Una de las conclusiones de los estudios sobre la violencia de género en la educación superior es que, en ocasiones, el silencio y la complicidad de las autoridades universitarias imposibilitan el desmantelamiento de estas conductas. Aun cuando existen medios para denunciar, las víctimas enfrentan distintas trabas, desde el miedo a contar su historia, hasta la falta de sanciones.

Paola Arenas, docente en la Universidad de Guanajuato, campus León, está cansada de relatar el momento en que fue víctima de violencia de género en el trabajo. Desde finales de 2016, cuando creyó pertinente solucionar el problema de manera personal, ha contado su historia ante distintas instancias de la universidad.

Hablar personalmente con su agresor, que era su par académico, empeoró la situación pues derivó en lo que Arenas refiere como mobbing laboral, término que desconocía hasta que comenzó a sentir aislamiento en la oficina y una forma de violencia grupal dirigida explícitamente hacia ella. “Yo llegué a invitar a varias personas a mis eventos y hoy ya no soy invitada a ninguna reunión. Son situaciones pequeñas, pero que generan exclusión. Yo soy la incómoda”, relata.  Seis meses después del episodio que desató todo, Arenas decidió acudir a la dirección de la División de Ciencias de la Salud, la cual le ofreció una mediación. “Nunca me pidieron que estuviera presente con la persona a la que estaba imputando. Como ya había ido con la Procuraduría de Derechos Humanos [de la universidad] me ofrecieron una audiencia con el Rector General, al que tenía que llevarle documentos para demostrarle que era una persona honorable. Cuestionaron lo que estaba diciendo”.

Ilustraciones: Estelí Meza

A pesar de que el Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género tenía más de un año de haber entrado en vigor en la universidad, la profesora Arenas tuvo conocimiento de éste hasta noviembre de 2017. No es que las autoridades lo escondieran, sino que en León ignoraban la existencia del programa denominado Ugénero. Dicho protocolo se creó a raíz de la denuncia de acoso sexual de la alumna Isabel Puente contra el profesor Julio César Kala en 2015. Las autoridades crearon el Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato, puesto en marcha en abril de 2016, y un mes después se implementó el protocolo. Actualmente Ugénero cuenta con un sitio web en el cual se detalla su propósito así como las vías para denunciar. Las personas del programa que atendieron a Arenas “han sido empáticas”. “Me sentí muy acompañada por la psicóloga; me daba elementos conceptuales para entender que hubo mobbing y violencia por mi condición de género”.

En general, estos protocolos entienden la violencia con una perspectiva de género, es decir, entienden que incluso los hombres son susceptibles a ser dañados física y psicológicamente, pero están elaborados para proteger sobre todo a las mujeres en tanto la violencia de género las afecta más a ellas, según demuestran las estadísticas.1 Un informe publicado por la UNAM con datos sobre la situación de violencia de género en la institución señala, por ejemplo, que solamente el 2 por ciento de las denuncias en el último año (251) fueron hechas por hombres.

Las universidades son espacios donde se reproduce la violencia estructural que hay en el exterior y son pocas las que cuentan con estadísticas para develar el problema específico del género. Apenas en 2018 se creó el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) que elaboró un sistema de medición de avances institucionales para erradicar la violencia de género en una escala del 0 al 5, en el que cero significa un avance nulo y cinco, consolidado. El estudio en 40 instituciones de educación superior de todo el país arrojó un promedio de 1.5.

En la Universidad de Guanajuato, el proceso para solicitar el auxilio de Ugénero es bastante sencillo. La denuncia se puede presentar de forma presencial, vía correo electrónico o por teléfono. Después, la persona de la ventanilla Ugénero conversa personalmente con la víctima para dilucidar la gravedad del asunto. Se levanta un acta y se le ofrece apoyo psicológico y asesoría legal. Así se genera el expediente que será enviado al área competente dentro de la universidad y de acuerdo con el lugar que ocupe la víctima dentro de la institución. En este proceso, cuyos meses de resolución varían según el caso, solamente hay siete mujeres en el equipo de Ugénero para atender a una matrícula de 42 mil alumnos, es por esto que se complica la aplicación del protocolo.

La Universidad de Guanajuato consta de cuatro campus: Irapuato, Celaya, León y Guanajuato. En este último se ubica la oficina de Ugénero, y dado que la atención siempre es personalizada, a veces las especialistas se tienen que desplazar hasta 70 kilómetros. “Se vuelve una locura. Se está tratando de tener una persona de primer contacto por campus. El desplazamiento implica tiempo y es costoso. El abogado y el psicólogo van adonde está la persona”, explica Lourdes Gazol Patiño, coordinadora del programa.

Prevención y sanciones

Otro de los retos refiere a los órganos que juzgan los actos. Una vez realizado el expediente, Ugénero carece de jurisdicción para determinar el tipo de sanción o bien para determinar quiénes deben ser los jueces. Se trata de tres distintas instancias según los involucrados: Comisión de Honor y Justicia, Contraloría General y la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, Paola Arenas acusó que dentro del Comité de Honor y Justicia de su campus había gente cercana a su agresor. Afortunadamente, logró que su caso fuera revisado por el comité general integrado por gente externa al comité de su campus.

De 153 expedientes que se abrieron en dos años, Ugénero desconoce el tipo de sanciones que han implementado dichas instancias. “Es adonde nos tenemos que meter. Sentimos impotencia porque no está en nuestras manos. Ahora, una nueva normatividad nos permitirá tener más clara la parte de la impartición de justicia y apostarle a la parte de prevención”, dice Gazol Patiño.

Hace unos años, las autoridades de una universidad pública de la Ciudad de México descubrieron que un alumno golpeó a su pareja estando dentro de las instalaciones.2 Para quienes analizaban el asunto era imposible determinar una sanción pertinente, por lo que le pidieron su consejo a la doctora María Huacuz Elías, especialista en violencia de género de la UAM-Xochimilco. “Yo les dije: ‘miren qué curioso, expulsan a un chico que copia una tesis pero me están preguntando si un chico que golpea a su novia amerita expulsión’”, relata. La anécdota la utiliza para ilustrar la relevancia de las sanciones desde el ámbito universitario, pues si bien las autoridades no pueden intervenir en las tareas de un Ministerio Público, éstas deben llevar su propio proceso con claridad.

Desde 2011, Huacuz Elías y otras colegas de la UAM-Xochimilco comenzaron a crear el Protocolo para la Atención de la Violencia de Género que entró en vigor hasta mayo de 2018. Con más de ocho años investigando el tema, la experta otorga una definición de los protocolos: “Es un documento en el que tienen que quedar claros los pasos que la universidad seguirá para disminuir la violencia de género. Te permite ver la ruta más adecuada y la que menos afecte a las víctimas. Tiene que decir qué es lo que tiene que hacer cada una de las instancias de la universidad cuando llega un caso”, define.

Para la especialista, la violencia dentro de las universidades está vinculada al contexto en el que se encuentran. Huacuz refiere, por ejemplo, que las alumnas de algunos de los campus de la Universidad Intercultural ubicados en zonas rurales y regiones indígenas están bajo la amenaza latente de grupos del narcotráfico. “Por su parte, lo que he visto en la UAM es que las alumnas viven mucha violencia en su casa y con sus novios. Cuando llegan con el profesor que las atosiga, para ellas es un continuum a veces indetectable. En este país un alto porcentaje hemos sido abusadas sexualmente por alguien en la infancia. Entonces con el tocamiento de un profesor te salta el abuso del tío. Si la persona que vive la violencia padece violencia en otro contexto, es más complicado”, explica. Uno de los problemas de los protocolos, dice Huacuz, es que surgen a raíz de hechos violetos que obligan a los rectores o directores a tomar acciones, pero dada la premura de los casos, las instancias carecen de grupos de especialistas que tengan la capacidad de operar el protocolo.

Solidaridad entre las víctimas

En general los protocolos universitarios que existen se han creado a partir de las redes de solidaridad que tejen las víctimas. Una vez presionadas, las autoridades resuelven activar el mecanismo. En algunos casos, las mismas alumnas están involucradas en la redacción del protocolo, como sucede en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en donde, desde septiembre del año pasado, se integró una mesa sobre violencia de género con alumnas de todas las carreras y generaciones.

Miembros de ese del colectivo relataron que la situación que se vive dentro de las instalaciones de la ENAH con respecto a la violencia es grave; tanto profesores como alumnos suelen acosarlas a través de redes sociales o físicamente en el campus. En una ocasión, un alumno empezó a hacerle insinuaciones sexuales a su compañera tanto en las instalaciones como por las redes sociales. Como reacción a las negativas que ella le daba, un día y frente a varios compañeros en el espacio McENAH, el agresor la amenazó con una hoz. El episodio fue denunciado, pero el departamento la ignoró. Además, quien atendía los casos de violencia de género era un hombre sin especialización, como ocurre frecuentemente en las universidades que carecen de protocolo. Las alumnas de la ENAH protestaron y lograron que fuera reemplazado por una abogada experta en la materia.

Otro ejemplo de movilización es el del Colegio de México. La mañana del 13 de noviembre de 2018, las instalaciones del Colmex amanecieron repletas de denuncias sobre la violencia que viven las mujeres a diario en una de las instituciones académicas con más prestigio en el país. Besos no deseados, albures en medio de la clase, desdén intelectual, tocamientos por parte del personal administrativo, miradas lascivas y juicios sobre su apariencia fueron algunas de las quejas que redactaron bajo el hashtag “AquíTambiénPasa”.

De acuerdo con el colectivo de mujeres responsables del movimiento, la protesta surgió luego de que un caso de acoso fuera desatendido por las autoridades. “La compañera fue primero con una profesora, y ella le recomendó no denunciar porque se iba a desgastar. Luego fue con la junta de profesores del Centro de Estudios Internacionales, donde solo hay una mujer y cinco hombres. Al final, el Centro se declaró incompetente para resolver el caso. El alumno que cometió la agresión no tuvo castigo”, relatan.

Aquel martes, mientras los pizarrones estaban tapizados de denuncias, algunos profesores preguntaron sobre la magnitud del problema; otros lo ignoraron o se sintieron ofendidos. Al día siguiente llamaron a las alumnas del Centro para dialogar con ellas, y les comentaron que efectivamente existía un protocolo provisional. Tres semanas después les enviaron el documento que, de acuerdo con el colectivo de alumnas, no establece consecuencias.

El Colmex tiene la desventaja de que, como su matrícula es reducida, las generaciones están conformadas por grupos de 30 personas; entonces, cuando sucede un acto de violencia de género, las alumnas o alumnos están expuestos a encontrarse a su agresor todos los días. Asimismo, explican, dado que algunos profesores gozan de prestigio internacional, es muy difícil pensar en levantar una denuncia contra alguno de ellos.

Si bien las alumnas celebran la iniciativa de las autoridades de implementar un protocolo que entrará en vigor en marzo, también lamentan que el interés haya surgido luego de la protesta de #AquíTambiénPasa y su alcance mediático. El colectivo que agrupa alrededor de 30 estudiantes espera que el protocolo tenga delimitadas las sanciones que se interpondrán así como un plan para prevenir el acoso, pues una de las consecuencias más graves de este tipo de violencia recurrente es que las alumnas decidan abandonar sus estudios a causa del miedo.

El miedo a denunciar

Le sucedió primero como alumna de la UNAM y luego como investigadora de la misma institución. Durante más de 12 años, esta abogada fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor. A sus 36 años relata que el agresor se hizo pasar por su colega, mentor y amigo. Decidió romper el silencio cuando se enteró que las becarias que trabajaban con él también estaban siendo acosadas. “Se trataba de un colega al cual le guardaba gratitud y sentimientos de compasión. Es decir, normalicé conductas abusivas y violentas que después noté que eran generadas por la manipulación”.

La víctima sabía de la existencia del protocolo que la UNAM publicó en la Gaceta el 29 de agosto de 2016. Sin embargo, antes de asistir a la Unidad de Atención de Quejas y Denuncias (UNAD) sintió miedo. Pensaba que de alguna manera era cómplice de su situación y la de las becarias debido al silencio de tantos años. Otro temor era que el procedimiento no se condujera con imparcialidad. Gente alrededor le hacía comentarios negativos en contra del protocolo: “usarán tu caso como bandera sin importar que tu reputación se vea mermada”, le dijeron.

Aun así, se atrevió a hacer la denuncia y a lo largo de cinco días recibió apoyo psicológico y legal. Con el primero descubrió que padecía Síndrome de Estocolmo, y que justificó a su agresor durante mucho tiempo. En términos legales le fue complicado redactar la denuncia; tardó 15 días. “Era extremadamente doloroso repasar los mensajes de texto, de Whatsapp, las situaciones y recopilación de pruebas. Fui mi peor jueza; no recuerdo experiencia más dolorosa y traumática. De antemano advierto que romper el silencio no es tarea fácil”.

El proceso duró aproximadamente 30 días. Cuando las autoridades le notificaron al profesor que se abriría un proceso administrativo en su contra, el acosador prefirió renunciar a la UNAM antes que defenderse. Si bien la víctima quedó satisfecha con el resultado, el profesor burló la sanción. A pesar de que se corre el riesgo de que el profesor busque trabajo en otra institución y repita las conductas abusivas, de ser consultada sobre sus antecedentes, la UNAM podría dar detalles de esto. Pero esto no siempre ocurre de esta manera. En el informe más reciente publicado por la UNAM, de los 216 procedimientos iniciados, el 67.5% concluyeron en sanción y el 3.2% se resolvieron con medidas alternativas de las que no se conocen detalles.

Para poner en marcha un protocolo se necesitan recursos humanos especializados que acompañen a la víctima durante todo el proceso, así como sensibilizar a quienes estarán involucrados en las diversas instancias; de lo contrario, las víctimas difícilmente se sentirán protegidas para denunciar. Por ejemplo, del año 2003 al 2016, antes de la entrada en vigor del protocolo de la UNAM, las autoridades atendieron 325 quejas de violencia de género. Actualmente, ya con un mecanismo en el que al menos participan veinte especialistas, reciben 25 quejas al mes. Durante estos dos años de vigencia, se han implementado nuevos mecanismos en el protocolo, como son las medidas urgentes: cuando la víctima comenta expresamente que se siente en riesgo mientras la investigación sigue su curso y las autoridades determinan cambiar de turno al agresor o trasladarlo a otro plantel. Hasta el momento estas medidas urgentes se han utilizado 90 veces, y en todas ellas el agresor ha sido hallado culpable.

“Una de las acciones que se buscaron fue fortalecer la UNAD para que hubiera atención especializada. Hay una psicóloga especialista en violencia de género y se contrató a una abogada, también especialista. Otra área que se creó fue la de procedimientos alternativos”, explica la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró. Estos procedimientos se usan cuando las víctimas no quieren llegar hasta las últimas instancias si existe consentimiento entre ambas partes. “Lo que hacen los procedimientos alternativos es buscar que la víctima pueda expresar al agresor lo que causó la violencia en su vida, y que el agresor tenga un proceso de aprendizaje de que lo que él consideraba normal constituye un acto de violencia de género”, explica González Contró. En una ocasión, por ejemplo, un académico le dio un beso a una alumna. Ella se quejó, pero prefirió solucionarlo con una medida alternativa: le escribió una carta explicándole su sentir. El profesor respondió de la misma manera. Luego, la alumna les comentó a las autoridades que el académico terminó agradecido, pues dijo que no se había percatado de que esos actos eran violentos.

Para poder levantar un análisis estadístico preciso, el protocolo de la UNAM tipifica la violencia en 8 tipos con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tomando en cuenta “conductas que se considera deben ser visibilizadas en el contexto de la Universidad”. Éstas son: 1. Violencia psicológica, que incluye conductas como la negligencia, la humillación, la marginación y la amenaza; 2. Sexual, que se refiere a la participación no consensuada en un acto sexual, desde tocamientos indeseados a violación; 3. Física; 4. Económica, que limita las percepciones económicas de la víctima; 5. Patrimonial, que se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, imitación, retención, distracción o cualquier daño a los objetos, documentos, bienes y valores de la víctima; 6. La discriminación por sexo, identidad de género u orientación sexual; 7. Hostigamiento sin connotación sexual: molestia repetida contra alguie; y 8. Acoso sin connotación sexual: persecución ininterrumpida para establecer contacto personal.

Lo que falta

La creación e implementación de protocolos es apenas un primer paso contra la violencia de género en las universidades. Aun con el mecanismo ya vigente, la UNAM, por ejemplo, no pudo evitar el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio ocurrido el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Incluso en los días posteriores la procuraduría local determinó que se trataba de un suicidio. Ante la inconformidad de la madre de la víctima, agrupaciones feministas y autoridades de la UNAM, la Procuraduría tardó casi un año en tipificar el crimen como feminicidio. De acuerdo con la abogada Sayuri Herrera, la UNAM ha respaldado el caso a través de un grupo de expertas en género quienes han acompañado a la madre de Lesvy.

A más de dos años y medio, el juicio de Lesvy ni siquiera ha comenzado, y la defensa del presunto feminicida busca revertir la tipificación del crimen a homicidio simple. “El reto es la resistencia cultural que existe, esta postura de no querer reconocer que estas conductas no son aceptables, en particular en las relaciones de pareja”, explica González Contró.

Los estudios sobre la violencia de género dentro de las universidades derivaron en la creación de protocolos para que las víctimas pudieran denunciar sin miedo a sus agresores, así como recibir apoyo psicológico y legal.3 Sin embargo, las universidades enfrentan diversas resistencias según su contexto: desde el escaso personal especializado que opera los protocolos y la imposibilidad de intervenir en las sanciones, hasta la indiferencia de las autoridades.

Es complicado esgrimir juicios sobre los protocolos en términos cuantitativos, pues la estadística sobre el funcionamiento de estos todavía es muy poca. Algunas universidades se encuentran actualmente levantando censos para conocer, por ejemplo, qué cantidad de alumnos y autoridades están al tanto de la existencia de sus propios protocolos. El camino está trazado, pero aún falta mucho por hacer.

 

Daniel Melchor
Periodista independiente. Ha escrito para Vice, New York Times en español y Reforma.


1 Ver protocolo de la UAM-Xochimilco.

2 Por motivos de confidencialidad, el testimonio no precisa la institución a la que se refiere.

3 María Huacuz Elíaz y María Gamboa Solís., “The University and Gender-based Violence: Feminist Experiences and Reflections from Mexico”, Annual Review of Critical Psychology, 15, 2018, p. 82-99.

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Buena parte de los trabajadores del Estado que laboran en las dependencias culturales son contratados según el Capítulo 3000, lo cual quiere decir que no tienen derecho a prestaciones básicas. Por si fuera poco, el gobierno tarda meses en pagarles. Esta situación ha dado pie a una serie de protestas públicas. El siguiente reportaje recoge los ecos de este problema que aqueja a muchos de los que velan por nuestro patrimonio más preciado.

Fernando1 sabe que ha tenido suerte. Como antropólogo asignado a una de las regiones más violentas del país lo único con lo que ha tenido que lidiar es con las autodefensas. “Una vez en Tierra Caliente unas autodefensas estaban en estado de ebriedad y querían ejercer su autoridad. Me cuestionaron, me preguntaron que a dónde iba, qué hacía. Al final, me dejaron. Me fue bien”, cuenta. Sin embargo, conoce historias en las que miembros del crimen organizado entran a los cuartos donde se hospedan sus colegas y los amenazan. “Siempre está el riesgo de que haya gente armada”, dice el experto.

Él es uno de los seis antropólogos que investigan dentro del estado de Michoacán para el programa “Etnografía de las Regiones Indígenas de México” que coordina el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). También es uno de los investigadores que trabaja para la institución bajo el contrato denominado Capítulo 3000, es decir, por honorarios.

Fernando no goza de aguinaldo, vacaciones, mucho menos de seguro médico. Las veces que se ha enfermado mientras está trabajando en alguna comunidad indígena, compró las medicinas con su dinero. De hecho, en sentido estricto, ni la Secretaría de Cultura (SC) ni el INAH lo reconocen como su trabajador sino como un simple proveedor. Si las autodefensas o el crimen organizado llegaran a hacerle daño, nadie respondería por él.

Cuando el antropólogo comenzó a trabajar para este programa en 2012 estaba contratado bajo Capítulo 1000, figura que considera prestaciones como el aguinaldo. Fue en 2017 cuando le informaron que sería contratado bajo honorarios, sin que pudiera hacer algo al respecto.

“También se restringió el tiempo en trabajo de campo. En otras épocas los investigadores podíamos pasar 2 o 3 meses, pero ahora ya está en 30 días. En realidad, no es nada justo porque estamos trabajando para una institución importante. Ya sea una gripa o una enfermedad más fuerte debería correr por cuenta de quien nos contrata. Lo triste es ver cómo los derechos laborales quedan de lado”, lamenta.

Pertenecer a la función pública de la cultura en México significa tener el privilegio de trabajar de cerca con uno de los patrimonios culturales más grandes de la humanidad. Así lo piensa Ernesto Miranda Trigueros, encargado de coordinar la estrategia digital de la SC, en relación a las colecciones de los museos o a las zonas arqueológicas. Sin embargo, con más de diez años de experiencia como funcionario cultural, Miranda reconoce que el presupuesto que se le asigna a la SC y los derechos laborales de sus trabajadores no corresponden a la magnitud de ese patrimonio. “Las contrataciones y prestaciones a veces no son las esperadas o equivalentes a otros sectores del gobierno federal. Debe de implicar una dotación mayor de presupuesto y dentro de eso la formación de capital humano y su dignificación”, asegura.

Bajo Capítulo 3000 están contratados curadores, museógrafos, bibliotecarios, comunicólogos, arqueólogos, restauradores y otros profesionales que sacrifican sus derechos laborales por ejercer su carrera a plenitud. Miranda Trigueros es un ejemplo de esto. Anteriormente estaba incorporado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como director adjunto de promoción cultural, un empleo con prestaciones que cambió para ser contratado como coordinador de la agenda digital, pero bajo Capítulo 3000. “Tiene que ver con la vocación. Si hubiera tenido hijos, tal vez me hubiera quedado, aunque no fuera de mi total satisfacción. (El empleo) se alejaba mucho de mi camino”, dice.

Miranda, como miles de trabajadores del INAH, de la Coordinación Nacional de Teatro, de los museos Bellas Artes, Tamayo, Casa Estudio Diego Rivera, entre otros, comenzaron el 2018 con un atraso en sus pagos, algunos de ellos hasta de tres meses.

A principios de año, a quienes están contratados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) bajo Capítulo 3000 les exigieron entregar documentos para ser recontratados vía outsourcing, con lo que les aseguraban tener prestaciones a cambio de una disminución de su salario. En respuesta, el 28 de febrero, en la fachada de uno de los museos más importantes del país apareció una manta: “Los trabajadores del Museo Nacional de Arte estamos en contra de la entrada de más empresas de outsourcing al INBAL. ¡Exigimos respeto a nuestros derechos laborales!”.

Para el 20 de marzo, el descontento creció en redes sociales. Ya no era únicamente la intención de subcontratarlos, sino que no habían recibido su salario. Las cuentas de Twitter @capitulo_3000 y @yapagameINAH se abrieron para exponer todas las demandas bajo el #YaPagameINBA, al que incluso se sumó la cuenta oficial del MUNAL. Museos como el de Arte Moderno (MAM) y el Tamayo suspendieron actividades. De hecho, algunos trabajadores relataron que ni siquiera tenían dinero para transportarse a sus oficinas.

Ante la falta de pago, el 26 del mismo mes decidieron manifestarse en la explanada de Bellas Artes, donde los reclamos ya incluían la obtención de derechos laborales. Por tal motivo, dentro del pliego petitorio, los afectados demandaron la creación de plazas. Si bien la presión obligó a las autoridades a pronunciarse, los pagos comenzaron a ser depositados hasta abril. Posteriormente, en una reunión en el Museo Tamayo, el director jurídico del INBA, Héctor Domínguez, señaló que no está dentro sus posibilidades crear las plazas ni “darles un trato de empleados ni de trabajadores”.

Sin los Capítulo 3000 no existiría la vida cultural. No habría visitas guiadas, ni serían posibles las restauraciones, tampoco las investigaciones arqueológicas. La precariedad laboral no distingue por los cargos que ocupan ni el nivel de estudios. Tal es el caso de Adrián,2 pues sin importar su doctorado, cursos de capacitación y su cargo en uno de los museos más populares de la capital, está sujeto a un contrato que lo identifica como proveedor: “El prestador de servicio entregará un informe de labores impreso y firmado”, especifica su contrato.

Sin Adrián, nadie autorizaría préstamos y listas de obra, nadie contactaría a los coleccionistas, tampoco se solicitarían los aseguramientos; en suma, el museo no tendría exposiciones. Sin embargo, cuando hay que montar alguna se queda trabajando junto con sus compañeros hasta las 3 de la mañana. “Se aprovechan por una razón simple. Nuestras fuentes de trabajo primarias están o en INBA o INAH o en otra área de la Secretaría de Cultura. Antropólogos, etnólogos, historiadores del arte, ¿dónde te van a contratar? Saben que es fuente primaria [de empleo] para personas que escogimos las humanidades. Tienen la sartén por el mango”, explica.

De las aproximadamente 30 personas que conforman el museo, nueve están por honorarios, pese a que laboran más de ocho horas al día. En 2017  tuvieron un presupuesto de poco más de un millón de pesos para exposiciones. Y con eso hacen lo que se puede, cuenta Adrián, quien sabe que para una exposición hay que pagar embalaje, transporte, custodia, catálogo, entre otras cosas.

Con más de 5 años de experiencia trabajando para el INBA, Adrián sabe que los atrasos son una constante, sin embargo, asegura que esta situación se agudizó desde la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015; la dependencia lleva dos años recibiendo presupuesto. En 2017 alcanzó la suma de 12 mil 428 millones, mientras que este año aumentó únicamente en 488 mil pesos. “Se creó pensando para que fuera autónoma, capaz de pedir más presupuesto. Pero no. Y claro que he buscado otros trabajos. Te lo digo, muchos de nosotros vivimos con un pie fuera”, dice.

 

 

Una investigadora del museo ilustra su desamparo laboral con la imagen de los comisarios, personas bajo Capítulo 3000 que se encargan de acompañar las piezas durante los traslados: “Imagínate, las obras van aseguradas, pero los comisarios no”.

Para Carlos de Buen, abogado laboralista miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, contratar a trabajadores indispensables por concepto de honorarios es una violación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues un prestador de servicio no debería estar sujeto a horarios fijos, ni tendría que acudir a las oficinas.

Además, es contraproducente, por ejemplo, que alguien con el puesto de Adrián firme documentos para autorizar exposiciones. “No tendría la representación legal de la Secretaría. Es sumamente raro para una persona que está haciendo actividades que son propias de la estructura de la Secretaría. Todo forma parte de la irregularidad”, señala.

La carencia de prestaciones a través de un pago de servicios profesionales es un vicio común en el gobierno federal, según el abogado, pero que tiene como principales responsables a la Secretaría de Hacienda, que elabora el presupuesto, así como a la Cámara de Diputados, que lo aprueba. De Buen conoce de cerca el problema. Fungió como director general de asunto jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social de 2000 a 2003, dependencia en la que se encontró con la misma situación. “Se logró reducir los contratos de honorarios, lo cual también nos dice que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas”, asegura de Buen.

De acuerdo con el abogado, comprobar que se trabaja de tiempo completo es sencillo por lo que una de las alternativas que tienen es presentar una demanda ante Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. “Lo más seguro es que ganen el asunto”, concluye.

El panorama desde el punto de vista de los sindicatos tampoco es esperanzador. A la par de la creación de la Secretaría de Cultura nacieron nuevos organismos sindicales que agrupan a quienes anteriormente pertenecían al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El motivo de la escisión, de acuerdo con De Buen, es que un mismo sindicato no puede tener representación en dos secretarías distintas, por lo que actualmente existen alrededor de veinte sindicatos que únicamente pueden pronunciarse sin repercusión.

“El sindicato mantiene entre sus demandas el respeto a los derechos laborales de estos trabajadores. Legalmente no podemos afiliarlos porque no son compañeros de base. Pero no los dejamos desamparados, como sindicato los respaldamos”, dijo Juan Manuel Hernández, representante del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), el cual tiene alrededor de 7 mil 500 agremiados.

Los Capítulo 3000 asisten a su trabajo, a menudo en condiciones de hacinamiento, con la angustia de enfermarse en cualquier momento, sufrir un accidente o toparse con el crimen organizado, mientras las autoridades son indolentes: a casi dos meses de que se manifestaran en la explanada de Bellas Artes, y que en el INBA se comprometieran a realizar los pagos puntualmente bajo calendario, el mes de abril no les fue depositado a tiempo.

A algunos todavía les queda la esperanza de que la próxima administración de la Secretaría de Cultura los represente ante Hacienda para que regularicen a algunos de los miles de trabajadores que como Fernando y Adrián hacen brillar el patrimonio cultural de México.

 

Daniel Melchor. Periodista independiente. Ha escrito para Vice, New York Times en español, y colabora en la organización de investigaciones periodísticas Quinto Elemento Lab.


1 Nombre ficticio. El investigador que trabaja para este programa del INAH desde 2012 pidió el anonimato por temor a represalias.

2 También pidió el anonimato por temor a represalias del INBA, para quien trabaja desde hace más de 5 años.

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