Setenta años después de que se firmara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su retórica ha triunfado, aparentemente. Sin embargo, aún no sabemos cómo imponer efectivamente esta serie de derechos individuales. John Tasioulas argumenta que esto se debe a que no hemos resuelto el fundamento filosófico de los derechos humanos.

Vivimos en la era de los derechos humanos. El lenguaje que los acompaña se ha vuelto ubicuo, una lingua franca para expresar las demandas de justicia más básicas. Algunas de éstas son viejas demandas, como la prohibición de la tortura y la esclavitud. Otras son más recientes, como el acceso al internet y el matrimonio igualitario. Pero, ¿qué son los derechos humanos y de dónde vienen? Esta pregunta se ha vuelto urgente a partir del surgimiento de una idea perturbadora: quizás las personas con valores y convicciones enfrentadas pueden recurrir a los “derechos humanos” porque, en última instancia, no están de acuerdo en lo que están discutiendo. Es decir, tal vez el aparente consenso sobre la importancia de los derechos humanos depende justamente de la vacuidad del concepto. Si esto es cierto, entonces la jerga de los derechos humanos es un escaparate retórico que enmascara divisiones éticas y políticas profundas.

Los filósofos han debatido la naturaleza de los derechos humanos por lo menos desde el siglo XII, en general bajo el término “derechos naturales”. Se suponía que todo mundo poseía estos derechos y su descubrimiento era posible con la ayuda de nuestros poderes de raciocinio normales —a diferencia de los derechos establecidos por la ley o descubiertos mediante la revelación divina—. Siempre que hay filósofos, empero, hay desacuerdos. Creer en los derechos humanos no resuelve cómo defenderlos. Por ejemplo, ¿se trata de proteger las necesidades humanas en general, o solo la libertad de elección? También hay desacuerdos sobre cuáles son los derechos que debería incluir la lista. ¿Se deben considerar los derechos socioeconómicos como el derecho a la salud y al trabajo, además de los derechos civiles y políticos como el derecho a un juicio justo y a participar políticamente?

Con todo, son muchos los que hoy sugieren que deberíamos abandonar las riñas filosóficas sobre el origen y la naturaleza de los derechos humanos. En el siglo XXI, dicen, estos derechos no existen en el éter nebuloso de la especulación filosófica sino en el sello de la ley. Los derechos humanos son aquellos descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y los múltiples tratados internacionales y leyes nacionales que los implementan. Los que adoptan estos argumentos incluso invocan al filósofo inglés Jeremy Bentham, el cual describía con desprecio la existencia de derechos naturales independientes de las leyes creadas por los hombres como “sinsentido retórico, sandeces en zancos”.

Ahora bien, es cierto que desde mediados del siglo pasado una elaborada ley de derechos humanos, que es efectiva en grados muy variables, ha emergido a nivel internacional, regional y doméstico. Y en términos prácticos, parece que podemos recurrir a ella cuando hablamos de derechos humanos. Pero este acercamiento legal es poco satisfactorio.

Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Para empezar, la ley no siempre obliga a todos aquellos que creemos que deberían regirse por los derechos humanos. Algunos Estados no han ratificado los tratados de derechos humanos, o los han ratificado con excepciones (“reservas”), lo que resulta en que su potencial crítico se mitigue. Un país como Arabia Saudita ocupa un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al tiempo que persiste en prácticas de discriminación de género, como el hecho de prohibirle a las mujeres conducir. Esto, porque Arabia Saudita aceptó los tratados de derechos humanos pero con la condición de que pueden ser invalidados por la ley islámica.

Por otro lado, la ley internacional de derechos humanos se ocupa casi exclusivamente de los Estados, mientras que muchos sostienen que agentes no estatales —como las corporaciones que a veces tienen ganancias que exceden el PIB de todos los países menos de los más ricos— tienen responsabilidades con los derechos humanos. Cuando productores como Nike usan a niños de 12 años en Pakistán para coser pelotas de futbol, o cuando proveedores de servicios de internet secretamente le dan al gobierno chino los correos electrónicos de disidentes, los críticos no solo denuncian prácticas corporativas ilegales, sino violaciones de derechos humanos. Y esto es así incluso cuando la corporación cumple con las leyes del país en el que opera.

Es justamente en respuesta a las amenazas que plantean las corporaciones que el politólogo de Harvard, John Ruggie, escribió una serie de “Ejes rectores para los negocios y los derechos humanos” (2011). Aunque respaldados por la ONU, estos ejes no son vinculantes ni para los Estados ni para las empresas, sino que buscan proveer un alegato sobre la responsabilidad que tienen las segundas con los derechos humanos, al margen de sus otras obligaciones legales. La ambición de Ruggie es que estos principios eventualmente informarán la toma de decisiones en todos los niveles corporativos, lo cual ilustra la idea de que los derechos humanos están más allá de la ley y su cumplimiento.

Sin embargo,  al momento de identificar los derechos humanos con las leyes existentes surge un problema más importante. Las leyes son creación de seres humanos imperfectos; pueden ser buenas o malas y por eso siempre están sujetas a interpretación y crítica de acuerdo con principios morales independientes. En este sentido, la ley internacional de los derechos humanos no dice qué derechos humanos existen sino que busca implementar derechos morales que ya tenemos por el simple hecho de nuestra humanidad. La esclavitud, la tortura o la discriminación racial no se volvieron violaciones a derechos humanos cuando fueron prohibidos legalmente. Es al revés: tenemos leyes de derechos humanos para darles fuerza a derechos que en algún sentido preexisten a su reconocimiento legal. Desafortunadamente, no hay consenso entre filósofos, y otros, sobre cómo defender a los derechos humanos como verdades objetivas e independientes de la ley.

El filósofo estadunidense Richard Rorty buscó una salida de ese impasse. Aunque era un liberal acérrimo, rechazó la empresa de encontrar una justificación racional a los derechos humanos. Juzgó que eso era absurdo toda vez que los derechos humanos son parte fundamental de nuestra cultura, no solo de la ley. ¿Cómo justificar los derechos humanos cuando a los liberales de Occidente nos parecen más convincentes que cualquier idea que podamos usar para su justificación? Para Rorty el problema real era práctico más que intelectual: promover el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo entero.

Una actitud desdeñosa similar es la adoptada por Ruggie, quien concibe sus ejes rectores para las corporaciones no como reflejos de demandas morales “verdaderas”, sino basadas en “normas y expectativas sociales”, con un piso empírico. En un nivel más sofisticado, el filósofo político estadounidense John Rawls, insistió en su libro The Law of Peoples (1999) que en un mundo plural como el nuestro no podemos construir un compromiso público con los derechos humanos sobre la base de narrativas controversiales a propósito de la humanidad “verdadera” o del bien. Tendríamos que regresar a las ideas compartidas por la cultura de las democracias liberales.

Pero, ¿es suficiente depender del supuesto de que los derechos humanos están insertados en la cultura de las democracias liberales? ¿O necesitamos dar un paso lejos de esa cultura y buscar ofrecer una justificación objetiva a los principios como los filósofos lo han supuesto por mucho tiempo? El problema es que las expectativas y supuestos de nuestra cultura no solo varían de manera importante entre las sociedades, sino que son frágiles: fuerzas que van desde la globalización a la propaganda pueden hacerlos cambiar dramáticamente o incluso debilitarlos. ¿Podrían desaparecer los derechos que combaten la discriminación racial o de género si actitudes sexistas y racistas llegaran a predominar?

La pregunta no es ociosa, sobre todo cuando las creencias sobre lo inaceptable de la tortura o los derechos de los refugiados han sufrido recientemente un contragolpe. Puede haber retroceso tanto como progreso, sin garantías sobre hacia qué lado se avanzará. Las expectativas sociales y los supuestos culturales no son mejor base para los derechos humanos que la ley. Hay una contradicción fatal al momento de defender los derechos humanos del creciente autoritarismo en la era de la posverdad, y al mismo tiempo abandonar la creencia de que nuestro compromiso con esos derechos está basado en la verdad.

Mi opinión personal es que los derechos humanos tienen su raíz en los intereses universales de los seres humanos, de los cuales todos y cada uno goza un estatus moral equivalente resultado de su humanidad compartida. En otras palabras, al defender los derechos humanos debemos recurrir al valor inherente de ser un miembro de la comunidad humana y de los intereses que compartimos: la amistad, el conocimiento, la hazaña, el juego y demás. Y nos tenemos que preguntar si todas estas consideraciones generan obligaciones que le debemos al otro.

Esta propuesta difícilmente es controversial. Recurrir al valor inherente de la humanidad puede ser cuestionado por algunos como prejuicio bruto —una suerte de “especismo” similar al racismo—. Asimismo, puede ser rebatida por quienes piensen que los derechos humanos ultimadamente tratan de respetar las libertades individuales sin importar si ello promueve el bienestar del derechohabiente.

Sin importar si estoy en lo correcto o no, estoy convencido de que no podemos sostener nuestro compromiso con los derechos humanos sobre la base de la ley o de las conjeturas de nuestra cultura democrática liberal. Solamente una justificación más profunda puede explicar en primer lugar por qué los asociamos con la ley o con la cultura democrática liberal. Precisamente éste ha sido el objetivo de los debates filosóficos de los derechos humanos desde el siglo XII hasta nuestros días. Para mantener la cultura de derechos humanos en orden, no podemos evitar hacernos la pregunta de su justificación. Y no deberíamos considerar que esta tarea se reduce al campo de los filósofos profesionales, sino al proceso de razonamiento público al que todos los ciudadanos estamos llamados a contribuir.

 

John Tasioulas
Dirige el centro Yeoh Tiong Lay de Política, Filosofía y Leyes en King’s College London. Autor de Human Rights: From Morality to Law (Oxford University Press, 2018).

Artículo publicado originalmente en inglés en Aeon magazine.
Traducción de Ana Sofía Rodríguez.

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