El lugar de la cultura en el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados este 19 de junio, es casi nimio. Parece un cúmulo de buenas intenciones y deseos más que un proyecto serio y bien definido.

“Cultura para la Paz, para el bienestar y para todos”, así se titula el apartado que el gobierno federal dedicó al sector cultural en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El documento completo deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar este 19 de junio.

En el desglose del PND, las líneas sobre política cultural se resumen en el objetivo 2.9: “promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación”.

Ilustración Izak Peón

A juzgar por lo que plantea este objetivo, el gobierno se compromete a lo obvio: refrendar y cumplir lo que desde 2008 está inscrito en el artículo 4 constitucional, apartado al que se incorporó el derecho a la cultura y su libre ejercicio y que textualmente señala: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones”. Es decir, el objetivo dedicado a la política cultural es una relectura de lo que ya dice la Carta Magna.

Más adelante, el Plan traza siete estrategias para cumplir con su meta:

1.- Fomentar el acceso a la cultura de toda la población, promoviendo la redistribución de la riqueza cultural y desarrollando esquemas de planeación intercultural, inclusiva y participativa.

2.- Impulsar la formación y profesionalización artística y cultural de los individuos, comunidades, colectivos y trabajadores de la cultura, y brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización para toda la población.

3.- Promover y ampliar la oferta cultural a lo largo del territorio nacional y desarrollar el intercambio cultural de México con el extranjero.

4.- Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de México, tanto material como inmaterial, así como promover la apropiación social de las humanidades, las ciencias y las tecnologías.

5.- Fortalecer las industrias culturales y empresas creativas para generar y difundir sus contenidos.

6.- Desarrollar y optimizar el uso de la infraestructura cultural pública, atendiendo las particularidades y necesidades regionales del país.

7.- Reconocer, preservar, proteger y estimular la diversidad cultural y lingüística de México, con particular atención a los aportes de los pueblos indígenas y afromexicano y otros grupos históricamente discriminados.

En opinión de Eduardo Cruz Vázquez, fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la UAM y coordinador de los títulos 1988-2012. Cultura y transición y ¡Es la reforma cultural, Presidente! Propuestas para el sector 2018-20124, el documento es “decepcionante, una burla y una falta de respeto a la inteligencia del país”.

Cruz Vázquez precisa que el PND debe revisar la viabilidad de las políticas públicas (de acuerdo a lo establecido en la fracción 8ª del artículo 2º de la Ley de Planeación). “No veo en ninguna parte un señalamiento que intente medianamente atender el ordenamiento. Tan sólo por eso el Congreso tendría que revisarlo e incluso regresarlo al presidente y a la Secretaría de Hacienda”.

Otras visiones más cercanas a la llamada “Cuarta Transformación”, como la de Sabina Berman, encuentran en el proyecto un cúmulo de buenas intenciones. “Me gusta la idea de optimizar la infraestructura cultural. Ya era tiempo de hacer patente la intención”.

La dramaturga y analista, que en días recientes ha estrenado un programa en el Canal 11 bastante favorable al proyecto obradorista, celebra el llamado a promover y ampliar la oferta a lo largo del territorio nacional y desarrollar el intercambio cultural de México con el extranjero. “Creo que es algo de lo más necesario y de lo más fácil de hacer”.

Economía cultural

Según la Cuenta Satélite de la Cultura del INEGI de 2017, el sector cultural aporta 3.2% del PIB. Los servicios de medios audiovisuales, la fabricación de bienes culturales (artesanías, por ejemplo), y la producción cultural de los hogares (participación voluntaria en la organización o desarrollo de espectáculos, fiestas tradicionales, ferias y festivales; gasto en la adquisición de productos culturales en la vía pública; y elaboración de artesanías para uso final propio) representan el 73.9% del total de la suma.

Datos de la Consultoría Nomismae, dirigida por Ernesto Piedras, ubican a México en tercer lugar a nivel latinoamericano en ese renglón por debajo de países como Argentina (3.8%) y Colombia (3.9%).

Aunque la información esté a disposición pública, el PND no plantea un horizonte definido al respecto. Se limita a citar al INEGI y a apuntar que en los últimos 12 meses el 58% de la población mayor de 18 años asistió al menos a una sala de cine, a una obra de teatro, concierto, exposición o espectáculo de danza. No hace siquiera un comparativo con 2017, cuando este porcentaje fue de 59%.

A lo más propone incrementar cobertura y oferta con una política pública que mediante actividades y programas vincule la cultura con el desarrollo social, urbano y económico de las entidades, para lo cual se buscará la colaboración de secretarías locales y federales de distintos ramos. Lejos de comprometerse a incrementar la injerencia del sector en el PIB con un porcentaje estimado, prefiere enunciar más que objetivos, deseos.

El documento del Ejecutivo carece además de intencionalidad por equilibrar la forma en la que nos acercamos a la cultura y por reducir la disparidad entre las distintas disciplinas: por ejemplo, mientras que el 86.7% de los consumidores reconoce haber ido al cine al menos una vez al año durante 2017, apenas el 22.7% ha visitado un espectáculo de danza.

El propósito del PND de aumentar la cobertura se tambalea a partir del recorte presupuestal implementado por el gobierno de López Obrador. Si en 2018 se destinaron 12 mil 916 millones de pesos al sector cultural, en 2019 se le asignaron 12 mil 394 millones. La diferencia de poco más de 550 millones intentó subsanarse con la implementación del Programa de Apoyos a la Cultura cuyo monto es de 500 millones de pesos. Aun así los recursos son menores en relación al año anterior.

Para el economista Ernesto Piedras, autor del estudio ¿Cuánto vale la cultura?, las líneas marcadas por el PND parecen un retroceso. Sus investigaciones calculan un monto mayor al del INEGI: la aportación del sector al PIB se ubicaría en el 7.4%, del cual el 3.6% corresponde a la economía sombra y el 3.8% a la economía formal. “Seguimos sin evolucionar. Enarbolamos que la cultura es lo más transversal que tenemos como seres humanos. Sin embargo veo pocas alusiones a su uso como herramienta para el desarrollo”.

Hay, por ejemplo, pocas menciones a la conectividad y la apropiación de contenidos creativos por la vía digital. No se pueden, en su opinión, manejar de manera independiente el derecho a la cultura y el derecho a la conectividad. “Necesitamos ir en esa dirección. Muchos artistas trabajan por medio de internet y los consumidores nos acercamos cada vez más a su trabajo por esta vía”. Por lo tanto el discurso enarbolado desde el gobierno federal le parece inmaduro y populista. “No veo la intención de relacionar la cultura con la educación, la economía o el comercio. Hay puras ideas básicas y aisladas. No se habla de la cultura como generadora de empleo y divisas. Me parece una propuesta dogmática, pobre y poco seria”.

Por medio del documento, el gobierno federal busca ofrecer resultados concretos en dos áreas vinculadas con la seguridad y el desarrollo social. Actualmente la cobertura de actividades artísticas abarca el 8.1% de los municipios de alta incidencia criminal y delictiva. Para 2024 la meta es cubrir el 92.9% de estos sitios. Sin precisar la metodología o la forma de cumplir con el objetivo, se pretende aumentar la presencia de la Secretaría de Cultura en el territorio nacional. Hoy la distancia promedio que necesita recorrer una persona para tener acceso a actividades impulsadas por la dependencia federal es de 50 km. El objetivo para 2024 es disminuirla a 5 km. “Me reanima leer este tipo de fines, es necesario consolidar el quehacer artístico como herramienta para restablecer el tejido social”, apunta Sabina Berman. Pero entre leer los fines y lograrlos hay un abismo inmenso de realidad.

¿Una política cultural indigenista? ¿De minorías?

Otro punto clave del PND es el relativo a los indígenas. Datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) indican que de las 68 lenguas originarias habladas en México 43 se encuentran en peligro de extinción. Para prevenir esta pérdida las autoridades ofrecen la protección y el estímulo de la diversidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas y el resto de las minorías étnicas (los grupos afromexicanos, entre ellos).

Queda claro que este es el núcleo discursivo de la política del nuevo gobierno y su manifestación más clara en el área cultural. “Son estrategias que plasman la visión comunitaria y de ‘primero los pobres’”, apunta Eduardo Cruz Vázquez, sin sorpresa alguna. Si bien es consecuente con el derecho al acceso a los bienes y servicios que quiere garantizar el gobierno de AMLO “parece más una política social, que cultural”. El sello de la actual administración es precisamente querer acentuar la vocación social, pero más allá de eso no encuentra nada novedoso, según el investigador de la UAM. “Siempre se ofrece ampliar la oferta cultural, respetar la diversidad, optimizar la infraestructura y descentralizar la producción. Aquí no veo nada original”.

Escenarios ideales y promesas

Por la permeabilidad social del discurso obradorista, sería preocupante que la promoción de la cultura se enfocara única y exclusivamente en los lugares más pobres o afectados por la violencia. “Pero encontrar alusiones a las industrias y empresas culturales me hace ser optimista”, afirma Sabina Berman. Su inquietud ahora reposa en la forma en que se aterrizarán las estrategias. En un documento tan general como este Plan no hay espacio para los detalles, “aún así, en el sector estamos inquietos porque ya nos acostumbramos a quedarnos con puros enunciados”.

Desde su creación en 1988, el CONACULTA esbozó tres grandes promesas: salvaguardar el cúmulo de cultura; multiplicar los generadores de cultura; y hacer llegar la cultura y las artes a todos los mexicanos. Para la dramaturga hubo avances sólo en los dos primeros, mientras que en el último prevalece “un absoluto rezago”.

A Berman le da cierta tranquilidad que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fuera convertir Los Pinos en un espacio cultural y que haya puesto en marcha las cruzadas artísticas en los lugares más afectados por la delincuencia. Sin embargo, no es suficiente. “Me parece que sí están ocurriendo cosas importantes aunque es verdad que las artes profesionales siguen en el tintero. Ya no basta con que las cosas se queden igual. Necesitamos cambios importantes”.

En un escenario ideal para Cruz Vázquez, el Congreso debería regresar el documento al Ejecutivo con las “miles de observaciones que se le podrían hacer”. Lo cierto, reconoce, es que dada la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados esto no ocurrirá. Por lo tanto será necesario esperar hasta noviembre o principios de diciembre cuando, acorde a lo estipulado en el artículo 30 de la Ley de Planeación, se cumplan los seis meses que cada secretaría tiene para presentar su plan sectorial una vez que el PND se publique en el Diario Oficial.

Dado que este es el primer sexenio que arranca con la Secretaría de Cultura en su nueva configuración institucional, le corresponde al equipo de Alejandra Frausto diseñar el primer programa del sector: “Veremos si para entonces hacen bien su trabajo y si fuera del yugo presidencial son capaces de hacer un verdadero programa integral”.

 

Héctor González
Periodista cultural.

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Dentro de la nueva agenda cultural del gobierno, conceptos como el de “comunidades” y “pueblos originarios” parecen tener un peso específico. ¿Cuáles serían los alcances y bajo qué lógicas se deberían pensar estos rubros? El siguiente texto propone algunas perspectivas críticas al respecto.

Nos deberíamos preguntar si hay alguna
identidad cultural que haya logrado establecerse de modo firme
gracias sus dotes para la ironía y autocrítica.

—Terry Eagleton

Desde su campaña y tras la toma de poder el 1 de diciembre, en el discurso del Ejecutivo la cultura ha aparecido como uno de los ejes fundamentales de su política de Estado y su programa de gobierno. Al menos en el dicho, la cultura es considerada como una condición necesaria no solo en el proceso de pacificación del país, sino también como un valor a partir del cual se puede y se debe reconstruir el tejido social. Sin embargo, quizá sea necesario ir más allá de una declaración de principios e intentar poner en su justa dimensión el significado que este concepto tiene en el discurso lopezobradorista, y el modo en que la Secretaria de Cultura ha ido perfilando las definiciones de su política cultural a partir de su importancia, reconocida en diversas declaraciones.

Ilustración: Patricio Betteo

El concepto de “política cultural”, al menos teóricamente, es más una declaración de principios de la noción de bien común propio de la modernidad que una mera cuestión normativa a partir de la cual se definen los organismos y las estructuras a través de la cuales se operan las políticas públicas de un gobierno. Esta precisión conceptual, en el contexto de lo que deseo desarrollar, busca abonar a una reflexión más compleja en torno a un asunto tan importante como es el del lugar que la cultura tiene para la política de Estado de un gobierno cuya diferencia sustancial reside en su intención de construir su legitimidad en un registro ético de su quehacer, o si se prefiere, a partir de un fundamento metapolítico de la política.

En la medida en que los valores de la honestidad y la justicia funcionan como ejes rectores del gobierno, y que la voluntad del pueblo, en tanto verdad, busca ser el fundamento moral de la praxis de López Obrador,  podemos contextualizar y comprender mejor las implicaciones que pudieran tener las declaraciones que los funcionarios de cultura y algunos legisladores de Morena han hecho en el último mes respecto a nociones tales como identidad, comunidad, pueblos originarios, artesanía, creadores, etcétera. Pero no solo eso: quizá tengamos más elementos para entender cómo se distribuye la estructura operativa de la Secretaria de Cultura en función de esta taxonomía conceptual, y  con ello la función que sus distintas instancias tendrán en los siguientes años.

Lo primero que sería importante destacar es el contexto “antineoliberal” en que estos conceptos han sido emplazados en el discurso del actual gobierno. Toda vez que la política cultural de los gobiernos conservadores y liberales de los tres últimos sexenios tecnocratizaron el discurso nacional modernizador sobre la cultura proveniente del priismo posrevolucionario —a través de figuras como “ciudadanización de la cultura” e “industrias culturales”, y por medio de la raquítica restauración de los modelos reificados de bienes culturales nacionales de acuerdo a una rancia tradición inscrita en la idea ilustrado-burguesa del gusto— es que las propuestas de la 4T apuestan por una política cultural como restitución del valor de lo social enmarcada en una perspectiva temporal de desarrollo sostenible. En principio no podríamos sino estar de acuerdo con esto; sin embargo, las generalidades de las declaraciones han generado una batería de conceptos y proyectos que, en la medida en que se van enunciando, generan dudas que hay que poner a discusión pública. Aquí me gustaría ocuparme de dos de estos conceptos que han sido enfatizados por la Secretaria de Cultura a través de distintas voces.

Los funcionarios de cultura han insistido en dos conceptos fundamentales como rectores de la política cultural que se pretende implementar en los siguientes años. El primero se refiere al énfasis que se busca dar a las “comunidades” como unidad básica mínima de definición de la copertenencia entre sociedad y cultura. El segundo se refiere a la importancia de entender que la base de la identidad cultural de México reposa en los “pueblos ancestrales” y la diversidad de lenguas (culturas). Si bien estos dos conceptos rectores pueden ser muy sugerentes, corren el riesgo de funcionar como bastión doctrinal de la 4T. La noción de “pueblos originarios”, allende de que retoma la formulación más reciente del artículo segundo de la Constitución, si no se problematiza más allá de las lógicas de reificación de la cultura indígena y popular, puede convertirse en una réplica anacrónica del discurso indigenista posrevolucionario, que entre otras cosas construyó un imaginario indígena y campesino que clausuró la posibilidad de participación política de estas comunidades en el  México del siglo XX. En este contexto, asumir una identidad suprahistórica originaria no solo reafirma una mitología fundacional de la soberanía nacional, sino que peor aún —paradójicamente— este anacronismo corre el riesgo de construir una nueva fantasía romántica sobre la verdad de lo originario.

El otro lado de esta paradoja se define a través del concepto de “comunidades”. Quizá no haya noción más contradictoria en las teorías culturalistas como este concepto. En el contexto de las sociedades actuales, la comunidad tiende a ser pensada como identidad y sentido de pertenencia a una tradición, lengua o tierra; pero también es cierto que el concepto de “comunidades” es una franca expresión de las ideologías neoconservadoras, de derecha o izquierda, que han sabido administrar los disensos en función de la noción de “diferencia” de cualquier índole, debilitando con ello el sentido del bien común. Cuando una demanda de diferencia de género, raza, lengua, etcétera, no puede configurar condiciones de críticas al poder, y al mismo tiempo construir condiciones formales del disenso como fundamento de la democracia, corre el riesgo de ser instrumentalizada por el poder instituido.

Hoy más que nunca, las comunidades consisten en prácticas de intercambio entre formas de vida en espacios definidos por su alta movilidad y en virtud de las lógicas de desplazamiento propias de los nomadismos globales. De acuerdo a esto, es difícil imaginar si aún podemos establecer sin más una equivalencia entre identidad y comunidad; pero tampoco éstas pueden ser vistas bajo la óptica entusiasta de la hibridación posmoderna. Antes bien, hoy las comunidades producen tensiones internas entre la forma de vida de la identidad de los grupos y las formas de habitar el lugar y el territorio. En este contexto, sin duda es necesario tener claridad sobre qué significa para la política cultural “trabajar con las comunidades.”

Si bien no se puede soslayar la importancia del concepto de “comunidades” a la hora de orientar una política cultural, también es cierto que el concepto es deficitario respecto al de sociedad, pues mientras lo social es una ámbito abstracto de acción en el espacio público (un lugar que no es propiedad de nadie), en cambio la comunidad refiere sobre todo a la identidad del grupo consigo mismo y con los lugares que habita. La comunidad en tanto identidad y diferencia tiende a afirmarse en función de los intereses que les son propios, y a fundar las formas de intercambio social de acuerdo a sistemas de valores preestablecidos, y no a condiciones de posibilidad de convivencia humana en general. En todo caso, en la medida en que los conceptos rectores en los que una parte de las declaraciones realizadas por los funcionarios de cultura dan por verdadera y fundamental la noción de “comunidad” o de “comunidades” sin asumir una distancia necesaria, se corre el riesgo de hacer de las identidades y las diferencias culturales una suerte de teleología y una teología de la política cultural del Estado mexicano.

Consciente de que estas consideraciones sobre el concepto de “comunidades” pudieran parecer extremas, si las ponemos en relación con nociones como “el Pueblo tiene la “verdad” o “pueblos originarios”, lo que resulta es un postulado francamente problemático sobre la copertenencia entre comunidad y origen como parte del discurso sobre el que se emplazan las decisiones en torno a la política cultural del gobierno lopezobradorista. Es indudable que no solo en México sino en el resto del mundo las relaciones entre comunidades, lugares y naciones se han transformado, y que en la medida en que una política cultural sea solo reactiva a las transformaciones innegables que los procesos de globalización trajeron consigo, corre el riesgo de producir lógicas inversas de exclusión como las que de hecho ya se están produciendo en distintas ciudades y países. Estoy cierto de que es demasiado pronto para poder ver cuáles sean las implicaciones de estos discursos a la hora de implementar los programas y la acciones por parte de la Secretaria de Cultura; por ahora lo único sobre lo que creo que vale la pena insistir es sobre la importancia de no sustancializar y sobredimensionar las nociones de “comunidades” y “pueblos originarios”.

Considero que si el actual gobierno quiere hacer de la cultura un verdadero eje de transformación social y de construcción de paz y justicia, debe de propiciar discusiones más amplias donde la cultura pueda ser pensada como una contradicción fundamental entre formas de vidas y construcción de subjetividades, contradicción que abone a un proyecto amplio de maduración democrática de la sociedad mexicana. Dejo para otra ocasión las preguntas y reflexiones que me surgen a partir de lo que puedan significar, en este contexto, los ejes de la política cultural propuestos por la titular de la Secretaria de Cultura: 1) La reconfiguración simbólica de México en el mundo; 2) La acción cultural como un eje para la política de apoyo a migrantes; 3) Hacer de la cultura un factor clave para la agenda de desarrollo sostenible 2030: 4) Impulsar modelos de cooperación cultural que contribuyan a detonar el desarrollo económico del país y a recomponer su tejido social: 5) Hacer que las lenguas nacionales funjan como herramientas fundamentales de la cultura; y 6) Buscar una mayor protección internacional de los derechos autorales y comunitarios, para evitar el plagio de los conocimientos ancestrales.

 

José Luis Barrios
Filósofo, crítico de arte y curador.

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Históricamente, la diplomacia cultural mexicana ha ayudado a desatascar situaciones en las que las relaciones políticas y económicas entre dos países llegan a un punto muerto. Además, este ejercicio cumple con el papel fundamental de proyectar una imagen determinada de nuestra cultura hacia el resto del mundo. Ante los nuevos retos que se vislumbran en esta materia, ofrecemos un repaso de sus logros y una serie de pistas a seguir.

El conocimiento del arte de una nación
por gente de una nación diferente,
tiene efecto en las opiniones y actitudes
más allá de la mera apreciación estética
.
—Bowery Sharp

Durante las actividades de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el nuevo sexenio impulsará especialmente la diplomacia cultural, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, informó que se creará un Consejo de Diplomacia Cultural de México. El canciller dijo que se está por definir una política exterior que mantenga la presencia de México en “un mundo en transición”, en donde lo principal será defender los derechos, intereses y aspiraciones de México mediante una política exterior que tenga una vasta dimensión cultural, además de otras características como la defensa de los derechos humanos.1

Estos planes son relevantes en un contexto de cambios políticos a nivel global; en concreto, el ascenso de radicalismos políticos que se ven claramente en la región con la insistencia de Nicolás Maduro en permanecer en la presidencia venezolana o con la llegada de Jair Messias Bolsonaro a Brasil. Para México, la creciente tensión con Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017, la migración, el narcotráfico y el tráfico de armas, o los conflictos económicos referentes a los cambios en el TLC, hacen inminente la necesidad de repensar su política exterior.

A diferencia de la diplomacia pública que se encarga de las relaciones de tipo político y administrativo entre los gobiernos,2 la de índole cultural trata la comunicación entre un gobierno y una población o audiencia extranjera, “es responsable de los campos artísticos, culturales y científicos, lo que sienta las bases para los intercambios educativos y los discursos oficiales sobre la identidad nacional”.3 Históricamente ha sido utilizada por los Estados para configurar sus relaciones con el exterior, incluso entre países con distintos posicionamientos políticos, pues es una estrategia viable para entablar el diálogo más allá de los roces por cuestiones financieras, de seguridad o ideología, entre las distintas naciones. El intercambio de conocimiento y la empatía entre naciones en buena medida se da gracias a la labor de embajadores y agregados culturales, quienes a partir de mecanismos como la participación en exposiciones, ferias, festivales, trabajos con fundaciones culturales y encuentros académicos, entre otros, logran generar lazos y vínculos entre sus habitantes y gobernantes.

El nuevo gobierno mexicano se enfrenta al reto de reparar la idea que el resto del mundo tiene sobre México como un territorio sumergido en la violencia y el crimen organizado. Gerardo Ochoa Sandy, periodista cultural, explica que ninguna de las tres administraciones de la SRE en el período que va de 2012 a 2018 logró avances reales en esta materia, dejando la diplomacia cultural como un simple ornamento del gobierno. El análisis de Ochoa señala a  José Antonio Meade (secretario de Relaciones Exteriores de 2012 a 2015) y a Juan Manuel Valle Pereña (director de la Agencia Mexicana Cooperación Internacional para el Desarrollo a partir de 2013) como los causantes de sepultar la diplomacia cultural mexicana y asignar con irresponsabilidad a los agregados en el extranjero.

Por su parte, la estrategia para combatir la mala imagen de México ante el mundo que se articuló desde el gobierno de Felipe Calderón se redujo a contratar especialistas y agencias dedicadas a las relaciones públicas para crear una marca-país (imagen que se construye a partir de los bienes y servicios que una nación puede comercializar con otras). Según Alex Marin y Kall, publicista y periodista, aparentemente se tenía resuelto el campo económico, pero “todas las demás conexiones que México requiere para la globalización” –como el intercambio humano, de recursos naturales y de producción cultural– no existían. Para Simon Anholt, uno de los asesores traídos de Reino Unido por el gobierno de Calderón, el problema fue que en México no se terminó de entender que la opinión nacional importa tanto como la extranjera: la administración de Calderón se concentró casi exclusivamente en la prensa, a pesar de sus esfuerzos por generar una idea particular de México en el exterior.

La diplomacia cultural en México tiene recorrido un largo camino. El principio de la vereda puede ubicarse en el siglo XIX con los pabellones en las ferias universales impulsadas durante el porfiriato para la difusión de avances científicos y la promoción de las materias primas del país.4 Tras la lucha armada de la Revolución, la legitimación de discursos políticos, sociales y económicos que usa a la cultura promueve, sobre todo, una nueva identidad mexicana. La diplomacia cultural comenzó a ser particularmente relevante para los gobiernos mexicanos de la posrevolución en el momento en que el arte se convirtió en estandarte de lo mexicano.5

La estética de lo mestizo que sobreviviría largo tiempo tiene sus orígenes en ese momento. La historiadora del arte Valeria Macías ubica una de las primeras exposiciones con estas características —tan pronto como 1921— en la dedicada al Centenario de la Independencia, diseñada por Roberto Montenegro y Jorge Enciso, que incluía artesanías mexicanas entre obras de arte canónicas. Un año más tarde se exportó a Los Ángeles una exposición exclusivamente sobre artes populares con el fin de dar una perspectiva positiva de México después de la lucha armada. Más tarde y para ayudar a contrarrestar las opiniones negativas que se tenían sobre la Guerra Cristera en el exterior, el gobierno de Calles mostró el trabajo de las Escuelas al Aire Libre y los Centros de Enseñanza Artística Popular en distintas capitales de Europa.6

La historiadora del arte Alicia Azuela ha descrito el caso específico de la relación cultural entre México y Estados Unidos a finales de los años veinte y treinta como una lucha entre el arte y el poder que, si bien tuvo efectos positivos para el gobierno mexicano, fue construida en su mayor parte por Dwight Morrow, el embajador estadounidense en México.7 Morrow organizó varias exposiciones y logró disminuir las tensiones políticas posrevolucionarias a partir de subsidiar el arte mexicano e impulsar su financiamiento con ayuda de la iniciativa privada estadounidense, como en el caso de la familia Rockefeller.8 Su intervención diplomática fue necesaria para la resolución de los conflictos de la Guerra Cristera (1926-1929).  Fue el intermediario entre el gobierno mexicano y el Departamento de Estado de Estados Unidos para lograr el apoyo con armamento a Plutarco Elías Calles. Por otro lado, con la intervención de Morrow “los reclamos económicos de ciudadanos y compañías estadounidenses por expropiaciones y daños sufridos durante los años de la guerra”9 y “la ley reglamentaria del artículo 27 [mexicano] en materia petrolera de diciembre de 1927”10 fueron apaciguados gracias al conocimiento que se dio de la sociedad mexicana entre la población vecina del norte. El ejemplo más claro de estas aportaciones diplomáticas fue la exposición “Mexican Arts”, montada primero en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente en The Metropolitan Museum. Vinculó por primera vez en la misma proporción el trabajo de instituciones de ambos países “con el fin de hacer del arte mexicano el eje de una diplomacia más sutil y efectiva que permitiera la negociación en otros terrenos”.11 La imagen cultural producida en ese momento ayudó a subsanar la visión estadounidense de México en el proceso de la expropiación petrolera una década después. Por su parte, para la década de los treinta y a partir de la difusión de la cultura mexicana en grandes museos como el MoMA de o The Metropolitan Museum, se comenzó a impartir la materia de arte precolombino en las universidades en Estados Unidos.12

A pesar de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y el posterior inicio de la Guerra Fría, México logró mantener intercambios culturales y relaciones prósperas con países de distintas posiciones políticas y económicas, entre ellos, lo mismo Estados Unidos que la Unión Soviética. En el país norteamericano, el campo de acción mexicano se extendió de las potencias culturales de las costas al centro, sumando ciudades como Chicago: hacia 1944 se inauguró en el Art Institute of Chicago una magna exposición sobre José Guadalupe Posada. Otro factor determinante en este período fue la intervención cada vez más activa de los colectivos de artistas, los cuales ya no dependían exclusivamente de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Educación Estética para la exportación de exhibiciones, sino que tenían presencia en el extranjero gracias a sus propias relaciones públicas, hecho que se mantiene hoy en día sobre todo con la injerencia de las galerías de arte. En 1945, haciendo uso de sus relaciones con algunos miembros del instituto de arte norteamericano, Leopoldo Méndez también logró exhibir su obra en Chicago, y un año después, el Taller de Gráfica Popular gestionó, sin apoyo de las instituciones públicas mexicanas, su participación en el mismo recinto con gran aceptación por parte del público estadounidense.13

Con el neoliberalismo, la inversión privada participó cada vez más como aliada en las tareas de diplomacia cultural, sobre todo en Estados Unidos. Según Jorge Castañeda y Robert Pastor, hacia finales de la década de los años ochenta había dos maneras de observar a México, por lo menos desde la mirada de Estados Unidos. La primera trataba de la simpatía que el 75% de la población tenía hacia los mexicanos, y los problemas sociales y económicos se le adjudicaban al mal gobierno. Esto convivía con la sospecha de que la versión de los gobiernos mexicanos como corruptos y tiranos era impulsada por Estados Unidos para refrendar la idea de su poderío sobre México.14 Frente a ello, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari buscó callar bocas y proyectar decididamente una imagen de México primermundista capaz de competir con Estados Unidos y Canadá. En este período se llevaron a cabo exhibiciones del calibre de México: Esplendores de treinta siglos, patrocinadas por la inversión privada nacional, en ese caso específico por Televisa.

Aunque la diplomacia cultural ha dejado de depender del Estado en su totalidad, la narrativa posrevolucionaria sobre la identidad mexicana se mantiene, incluso en los sexenios que han seguido a la transición. Por ejemplo, en 2013 se exhibió “Frida Kahlo/Diego Rivera. El arte en fusión” en Museo de l’Orangerie de París, donde no solo se abordaba el mismo y recurrido discurso sobre lo mexicano, sino que también se explotaba la relación personal entre ambos pintores; en 2014 se realizó en el Museo de Nueva Zelanda “Aztecs, Conquest and Glory”, donde el período precolombino fue exhibido una vez más bajo cánones establecidos en el siglo pasado. Si bien se trata de grandes obras y piezas, no aportan mucho al conocimiento y elaboración de la imagen de México en el mundo, y ésta tendría que ser una de las pautas de lo que debe cambiarse en la actual administración, desde la SRE. El país ha dejado de exportar muestras que marquen historia y, en cambio, se reciben grandes exposiciones o se organizan exhibiciones taquilleras que generan largas filas pero tienen poca vocación por el acercamiento de la población a otras culturas. En palabras de Gerardo Ochoa:  “Dentro de la SRE, salvo eminentes excepciones, no hay instituto, casa o centro cultural de México que se haya vuelto un referente relevante en la vida cultural de las ciudades o países donde se localizan”.

Portada del catálogo de la exposición en l’Orangerie

El intercambio cultural en el ámbito internacional que sí es eficaz se está dando gracias a la iniciativa privada, en la participación en ferias de arte que atraen a un público extranjero diverso y a los museos del sector privado que cada día son más atractivos para los visitantes de otros países, pero que dentro de México favorecen solo a ciertos sectores y élites de la sociedad dado a que no todos los grupos sociales pueden acceder a los eventos realizados en la Semana de Arte, donde se llevan a cabo las ferias, o porque el contenido de las exposiciones está dirigido a un grupo social delimitado, con un nivel adquisitivo muy definido. La imagen cultural que se exporta en este ámbito escapa al escudriño y regulación de las instituciones públicas. Sin una intervención contundente y planeada por parte de las instituciones, el amplio espectro de la producción cultural, científica y artística que existe escapa a la correcta difusión y aprovechamiento de conexiones potenciales con el extranjero. Ante las disputas internacionales, México no solo necesita acuerdos de corte económico: cuando los diálogos políticos son incipientes, los culturales han probado funcionar como una buena tarjeta de presentación para abrir brechas y caminos. 

Imagen publicitaria de exhibición sobre los aztecas en el Museo Guggenheim.

Es muy pronto para saber de qué tratarán específicamente los esfuerzos de política exterior del nuevo gobierno, pero la iniciativa de la dirección de la SRE de reforzar la diplomacia cultural y utilizarla como herramienta de diálogo internacional abre un panorama favorable. Habrá que seguir las medidas que se tomen en esta materia y esperar que el gobierno mexicano aproveche la rica diversidad de producciones culturales –incluyendo la científica y tecnológica–, así como de la población que habita el país, a fin de romper con dos versiones de “lo mexicano”: el desgastado discurso que exotiza el indigenismo y que venimos arrastrando desde hace décadas, y el del México violento y corrupto. Finalmente, queda la duda de si con recortes a los presupuestos de educación y cultura será posible mantener estándares altos en términos de diplomacia cultural. Se muestra y exporta solo lo que se es capaz de producir.

 

Viridiana Zavala
Maestra en Historia del Arte. Actualmente realiza su investigación de Doctorado en el Posgrado de Historia del Arte de la UNAM.


1 Las declaraciones pueden encontrarse en la cuenta oficial de la SRE en Twitter @SRE_mx.

2 Edson Argenis Becerril Míguez, Hacia una nueva diplomacia cultural latinoamericana. Estudio de caso: México, Uruguay y Ecuador en la Exposición Universal Milán 2015, Tesis para sustentar el grado de Maestro en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, p. 23.

3 Ibidem, 23.

4 Valeria Macías Rodríguez, La participación en las exposiciones internacionales de arte: el caso de Televisa, Tesis para sustentar el grado de Maestría en Estudios de Arte, Universidad Iberoamericana, 2015, p. 19.

5 Ibidem, p. 23.

6 Ibidem, pp. 25-27.

7 Alicia Azuela, Arte y poder: renacimiento artístico y revolución social. México 1910-1945, El Colegio de Michoacán, 2005, pp. 295-296.

8 Ibidem, pp. 295-296.

9 Mireida Velázquez, “La construcción de un modelo de exhibición: Mexican Arts en el Metropolitan Museum of Arts, 1930”, en Recuperación de la memoria histórica de exposiciones de arte mexicano: (1930-1950), UNAM- Posgrado Historia del Arte, 2016, p. 20.

10 Ibidem, p. 20.

11 Idem.

12 Ibidem, p. 29.

13 Viridiana Zavala, Tesis para obtener el grado de Doctora en Historia del Arte (Manuscrito en proceso).

14 Jorge Castañeda y Roberto Pastor, Limites en la amistad. México y Estados Unidos, Joaquín Mortiz, 1989, p. 66.

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Durante el sexenio que está por concluir, dos cambios mayores repercutieron en el rumbo de la política cultural del país: la creación de la Secretaría de Cultura y la promulgación de la primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales. El siguiente reportaje pondera su calado y verdadero alcance, y señala los retos inmediatos a los que se enfrentará el nuevo gobierno.

Antecedentes

Cuando en 1988 Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia, corrió un rumor que con los años se convirtió en parte de la versión no oficial del nacimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se decía que Salinas propuso a Octavio Paz y a Carlos Fuentes para dirigir la entonces planeada Secretaría de Cultura, pero como ninguno de los escritores aceptó, el presidente dispuso que en su lugar  se creara un Consejo, cuyo presidente fue Víctor Flores Olea y, dos años después, Rafael Tovar y de Teresa, quien estuvo al frente durante toda la administración de Zedillo. Si se rastrean los hechos, es posible encontrar testimonios de una consulta que se hizo entre la comunidad intelectual, en donde se proponía que se instaurara un Fondo Nacional para la Cultura que apoyara la creación y difusión del arte en sus diversas vertientes. Cuando Vicente Fox asumió la presidencia del país, Sari Bermúdez estuvo al frente de CONACULTA; luego, con Felipe Calderón hubo dos periodos: primero el de Sergio Vela y luego el de Consuelo Sáizar. Las administraciones panistas no estuvieron exentas de polémica, y la discusión sobre la necesidad de una Secretaría de Cultura siguió su curso hasta que ésta se materializó durante el sexenio que se va.

La creación de la Secretaría de Cultura

¿Cuál es el ADN de nuestra política cultural? Según refiere Gerardo Ochoa Sandy, periodista y gestor cultural, “desde el punto de vista institucional, la política cultural en México puede interpretarse a partir de dos movimientos. En uno de ellos se crean instituciones y se emiten disposiciones legales heterogéneas. En otro las instituciones son agrupadas bajo esquemas de organización más general y las disposiciones son actualizadas. La Secretaría de Instrucción Pública de Justo Sierra, la de Educación Pública de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, el INAH, el INBA y el CONACULTA son los episodios más relevantes”.

En la dinámica del primero de estos dos movimientos, el 18 de diciembre de 2015 entró en vigor el decreto del Congreso para que surgiera la Secretaría de Cultura, encargada de todas las atribuciones en materia de promoción y difusión de la cultura y el arte que antes llevaba a cabo la SEP. Designado por el presidente, Rafael Tovar y de Teresa encabezó el surgimiento de esta nueva secretaría de Estado. En un inicio, la comunidad de creadores y promotores culturales vio con buenos ojos su creación. Pareció entonces la vía más eficaz para darle autonomía al sector cultural y liberarlo de un lastre que duraba décadas: la dependencia del CONACULTA a la SEP. Sin embargo, otra versión de los hechos es que esta liberación venía enmascarada por un movimiento político de negociación sindical: Aurelio Nuño acumulaba problemas con los maestros y era necesario que los trabajadores de la cultura se desprendieran del SNTE. A raíz de la creación de la Secretaría de Cultura, muchos de éstos pertenecen ahora al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Para Jorge Domínguez Cerdá, coreógrafo ganador del premio nacional de danza José Limón en 2010, el balance es positivo: “a pesar de muchos inconvenientes que tuvo la creación de la Secretaría de Cultura, es indudable que fue un gran logro del sexenio. La presencia de Tovar y de Teresa, quien para muchos no fue santo de su devoción, fue importante como promotor cultural; sus esfuerzos, finalmente, tuvieron este gran resultado. El tiempo pondrá su obra en el sitio que merece. No obstante, contraviniendo a lo logrado con la Secretaría de Cultura, la reducción o mantenimiento en el mismo plano del presupuesto fue el prietito en el arroz”.

El tema presupuestal

A  pesar de las expectativas, la autonomía de la Secretaría de Cultura no implicó un crecimiento en el presupuesto dedicado a este rubro. Carlos Villaseñor, consultor internacional en políticas culturales para el desarrollo sostenible, basado en el Prepuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en los etiquetados y recursos del Anexo 19, elaboró el siguiente cuadro, que agrupa los recursos destinados al sector cultural desde la administración de Felipe Calderón hasta la de Enrique Peña Nieto.

Año de ejercicio

Presupuesto (en pesos)

2007

$7,434,634,853

2008

$9,423,580,630

2009

$11,651,632,294

2010

$11,459,498,804

2011

$12,059,936,240

2012

$16,662,881,229

2013

$18,206,568,555

2014

$18,756,668,833

2015

$19,781,208,031

2016

$17,233,934,175

2017

$16,084,596,208

2018

$16,549,943,454

Como indican las cifras, la administración de Felipe Calderón consignó menos recursos al sector cultural que la de Peña Nieto. Los números dan constancia de que en el sexenio de este último hubo un aumento del PEF que luego disminuyó y después se mantuvo casi igual, sin que el nacimiento de la Secretaría de Cultura afectara en algo, y a pesar de que, por primera vez, en 2017, el presupuesto fue independiente del de la SEP.

Para Francisco Moreno, fundador del sello Editarte Publicaciones, editorial especializada en gestión y política cultural, las consecuencias de que este presupuesto no matuviera su crecimiento de principios del sexenio son claras: “Vemos a una Red de Bibliotecas descuidada, el Sistema de Información Cultural está desactualizado, la infraestructura se encuentra desatendida, así como el trabajo en el exterior relacionado con la cultura. Todo ello sin mencionar la limitada y timorata respuesta a los efectos del sismo del 19 de septiembre pasado, y que los municipios y los estados vieron drásticamente disminuidas su labor y recursos”. Además, según precisa Moreno, los etiquetados fueron eliminados con la creación de la Secretaría de Cultura para darle un uso discrecional al presupuesto: “Parece que quienes ejecutan las políticas públicas tienen su mirada en otra parte, usan el cargo como escalón para otros fines, y son aquellos que ostentan las comisiones de cultura del legislativo y del Congreso, responsables del desaseo de este periodo”.

Es necesario precisar también que hay fondos que se destinan a la cultura provenientes de otras dependencias y cuyo uso es más difícil de calcular. Lucina Jiménez, doctora en antropología y consultora internacional de política cultural, advierte justamente que “no todo el presupuesto lo ejerce ni lo consigue la Secretaría de Cultura. Las comunidades artísticas y culturales, empezando por el cine, han salido a la calle en varias ocasiones para impedir los recortes. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en acuerdo con la SHCP y los partidos políticos, etiqueta recursos con y sin convocatoria, dada la indefinición de los mecanismos de financiamiento a los estados y la sociedad civil. Los fondos que solían etiquetarse para las entidades federativas, 32 millones de pesos por Estado, se concentraron a partir de 2016 en el Ramo 48 de la recién creada secretaría, reduciendo el financiamiento cultural del país”.

Desde el punto de vista de Carlos Villaseñor, en 2016 hubo una disminución de recursos destinados al sector cultural; las bajas presupuestales y la reducción del petróleo, entre otras cuestiones, podrían justificar una consecuente baja en el PEF: “A mí me parece que lo más grave que ha pasado es la recentralización de la decisión en la erogación de los recursos; es decir, que ya sea una decisión a discreción por parte de la Secretaría de Cultura”.

La discusión sobre la asignación de estos recursos resulta primordial ya que, desde el punto de vista económico, en México la cultura cumple un papel de primera importancia: “El aporte de la cultura al Producto Interno Bruto (PIB) en México es similar al de Canadá, mayor al de Colombia, Argentina, España y Finlandia, aunque menor al de Estados Unidos. En 2016 produjo 1,359,451 empleos y generó un movimiento económico de $617,397,000”, anota Lucina Jiménez. Este último dato lo extrae de la Cuenta Satélite de la Cultura (INEGI, 2016).

La gestación de la LGCDC

Tras la creación de la Secretaría de Cultura y a partir del artículo 4° de la Constitución, tuvo lugar la gestación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC). El 14 de diciembre de 2016, integrantes de la Comisión de Cinematografía de la Cámara de Diputados se presentaron al Consejo Redactor de la Ley de Cultura. Dicho Consejo envió la propuesta de ley y un documento orientador para la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, luego se enteraron de que el presidente Peña Nieto recibió un documento de ley muy distinto, proveniente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. “Ignoraron todo lo que nosotros habíamos hecho durante tres meses. Retomaron una iniciativa de ley que Rafael Tovar dejó encauzada cuando fue secretario de Cultura”, relata Eduardo Cruz Vázquez, periodista y promotor cultural.

El 28 de febrero de 2017 fue aprobada la LGCDC. En su momento, Cristina Gaytán, diputada del PRD, acusó al Ejecutivo Federal de “enviar una ley que no respetó las cinco iniciativas enviadas y estudiadas en conferencia por las Cámaras de Diputados y Senadores”. En su defensa, Raúl Ávila Ortiz, especialista en derecho y política cultural, que también participó en el Consejo Redactor del Documento Orientador para la LGCDC, apunta:

En el Senado se encontraron varios enfoques sobre los contenidos de la ley y prevaleció una posición menos garantista y más instrumental; es decir, se priorizó el propósito de construir más un andamiaje legal para la operación de la Secretaría de Cultura, detallando los instrumentos de cooperación y participación, que los mecanismos y técnicas de garantía. Así, por ejemplo, se evitó establecer grandes conceptos y directrices entre sectores del gobierno federal y los gobiernos locales y se prefirió formalizar instrumentos que irán madurando en el futuro, como el Sistema Nacional de Información Cultural y la Reunión Nacional de Cultura, mismos que servirán para ir coordinando y facilitando la participación de diversos sectores y actores en la materia.

Ávila Ortiz considera que en los 42 artículos que componen la LGCDC existen una serie de contenidos valiosos, ya que su objetivo es promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales. Sobre este punto, Villaseñor advierte que el foco de la ley no está ya en los bienes sino en los derechos culturales: “La atención ya no está en los objetos sino en las personas, en los derechos humanos culturales que son ejercidos, inherentes a las personas: esto es un cambio radical”.

La LGCDC establece una política cultural de Estado que no se ejerce únicamente a través de la federación, sino por medio de los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. La ley enlista una serie de derechos culturales y, en concordancia con la Reforma constitucional de 2011, deja abierta a reconocer aquellos derechos culturales que existen en la Constitución o los que sean reconocidos en los tratados internacionales (convenciones y pactos); también instruye bases de coordinación entre la federación, los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos en favor de la cultura, y funda las bases de una legislación para la promoción de la salvaguarda del patrimonio inmaterial.

Deficiencias de la ley

¿Qué le hace falta entonces a la LGCDC? ¿Por qué hay opiniones divididas con relación a su eficacia? Carlos Villaseñor considera que no se desglosaron los derechos culturales con el alcance que ya han definido los instrumentos y los tratados internacionales: “Es bueno que estén, pero pudieron haber sido señalados de una mejor manera”. Otra situación que destaca es que se eliminó toda la parte relacionada con la transversalidad de la cultura: “La propuesta que planteamos trataba de señalar de manera muy clara cuáles eran los ámbitos en los que la Secretaría de Cultura tenía un quehacer conjunto con otras secretarías; por ejemplo, con la de Turismo, la de Economía y la de Desarrollo Social”.

Villaseñor también destaca la falta de políticas de fomento a la economía cultural, así como la falta de seguridad jurídica para los creadores y trabajadores de la cultura, derechos de autor y seguridad social para los creadores.

Raúl Ávila Ortiz comparte la visión de Villaseñor respecto a la ley de cultura y añade: “Desde luego que la ley es perfectible y debe ser objeto de nuevas reflexiones y adecuaciones para sincronizarla mejor con el nuevo paradigma constitucional de los derechos. Eso significa que se le imprima a la ley un énfasis proderechos y que se precise de la dimensión individual, colectiva y transversal de la cultura y los derechos y políticas culturales, a efecto de que cobre más peso en la administración pública federal y se vaya integrando un sector cultural que sigue fragmentado y poco articulado. Pienso que todavía hay mucho que estudiar, proponer y cambiar, como tanto que preservar, gozar y crear para contribuir a esos procesos.”

El futuro inmediato

¿Qué momento vive la política cultural en nuestro país? ¿Qué nueva ruta se debe seguir en el sector cultural? Los especialistas coinciden en que las bases ya están dadas tanto en las funciones de la Secretaría de Cultura como en lo que establece la LGCDC. “Se pasó de una visión vasconcelista, vertical, centrada en el patrimonio y en las artes, a una política cultural orientada en garantizar el derecho humano y los derechos culturales, una política cultural que se instrumenta en los tres ámbitos de gobierno. Eso, indudablemente, es el comienzo una reforma cultural”, puntualiza Carlos Villaseñor.

A partir del 1º de diciembre, la administración lopezobradorista tendrá 6 meses para presentar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Por primera vez en el sector cultural se realizará un programa independiente que corresponda a las necesidades de la Secretaría de Cultura y no a un programa especial de cultura y arte, como se incorporaba anteriormente a la SEP, cuando la cultura era vista como un apéndice. “Si existe congruencia en la siguiente administración, el programa que van a diseñar se debería de llamar Programa de Cultura y Derechos Culturales. Y tendrá que estar apegado a la LGCDC”, indica Carlos Villaseñor.

Por su parte, Alejandra Frausto ha dejado claro que el proyecto cultural que promoverá la nueva administración, llamado “El poder de la cultura”, pondrá la cultura al alcance de todos, quitándole su presunto carácter elitista. En ese sentido, los sectores más favorecidos serán los Estados con más índices de pobreza y en donde los jóvenes carecen de una oferta cultural; el enfoque también es, por lo tanto, reconstruir el tejido social.

Lo cierto es que al gobierno de AMLO le tocará continuar y afianzar la reforma cultural que inició el gobierno de Peña Nieto, tomando en cuenta los cimientos —y la estructura legal— que se acaban de poner. ¿Se apostará por la continuidad institucional o por una ruptura transformadora?

 

Mary Carmen Sánchez Ambriz
Ensayista, editora y periodista cultural.

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