El 3 de febrero de 1939 fue creado por mandato de Lázaro Cárdenas el Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución clave de la vida mexicana. A ocho décadas de su nacimiento, este ensayo aborda los claroscuros de la relación entre patrimonio cultural y poder político, y cuestiona cuál debe ser el papel que el INAH debe desempeñar en el futuro.  

México es un país atento al pasado. La escritura y reescritura de la historia revisten una alta significación porque se ocupan de asuntos patrimoniales, matéricos o ideológicos, fundamentales para renegociar la percepción que tenemos de nosotros mismos. El patrimonio tangible, la historia y el arte, han sido objeto de debates sociales durante casi 250 años. Iniciaron con las preocupaciones patrióticas de los criollos, acentuadas en el siglo de la Independencia y perpetuadas hasta el día de hoy, pues se les tiene como la materia prima de la construcción de la identidad mexicana. En consecuencia, la entidad encargada de la custodia, investigación y operatividad de ese patrimonio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ejerce un incomparable poder en relación a cualquier otro organismo de cultura.

Por supuesto, es una supremacía relativa, y endogámica, ya que es efectiva solo dentro de su área de influencia. Por ejemplo, existe una profunda disparidad entre las dos instituciones centralizadoras de museos de carácter federal, el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismos en apariencia complementarios pero desiguales en cuanto a representatividad nacional: el INAH cuenta hoy con alrededor de 120 establecimientos museales, a diferencia del INBAL, que con dificultad consiguió abrir espacios especializados en los diversos periodos artísticos y, en este rubro, puede considerarse una mera institución capitalina, ya que la mayoría de sus 16 recintos se ubican en la Ciudad de México. En buena medida, es por ello que el presupuesto del INAH es superior al del INBAL por aproximadamente 250 por ciento según datos reportados en diciembre de 2018.1

La imagen pública de México se ha construido sobre estrategias como la continuidad de tradiciones, en especial formales y objetuales. Una campaña diplomática de probado éxito ha mantenido al país dentro del top ten de la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco —solo detrás de Italia, China, España, Francia, Alemania y en competencia directa con la India—, que cuenta con 35 sitios. Ocupa un indiscutible primer lugar en toda América, al menos en cuanto a herencia tangible registrada, dejando atrás al antiguo imperio inca, en gran parte porque éste excede la noción territorial nacional al repartirse en tres países. Del listado oficial mexicano, dividido en sitios culturales, naturales y mixtos, la mayor cantidad, 27, corresponde a la clasificación de “patrimonio cultural”. De ellos, alrededor de 17 son regidos por el INAH, lo que consolida su liderazgo, por lo menos en el área de la administración de las valiosas propiedades de la patria.

El INAH surgió en 1939 como parte del proyecto cardenista de nación, que estaba vinculado estrechamente al sistema educativo al que se le encargó la importante misión reformista de lograr un cambio social que llevara a México a la modernidad plena. Para ello se importó el modelo francés de gestión de la cultura, en el que una institucional Secretaría de Educación Pública (SEP) controlaba, desde 1921, año de su creación, un alto porcentaje de la educación básica y media impartida en casi todas las demarcaciones. Los institutos culturales que operaron dentro de su ala protectora —el INBAL, fundado tardíamente, se incorporó en 1946— detentaron un valor retórico muy utilizado en los discursos populistas de la época: representar una importante contribución a la educación extraescolar del pueblo. La desincorporación del INAH de la SEP, formalizada en 2015 con la creación de la Secretaría de Cultura, implicó su devaluación simbólica, amén de la intensificación de las reducciones presupuestales que ya venían ocurriendo.

Como es sabido, una de las funciones de la SEP fue subordinar los asuntos culturales al sistema político. Así, desde su creación, el INAH y luego el INBAL han permanecido anclados al gobierno en turno y han vivido sujetos a sus incoherencias y contingencias. El presidencialismo omnipresente, que ahora volvió por sus fueros, obliga a que sigan sujetos a criterios de Realpolitik en demérito de intereses culturales. Conceder autonomía a instituciones tan emblemáticas fue impensable para el régimen que imperó durante casi toda la centuria pasada, ya que se usaba la cultura para legitimar el poder político. Aún hoy existe cierto consenso en que deben mantenerse como dependencias del Estado para garantizar tanto su continuidad como su capacidad de gestión, puesto que tal adscripción les asegura presupuesto. No obstante, su condición de institutos estatales y públicos no debería significar seguir entregando agenda y programa.

Las ventajas de dicho estatus, tanto para el INAH como el INBAL, es que les ha permitido constituirse en entidades que, a pesar de su raquítico presupuesto —en comparación con otras dependencias de menor carga simbólica—, poseen la capacidad de operar por sí mismas en tanto institutos rectores, gestores y ejecutivos, de asumir las responsabilidades consignadas en sus respectivas leyes orgánicas, de autogenerar un funcional corpus jurídico con sus indispensables reglamentos y manuales de procedimientos, consolidarse como órganos reguladores en ámbitos de su exclusiva competencia y de integrar una élite de especialistas, cada vez peor remunerada y en el presente con problemas de actualización y productividad, pero que goza del derecho de elegir con libertad temas y problemas de investigación. Lo preocupante es que desde hace lustros su antigua posición prestigiada se ha debilitado dada la crisis crónica en que está sumergido el pacto entre intelectuales y clase política. Mediante éste, que fue establecido de forma inicial por el carrancismo y consolidado por José Vasconcelos durante el obregonismo, los intelectuales se integraron con pasión y compromiso al esfuerzo reformista y pedagógico. Se les confirió mucho más que el tradicional rol de creadores y transmisores de conocimiento, de productores y difusores de cultura: frente al aparato de gobierno se les validó como interlocutores que —en alguna medida— portaban la voz de diferentes grupos sociales, en especial la de aquellos de estratos inferiores. Hoy, con un sistema político fortalecido, su capacidad de representación de la colectividad, de ejercer un poder de presión efectivo, ha mermado.

El monopolio estatal de la cultura y sus restos materiales también ha propiciado la concentración de los discursos, instituyendo una cierta “dictadura” —que en este caso sería una “dictablanda”— en relación a cómo entender lo arqueológico, antropológico e histórico. A pesar de lo limitante que resulta una óptica centralizada y centralizadora, el dominio discursivo y administrativo del INAH ha constituido una barrera a los intereses turístico-comerciales prioritarios para un neoliberalismo ya trasnochado que traduce patrimonio en mercancía y reduce el concepto de riqueza ancestral a fetiches exóticos aptos para atraer al anhelado turismo global masivo, ávido de disfrutar del trinomio ruina-playa-folclore. La incesante exploración de nuevas zonas arqueológicas, con sus consabidos enclaves museísticos, obedece también a la permanente demanda de incrementar las rutas turísticas por las diferentes regiones del país, con especial acento en el sureste. Por ello, el índice de viajeros temporales es un dato que se considera fundamental para medir el éxito de la campaña propagandística gubernamental, diseñada para consumo interno y, sobre todo, internacional. Hace unos días se anunciaba triunfalmente que México regresó a la lista de los diez países más visitados del mundo, ranking en el que había estado durante buena parte del siglo XX y del que salió a consecuencia de la publicidad negativa que generó la fallida guerra contra el narcotráfico impuesta durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2016, la derrama económico-turística llegó al 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A su vez, el sector cultural proveyó, el mismo año, 3.3 por ciento; a cambio, el gasto público destinado a éste fue de 0.15 por ciento en 2015. Esto es, recibe aproximadamente 22 veces menos de lo que tributa, según cifras dadas a conocer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, esta universidad es el único organismo con contrapeso real a las instituciones culturales ministeriales, ya que cuenta con una nada despreciable ventaja adicional: autonomía de gestión.2

Estas disparidades reflejan la necesidad de renegociar la alianza del sector cultural con el Estado. El aniversario 80 del INAH representa una excelente oportunidad para iniciar un proceso de reflexión colectiva con miras a al reordenamiento integral del sector o, al menos, del instituto. Si bien continúa siendo prioritaria e indispensable, al ser una entidad octogenaria urge su reformulación. Necesitamos que esta celebración no sea el festival de la simulación y las complacencias mutuas, los triunfalismos anodinos y la renuncia sistémica a la autocrítica. Los paradigmas del pasado no se ajustan a las necesidades del presente. Seguimos arrastrando, incluso por inercia, nociones, prácticas y disposiciones jurídicas estructuradas durante la modernidad tardía, que solo han sido objeto de enmiendas y parches coyunturales. Reforma profunda, consensuada y planificada a corto, mediano y largo plazo: eso es lo que requerimos. ¿Existe la voluntad política —por parte de todos los involucrados en el INAH, no solo del actual gobierno— para hacerlo?

 

Ana Garduño
Historiadora del arte.


1 El presupuesto del INAH es de 3,668.5 mdp y el del INBAL de 1,446 mdp. Enrique Méndez, “El presupuesto para cultura en 2019, menor al ejercido en 2018”, La Jornada, 17 de diciembre de 2018, y Juan Carlos Talavera, “Concentran y reducen presupuesto del sector cultura”, Excélsior, 17 de diciembre de 2018.

2La cultura recibe 22 veces menos en gasto público de lo que aporta al PIB: Graue”, Proceso, 10 de febrero de 2018.

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“Feo” es un adjetivo que ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Sus mutaciones, lejos de ser un tema de discusión banal, evidencian intrincadas dinámicas de poder. Ofrecemos a continuación una breve historia de la fealdad.

Don Quijote construye muchas veces una realidad alternativa, en la que él hace de esforzado héroe. Posee, sin embargo, la lucidez suficiente para evitar la tentación de creerse un hombre guapo. Tampoco se le escapa que no es deforme. Y eso, a su juicio, basta para que una persona sea querida, siempre que tenga cualidades en su interior. De esta manera, el hidalgo manchego establece que una persona necesita alcanzar un mínimo de belleza física. De lo contrario, no podría ganar la estima de su congéneres aunque por dentro le sobren las virtudes.

Del comentario de don Alonso Quijano se desprende una moraleja clara: un cuerpo “feo” no despierta simpatía. Salirse de las normas estéticas implica, por tanto, una sanción social. Tal vez porque la gente, de forma inconsciente o no, establece una correlación entre belleza física y belleza interna. Quien tiene la primera cuenta con la segunda. ¿Exageramos? Wikipedia nos dice, acerca de September Jones, la villana en la película Death Race 2, que es bella pero despiadada. Como si hubiera contradicción. William Hay, diputado inglés en el siglo XVIII, sonreiría con tristeza. Era jorobado y sintió la necesidad de explicar que un cuerpo torcido no implica un alma torcida.

La mexicana Julia Pastrana (1834-1860), publicitada como “la mujer más fea del mundo”.

Se dice que la belleza no es una cualidad objetiva de las cosas sino que está en los ojos del que mira. Eso mismo puede aplicarse a su opuesta. ¿Qué es lo que hace que una sociedad establezca unos criterios, y no otros, para decidir qué es lo desagradable a la vista, al olfato, al tacto, al gusto, al oído…? En Fealdad (Turner, 2018) Gretchen E.Henderson, profesora de literatura inglesa de la Universidad de Georgetown, nos propone un recorrido por la historia de la cultura para mostrarnos el concepto cambiante de lo “feo”, adjetivo que se utilizó antiguamente para describir los mismos lienzos impresionistas que hoy nos parece obras maestras. Algo similar sucedió con la música rock o con el célebre urinario de Duchamp.

Detengámonos a pensar un poco… ¿De verdad la belleza y la fealdad son contrarias? La frontera entre ambas parece ser, a la luz de la Historia, bastante permeable. Las chinas que lisiaban sus pies, hasta convertirse en inválidas, lo hacían por motivos estéticos, pero en la actualidad no encontraríamos nada hermoso en esa práctica. Algo similar sucede con los corsés, que tanto hicieron sufrir a tantas aspirantes de poseer una cintura de avispa. ¿Dónde acaba la belleza y empieza la deformidad?

Para los antiguos griegos, el “feo” era una criatura que merecía ser ridiculizada. Hefesto, el dios cojo, surge como una figura patética y antipática. En la Odisea, el cíclope Polifemo aparece asociado con la crueldad y otros rasgos poco recomendables. Más tarde, en la Edad Media, la anomalía física seguía suscitando miedo. Un tratado médico del siglo XIII aseguraba que una mujer daría a luz a un hijo deforme si durante el embarazo veía un animal feo; podía bastar, incluso, con presenciar su imagen.

Estos casos evidencian que decidir lo que es o no estético, lejos de ser un tema de discusión inofensivo, tiene que ver con el poder y quienes lo detentan. Ellos pueden permitirse atribuir deformidades a determinados grupos en función de factores como su raza, su género, su clase social o su religión. La anomalía se transforma así en sinónimo de barbarie o enfermedad. En el siglo XVIII, el filósofo Lavater escribía que el vicio afea al ser humano mientras la virtud lo embellece. En la misma centuria, otro pensador, Wincklelmann, aseguraba que “un cuerpo bello lo será todavía más cuanto más blanco sea”.  Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses representaron a sus enemigos japoneses como brutales gorilas. La “otredad” y la animalización suelen ir de la mano, porque la diferencia ajena nos permite cuestionar la humanidad de los demás.

Una canción de Los Sírex, el famoso grupo español de los sesenta, dice “qué se mueran los feos”. En la Antigüedad clásica, los espartanos se tomaron este mandato al pie de la letra al matar a sus hijos con malformaciones, aunque parece que esta costumbre no estaba tan extendida como se suele suponer. En Estados Unidos no se llegó tan lejos pero, hacía 1880, surgieron diversas ordenanzas que prohibían a determinados individuos, no demasiado agraciados según los cánones vigentes, mostrarse en público.

Por esos mismos tiempos, Francia consideraba que la fealdad justificaba la exclusión del servicio militar obligatorio. Porque unos rasgos repelentes en exceso arrebatan al hombre la autoridad sobre sus compañeros. ¡Y qué sería del ejército sin disciplina! El estallido de la Primera Guerra Mundial obligó a repensar estos prejuicios con la irrupción de los denominados “carirrotos”, aquellos hombres que en combate habían sufrido heridas especialmente espantosas, como la pérdida de la nariz. Su presencia se reveló ambigua puesto que tanto podía servir para denunciar el disparate del belicismo como para hacer apologías nacionalistas. El suyo constituía un caso extremo de valor y de entrega la patria.

Se interpretara como se interpretara, el caso de los carirrotos poseía una dimensión moral y ejemplarizante. En otros contextos, en cambio, la fealdad se convierte en puro espectáculo. ¿Por el imperio de los media y la telerrealidad? Ya en tiempos de los romanos, a ciertos esclavos se les metía en jaulas para detener su crecimiento y convertirlos en objetos curiosos. Durante la época victoriana, ciertas personas que sufrían deformidades físicas acabaron convertidas en atracciones de feria. Eso fue lo que le sucedió a la mexicana Julia Pastrana (1834-1860), publicitada como “la mujer más fea del mundo”. Como sufría un desarrollo anormal del vello, el hirsutismo, muchos creyeron que era un híbrido de ser humano y animal. ¿No sería que ellos eran, en realidad, los feos? Cuando nos formulamos esta pregunta, cuestionamos los dogmas hegemónicos sobre lo hermoso, tal como hacía el cantante Frank Zappa al afirmar que la parte más fea del cuerpo humano es la mente.  

La fealdad puede ser un estigma, también algo de lo que uno se apropia para convertir lo negativo en positivo. La comercialización de “muñecos feos” (uglydolls), o las fiestas de feos en Italia (festa dei brutti), apuntan hacia una subversión de principios comúnmente aceptados. El sujeto se libera así de la tiranía de cierta estética, construida como un instrumento de control social y de producción de desigualdades. La pregunta sobre lo que es feo y lo que no adquiere así dimensiones insospechadas. Cuando uno sabe que los estadounidenses, cada año, gastan más de 12 mil millones en dólares en cirugía estética, empieza a reflexionar sobre si la belleza ha de pasar por este camino individualista o por la solidaridad con los demás seres humanos.

Francisco Martínez Hoyos

Historiador. Autor de Breve historia de Hernán CortésLos españoles iban de gris y Kennedy, entre otro libros.

 

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lucas alamán 2

Tradicionalmente la historiografía sobre el constitucionalismo mexicano, se ha empeñado en encontrar una influencia foránea directa de cada texto constitucional. En cambio, es raro encontrar autores interesados en identificar las aportaciones de la tradición constitucional autóctona a los varios documentos constitucionales. De modo que, al estudiar la Constitución Federal de 1824, por ejemplo, la pregunta recurrente es si los constituyentes adoptaron el modelo de la carta estadounidense de 1787 o el código gaditano de 1812; o bien, al abordar la cuestión de los orígenes del Cuarto Poder, presente en las Siete Leyes de 1836, se debate si dicha institución se deriva de las propuestas de Jeremy Bentham o Benjamin Constant. En años recientes, historiadores como Moisés Guzmán y Alfredo Ávila han demostrado la miopía de este enfoque al señalar las continuidades (y rupturas) en el debate constitucional mexicano después de 1808. No obstante, el hábito de analizar las constituciones mexicanas a partir de su deuda con los modelos extranjeros perdura y sigue obstaculizando el estudio del desarrollo de un pensamiento constitucional nacional.

            ¿Por qué la obsesión por las paternidades dificulta el análisis de las ideas constitucionales mexicanas? En primer lugar, porque fortalece el mito de que los políticos e intelectuales mexicanos, fueron simples receptores de ideas; incapaces de generar propuestas propias. Esta creencia impide el reconocimiento de que varios constituyentes mexicanos —igual que sus homólogos estadounidenses y franceses en sus respectivos momentos constitucionales— elaboraron proyectos para la organización de sus gobiernos con base en una gama amplia de conocimientos acerca del tema. La búsqueda de la paternidad directa de cada idea soslaya que los debates constitucionales muestran que los políticos mexicanos en 1814, 1822, 1824, 1836, etc., adoptaron ideas procedentes de teóricos políticos y de modelos extranjeros, así como de su propia experiencia para crear instituciones que se adaptaran a sus realidades.

La verdad es que las constituciones mexicanas, y las latinoamericanas en general, se parecen tanto a las europeas y norteamericanas del periodo porque se escribieron en circunstancias similares, por individuos que compartían un bagaje cultural e intelectual. No obstante, cada una es única —y, en general, innovadora— precisamente porque incorporó tradiciones constitucionales propias y, porque intentaban responder a condiciones políticas distintas.

En segundo lugar, la obsesión por encontrar los antecedentes extranjeros propicia que los historiadores desdeñen la importancia de los textos constitucionales mexicanos como parte del desarrollo del mismo constitucionalismo mexicano. No faltan quienes niegan, o al menos ponen en entredicho, que las constituciones y los proyectos constitucionales elaborados en México que nunca tuvieron una vigencia efectiva, sean importantes para entender la historia del constitucionalismo mexicano.En el marco del reciente coloquio sobre el pensamiento político y constitucional de la insurgencia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se planteó esta cuestión al hablar del Decreto Constitucional de Apatzingán, por ejemplo.

Huelga decir que varios proyectos constitucionales publicados durante el siglo XIX no se transformaron en constituciones. Los proyectos y planes que se elaboraron durante el imperio de Iturbide son un ejemplo. El proyecto constitucional del primer Congreso Constituyente de 1823 —también conocido como el Plan de Valle—, es otro caso. Hay que señalar, asimismo, que durante el debate sobre la reforma constitucional en 1830, tanto Lucas Alamán como José María Luis Mora publicaron propuestas detalladas para la modificación del código de 1824, que no fueron retomadas en las discusiones del Congreso General en 1831 porque la Constitución señalaba que únicamente las legislaturas de los estados podían hacer propuestas de reformas constitucionales. En ese mismo año, las comisiones de constitución de la cámara de diputados y la de senadores publicaron sendos dictámenes de las propuestas de reforma estatales que incluyeron igualmente un programa para la reforma constitucional con base a estas propuestas. A consecuencia de la caída del gobierno de Anastasio Bustamante a finales de 1832, dichos dictámenes nunca fueron leídos en el Congreso General de 1833.

¿Cómo medimos la importancia de textos constitucionales que no se realizaron? Si el criterio es atender el desarrollo de las instituciones gubernativas y el impacto de las mismas en la regulación de la vida política, es evidente que los proyectos y textos sin aplicación directa podrían ser descartados como irrelevantes. No obstante, si el objetivo es analizar el pensamiento que sustentaba la arquitectura constitucional que se impuso a través de códigos como los de 1824, 1836, 1843 y 1857, resulta claro que los textos que se quedaron en proyecto también son importantes y deben ser analizados. En mis investigaciones he mostrado que es posible ver que al menos una institución ideada por los constituyentes insurgentes —el ejecutivo triunvirato— fue retomada una y otra vez a partir de 1821.

Igualmente, se puede percibir que las bases de la filosofía política que guiaron la labor de los constituyentes en 1814 permanecieron vigentes en el debate constitucional durante toda la década de 1820. Se pueden rastrear las ideas que se plasmaron en la Constitución de 1836 —de las Siete Leyes— al menos desde el debate de reforma constitucional de 1830. En el caso del famoso Cuarto Poder que instauró esta constitución, la evidencia demuestra que varios de los proyectos constitucionales que salieron a la luz durante el Imperio de Iturbide consideraron su instauración. Asimismo, aparece en el proyecto de constitución del primer Constituyente en 1823 y también en el plan de reforma constitucional de Lucas Alamán en 1830.

Dicho esto, hay que hacer notar que el impacto de las ideas es siempre muy difícil de fiscalizar. ¿Identificar instituciones similares en dos o más constituciones significa que una influenció a la otra? En este tenor, considero que las similitudes entre las constituciones mexicanas y sus contemporáneas francesas y españolas se deben, sobre todo, al hecho de que los autores de ambos lados del Atlántico hicieron las mismas lecturas y, por tanto, compartían un amplio bagaje cultural. Lo que yo percibo como la permanencia del pensamiento constitucional insurgente en la vida política del México independiente, bien puede explicarse con el mismo argumento. Existen escasas referencias explicitas a la Constitución de Apatzingán en los debates durante la primera república federal, de modo que es imposible realmente juzgar su impacto directo.

En consecuencia, creo que hay que tratar el término “influencia” con mucho cuidado cuando hablamos de la historia de ideas, y evitar sugerir en lo posible que un texto “se inspiró” o “se modeló” en otro. En este sentido, no he encontrado evidencia suficiente para demostrar que la Constitución de Apatzingán se haya inspirado en la Constitución de Cádiz o en las constituciones francesas revolucionarias, ni en las constituciones estatales norteamericanas. Tampoco he encontrado pruebas de que Apatzingán sirviera de modelo para los constituyentes de 1822 o 1824. Lo que sí he comprobado muy bien es que había una tradición constitucional mexicana que se conformó desde 1808, tanto a partir de la lectura de una diversidad de constituciones y teorías políticas extranjeras, como de la respuesta a dichas tradiciones foráneas y de la experiencia propia de gobierno, luego de conseguida la independencia de España.

 

Catherine Andrews, División de  Historia-CIDE

 

 

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iturbide trigarante entra a la ciudad

En  primer lugar me uno a las felicitaciones al Dr. Breña por propiciar que continúe el debate que despertó el exitoso congreso sobre la insurgencia y agradezco a NEXOS la apertura de espacios que permitan difundir este tipo de discusiones para que propios y extraños puedan percibir (y disfrutar) la vitalidad y apertura de los problemas históricos e historiográficos.

Dado que poco puedo agregar a lo ya expuesto con respecto al problema de las “influencias” (coincido con lo dicho tanto por Breña cuanto por Juan Ortiz y por Alfredo Ávila en el sentido de la esterilidad de este tipo de planteamientos y, por el contrario, la riqueza y fecundidad de los lenguajes compartidos y la cultura política común), quiero reforzar brevemente lo escrito sobre la aplicación del Decreto Constitucional y en seguida ofrecer algunos elementos de reflexión con respecto a las insurgencias, la “consumación” y la trigarancia.

Tanto en el encuentro académico cuanto en estos intercambios han quedado expuestas suficientes razones para dudar de la vigencia de la Constitución de Apatzingán. Incluso los detallados  y muy interesantes estudios de caso (particularmente el ofrecido por Juan Carlos Cortés Máximo sobre la administración de justicia insurgente entre los p’urhepecha, el de José Luis Alcauter sobre los subdelegados y el de Eugenio Mejía sobre Jaujilla) abonaron dichas dudas por la arbitrariedad e irregularidad con que se aplicaron algunos aspectos del Decreto Constitucional. En todo caso queda la impresión de que aquellos insurgentes que admitieron la organización política propuesta por el Congreso de Anáhuac y, por tanto, del Decreto, debemos considerar las condiciones geográficas y materiales en que trataron de hacer valer la vigencia de aquellos proyectos. He encontrado, por ejemplo, algunas referencias historiográficas a la pretensión de Vicente Guerrero por “gobernar” sus zonas de influencia entre 1818 y 1820 con el Decreto de Apatzingán. Suponiendo sin conceder que esa hubiese sido su intención es conveniente sopesar las condiciones en que habría tratado de hacerlo: un dominio volátil y permanentemente acosado por las fuerzas del gobierno en regiones con escasos asentamientos y en circunstancias que se podrían calificar más bien de supervivencia que de gobierno efectivo. En ese contexto ¿qué principios de gobierno establecidos en el Decreto se podían hacer valer? ¿la ciudadanía, la soberanía, el sistema electoral, los atributos y funcionamiento de los poderes del estado? Mucho me temo que pocos o ninguno; como en otros asuntos, la guerra se convirtió en condición de posibilidad.

Aunque el congreso académico debía versar fundamentalmente en torno a Apatzingán, celebré y sigo celebrando que diera pie a reflexionar sobre el proceso revolucionario en su conjunto y en particular sobre la llamada “consumación”. Dado que ha sido aludida en las intervenciones de este blog, me siento en libertad de ofrecer algunos elementos que abonen al debate.

¿Iturbide insurgente? Sin duda, en la medida en que entendemos por insurgente “levantado o sublevado”, no en la medida en que nos empeñamos en ver una sola insurgencia asumida, además, como proceso lineal y monolítico comenzado en Dolores y matriz de determinados proyectos políticos como el tan traído Decreto Constitucional. Fueron, ya hay consenso en ello, varias insurgencias; la de Iturbide en sentido estrictamente semántico, también lo fue. El propio conde del Venadito descalificó el Plan de Independencia desde el primer momento en que se hizo público utilizando el término de “subversivo”. El resto de la documentación gubernamental de 1821 calificó a los trigarantes a lo largo de los siete meses de conflicto  como “infieles”, “revolucionarios”, “anticonstitucionales”, “secuaces de Hidalgo”, “perversos”, “chusma”, “carniceros”, “protervos”, “bandidos”, “alucinados”, “agresores de las leyes”, “facciosos”, “anárquicos”, “anarquistas”, “anarquistas independientes” y, sí, “insurgentes”. Se trataba, insisto, de descalificarlos.

Lo que me parece más fecundo es, entonces, problematizar éste y otros términos como el de “consumación”. Si entendemos que las revoluciones hispánicas suponen un proceso con dos facetas distintas pero complementarias (la desintegración de la monarquía española y el surgimiento de estados nacionales), podemos conceder que simbólicamente la trigarancia buscó consumar (en el sentido de llevar a cabo totalmente algo) la independencia, es decir, el establecimiento de una entidad política (el Imperio Mexicano) diferenciada de la monarquía española. Consumó una independencia peculiar y estableció un estado nacional particular; fue, en definitiva, una salida de entre muchas otras posibles. No es, en consecuencia, tan arriesgado afirmar que la trigarancia logró simbólicamente esa peculiar “consumación” siempre y cuando entendamos que el establecimiento de un estado nacional es un proceso de mediano-largo plazo que ni comenzó en Dolores ni terminó en Iguala o en la firma del acta del 28 de septiembre de 1821; así, tampoco quedan dudas de que la trigarancia buscó terminar un conflicto prolongado que involucró entre sus muchos componentes esa pretendida independencia a través de la fundación de una entidad soberana que luego tendría, en efecto, que recorrer el trabajoso camino de su consolidación mediante el reconocimiento por partida doble de actores interiores e internacionales. Por lo demás veo estéril querer vincular a la trigarancia en general y a Iturbide en particular con los proyectos políticos de la primera (y segunda y tercera) insurgencias. Él fue el primero en distanciarse de aquellos movimientos (que se empeñó en ver y proyectar, él sí, como uno y el mismo) pretendidamente desenfrenados. Pero también fue el primero en difundir que gracias a aquellos movimientos —y otros factores— la opinión estaba ya (en 1821) convencida a favor de la independencia. Dicha convicción generalizada fue asumida y potenciada por la trigarancia para recuperar le legitimidad independentista de la prolongada lucha y para incorporar a no pocos de sus paladines.

Por otra parte, me parece muy problemática la afirmación de Juan Ortiz en el sentido de que “los movimientos insurgentes fueron eminentemente populares y sus demandas también fueron populares; en cambio, Iturbide defendió primero al gobierno virreinal y, a partir de 1821, los intereses de los grupos de poder más conservadores radicados en la ciudad de México”. En cuanto a lo primero creo que debemos considerar las posturas y los debates que han generado las obras de Van Young y de Tutino (por solo mencionar las más emblemáticas) referentes a la coexistencia de, al menos, dos grandes tendencias insurgentes: la efectivamente popular o, en términos de Van Young, comunitaria; y la insurgencia política plasmada en la dirigencia esencialmente criolla. No puedo abundar al respecto, pero los planteamientos de dichos estudiosos y quienes los han desarrollado obligan, primero, a cuestionar el carácter popular de la insurgencia política y, segundo, la injerencia de los proyectos políticos en las insurgencias populares.

Con respecto a lo segundo, no puedo admitir que la trigarancia sea únicamente la defensa de los intereses conservadores. Está muy claro que la trigarancia fue no solo un movimiento constitucional sino incluso respetuoso de la constitución política de la monarquía española entonces vigente y ese respeto se fue fijando y enfatizando conforme la trigarancia se desarrolló y lo hizo en muy buena medida gracias a la colaboración de los ayuntamientos constitucionales, instancias con las que los independientes de 1821 tuvieron que negociar la aceptación del Plan. Si bien, como dice Juan Ortiz, ayuntamientos como los de Valladolid o Guadalajara expresaron su rechazo al plan, lo hicieron en un primer momento y porque el gobierno virreinal lo consignó como sedicioso y —atención— anticonstitucional. Pero en cuanto la trigarancia avanzó (y no solo se impuso sino que pactó), esos mismos ayuntamientos y una infinidad más le mostraron todo su apoyo siempre y cuando este nuevo independentismo los mantuviera en sus respectivos gobiernos locales y respetara su legitimidad (constitucional y popular en la medida en que fueron electos), como efectivamente lo hizo en la inmensa mayoría de los casos. Que la trigarancia veló por los privilegios de algunos “conservadores”, no quedan dudas (un vistazo a los firmantes del acta basta), pero que “los pueblos” (instituidos en la miríada de ayuntamientos constitucionales existentes en 1821) hicieron valer sus muy particulares (y constitucionales) intereses, tampoco parece cuestionable.  Si insistimos en seguir viendo al independentismo de 1821 únicamente como una coalición elitista y conservadora cristalizada en la dirigencia militar trigarante y en los firmantes del acta dejaremos de lado uno de los elementos que permitieron su exitosa expansión: los muy diversos grupos empoderados en los ayuntamientos que no solo siguieron funcionando bajo la pauta constitucional gaditana sino que se encargaron de imprimir a la independencia dicho constitucionalismo.

En suma, todo es cuestión de matices: ni la insurgencia era tan popular, ni la trigarancia tan conservadora.

 

Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

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“Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”

Proverbio árabe

 

Es relativamente frecuente, en libros de historia del pensamiento político y constitucional, encontrar referencias a las “influencias” que pensadores o documentos ejercieron sobre otras personas, como si dichas influencias o filiaciones explicaran por sí solas las características de las personas y documentos “influenciados”, algo que Marc Bloch llamó, en su Apologie pour l’histoire, el “ídolo de los orígenes”. Para el caso de la historia mexicana es fácil reconocer que la Ilustración influyó en los próceres del movimiento de independencia e, incluso, en los liberales del siglo XIX. En buena parte de Hispanoamérica encontramos el mismo fenómeno. Algunos afirman que el pensamiento ilustrado del siglo XVIII es origen de las revoluciones del siglo XIX, otros creen que el pensamiento neoescolástico español tenía ya el germen de los procesos de cambio durante las independencias. Ambas posturas, como afirmó Tulio Halperin en Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo, subestimaban lo que de revolucionarias tuvieron las revoluciones, pues la búsqueda de la “continuidad entre revolución y el pasado revolucionario suele significar dejar de lado por un instante el problema de la ideología revolucionaria”.

Algo semejante pasa en otros países, como Francia y Estados Unidos. Buscar la filiación de los Founding Fathers condujo a discusiones acerca de si el origen de su pensamiento estaba en John Locke, en David Hume o en James Harrington. Para Francia no fue difícil pasar de Rousseau a Robespierre, aunque esto implicara ignorar de manera deliberada algunas obras del ginebrino, como sus Considérations sur le gouvernement de Pologne. Para el caso francés, Roger Chartier mostró con claridad que la filiación entre pensamiento ilustrado y revolución fue, en buena medida, una construcción de los propios revolucionarios, que implicó, entre otras cosas, la recuperación de ciertos antecedentes y el rechazo y olvido de otros.

Me parece que el primer problema del rastreo de las influencias es precisamente la selección de los pensadores y documentos influyentes. Habitualmente, suponemos que sólo los “grandes” pensadores y los documentos “canónicos” son los que influyen en otros, en buena medida, porque son los más fáciles de conocer y de encontrar. Así, cuando buscamos las constituciones que influyeron en los primeros documentos constitucionales mexicanos pensamos de inmediato en las constituciones francesas, en la estadounidense y en la de Cádiz, pero pasamos por alto las otras, empezando por el Estatuto de Bayona, las de Sudamérica y, lo más importante, los numerosos proyectos constitucionales en toda Hispanoamérica y en la propia península ibérica que compartían con las constituciones francesas y estadounidense un lenguaje común. ¿Por qué sólo son influyentes las constituciones canónicas y no las demás? Una posible respuesta es que, precisamente, ellas son las más conocidas, y cabe suponer que también lo fueron en el momento en que se redactaban los textos constitucionales mexicanos. Sin embargo, para saber esto no sólo debemos partir de la suposición sino de la evidencia documental disponible. Para el caso del Congreso de Anáhuac sabemos, gracias a la propia declaración de José María Morelos, que los textos que tuvieron a la vista los constituyentes fueron la Constitución de 1812 y El Espectador sevillano de Alberto Lista. ¿Esto excluye el conocimiento de otros textos? Por supuesto que no, pero tampoco conviene suponer que tuvieron mayor importancia en los debates que la que tuvieron los documentos que efectivamente fueron consultados. Algo semejante pasa en la elaboración de la Constitución de 1824. Al leer las actas de debates publicadas en la prensa de la época, y reunida por José Barragán, no hay referencia alguna a la Constitución de 1814, salvo alguna intervención de Carlos María de Bustamante, que publicó en su periódico La abispa de Chilpancingo, en la que se quejaba porque no se la tomaba en cuenta para la elaboración de la Federal¿Podemos descartar entonces una influencia de la Constitución de Apatzingán sobre la de 1824? Tal vez no, pero en todo caso podemos documentar la participación de los diputados, los debates en la prensa y la lectura de numerosos proyectos constitucionales que se fueron presentando en México desde 1822 (muchos de ellos publicados por Manuel Calvillo) y las actas de las confederaciones europeas (como la helvética) que por entonces se publicaron en la prensa mexicana.

En un empeño por mostrar que hay más referencias que las de Cádiz, Francia y Estados Unidos, Catherine Andrews ha señalado que en los debates constitucionales de los primeros años de vida independiente de México hay una fuerte presencia de autores británicos. Hasta aquí, podríamos argüir que lo que bastaría es hacer una investigación más detallada para encontrar cuáles son las influencias más cercanas y plausibles de un documento constitucional o de la obra de un pensador. Sin embargo, proceder así diluye la idea misma de las “influencias”, pues como ha señalado Gordon Wood: “Muchas de las ideas son, en buena medida, parte de la cultura general, por lo que tratar de especificar una influencia textual en particular es imposible”.

La imposibilidad de decidir por una influencia específica nos conduce a otro problema: el del uso ideológico de las ideas o uso político de las referencias y las citas. En la primera mitad del siglo XIX no resulta extraño encontrar “conciliaciones”, pongamos por caso, del pensamiento utilitarista de origen benthamista y el jusnaturalismo, pese a que Bentham mismo elaboró acerbas críticas contra éste. En realidad, los políticos, pensadores y letrados hispanoamericanos de la época citaban lo mismo a Constant que a Jovellanos y no se preocupaban demasiado en la coherencia del resultado sino en su eficacia. Este aspecto nos hace caer en la cuenta de que, sin negar la importancia de las lecturas, los sujetos activos son los lectores, los que recuperan o no ciertas ideas, propuestas y discursos. La historia de las “influencias” tiende, por el contrario, a sugerir que los sujetos activos son las obras de los grandes pensadores y los documentos canónicos que influyen en los cerebros y en la actividad de los políticos influenciados. Llegados a este punto, no debemos olvidar que la definición de “influencia” es, precisamente, el “poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas”, mientras que “influir”, referido a una cosa, significa“producir sobre otra ciertos efectos” y, referido a una persona o una cosa significa “ejercer predominio, o fuerza moral” (definiciones tomadas de la página web de la Real Academia Española). El sujeto es siempre el que influye, mientras que el objeto es lo influido; en cambio, lo que podemos ver en el pensamiento político y constitucional de comienzos del siglo XIX es que los sujetos activos son los que leyeron, seleccionaron, reformularon y actuaron. En palabras de Wood: “La actividad intelectual en una cultura no es un flujo unidireccional entre las grandes mentes y receptores pasivos, sino que es un discurso, un mercado complejo —como el conglomerado de intercambio intelectual que implica muchos participantes, todos tratando de manipular las ideas a su disposición con el fin de explicar, justificar, culpar, o dar sentido a lo que está sucediendo a su alrededor.” Afirmar que una, dos o tres constituciones influyeron en la de Apatzingán o en la de 1824 resta méritos a quienes las elaboraron y los hace parecer incapaces de actuar sin el pensamiento de las “grandes mentes”.

Alfredo Ávila, historiador, investigador de tiempo completo en la

Universidad Nacional Autónoma de México

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Morelos

Felicito a Roberto Breña por su iniciativa para continuar con el diálogo y la reflexión sobre el lugar que ocupan, en nuestro imaginario colectivo, los acontecimientos fundacionales del actual sistema político mexicano. Me refiero a la insurgencia y a la Constitución de Apatzingán.

Primer tema. En la guerra civil de 1810 hubo varias insurgencias, así en plural, y con intereses militares, políticos e ideológicos diversos. Unos pensaban en la independencia de México, como Hidalgo y Morelos, otros en una mayor autonomía, como los criollos notables de la ciudad de México, muchos más reivindicaban derechos tradicionales, como los indígenas, y otros vieron en la guerra la posibilidad de alcanzar un beneficio personal. En este grupo ubicamos a las cuadrillas de bandoleros que se decían insurgentes. Nadie podrá negar que Hidalgo y Morelos han sido los personajes más estudiados por la historiografía; sin embargo, en los últimos años se ha rescatado la historia regional y local de la insurgencia y la de las clases populares (sobre todo de las castas, los indígenas y las mujeres), no menos importantes que los mencionados caudillos y que también merecen ser reconocidos en los relatos de la historia nacional. No descalifico ni minimizo la importancia del líder para la conducción de las masas hacia el objetivo que se proponen;esto no significa que la historia, como la de 1810, se circunscriba a la explicación de la vida y “milagros” de los dos curas rebeldes, cuando hubo cientos de jefes insurgentes regionales y miles de actores de todas las clases sociales. Lo que sí puedo asegurar es que, ideológicamente hablando, Hidalgo y Morelos no fueron derrotados, por el contrario, sin que ellos se lo propusieran, los políticos, los historiadores y el imaginario colectivo los han convertido en dos de los referentes fundacionales de la identidad mexicana, misma que de tiempo en tiempo es revisada y actualizada con nuevos contenidos y significados, lo que no implica modificación alguna de su esencia. Difícilmente los mencionados caudillos serán desplazados del lugar que ahora ocupan.

No comparto la afirmación de que sólo Hidalgo y Morelos pusieron en peligro la estabilidad del virreinato; habría que agregar, insisto, a los miles de actores que tomaron las armas en ciudades, villas y pueblos. Si lo hacemos nos daremos cuenta de que fueron muchos los movimientos armados que de manera simultánea cubrieron gran parte de la geografía novohispana, y que fue la suma de todos ellos la que puso en jaque al gobierno virreinal, tanto en la ciudad de México como en las principales capitales provinciales. La guerra modificó las jerarquías sociales, las formas de gobierno y la impartición de justicia. Con y desde la guerra se formaron nuevas estructuras políticas y de gobierno, desaparecieron los privilegios y la calidad étnica. En resumen, durante el periodo de guerra los novohispanos se asumieron y se reconocieron como mexicanos; de esta manera iba llegando a su fin la división que a partir de 1810 diferenciaba a los realistas de los insurgentes.

Me sumo a la idea de Breña de no calificar a Iturbide “insurgente”. En todo caso sería “Trigarante”, pero no insurgente, nunca lo fue. Por el contrario, él encabezó la lista de los jefes realistas que más se ensañaron con las clases populares. Basta revisar los informes que Iturbide envió al virrey sobre los “diezmos” aplicados en Guanajuato y en Michoacán. El castigo consistía en reunir a los varones en la plaza pública, y al azar elegía a los que terminarían en el patíbulo. Por otro lado, las razones son de origen: en la mayoría de los casos,los movimientos insurgentes fueron eminentemente populares y sus demandas también fueron populares; en cambio, Iturbide defendió primero al gobierno virreinal y, a partir de 1821, los intereses de los grupos de poder más conservadores radicados en la ciudad de México, los más afectados por la guerra y que veían en la aplicación de la Constitución liberal de 1812 la pérdida de los privilegios que aún conservaban. Un dato más, contra el Plan de Iguala hubo declaraciones de los ayuntamientos de las ciudades capitales de provincia como Valladolid, Guadalajara, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Puebla, por citar algunos. Estos cabildos aseguraban que el Plan de Iguala era contrario a la Constitución de 1812, la que otorgaba plenas libertades a las provincias y ayuntamientos para formar sus respectivos gobiernos.

Me parece un disparate convertir a Iturbide en “insurgente”. Veamos sus escritos. En los “Sentimientos de la Nación”, Morelos habló de una América independiente de España y de cualquier otro gobierno o monarquía. Así de claro. En cambio, Iturbide no planteó la “independencia absoluta de México” como suele afirmarse. Recordemos el inciso cuatro del Plan de Iguala que a la letra dice: “Fernando VII, y en su caso los de su dinastía o de otra reinante serán los emperadores”. ¿De qué manera podemos explicar el hecho de que Iturbide subordinara la independencia del futuro Estado mexicanoa la casa reinante de la que intentaba separarse? ¿De qué clase de independencia absoluta estamos hablando?Yo no veo ninguna continuidad entre el pensamiento de Hidalgo y Morelos, por un lado, y el de Iturbide por otro. Estoy de acuerdo en que el término “consumación” debe someterse a una discusión más profunda; la abordaré en otro momento.

Para entender la guerra civil debemos ubicarla en el corte cronológicoque inicia en 1810 y concluye en 1825; es decir, desde el momento en que iniciaron los levantamientos armados anticoloniales hasta la rendición de la última plaza española, la de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Sólo así nos daremos cuenta de que no hubo una insurgencia “derrotada”, como suele afirmarse.De lo contrario, ¿cómo explicar que los dos primeros presidentes republicanos y catorce oficiales de alto rango tuvieran un pasado insurgente? ¿Por qué, si la insurgencia había sido derrotada, Iturbide tuvo que negociar con Vicente Guerrero una salida política al conflicto? En todo caso, ¿no sería más adecuado calificarla como una insurgencia controlada o contenida, gracias a los 14 000 soldados expedicionarios enviados desde la península? Me explico.Por la gran cantidad de hombres y mujeres que apoyaron los diversos levantamientos en buena parte de las provincias y regiones de la Nueva España, podemos inferir que había un profundo malestar contra el gobierno colonial; asimismo, que las clases propietarias se indultaron y cambiaron de bando, ante la ausencia de un programa militar y político y único insurgente que condujera las acciones de sus seguidores. El cambio de “chaqueta”, como se decía, no significa que hubieran renunciado a sus aspiraciones de cambiar lo que ya no les funcionaba en su entorno político, económico y social. En 1821 se dio la coyuntura para continuar con la lucha, pero ya no como insurgentes sino como trigarantes.

Segundo tema. El más polémico y escurridizo: el de la aplicación de la Constitución de Apatzingán. Jamás negaré su importancia como documento histórico o su profundo y claro contenido social, como los principios universales de igualdad, seguridad, propiedad y libertad, la abolición de la esclavitud, la presunción de inocencia, la libertad para realizar cualquier actividad relacionada con la agricultura, la cultura, la industria y el comercio, o su rechazo al nepotismo y a la heredad de cargos. A pregunta expresa de varios de los colegas en el Congreso de la unam, ninguno de los presentes pudo explicar con precisión qué artículos de la Constitución fueron aplicados y en qué contexto. Con la información que cuento, dudo mucho que se haya aplicado.

Tercer tema.La “influencia” de la Constitución de Cádiz en la de Apatzingán y de éstas en la de 1824, requiere de una argumentación más extensa que en este caso no puedo abordar a plenitud. Sólo adelanto que en las tres se propone la división de poderes; la segunda es más generosa en el otorgamiento de los derechos políticos e igualdad social, los cuales no fueron atendidos por la Constitución de 1824. Cabe recordar que en la primera república, el gobierno federal gobernaba estados, no ciudadanos. Ello explica que cada estado, con base en la Constitución de Cádiz, definiera los requisitos para otorgar la ciudadanía y la formación de ayuntamientos, la proscripción o pervivencia de la esclavitud y la exclusividad para la realización de ciertas actividades económicas, entre otras.

Juan Ortiz Escamilla, historiador, profesor-investigador de la Universidad Veracruzana

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[Los últimos cristeros, de Matías Meyer, se estrena este próximo viernes 21 de septiembre. Habrá 15 copias exhibiéndose en distintos cines. Este artículo se publicó previamente en la edición impresa de Nexos. ]

Un momento antes de ver Los últimos cristeros (2011), tercer largometraje de Matías Meyer (Perpignan, Francia, 1979), leí lo siguiente en el prólogo a Bajo el sol jaguar, de Italo Calvino: “Hay una función fundamental, tanto en arte como en literatura, que es la del marco. Marco es aquello que señala el límite entre el cuadro y lo que está fuera de él: permite al cuadro existir, aislándolo del resto, pero recordando a la vez —y en todo caso representando— todo aquello que del cuadro permanece fuera de él”. Cerré el libro y procedí a ver el film, con la idea anterior como fondo mental.

Todo es negro al principio. Y desde la profundidad del negro, una voz en off titubea antes de hablar y responder a lo que se le pregunta. Es una voz venida de otro tiempo y de otra vida, una voz que, cuando finalmente se pronuncia y habla sin tregua, elocuente, nos recuerda la promulgación de la Ley Calles en 1926, reglamentación del artículo 130 de la Constitución de 1917, detonador del sanguinario conflicto religioso cuyo último estertor atiende Meyer.
Después, cuando la voz calla, el negro cede: todo es paisaje y luz. Uno piensa, entonces, en un par de palabras: limpidez y contemplación. La última es recurrente en el aún breve corpus fílmico de Meyer, director que en vez de al grito contundente de “¡Acción!” parece recurrir al prolongado susurro de “Contemplación…” cada vez que llama a la liberación del carrete de película de la cámara. La primera, por su parte, es la presea alcanzada en Los últimos cristeros, adaptación muy personal y desgranada de Rescoldo(1961), novela de Antonio Estrada que merecería más de un baño de luz y la atención de una legión de lectores. Pero volvamos con el límpido film, que es lo que en estas líneas nos ocupa.

De pronto, un hombre entra en paisaje —traspone el marco de la obra, pues— y la escena se anima, los pasos humanos se suman al canto de la naturaleza, personaje omnipresente en toda la obra de Meyer. A continuación, vemos la espalda de cuatro o cinco personajes, las cabezas protegidas por sombreros, sarapes colgados de los hombros a manera de armadura contra los elementos, más que contra las balas.

El último hombre de la fila se vuelve a mirarnos y, tras un instante, continúa con su andar. Ya luego se escuchan balazos y entendemos que se lidian los estertores de una guerra, el segundo y último cabo de un conflicto armado: la Cristiada. Uno de los hombres es alcanzado por un misil. El par que lo antecede regresa a rescatar arma y municiones, y ver si el cuerpo aún vive o es ya mera alma.

En Los últimos cristeros toda la acción ya ocurrió: estamos ante un colofón, en el que un grupo de hombres, acorralados, llevan sus convicciones al extremo, detentores del último rescoldo de una viva brasa, encendida en 1926 y preservada hasta el presente, una década después. Sin más palabras salvo las necesarias para contar balas, dar alguna orden, hacer alguna pregunta fundamental, confesarse, despedirse o expresar una idea llana y decisiva, el jefe cristero Florencio Estrada y sus hombres deambulan por la serranía y su paisaje perseguidos no tanto por el ejército sino por su propia voluntad, como aquella pantera del poema de Rainer Maria Rilke: “Sólo a veces se aparta, sin ruido, la cortina/de la pupila… Entonces una imagen penetra,/atraviesa la calma en tensión de los miembros…/y deja de existir dentro del corazón”.

Bucólicos, ensimismados, confrontados por su fe y luego guiados por ella, Estrada y sus hombres decidirán permanecer allí, en el vasto escondite que han domeñado, en vez de recular o fugarse del momento que la historia eligió para ellos: ser, a la vez, los últimos y los primeros cristeros, fieles al Alfa y Omega de su creencia última.

Cuando termino de ver Los últimos cristeros y todo regresa al negro originario, el resto de las palabras de Calvino, escritas poco antes de su muerte en 1985 y rescatadas por Esther, su mujer, cobran sentido y mi memoria las enuncia, iluminadas por lo recién contemplado: “Podría arriesgar una definición: decimos que es poética una producción en la que cualquier experiencia singular adquiere evidencia destacándose de la continuidad del todo pero conservando como un reflejo de aquella vastedad ilimitada”.

Pienso entonces en lo conseguido ahora por Matías Meyer, cuyo cine de búsqueda es, hoy, un hallazgo, además del encuentro depurado de la quintaesencia de su arte, la domesticación de una poética. David Miklos (@dmiklos).

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Aquella mañana veraniega de mediados de la década de los 1990 entré a la Cineteca Nacional para ver La mirada de Ulises (1995), filme que había ganado el Gran Premio del Jurado en Cannes –de manera un tanto injusta, pues merecía la Palma de Oro por sobre Underground de Emir Kusturica. La persona que entró y salió de esa sala no fue exactamente la misma: frente a ella, mi yo de entonces 19 años, se había desplegado la historia de A (Harvey Keitel) y su afanosa búsqueda por las películas de los hermanos Manaki.  Y hubo algo en esa pesquisa que me intrigó y que a la fecha ronda mi mente, pues yo, al igual que A, me enfrentaba a una búsqueda personalísima.

La mirada de Ulises es la obra maestra de Theo Angelopoulos. En ella el director griego nacido en 1935 no sólo ofrece una versión moderna de la Odisea, sino que sintetiza en 176 minutos la historia reciente de los Balcanes. Sus magníficos retablos y plano secuencias nos recuerdan que en la vida, así como en el cine, la capacidad de experimentar el mundo como si fuese la primera vez y de traer sin miedo a la memoria las emociones que nos marcaron—recordemos a A viendo por el viewfinder una escena de los Manaki o a Alexandre, el protagonista de La eternidad y un día (1998), contemplando la fotografía de su esposa—es uno de los pilares de una existencia en perenne travesía, pues nos devuelve la fe y nos permite continuar el viaje.

Más allá de la búsqueda y el autodescubrimiento, Angelopoulos ofrece en cada filme un homenaje a los clásicos griegos y un redescubrimiento del cine como poesía. La cotidianidad a través de su cámara se nos presenta tanto como una celebración a la vida como al dolor que nos produce el sabernos siempre fragmentados.

Hay un deje de ironía en la muerte de Angelopoulos, quien terminó su viaje el 24 de enero de 2012, cuando fue atropellado cerca de la localidad donde filmaba The Other Ocean, cinta que daría fin a la trilogía que inició en 2004 con The Weeping Meadow y que ahora quedará inconclusa.  Tal vez en cierto número de años, algún joven cineasta leerá que Angelopoulos trabajaba en su última película antes de fallecer y se embarcará en una búsqueda igual a la de A. Mientras tanto yo escribo desde el exilio y sigo buscando aquello que me persigue desde que vi La mirada: la carta que mi padre posiblemente nunca me escribió antes de fallecer. –María Gabriela Muñoz

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