Todo abogado conoce la expresión de perplejidad y terror que suele aparecer en la cara de aquellos infaustos civiles que se ven obligadas a enfrentarse al sistema jurídico mexicano. Así, conmovidos por la confusión de nuestros prójimos, hemos decidido preparar un pequeño glosario de términos legaloides.

Al ofrecer a los lectores de todas las edades y mundos este brevísimo y serísimo diccionario, nuestra esperanza es que semejante documento cibernético sirva para comprender las noticias, entender lo que su abogado intenta explicar, o ya de plano estudiar para los exámenes de primer semestre de leyes. Recomendamos usar este diccionario con mesura. No vaya usted a creer que le estamos dando consejos legales. Si ha venido aquí preguntándose si necesita o no un abogado, es casi seguro que sí, en efecto, usted necesita de los servicios de un Lic. Esperamos se diviertan tanto como nosotras y nosotros al momento de discutir, redactar y editar este texto.

Amparo—. Defensa legal con la que las personas pueden pedirle a un juez que las proteja de una violación a sus derechos humanos por parte del gobierno u otra entidad que tenga poder sobre ellas. Particular al sistema legal mexicano, este invento yucateco tiene profundas raíces en la historia del derecho en nuestro país y ha sido imitado por otros sistemas legales latinoamericanos. A veces funciona; a veces, no.

Bien jurídico—. Aquello que las normas protegen. Va desde la vida, la libertad, integridad y seguridad de las personas, hasta la propiedad privada y el derecho a la protesta. Esta lista es nominativa más no exhaustiva. Propicia discusiones sobre qué es más importante; por ejemplo, si la vida de las mujeres o “el bienestar” del Ángel de la Independencia.

Constitución—. La Carta Magna, la Forma de la Nación, la Vieja Tuerta del ‘17. La norma más importante de un Estado, a las que las otras leyes y reglas no pueden contradecir. Incluye los derechos fundamentales reconocidos en territorio mexicano —los cuales aplican independientemente de si la persona en cuestión tiene la ciudadanía mexicana— y la forma de organización política del Estado. En el orden jurídico de nuestro país, comparte el lugar de norma suprema con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Pese a que supuestamente está diseñada para durar para siempre, parecería que todos, desde los activistas más radicales hasta los políticos más truculentos, quieren cambiarla a su modo. El pobre documento ha sido reformado 238 veces, sin contar las que se añadan después del cierre de esta edición. Esta curiosa costumbre hace pensar que en México vivimos en el mundo al revés: en lugar de cambiar nuestras leyes para que se adapten a la Constitución, cambiamos nuestra Constitución para que se adapte a nuestras leyes.

Denuncia—. Acusación penal de que alguien ha cometido un delito (bueno, en un sentido técnico “la acusación” es parte del proceso penal, pero lo que queremos es que nos entiendan). Debe presentarse a las autoridades competentes para ser válida, para lo cual es ampliamente recomendable contar con los servicios de un lic. en derecho, idealmente uno con cedula profesional y toda la cosa. Ojo: no confundir con demanda, que es una petición civil — ¡nunca penal! — en la que una persona le pide a un juez algo sobre lo que la persona cree que tiene derecho. Si te asaltan en la calle, presentas una denuncia; si tu empleador no te paga, presentas una demanda.

Estado (de derecho)—. Situación en la que hay leyes vigentes y autoridades que las hacen cumplir. Precondición para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática. Su vida pende de constantes crisis político-social-jurídicas, parecidas a la transición entre un domingo a un lunes, sin café.

Fuero—. Protección de la que gozan servidores públicos, principalmente aquellos electos por el voto popular, para no ser acusados y procesados por delitos. Su justificación es impedir que el gobierno arme investigaciones a modo en contra de opositores al régimen en turno, para así proteger la representación popular sin miedo al chantaje. En México al proceso para quitar el fuero se le llama “declaración de procedencia” y no debe confundirse con el juicio político. Gran ejemplo de cómo todo depende del cristal con que se mira: muchos en México parecen creer que el fuero es bueno cuando lo tienen políticos que les caen bien y malo cuando lo tienen políticos que les caen mal.

Garantías—. Las propiedades concretas de los derechos. Por ejemplo: al derecho al debido proceso (es decir: a un juicio justo) corresponde la garantía de tener acceso a un abogado.

Habeas Corpus—. Principio de la tradición legal anglosajona (diferente de la mexicana, que se basa en el derecho romano) según el cual toda autoridad (como son policías, militares o policías militarizadas) que detenga a una persona está obligada a presentar al detenido ante a un juez dentro de un plazo determinado, para que el juez decida si existe una base legal para la detención. En los países latinoamericanos este principio es relevante dada la historia de las dictaduras militares del pasado y las detenciones arbitrarias del presente. Tiene un parentesco lejano con el amparo, el cual puede usarse en casos de desaparición forzada para exigirle a la autoridad que presente a quien no está.

Interdicción—. Decisión de un juez que establece legalmente que una persona no puede ejercer directamente sus derechos debido a que está enferma o tiene una discapacidad. Se trata de un concepto discriminatorio, al menos como es aplicado actualmente, por el simple hecho de que tener una discapacidad no le quita la dignidad o la agencia a una persona.

Justicia—. Lo que digan los poderosos; la voluntad de los dioses; el fin de la opresión; la redistribución del capital; la libertad de los presos políticos; presentación con vida; castigo a los culpables; que el capital haga lo que quiera con sus manos invisibles; el cumplimiento estricto de la constitución; mi paz les dejo, mi paz les doy; abrazos no balazos; fuchi guacala; chu chu chu. (El consumo de esta palabra puede generar adicción.)

Ilustración: Estelí Meza

Kelsen, Hans—. Filósofo austriaco de mediados del siglo XX. Santo patrono del derecho positivo moderno. Contra algunos reportes, no diseñó ninguna pirámide. Lo que sí hizo fue escribir Teoría pura del Derecho, un tratado en el que intenta definir de una vez por todas qué chingados es el derecho. Ah, y hacerlo de manera objetiva.  No se preocupe, futuro Lic., es difícil de digerir al menos durante los primeros diez semestres de la carrera.

Litigio—. También conocido como pleito. Ocurre cuando personas físicas o morales —o autoridades o incluso Estados— participan en una controversia de carácter judicial. Es decir: acuden a un juez para que resuelva “conforme a derecho”, o “lo que a cada quien corresponda”. Recuerde la sabiduría popular: más vale un mal arreglo que el mejor de los pleitos. De esto come la mayoría de los abogados.

Ministerio Público—. Mejor conocido como emepé. Servidor público, que debe tener grado académico de lic. en derecho, encargado de investigar delitos y de acusar a los probables responsables ante un juez. Para ello se apoya de la policía de investigación, también conocida como “los judiciales”.  Los policías no son emepés, pero resulta que desde que tenemos sistema acusatorio, los emepés son también fiscales, lo cual parece haberles provocado una señora crisis de identidad.

Notario—. Profesional del Derecho revestido con fe pública que, tras presentar muchos exámenes y ser aceptado por un club llamado Colegio de Notarios, realiza actos (es decir: firma papeles) que ayudan a tener en orden el patrimonio y otros aspectos legales de la vida de las personas (por ejemplo: las escrituras de tu casa y tu testamento). La fe pública es un súper poder jurídico que te permite decir que si tú dices que algo pasó, entonces pasó, aunque quizá no haya pasado en realidad. Es una función del derecho monopolizada y que resulta altamente costosa para los ciudadanos. Se tenía que decir y se dijo.

Ñáñaras—. Sentimiento que experimenta el pasante en derecho cuando se apersona por primera vez en un juzgado para solicitar copias del expediente o ante el emepé para preguntar el número de la carpeta de investigación. Aplica para los momentos posteriores a ser informado que “ya salió la sentencia de su asunto, mi lic”, y similares situaciones de tensión jurídica. También suele ocurrir cuando un no-abogado se topa con el sistema jurídico.

Orden público—. Justificación usada por el Estado de derecho y sus autoridades, principalmente encargadas de la seguridad, para limitar, inhibir o reprimir el ejercicio de derechos. Si bien el concepto sí aparece en la ley, y si bien todos entienden su uso en el discurso oficial, nadie parece poder decir en qué consiste realmente.

Prisión preventiva oficiosa—. Barbaridad contraria a los derechos humanos e incluida en la Constitución mexicana. Permite encerrar a personas que han sido acusadas de algún delito antes de que el Estado demuestre legalmente que, en efecto, lo cometieron. Privación de la libertad automática, frente a la cual el juez o jueza solo da su visto bueno. Se utiliza por la incapacidad de los emepés para investigar delitos y así pre-castigar a una persona hasta que se demuestre su inocencia en juicio . . .  ¿O cómo era?

Querella—. Una de dos posibles causas por las que se investiga un delito: porque así lo pidió una persona. La otra posibilidad son los delitos “de oficio:” aquellos que por ser graves deben ser investigados de cajón, incluso si nadie se queja. En caso de duda, consulte con su lic. de confianza.

Relatividad (de la sentencia)—. Principio por el que los efectos de una sentencia aplican solamente en el caso de quienes participaron en el juicio en el que se dictó la sentencia en cuestión. Muchos críticos del juicio de amparo señalan a este principio como una de sus principales limitaciones. El Estado comete injusticias, pero solo algunas personas tienen el privilegio de acudir al juicio de amparo para reclamar sus derechos. Uno pensaría que si estas personas obtienen una sentencia que les beneficie y proteja, otras personas que fueron afectadas en iguales condiciones, las mismitas, deberían también ser protegidas, aunque no hubieran podido acudir a juicio, pero pos NEL.

Suprema Corte—. Máximo órgano judicial en México. Se conforma por once Ministras y Ministros —ni jueces ni juezas ni magistrados ni magistradas: ministros y ministras— que toman decisiones de forma colegiada; es decir: por consenso, nunca de forma individual. Su chamba es proteger la Constitución e interpretar sus principios a la luz de la compleja realidad mexicana. Resuelve las controversias constitucionales (por ejemplo: cuando un Estado se pelea con la Federación), las acciones de inconstitucionalidad (es decir: las contradicciones entre leyes y la Constitución), y las apelaciones a casos que por trascendencia e interés del país lo ameriten (por ejemplo: el uso de la marihuana medicinal).

Tacha—. No confundir con el éxtasis (o cualquier derivado de las anfetas). Acción que pueden usar los abogados, durante un juicio civil, para sostener que un testigo no es creíble. Sí, es muy técnico. Y sí, usted también debe saberlo, para no dejarse apantallar.

Usos y Costumbres—. En general, conjunto de normas jurídicas no-escritas que se cumplen porque a lo largo del tiempo se han ejecutado consistentemente. En el sistema mexicano, se relaciona con la forma de organización de los pueblos indígenas. Tuvieron un boom tras el levantamiento zapatista de 1994, cuando el Estado mexicano, culpable de glorificar el pasado indígena mientras aborrece su presente, modificó la Constitución para reconocerle a estas comunidades una cierta autonomía legal. Sigue sin ser suficiente.

Validez—. Propiedad de los actos y normas que refiere a su existencia dentro del mundo de las leyes de forma apropiada. La validez sirve para determinar quién está facultado para crear las normas; cuál es el proceso para crearlas; y los límites de las normas respecto otras normas. No significa si la norma es “buena”, “mala” o “injusta”, sino solamente si cumple con estos tres requisitos: que fue creada por la autoridad facultada, que el proceso de su creación fue conforme a la ley, y que no contradice a otras normas. Particularmente, respecto a los límites de las normas, la validez es importante porque de ella depende la armonía del sistema jurídico. En principio todas las normas deberían respetar la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo esto no ocurre y por eso tenemos la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa.

Weimar, República de—. Régimen político-jurídico que imperó en Alemania de 1918 a 1933, entre el final de la Primera Guerra y el surgimiento de los Nazis, cuya Constitución, para nuestra franca temblorina, se basaba directamente en la mexicana. Periodo democrático de gran inestabilidad social, política y económica durante el cual, si bien existía un aparente Estado de Derecho, se gestaron varios intentos de golpe de estado desde la derecha e intentos de revolución desde la izquierda. Contexto propicio para alimentar ansias de cambio en la población y crear figuras autoritarias entre los políticos. Cualquier parecido con algún periodo histórico en México nos parece mera coincidencia.

Xenofobia—. Sinónimo de política migratoria mexicana, cuya materialización son agentes de la policía militarizada (hoy, la gloriosa Guardia Nacional) frenando el flujo de personas migrantes hacia el vecino incómodo del norte. Lo vemos diario en las noticias, y dan ñañaras.

Y—. Conector aditivo de la lengua española. Usualmente utilizado para introducir la pregunta “Y, ¿entonces?”, a la que todo profesional del derecho responderá “depende”.

Zaldívar, Arturo—. Está por verse.

 

Marisol Ayala
Abogada y visitadora adjunta en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Trabaja principalmente casos de feminicidio y violencia de género.

Balam Garcés
Estudió Derecho y es asesor parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Elba Gutiérrez
Abogada, coordina el Programa Pro Bono de la oficina mexicana de Greenberg Traurig. Trabaja principalmente casos de asilo y acceso a la justicia.

Víctor Martínez
Abogado, trabaja en Propuesta Cívica, A.C. Trabaja principalmente casos de libertad de expresión y defensa de periodistas.