada de la custodia, investigación y operatividad de ese patrimonio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ejerce un incomparable poder en relación a cualquier otro organismo de cultura.

Por supuesto, es una supremacía relativa, y endogámica, ya que es efectiva solo dentro de su área de influencia. Por ejemplo, existe una profunda disparidad entre las dos instituciones centralizadoras de museos de carácter federal, el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismos en apariencia complementarios pero desiguales en cuanto a representatividad nacional: el INAH cuenta hoy con alrededor de 120 establecimientos museales, a diferencia del INBAL, que con dificultad consiguió abrir espacios especializados en los diversos periodos artísticos y, en este rubro, puede considerarse una mera institución capitalina, ya que la mayoría de sus 16 recintos se ubican en la Ciudad de México. En buena medida, es por ello que el presupuesto del INAH es superior al del INBAL por aproximadamente 250 por ciento según datos reportados en diciembre de 2018.1

La imagen pública de México se ha construido sobre estrategias como la continuidad de tradiciones, en especial formales y objetuales. Una campaña diplomática de probado éxito ha mantenido al país dentro del top ten de la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco —solo detrás de Italia, China, España, Francia, Alemania y en competencia directa con la India—, que cuenta con 35 sitios. Ocupa un indiscutible primer lugar en toda América, al menos en cuanto a herencia tangible registrada, dejando atrás al antiguo imperio inca, en gran parte porque éste excede la noción territorial nacional al repartirse en tres países. Del listado oficial mexicano, dividido en sitios culturales, naturales y mixtos, la mayor cantidad, 27, corresponde a la clasificación de “patrimonio cultural”. De ellos, alrededor de 17 son regidos por el INAH, lo que consolida su liderazgo, por lo menos en el área de la administración de las valiosas propiedades de la patria.

El INAH surgió en 1939 como parte del proyecto cardenista de nación, que estaba vinculado estrechamente al sistema educativo al que se le encargó la importante misión reformista de lograr un cambio social que llevara a México a la modernidad plena. Para ello se importó el modelo francés de gestión de la cultura, en el que una institucional Secretaría de Educación Pública (SEP) controlaba, desde 1921, año de su creación, un alto porcentaje de la educación básica y media impartida en casi todas las demarcaciones. Los institutos culturales que operaron dentro de su ala protectora —el INBAL, fundado tardíamente, se incorporó en 1946— detentaron un valor retórico muy utilizado en los discursos populistas de la época: representar una importante contribución a la educación extraescolar del pueblo. La desincorporación del INAH de la SEP, formalizada en 2015 con la creación de la Secretaría de Cultura, implicó su devaluación simbólica, amén de la intensificación de las reducciones presupuestales que ya venían ocurriendo.

Como es sabido, una de las funciones de la SEP fue subordinar los asuntos culturales al sistema político. Así, desde su creación, el INAH y luego el INBAL han permanecido anclados al gobierno en turno y han vivido sujetos a sus incoherencias y contingencias. El presidencialismo omnipresente, que ahora volvió por sus fueros, obliga a que sigan sujetos a criterios de Realpolitik en demérito de intereses culturales. Conceder autonomía a instituciones tan emblemáticas fue impensable para el régimen que imperó durante casi toda la centuria pasada, ya que se usaba la cultura para legitimar el poder político. Aún hoy existe cierto consenso en que deben mantenerse como dependencias del Estado para garantizar tanto su continuidad como su capacidad de gestión, puesto que tal adscripción les asegura presupuesto. No obstante, su condición de institutos estatales y públicos no debería significar seguir entregando agenda y programa.

Las ventajas de dicho estatus, tanto para el INAH como el INBAL, es que les ha permitido constituirse en entidades que, a pesar de su raquítico presupuesto —en comparación con otras dependencias de menor carga simbólica—, poseen la capacidad de operar por sí mismas en tanto institutos rectores, gestores y ejecutivos, de asumir las responsabilidades consignadas en sus respectivas leyes orgánicas, de autogenerar un funcional corpus jurídico con sus indispensables reglamentos y manuales de procedimientos, consolidarse como órganos reguladores en ámbitos de su exclusiva competencia y de integrar una élite de especialistas, cada vez peor remunerada y en el presente con problemas de actualización y productividad, pero que goza del derecho de elegir con libertad temas y problemas de investigación. Lo preocupante es que desde hace lustros su antigua posición prestigiada se ha debilitado dada la crisis crónica en que está sumergido el pacto entre intelectuales y clase política. Mediante éste, que fue establecido de forma inicial por el carrancismo y consolidado por José Vasconcelos durante el obregonismo, los intelectuales se integraron con pasión y compromiso al esfuerzo reformista y pedagógico. Se les confirió mucho más que el tradicional rol de creadores y transmisores de conocimiento, de productores y difusores de cultura: frente al aparato de gobierno se les validó como interlocutores que —en alguna medida— portaban la voz de diferentes grupos sociales, en especial la de aquellos de estratos inferiores. Hoy, con un sistema político fortalecido, su capacidad de representación de la colectividad, de ejercer un poder de presión efectivo, ha mermado.

El monopolio estatal de la cultura y sus restos materiales también ha propiciado la concentración de los discursos, instituyendo una cierta “dictadura” —que en este caso sería una “dictablanda”— en relación a cómo entender lo arqueológico, antropológico e histórico. A pesar de lo limitante que resulta una óptica centralizada y centralizadora, el dominio discursivo y administrativo del INAH ha constituido una barrera a los intereses turístico-comerciales prioritarios para un neoliberalismo ya trasnochado que traduce patrimonio en mercancía y reduce el concepto de riqueza ancestral a fetiches exóticos aptos para atraer al anhelado turismo global masivo, ávido de disfrutar del trinomio ruina-playa-folclore. La incesante exploración de nuevas zonas arqueológicas, con sus consabidos enclaves museísticos, obedece también a la permanente demanda de incrementar las rutas turísticas por las diferentes regiones del país, con especial acento en el sureste. Por ello, el índice de viajeros temporales es un dato que se considera fundamental para medir el éxito de la campaña propagandística gubernamental, diseñada para consumo interno y, sobre todo, internacional. Hace unos días se anunciaba triunfalmente que México regresó a la lista de los diez países más visitados del mundo, ranking en el que había estado durante buena parte del siglo XX y del que salió a consecuencia de la publicidad negativa que generó la fallida guerra contra el narcotráfico impuesta durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2016, la derrama económico-turística llegó al 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A su vez, el sector cultural proveyó, el mismo año, 3.3 por ciento; a cambio, el gasto público destinado a éste fue de 0.15 por ciento en 2015. Esto es, recibe aproximadamente 22 veces menos de lo que tributa, según cifras dadas a conocer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, esta universidad es el único organismo con contrapeso real a las instituciones culturales ministeriales, ya que cuenta con una nada despreciable ventaja adicional: autonomía de gestión.2

Estas disparidades reflejan la necesidad de renegociar la alianza del sector cultural con el Estado. El aniversario 80 del INAH representa una excelente oportunidad para iniciar un proceso de reflexión colectiva con miras a al reordenamiento integral del sector o, al menos, del instituto. Si bien continúa siendo prioritaria e indispensable, al ser una entidad octogenaria urge su reformulación. Necesitamos que esta celebración no sea el festival de la simulación y las complacencias mutuas, los triunfalismos anodinos y la renuncia sistémica a la autocrítica. Los paradigmas del pasado no se ajustan a las necesidades del presente. Seguimos arrastrando, incluso por inercia, nociones, prácticas y disposiciones jurídicas estructuradas durante la modernidad tardía, que solo han sido objeto de enmiendas y parches coyunturales. Reforma profunda, consensuada y planificada a corto, mediano y largo plazo: eso es lo que requerimos. ¿Existe la voluntad política —por parte de todos los involucrados en el INAH, no solo del actual gobierno— para hacerlo?

 

Ana Garduño
Historiadora del arte.


1 El presupuesto del INAH es de 3,668.5 mdp y el del INBAL de 1,446 mdp. Enrique Méndez, “El presupuesto para cultura en 2019, menor al ejercido en 2018”, La Jornada, 17 de diciembre de 2018, y Juan Carlos Talavera, “Concentran y reducen presupuesto del sector cultura”, Excélsior, 17 de diciembre de 2018.

2La cultura recibe 22 veces menos en gasto público de lo que aporta al PIB: Graue”, Proceso, 10 de febrero de 2018.

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