Con 80 años recién cumplidos, y con un nuevo gobierno que apenas está desplegando su idea de cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia enfrenta varios retos importantes, entre ellos los posibles recortes, el ajuste de su estructura burocrática y su postura frente al proyecto del Tren Maya. El siguiente reportaje recoge las voces de diversos especialistas que sopesan el presente y porvenir del instituto cultural más importante del país.

La edición del viernes 3 de febrero de 1939 del Diario Oficial de la Federación bien podría considerarse como una de las más grises de la época. El número incluía entre otras cosas el permiso de Juan Manuel Alcaraz Tornel para aceptar condecoraciones en Japón y República Dominicana; la cancelación de la autorización de Seguros La Latinoamericana para operar en el ramo de responsabilidad y riesgos profesionales; y las solicitudes de nacionalización de Max Levitt e Isaac Beider Karnaut. Nada que interesara o impactara realmente en la vida de los poco más de 22 millones de mexicanos que entonces habitaban el país. Mejor dicho, casi nada, porque en la página 11 se anunciaba un decreto con efectos inmediatos y de largo alcance para el entendimiento histórico y social de una nación que apenas salía de un largo periodo revolucionario: por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas se creaba el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El INAH tenía la encomienda de sustituir al Departamento de Monumentos Históricos, Arqueológicos y Artísticos de la República. A doble columna se podían leer los veinte artículos de su Ley Orgánica. Los incisos establecían, entre otras cosas, que la institución dependía de la Secretaría de Educación Pública —dependencia que se mantendría hasta 2015, cuando se incorporó a la Secretaría de Cultura— y se le concedían las atribuciones de explorar las zonas arqueológicas y “la vigilancia, conservación y restauración de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de la República, así como los objetos que en dichos monumentos se encuentran”.

Ochenta años después, la institución tiene a su cargo 192 zonas arqueológicas abiertas al público; el manejo de 161 museos nacionales, metropolitanos, regionales, locales y de sitio; y tres planteles formativos: la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Además, cuenta con una estructura de 31 centros INAH distribuidos en el país. Todo en su conjunto la convierte en la institución cultural con más presencia a nivel nacional.

Diego Prieto, titular del INAH, señala que el organismo vive una etapa de madurez: “Hemos crecido mucho y eso ha implicado necesidades que no ha sido fácil proveer. Necesitamos reconocer que desde finales del siglo XX hay un giro en el encargo social del instituto”. La visión del patrimonio cultural ya no se reduce a los monumentos arqueológicos, históricos y vestigios paleontológicos, ahora abarca la conclusión y discusión de distintos enfoques patrimoniales que van de lo local a las entidades federativas. Una de sus grandes aportaciones es haber contribuido al reconocimiento de México como un país pluricultural. “Durante el siglo pasado el INAH contribuyó decisivamente a fortalecer la identidad, el orgullo nacional y el reconocimiento de nuestras profundas raíces históricas. Hoy nos corresponde visibilizar, reconocer y valorar la diversidad de las múltiples identidades que caracterizan el mosaico heterogéneo que es México y que incorporan muy diferentes expresiones, identidades y universos de orden lingüístico, cultural, simbólico y étnico, en su sentido más amplio”, explica Prieto.

Para Bolfy Cottom, antropólogo e investigador del INAH, el organismo es resultado de un proceso que viene del siglo XVIII. “Sigüenza y Góngora y los jesuitas quisieron construir una idea de nación a partir de su geografía y botánica. Todo eso lo hereda el Museo Nacional creado en 1825 y cuyas atribuciones eran hacer una recolección de lo que constituía el nuevo país y al mismo tiempo transmitirlo. El INAH recogió esta inmensa labor, y digo inmensa porque tiene que ver con la vida privada de la gente y porque es de las pocas con presencia en todo el país”.

La antropóloga Lourdes Arizpe, exdirectora adjunta de la UNESCO en el área de cultura, apunta que el INAH “es el pilar del extraordinario trabajo antropológico en México; es la institución que impulsa la empatía de los mexicanos y el sitio de contienda de su sentir histórico, por eso es fundamental”. De acuerdo con su experiencia, es un referente a nivel mundial: “Cuando trabajé en la UNESCO me pedían que expertos mexicanos asesoraran proyectos culturales y antropológicos a nivel mundial: desde la construcción de museos hasta aspectos de política cultural hacia las poblaciones minoritarias, o la nueva atención a lo que llamamos patrimonio cultural intangible o inmaterial”.

Arizpe recuerda que la apertura del Museo Nacional de Antropología en 1964 revolucionó la manera en que los objetos y los datos históricos se presentaban en estos recintos. “El INAH ha impulsado distintos programas acordes a los tiempos del país. En los cincuenta impulsó la recuperación etnográfica y por primera vez se hicieron estudios sistemáticos de cada grupo indígena. Gracias a esto en los años ochenta cambió la visión política acerca de la sociedad mexicana. Muchas veces se le critica porque parece caótico, pero de estos enfrentamientos y movimientos surge lo nuevo y lo creativo para hacer frente a los retos que tenemos ahora”.

Arizpe añade que el INAH es una institución que cambia constantemente y enfrenta a grupos políticos que quieren detener su acción. “Debe seguir siendo un sitio de contienda de nuestro futuro cultural y político, pero siempre con la libertad que permita a los investigadores desarrollar las ideas nuevas que requiere nuestra época”.

Crisis laboral

Conforme a su directorio, el INAH suma mil 150 investigadores. La distribución, lejos de ser proporcional, exhibe que mientras en Baja California Sur hay 15 especialistas, Quintana Roo reporta 33 y la Ciudad de México 274. En el gran tamaño del instituto se esconde su propia debilidad, advierte Bolfy Cottom. “La cantidad de investigadores o custodios en Baja California Sur es poquísima, en comparación a lo que sucede en la zona maya. Hace mucho tiempo que no hay nuevas plazas para académicos, profesores, técnicos o administrativos. Cada sexenio la materia de trabajo del INAH aumenta y el personal disminuye”.

Eduardo Matos Moctezuma, investigador del instituto y Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, precisa que la dependencia ha crecido, pero no lo suficiente como para abarcar lo que el país requiere: zonas arqueológicas, archivos, museos, monumentos, etcétera: “A lo largo del tiempo se han perdido, por aspectos burocráticos, una serie de plazas que ya no son cubiertas por personal nuevo. Predominan los contratos eventuales que no dan prestaciones ni garantía laboral. El área cultural se ha visto muy afectada por la política de reducción de personal que afecta a diversas dependencias”.

Matos Moctezuma alerta que uno de los riesgos de esta política es que los proyectos e investigaciones se queden truncos: “Muchos de los pasantes carecen de garantía laboral y estabilidad económica; debido a esto no dan seguimiento a sus trabajos. Corremos el peligro de perder personal, personal que por otro lado ya tenía experiencia”.

El arqueólogo y encargado del Museo del Templo Mayor hace un llamado a las autoridades para que analicen la situación del instituto: “No solo se trata de desempleo y de gente que perderá su ingreso después de años de trabajo, también implica perder experiencia. Al rato tendremos que empezar de cero. Muchos colegas siguen trabajando, pero la verdad es que ahora estamos en un estado de alarma. Entiendo que las autoridades ya están ocupadas en conseguir el presupuesto necesario para llevar a cabo una función que es para el bien de nuestra historia”.

Diego Prieto reconoce que el problema de los trabajadores se arrastra desde hace treinta años: “En 1985 hubo reformas a nuestra Ley Orgánica que otorgaron mayor cantidad de tareas, misiones y encargos sociales. En ese mismo periodo la estructura se mantuvo y se congeló la creación de plazas; es más, en los últimos quince años se eliminaron más de 850. Por lo mismo, el INAH ha crecido echando mano de contrataciones eventuales que carecen de sustento presupuestal específico”.

El funcionario explica que actualmente están en proceso de regularizar la situación y asegura no habrá despidos masivos: “Te aseguro de manera enfática que no habrá despidos masivos o recortes generalizados. Cualquier ajuste de nuestra plantilla de base y eventual, será resultado de un análisis. Al personal se le respetarán todos los derechos y prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo”.

Según el titular de la dependencia, entre personal de base, estructura, mandos medios, el profesorado y eventuales, en el INAH trabajan poco más de seis mil quinientas personas. “En diciembre del año pasado teníamos alrededor de mil 700 personas contratadas de forma eventual. Ahora mismo ya se renovaron mil 550 contratos, esto nos habla de la importancia de este personal al que por supuesto le tenemos que reconocer derechos y generar antigüedad de alguna manera, y asegurar servicio médico. Estamos en vías de regularización y en este proceso nos hemos atrasado con algunos pagos. Sin embargo, el instituto está en un periodo de fortalecimiento para el cual contamos con la determinación de Alejandra Frausto, secretaria de cultura”.

A decir de Bolfy Cottom, la crisis laboral del INAH es consecuencia de una política de gobierno y de las condiciones impuestas por el sistema predominante. “La tendencia es contratar a trabajadores eventuales. Más allá de la acción sindical y de la autoridad, somos víctimas de las políticas laborales del sistema en que estamos inmersos”. “¿Qué institución no está rebasada?”, se pregunta Cottom. Se remonta a 1972, cuando Guillermo Bonfil quiso descentralizar al INAH creando institutos de antropología en Jalisco y Puebla. El experimento fracasó porque no hubo recursos para mantenerlos. “La naturaleza del INAH y el INBAL es similar en lo fundamental: son autoridades, centros de investigación y de educación superior. No solo el instituto está rebasado, el Estado está rebasado. No hay dinero que alcance, pero esto no exclusivo de México, la cuestión es que aquí es más dramático porque se calcula que en el país hay 200 mil sitios arqueológicos”.

El presupuesto aprobado para el INAH para 2019 es de 3 mil 739 millones de pesos. Bolfy Cottom admite que el setenta por ciento de los recursos se destinan a salarios. “Cuestionar la ecuación sin hacer una revisión es engañoso porque el pago de nómina incluye a académicos, técnicos, administrativos y manuales. La labor del personal impacta en todas las tareas del instituto. Claro que sería ideal destinar la mayoría del dinero a obra pública o nuevos proyectos de investigación y conservación, pero recordemos que la demanda de personal es enorme. Casi todos los profesores de las tres escuelas viven en la miseria y a pesar de eso hacen un trabajo de investigación importantísimo. Por supuesto no se puede descartar que haya crecido la contratación para la parte administrativa. Esa es una discusión permanente en el instituto y de lo que se trata es de mantener el equilibrio”.

Añade que, debido a la política de adelgazamiento emprendida por el gobierno federal, el INAH está en riesgo de perder el veinte por ciento de su personal contratado. “¿Qué va a suceder con el personal de custodia, quienes vigilan los recintos a cargo del instituto? ¿Qué va a suceder con los proyectos de investigación?”, cuestiona.
Diego Prieto responde a Cottom y niega que el recorte alcance al 20% de los trabajadores. “El plan de reestructuración implica una reducción de la plantilla, pero hay plena conciencia de hacerlo de manera moderada y de no llegar a esa proporción. No se trata de hablar de porcentajes o cuotas, sino de revisar efectivamente cuál es el personal indispensable para no quebrantar las tareas sustantivas del INAH”.

El INAH frente al Tren Maya

La construcción del Tren Maya se ha convertido en una de las grandes apuestas en términos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mediados de octubre, cuando recién fue ratificado como titular del INAH, Diego Prieto declaró en entrevista con El Universal: “El INAH no está para detener el avance de la actividad económica del país. No estamos para parar obras. No nos oponemos a trenes, escuelas, hospitales; estamos para que esas obras se lleven bien”.

Cinco meses después, el funcionario se mantiene en lo dicho y añade que el proyecto no afectará el patrimonio a cargo del instituto. Adelanta que la dependencia a su cargo colaborará con la obra en tres líneas. La primera tiene que ver con la protección del patrimonio arqueológico e histórico que pudiera verse afectado: “Revisaremos cuidadosamente las vías, los trazos, las estaciones, a fin de que no se afecten los sitios, pero tampoco a las poblaciones cercanas”.

El segundo eje tiene que ver con el mejoramiento, consolidación y apertura de zonas arqueológicas abiertas al público. “Necesitamos mejorar la experiencia de visita en Palenque, Chichén Itzá, Uxmal y Calakmul. Encontrar la manera de que el proyecto redunde en un mejoramiento de las investigaciones, pero también en la conservación y operación en nuestros sitios arqueológicos. Contemplamos, además, la apertura de al menos dos nuevos sitios arqueológicos”.

La tercera línea tiene que ver con la investigación antropológica, histórica y el trabajo etnográfico. “Se trata de involucrar a las comunidades en todos los sentidos. En las zonas de las obras, el INAH fortalecerá su programa de espacios comunitarios y culturales. Impulsaremos un programa de antropología e historia del mundo maya”.

Eduardo Matos Moctezuma no esconde su inquietud cuando habla del Tren Maya: “Me alarma la precipitación. Antes de empezar las obras hay que tomar en cuenta a las comunidades y los factores ambientales. Es labor del INAH cuidar el área de monumentos y, de ser necesario, no sería la primera vez que se tendría que cambiar una ruta porque se encuentra un vestigio importante”.

Para Bolfy Cottom, su construcción será una prueba de fuego para la institución: “Todo el sureste está plagado de bienes arqueológicos. No solo se necesitarán políticas de salvamento y rescate, hará falta una política de conservación y preservación de los sitios que aparecerán por ahí”. Comenta que es pronto para saber si habrá o no afectación al patrimonio, sin embargo, espera que exista una buena coordinación, asesoría y acompañamiento de los órganos colegiados del instituto con universidades y centros de investigación del sureste. “El tema no es oponerse al desarrollo, sino asumir que las instituciones tienen que cumplir con sus obligaciones”.

Según informes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en toda la zona de influencia del Tren Maya hay más de dos mil puntos con posibles vestigios arqueológicos. Lourdes Arizpe plantea que el organismo deberá resguardar estos espacios, pero además velar por las zonas de reserva natural. “Se deben respetar y cumplir los objetivos de desarrollo siempre y cuando el trazo no afecte a las comunidades ni al medio ambiente”.

Si bien todavía no tiene certeza sobre la línea que mantendrá el gobierno acerca de cuestiones culturales y su relación con la noción de progreso, reconoce en las nuevas autoridades un interés por las culturas populares. “A partir de esto hay que recomponer a los grupos que ya están fragmentados”.

Más seguridad y menos burocracia

Una investigación publicada en 2011 por la periodista Miryam Audiffred, detalla que entonces 478 zonas arqueológicas habían sido afectadas por saqueadores profesionales y 2 mil 127 sitios más habían presentado huellas de saqueo simple. Bolfy Cottom denuncia que el tráfico de bienes es permanente y que “en el contexto del crimen organizado hemos encontrado algunos vínculos. Ahora sabemos que comprar este tipo de objetos es una manera de invertir y lavar dinero”.

Cuestionado al respecto, Diego Prieto afirma que no ha habido una variación sensible en estos temas. “Nosotros nos hacemos cargo del tráfico ilícito de bienes culturales y atendemos denuncias de saqueos y exploraciones irregulares”. No obstante, sostiene que las comunidades intentan cuidar su patrimonio incluso sobre la mercantilización. “Por supuesto ha habido hechos de violencia cerca de zonas arqueológicas, pero muchas veces están vinculados a los negocios de los delincuentes y no necesariamente al robo de piezas”.

En este sentido, Prieto precisa que el instituto tiene mucho que aportar en términos de cultura de paz: “Cuando la gente se identifica con su cultura y sus universos simbólicos, cuando los jóvenes se apasionan con su memoria, patrimonio y creatividad, surgen motivaciones y valores distintos a los que proponen los delincuentes. El problema de la delincuencia en nuestro país es que no solo se ha apropiado de estructuras, sino también de valores porque se presentan como factores para obtener una vida mejor”.

Concluye que una de las improntas de su gestión será acercar el INAH a las comunidades y a los barrios populares.  “Podemos acompañar los procesos de restitución del tejido social a través de espacios y museos comunitarios, de proyectos etnográficos de recuperación del patrimonio vivo simbólico y material de nuestros pueblos. La institución necesita renovarse y tener mayor resiliencia, imaginación, creatividad y compromiso para adecuarse a las nuevas tareas”.

De cara al futuro del organismo, Bolfy Cottom exhorta a las autoridades a limar la sobreburocracia que envuelve al instituto. Para muestra, menciona a la Dirección de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura. “¿Por qué tener este despacho si ya se tiene al INAH? ¿No se trata de optimizar recursos? Me parece que las autoridades no han entendido que su labor no debe ser obstaculizar el funcionamiento de las instituciones y menos del INAH, a mi juicio el organismo cultural más importante del país”.

A ochenta años de su creación, el instituto necesita renovar su compromiso con el presente. Al menos así lo entiende Lourdes Arizpe. La antropóloga advierte que la cultura está siendo puesta en cuestión por el cambio climático, el reto de la sobrevivencia y el Antropoceno. “El INAH tiene que hacer cambios fundamentales tanto en la investigación como en las teorías de cómo los seres humanos creamos, producimos e intercambiamos conocimiento. Hay mucho que cambiar, pero antes necesitamos saber cuáles son las prioridades inmediatas para un país que enfrenta cuestiones como la sustentabilidad y el cambio climático. Me preocupa que se rompa la sociedad a partir de pequeñas reivindicaciones culturales o históricas que, en vez de fortalecer la posibilidad de un desarrollo racional, propicien la desagregación de la sociedad y el Estado mexicano”.

 

Héctor González
Periodista cultural.